Crímenes pasionales en lugar de femicidio. Sistema escolar que refuerza los prejuicios. Una sociedad que lejos de enfrentar la violencia contra la mujer, parece alimentarla.

 

Todos los días una mujer es golpeada, violada, maltratada, humillada, desaparecida, asesinada. En Argentina no se manejan cifras oficiales, sólo se cuenta con una ligera información provista por organismos no gubernamentales. En los primeros diez meses de 2008, al menos 110 mujeres murieron a manos de un miembro de su propia familia o de una pareja o ex pareja, de acuerdo al informe de Amnistía Internacional (AI) “Muy Tarde, muy Poco”, publicado en noviembre de 2008, en la víspera del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

 

Según cifras del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la línea telefónica de ayuda contra la violencia familiar recibió, tan sólo en la capital, cinco mil 665 llamadas durante los primeros seis meses de 2008.

 

De acuerdo a la Oficina de Violencia Doméstica, inaugurada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en septiembre del año pasado, cinco mil 509 personas denunciaron haber sido afectadas por hechos de violencia doméstica. El número corresponde al período comprendido entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de junio de 2009. En tanto, cuatro mil 579 denuncias fueron realizadas por mujeres y 930 por hombres

 

Las cifras cambian de acuerdo al organismo que las registre, pero demuestran que la violencia psicológica y física hacia las mujeres constituye un flagelo que sobrevive a lo largo de los años; y parece estar lejos de erradicarse si no se diseña una política nacional encaminada a decirle nunca más al femicido y a fomentar una sociedad que deje de mirarse a sí misma y al mundo con ojos machistas.

 

Los medios de comunicación bombardean con mensajes sexistas y misóginos, en los que la mujer es tratada como objeto, y los crímenes contra ellas aparecen construidos como “pasionales”.

 

Si bien las luchas del movimiento de mujeres han registrado logros importantes, aun subsisten con marca fuerza los prejuicios arraigados en sentidos comunes muy propios de la sociedad patriarcal. En ese sentido, las prácticas gubernamentales y legislativas correctivas o alterativas de ese marco de situación distan de ser suficientes.

 

La mujer logró votar hace menos de un siglo, logró ocupar oficios tradicionalmente pensados y construidos para los hombres, logró ubicarse en ciertos espacios con capacidad para decisiones políticas, pero todavía no se han logrado frenar los asesinatos de género.

 

“No existe una política de Estado destinada a erradicar la violencia contra las mujeres. Las leyes están hechas por hombres y miran a la mujer sólo dentro del seno familiar, no la piensan como mujer, como una cuestión de género. La discriminación es ayudada por los medios de comunicación, que brindan una representación estereotipada de la mujer”, dijo a APM Rafael Barca, director de Amnistía Internacional Argentina (AI).

 

La educación debería cumplir un rol esencial para eliminar la discriminación y la violencia de género. “Sin embargo, las instituciones de enseñanza a menudo reflejan y reproducen las desiguales relaciones de género presentes en la sociedad en general, enseñando, reforzando y aprobando estereotipos sobre el dominio del varón y el comportamiento violento masculino”, destacó Barca.

 

En esa línea, Barca propone algunos ejes desde los cuales se puede luchar contra la violencia: “Utilizar el sistema educativo para cuestionar los prejuicios. Crear una base de datos nacional unificada sobre violencia contra las mujeres. Convocar una mesa redonda nacional para tratar el tema, y proporcionar un liderazgo público para poner fin a la violencia de género”.

 

La causa subyacente del femicidio “es la discriminación, que le niega a las mujeres la igualdad respecto de los hombres en todos los aspectos de la vida. La violencia tiene su origen en la discriminación y a la vez sirve para reforzarla, impidiendo que las mujeres ejerzan sus derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres”, dice el informe “Violencia doméstica, un problema de Estado”, presentado por AI en noviembre de 2007.

 

Uno de los últimos avances en materia jurídica fue la aprobación de la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que éstas desarrollen sus relaciones interpersonales, promulgada por la presidente Cristina Fernández el pasado 14 de abril. No obstante, aún se espera su reglamentación.

 

La ley posee cuatro títulos y 45 artículos, el primero de los cuales indica que sus disposiciones son de “orden público y de aplicación en todo el territorio de la República”.

 

Sin embargo, más allá de los avances legislativos y políticos, mientras siga existiendo discriminación, desigualdad, prejuicios, desinterés y silencio, la violencia y el asesinato de mujeres seguirá siendo un flagelo más en la sociedad y un derecho humano ultrajado.