Colombia

Un vecindario sin confianza en el Gobierno de Uribe

Pedro Santana Rodríguez

30/07/2009

Opinión

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Como lo afirmamos en un reciente artículo en esta misma publicación los obstáculos más fuertes que enfrenta el referendo reeleccionista de Uribe son, por una parte las investigaciones de la Corte Suprema, sobre la aprobación de la primera reelección de Uribe y en concreto la entrega de notarias a cambio del voto favorable a la reforma constitucional y por otra parte la investigación preliminar que se mantiene abierta en la Sala Penal de esta misma corporación, por la votación de una ley que aprueba la convocatoria de un referendo que permitiría el tercer período de Uribe. Tan es así que se comenta que en Medellín en el fin de semana pasado Uribe salió de su momento depresivo por los reveses en el Congreso en la aprobación de las mesas directivas de ambas cámaras. El motivo de la repentina alegría de Uribe fue la información según la cual, en la Sala Penal de la Corte se habría radicado una ponencia que proponía que la Corte Suprema se declara inhibida para seguir adelante con este proceso.

Inmediatamente Uribe convocó a las bancadas de su coalición a un desayuno de trabajo para ver cómo logran que las comisiones de conciliación de Cámara y Senado lleguen a un acuerdo que permita la aprobación de dicha ley. El día martes 28 del mes en curso, Julio Sánchez Cristo en la emisora W radio de Caracol, hizo eco de la noticia y renació por unas horas el referendo reeleccionista. Luego se volvió a enfriar, cuando el día miércoles 29 de julio, una comisión de investigadores de la Corte Suprema llegó hasta las secretarías de Cámara y Senado para recoger actas, videos y audios de la votación de la reforma constitucional que permitió la primera reelección de Uribe. Ahí nuevamente se complicaron las cosas, pues, no hubo quórum en la reunión programada en la Cámara de Representantes para instalar la Comisión de Conciliación. Sólo cinco uribistas se acercaron a la reunión.

Dos asuntos deben quedar claros. El primero que Uribe quiere la reelección y el cuento de sus dolores del alma son sólo para los áulicos de los medios de comunicación que simpatizan con su causa y le ayudan a diario. El segundo que los principales obstáculos del referendo están en la Corte Suprema de Justicia y no en el Congreso, en donde por cuenta de la reforma constitucional de este año, la ley de bancadas está de vacaciones durante 60 días. Solo que ahora están muy valorizados los votos de los 40 senadores y representantes que llegaron a reemplazar a los acusados por la parapolítica y que se quejan de que no tienen cuotas en el Gobierno. Es a este bloque al que están trabajando desde el Gobierno. Solo que con los antecedentes de la yidispolítica el asunto se torna un poco más complejo.

Dijimos así mismo que el segundo mayor obstáculo a la reelección entre los sectores de poder estaba representado por las advertencias del presidente de los Estados Unidos Barack Obama, de que ocho años son suficientes y al deterioro, que la militarización de la política internacional de Colombia, le ha ocasionado a sus relaciones con los vecinos. Esta polarización en sus relaciones con los gobiernos de Ecuador y Venezuela le trae réditos al Gobierno de Uribe en Colombia, ante todo por el manejo irresponsable de los grandes medios de comunicación en un asunto de mayor trascendencia para el futuro del país. Hay que decirlo de manera clara y tajante. Se pueden elevar los índices de popularidad del presidente Uribe, pero, hacia el futuro de las relaciones con sus vecinos así como de la economía del país, la militarización de las relaciones con los vecinos es motivo de preocupación no sólo de los gobiernos de Ecuador y Venezuela sino más recientemente también de Brasil. En efecto, este miércoles 29 de julio el canciller brasileño, Celso Amorim y el consejero para política internacional del presidente Luís Inacio Lula Da Silva, Marco Aurelio García, expresaron su preocupación no sólo por las tensiones entre los gobiernos de Colombia, Venezuela y Ecuador, sino que también expresaron su preocupación por el tratado que el Gobierno de Colombia está a punto de firmar con los Estados Unidos para que las fuerzas armadas de dicho país puedan operar desde cinco bases militares colombianas. Dijeron que no hay claridad sobre dicho tratado, que el Gobierno colombiano no ha informado de manera transparente y clara y acotaron que para eso precisamente se ha creado el Consejo de Seguridad adscrito a la Comunidad Suramericana de Naciones. Llamaron a que se incentiven los mecanismos de diálogo entre Caracas y Bogotá y se ofrecieron para ayudar a que dicho diálogo se realice.

La militarización de la Política Internacional de Colombia nace de la creencia de que los gobiernos de Ecuador y Venezuela mantienen un apoyo activo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Por la terquedad de Uribe a concretar un intercambio humanitario directo con esta guerrilla promovió la internacionalización del conflicto. Fue el propio Uribe el que involucró a Chávez en las gestiones para la liberación de los secuestrados. Por tal razón los contactos entre esta guerrilla y el Gobierno de Venezuela se incrementaron. Todos los gobiernos de la región de una u otra manera se interesaron en el tema. Hasta ex presidentes como Néstor Kirchner viajaron a Colombia para participar en las eventuales liberaciones. El Gobierno de Brasil ha aportado la infraestructura para las últimas liberaciones. Las acusaciones del Gobierno de Colombia en varias ocasiones, han venido acompañadas de algunas pruebas no siempre ratificadas en la verificación de organismos internacionales. El problema es que se dan a conocer como parte de una agenda mediática, sin consultar con los organismos de inteligencia de los vecinos. La propia Corte Suprema de Justicia de Colombia ha desestimado las pruebas obtenidas por estos medios como los computadores incautados por el Gobierno colombiano en campamento de Raúl Reyes en el Ecuador. Ahora el asunto es más complicado por cuanto los gobiernos de Chile y Brasil consideran que el tema debe ser considerado en el Consejo de Seguridad de la Comunidad Suramericana de Naciones.

