El nuevo Acuerdo de Asociación Económica (AAE) rige las relaciones comerciales y económicas entre la Comunidad del Caribe (CARICOM, sigla en inglés) y República Dominicana, por un lado, y la Unión Europea (UE), por otro.  Constituye una evolución gradual en las relaciones economicistas desde un esquema preferencial, donde la Unión Europea libera de aranceles a algunas de nuestras principales exportaciones, hacia un esquema fundamentado en la reciprocidad en el cual la República Dominicana también liberará de aranceles la mayoría de los productos originarios de la UE.

Es un acuerdo de libre comercio propuesto por la UE a todos los países de Asia, Caribe y Pacifico (ACP) y que, en nuestro caso, fue firmado, por un lado, por los 16 países del CARIFORO (CARICOM más República Dominicana) y por otro por los 25 países de la UE.

El objetivo del AAE es “guiar a los Estados ACP a jugar un rol importante en el comercio internacional y avanzar en la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en los países ACP”.  Y sus principios se definieron en: a) El paternariado, implicando que hay derechos y obligaciones de ambas partes, b) La integración regional como forma de aprovechar las potencialidades y cercanías de los países, c) El trato especial y diferenciado según el nivel de desarrollo y otras características y vulnerabilidades de los países; y c) La compatibilidad con las reglas y normas de la OMC.

Aunque las posibilidades de no firmarlo en 2007 fueron ciertas, y algunos países plantearon obstáculos aparentemente insuperables, pese a todos los malos augurios, el Economic Partnership Agreement –EPA (en inglés), ya es una realidad; únicamente pendiente de su muy probable ratificación parlamentaria.

La Unión Europea, que pudo convencer a sus ex colonias (y neo-colonias) del Caribe para firmarlo, lo exhibe ahora como “trofeo” frente a los demás países del ACP.  Los países del Caribe tendrán que prepararse para competir

Desde un inicio, los europeos trataron de diferenciar su proyecto de EPA, de los cuestionados TLCs, propuestos y firmados por los Estados Unidos con algunos países de Latinoamérica.  Además de utilizar un nuevo nombre para el acuerdo, los europeos argumentaron que su acuerdo comercial se diferenciaba de los TLCs porque incluía una “dimensión del desarrollo”.

Poco tiempo después, sin mencionar siquiera la palabra comercio, los países del Caribe habían firmado un “acuerdo regional de comercio” (ACR), que siendo consistente con las reglas de la OMC, debía liberalizar, por lo menos, el 80% del comercio entre las partes, con periodos de desgravación claros y establecidos[1]

Las negociaciones

Las negociaciones para los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) se iniciaron en el 2002, y finalizaron el pasado 15 de marzo, aunque estaba previsto que se realizaran durante el período comprendido entre septiembre 2002 y diciembre 2007.

Según lo solicitado por la UE, la República Dominicana negoció en conjunto con los países de la CARICOM con un mecanismo técnico de acompañamiento y consulta llamado la Maquinaria Regional de Negociaciones del Caribe (CRNM, por sus siglas en inglés).  La Maquinaria fue creada por los gobiernos de la Comunidad del Caribe en 1997, con el objetivo de formular, coordinar y ejecutar una estrategia de negociación para los diferentes foros externos de negociaciones comerciales.

Desarrollo y cooperación

El tema de la dimensión del desarrollo fue, no sólo el principal argumento esgrimido por los europeos para impulsar el acuerdo, sino también, el principal debate y preocupación de los países del CARIFORO y del resto de los países ACP.  Por un lado, los países de la Unión Europea plantearon la dimensión del desarrollo de forma muy difusa, relacionándola a los nuevos incentivos acarreados por la liberalización (competencia).  El acceso a mercado y un aumento de la competitividad, según sus argumentos, producirían crecimiento económico y desarrollo.  Por otro lado, los países CARIFORO (sobretodo la sociedad civil) lo relacionaron con la flexibilidad y el tratamiento especial y diferenciado (TE&D), además de la posibilidad de que se le preste atención a las políticas productivas y competitivas que permitan aprovechar las nuevas ventajas de la liberalización.  Asimismo, plantearon el tema de los costos de los ajustes y los efectos negativos sobre sectores de producción sensibles como consecuencia de la liberalización.

Es la discusión eterna en todos los tratados de libre comercio, y el hecho que se generara en el marco del EPA, sugería su similitud con los esquemas anteriores.

La cooperación para el desarrollo también fue tema controversial, los europeos deseaban mantener este tema en discusión paralela y regida por el acuerdo de Cotonú que continúa en vigencia, mientras que los países ACP deseaban enlazar el tema de comercio con el tema de cooperación, obtener mayores fondos que permitieran promover la reestructuración productiva y concretizar aun más la dimensión del desarrollo.

