Los movimientos y organizaciones sociales que luchan por la defensa del derecho humano al agua en América Latina han logrado varias victorias en los últimos años, pero también son numerosos los desafíos y las amenazas que se están consolidando con los Tratados de Libre Comercio (TLC), los tratados de protección de inversiones y los Acuerdos de Asociación impulsados por la Unión Europea.

Las grandes empresas transnacionales que se valieron de jugosos contratos por las privatizaciones de servicios de agua potable y saneamiento en la década de los '90, agravaron la exclusión de amplios sectores sociales y generaron graves conflictos ambientales.  Lejos de solucionar las problemáticas de exclusión, la privatización de los servicios de agua no fue el mecanismo para mejorar los niveles de acceso y abaratar las tarifas, tal como argumentaban los promotores neoliberales, sino todo lo contrario.  Según UNICEF, el 40 % de los niños menores de cuatro años en América Latina y el Caribe no tienen acceso a saneamiento, siendo la diarrea la segunda causa de mortalidad infantil, después de las enfermedades respiratorias.  En el 2008, Año Internacional del Saneamiento, más de 120 millones de personas en América Latina no tienen saneamiento básico.

UE presiona por apertura de servicios de agua

Ahora, en las negociaciones que la Unión Europea está impulsando con los países de América Central y en la región andina para suscribir “Acuerdos de Asociación” (que son TLC maquillados con retórica de Diálogo Político y Cooperación), una de las principales demandas europeas es precisamente asegurar la total apertura de los servicios de agua y energía para concretar una mayor penetración y control de mercado para las transnacionales europeas.  Empresas españolas como Iberdrola, Unión Fenosa y Aguas de Barcelona, la británica Biwater o la francesa Suez, que ya están presentes en la región andina y América Central, serán las beneficiarias directas de concretarse estos Acuerdos.

En América Central, en el marco de una naciente resistencia general al AdA, un conjunto de redes y organizaciones sociales lanzaron recientemente la campaña “Fuera el agua del Acuerdo de Asociación”.  La situación de la región indica que más de 35 millones de personas no tienen acceso a fuentes seguras de agua potable, y que las cuatro principales transnacionales que ya están operando en América Central en el negocio del agua obtuvieron en el 2007 más de 15 mil millones de dólares[1].  “Existe una industria creciente que utiliza indiscriminadamente el agua para fines comerciales (agua embotellada, bebidas e industria en general) por sobre el derecho al consumo de las personas.  -Exigimos que el agua en sus diferentes usos quede fuera del AdA y sea considerada como un derecho humano no sujeto a la mercantilización”.

Esta avanzada de la Unión Europea sobre América Latina promoviendo acuerdos de libre comercio es una estrategia sistemática y agresiva, una “segunda oleada de neoliberalismo”, tan abarcativa y profunda como la impulsada por Estados Unidos con el proyecto del ALCA.  Además, no se puede perder de vista que numerosas empresas europeas (en el sector del agua notoriamente) ya tienen un largo historial de violaciones a los derechos de los pueblos, y es sobre este prontuario que se deben analizar estas negociaciones de libre comercio.

El ejemplo mas claro en este sentido es Chile; este país, con el sector de servicios totalmente “liberalizado” y que cuenta con TLCs suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea (entre muchos otros), tiene privatizados y concentrados los denominados “derechos de agua” en grandes empresas transnacionales[2] como la española Endesa, principal generadora de energía eléctrica, mineras como las inglesas Río Tinto y BHP Billiton y de distribución como Aguas de Barcelona.  La telaraña de TLCs que posee Chile ha hecho que estas empresas sean directamente las dueñas del agua, generando conflictos con comunidades indígenas, campesinas, y usuarios en general.  En tiempos de sequía o de desequilibrio de los sistemas ecológicos, se agudizan los conflictos entre estos gigantes y las comunidades locales por el acceso a las fuentes de agua.

En Perú, las “dueñas” del agua son las transnacionales mineras como Yanacocha[3]; la contaminación y destrucción de los cursos de agua, el aprovechamiento indiscriminado del bien para la extracción de metales y la total impunidad con que operan estas empresas han generado un amplio sector campesino excluido y agredido sistemáticamente: los “sin agua”.

Defensa de un derecho humano

En paralelo a todo esto, en otros países latinoamericanos también se vienen consolidando respuestas de reconocimiento y defensa del derecho humano al agua, que tienden a identificar a la mercantilización y privatización del agua en sus diferentes caras[4] y no solamente a la privatización de los servicios de distribución de agua potable como los generadores de conflictos sociales y ambientales.

En Ecuador, una de las propuestas a incluir en la futura Constitución es una nueva Ley Orgánica del Agua que considere este recurso natural como un derecho humano fundamental; el proceso canalizado a través de la Mesa Cinco de la Asamblea Constituyente (Recursos Naturales y Biodiversidad) se basó en la consulta a organizaciones ciudadanas, populares, campesinas e indígenas.  El agua será considerada como “patrimonio nacional estratégico de uso público y la sociedad estará comprometida a preservar, acrecentar y mejorar los caudales ecológicos.  El Estado deberá garantizar el ejercicio de este derecho basado en un principio de equidad social y será el responsable directo de la administración y gestión pública de los recursos hídricos”.

En Colombia por su parte, avanza el denominado “Referendo del Agua”, que luego de reconocido el Comité de Promotores con el acompañamiento de más de 240 mil firmas en febrero de 2008, debe recolectar, antes de agosto, un total de 1.400.000 firmas para activar definitivamente el mecanismo.  A través de este referendo se procura reformar la Constitución, agregando dos artículos nuevos y modificando otros para reconocer el agua como “un bien común y público”, siendo el Estado el que “debe garantizar la protección del agua en todas sus manifestaciones.  -El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental.  El Estado tiene la obligación de suministrar agua potable suficiente a todas las personas, sin discriminación alguna y con equidad de género”.

En el caso de Bolivia, la postura del gobierno de no negociar con la Unión Europea la liberalización en los capítulos de Servicios, Propiedad Intelectual, Compras Gubernamentales e Inversiones, es una continuidad respecto al entendimiento surgido desde las organizaciones de base de las amenazas concretas que estas negociaciones de libre comercio implican para los derechos de los pueblos, puesto que su objetivo final es justamente proporcionarle “superderechos” a las empresas.

Por ser el lugar donde se originó la lucha contra la privatización del agua y donde se le propinaron las primeras derrotas a grandes transnacionales del agua como Bechtel -expulsada por la movilización social ante sus atropellos- también en este caso Bolivia puede estar marcando posibles caminos a seguir para los gobiernos que no estén dispuestos a entregar sus bienes naturales ante las presiones de la Unión Europea.

- Sebastián Valdomir es integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.