El otro tema complicado es el de las intervenciones militares en territorios de países vecinos como el que se realizó el día 1 de marzo del año 2008 en el Ecuador al campamento de alias Raúl Reyes que constituyó una violación flagrante de los acuerdos internacionales de no intervención y respeto a la soberanía de los Estados. Esto aumentó la preocupación de los países limítrofes con Colombia a lo que hay que sumar las reiteradas intervenciones del propio presidente Uribe y sus más cercanos colaboradores sobre la legitimidad de esta intervención en la lucha contra el terrorismo. Según esta teoría el Gobierno colombiano estaría autorizado a intervenir militarmente en otros países en la lucha contra las FARC. Obviamente esta teoría no es respaldada por ningún Estado en la región. El presidente del Ecuador Rafael Correa, ha advertido que una nueva intervención de las Fuerzas Armadas en su territorio será repelida militarmente. Lo propio ha dicho el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Así las cosas no es para nada responsable que los medios de comunicación alimenten el clima nacionalista.

No es sano que se promueva en Colombia la condena irreflexiva contra Chávez o Correa. Estos presidentes, gústenos o no a los colombianos, son los mandatarios elegidos por sus pueblos. Podemos discrepar en muchas cosas con sus proyectos, pero, no somos los ciudadanos colombianos quienes vamos a resolver sobre las controversias políticas en dichos países. En los medios de comunicación de Colombia sólo se entrevista, por ejemplo, a los opositores y en muy contadas excepciones se entrevista a los gobernantes. Poco espacio se da en Colombia a los expertos en materia de política internacional. Casi todos ellos coinciden en que es preciso desmilitarizar la política internacional de Colombia. La mayoría reclama que estos problemas deben ser manejados por la cancillería y por las vías diplomáticas. Pero esta no es la política del presidente Uribe. Todo lo contrario, la más reciente escalada tomó como objetivo a Rafael Correa por la supuesta financiación de su campaña por parte de las FARC y con Venezuela se esgrimió los lanzacohetes encontrados en campamentos de las FARC que habían sido vendidos desde el año de 1988 al Gobierno de Venezuela por una industria militar Sueca. Nuevamente el Gobierno de Colombia hace uso público de estas informaciones que ciertas o falsas no se tramitan por la vía diplomática o por los mecanismos internacionales creados para afrontar hechos de esta naturaleza. A ello hay que agregar el tratado con los Estados Unidos para el uso de las bases militares colombianas lo cual es visto como un acto inamistoso, pero, además como la creación de una situación de desequilibrio militar en la región por cuenta de un tercero, en este caso, de las Fuerzas Armadas más poderosas de la tierra, que son precisamente las Fuerzas Armadas Norteamericanas que no se han caracterizado precisamente por el respeto a las normas del derecho internacional. De ello dan prueba fehaciente sus innumerables intervenciones militares en el mundo y en América Latina. Esta política de los Estados Unidos no es cosa del pasado. Ahí están Irak y Afganistán para recordarnos que sigue vigente.

Uribe quiere reequilibrar sus relaciones con los Estados Unidos y ha llevado a una situación compleja. Al permitir el uso de las bases colombianas por parte de los Estados Unidos quiere congraciarse con el nuevo Gobierno norteamericano recordándole a Obama que es su aliado y a cambio le pide “comprensión” con su política reeleccionista, con su presente profundamente comprometido en graves violaciones de los derechos humanos y con la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Pero el problema es más de fondo. Al desequilibrar en términos estratégicos la relación de Fuerzas Militares está forzando a una carrera armamentista en la región que además aumenta la desconfianza con relación a Colombia. Las consecuencias pueden ser catastróficas para nuestro país. En el frente económico es verdad que la sustitución de Colombia como exportador de bienes y servicios básicos hacía sus vecinos será difícil en el corto plazo, pero no lo será en el mediano plazo y mucho menos en el largo plazo. El principal problema es la inexistencia de vías de comunicación con Brasil que podría convertirse en ese mediano plazo en el principal socio comercial de Venezuela, por ejemplo, y Perú en el caso del Ecuador, ambos países producen buena parte de lo que hoy exporta Colombia a dichos mercados. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos no será el mecanismo para reemplazar los mercados de Ecuador y Venezuela puesto que a los Estados Unidos Colombia exporta principalmente materias primas y productos agropecuarios mientras que a los vecinos una buena parte de las exportaciones están representadas en productos manufacturados. Es por ello que el desempleo puede verse incrementado de manera significativa si se pierden dichos mercados.

Para finalizar podemos retornar al comienzo de estas notas. Una dificultad para el proyecto reeleccionista está ahora relacionada con la escalada emprendida por el Gobierno de Uribe en contra de sus vecinos. Sectores empresariales ven muy difícil mantener el respaldo a un Presidente que se empeña en dar un contenido militar a su política internacional. Los negocios se pueden estropear. De hecho ya están deteriorados, y un nuevo período de Uribe, serían otros cuatro años de confrontación con dos presidentes, que para bien o para mal, estarán allí también por los próximos cinco años.

Bogotá, D. C. julio de 2009

- Pedro Santana Rodríguez es Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 169, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

https://www.alainet.org/es/articulo/135456