Regionalización forzada

Otro de los elementos más controversiales del acuerdo fue la “regionalización forzada” realizada por la Unión Europea, con el “filantrópico” propósito de promover la integración regional.  Lo cierto es que los procesos de integración deben ser autónomos de reconocimiento, confianza e inter-relacionamiento progresivo de los países como parte de su agenda propia de desarrollo.

Lo que logró la UE con su “regionalización arbitraria” fue aumentar la complejidad de las negociaciones.  Por ejemplo, la República Dominicana estuvo incluida con la CARICOM en el bloque CARIFORO, lo que hizo que la agenda de negociación fuese mucho más compleja, dada la necesidad de conciliar intereses primero con los caribeños, lo cual, por las asimetrías, fue una tarea difícil.

Las negociaciones se desarrollaron en el marco de fuertes presiones a los países ACP en general, y a los países del CARIFORO, en especifico, que llevaron a muchos analistas a catalogarlas de “chantaje” no sólo por el plazo ineludible impuesto por la UE de terminar las negociaciones en diciembre de 2007, sino también, por la enorme presión ofrecida de que se perderían las preferencias y por tanto la oportunidad de exportar una importante gama de productos (banano, café, azúcar, ron, frutas, etc.) a la Comunidad Europea.

Lo cierto es que nuestros países fueron colocados “frente a la espada y la pared”, debiendo elegir entre mantener las exportaciones a la Unión Europea o liberalizar el mercado y dejar de proteger sus productores locales, muchos de ellos en desventaja por los subsidios de sus competidores europeos.  En este contexto, es muy difícil concretizar una verdadera dimensión del desarrollo.

Planteado así, siempre dudamos sobre la capacidad de los AAE para contribuir al objetivo general de la erradicación de la pobreza, planteado en el Tratado de Cotonú.  Al ser un acuerdo norte-sur recíproco, el reto principal que debían sortear los AAEs era hacer un reconocimiento adecuado de las asimetrías existentes entre los países, otorgando un tratamiento especial y diferenciado que vaya más allá de plazos y excepciones de liberalización.  Planteábamos que este TE&D debía incluir asistencia técnica, ayuda para el comercio, y reconocimiento de razones no económicas como motivos para proteger sectores sensibles, entre otros aspectos.

Los europeos se esforzaron en sus discursos de diferenciar entre los AAEs y los TLCs, pero cuando llegó la hora de sentarse en la mesa de negociación, la UE recalcaba su intención de que estos acuerdos se basarían en una interpretación exacta de las reglas de la OMC.

Participación insuficiente

Un último elemento tuvo que ver con la participación.  Aunque el Tratado de Cotonou, del cual se deriva el EPA, tiene una importante retórica a favor de la participación de la sociedad civil, incluyendo la participación de ésta en la cooperación al desarrollo a través de la cooperación descentralizada; la participación social en el EPA, fue insuficiente, por no decir escasa.  Y aunque en algunos momentos hubo consultas con sectores productivos específicos, no hubo (al menos en el caso dominicano) mecanismos de interlocución con las organizaciones de la sociedad civil, ni con el resto de la sociedad, lo que impidió generar una discusión transparente con la ciudadanía que permitiera fortalecer la democracia interna de nuestros países.  Se negoció, como siempre, de espaldas a la gente.

Doble discurso

El resultado del acuerdo no sorprendió a nadie.  Desde que se iniciaron las rondas de negociación, el doble discurso de la Unión Europea reflejaba la lucha de intereses y perspectivas diferentes en su seno.  Por un lado, los políticos, presionados por la sociedad civil, los sindicatos y diplomáticos, hablando de una hipotética “dimensión del desarrollo”, y por otro lado, los negociadores europeos y las multinacionales, presionando a los demás negociadores y a los mismos políticos a avanzar por una liberalización comercial

En el caso dominicano, por ejemplo, hicimos hasta lo indecible por excluir la leche del tratado, ya que las importaciones de leche en polvo subsidiada de la Unión Europea constituyen una competencia desleal insalvable para los productores locales.  El resultado para la leche, el producto más sensible de la República Dominicana, fue un periodo de gracia, pero el inicio progresivo de la liberalización total del sector.  En este ejemplo, en que reclamábamos un TE&D más allá de plazos, pudo más el interés de los exportadores europeos, que la retórica desarrollista.

Lo cierto fue que, bajo el pretexto de asociación para el desarrollo, la UE logró retomar su agenda OMC.  Por ser el AAE, un acuerdo bilateral, constituye un avance más acelerado de los intereses de los países centrales y su capital transnacional, en perjuicio de nuestros países, sus trabajadores y sectores productivos.

El hecho de que se estén produciendo avances tan significativos en la dimensión bilateral del comercio, como constituyen los AAEs, significa indirectamente y al menos en el corto plazo, un deterioro progresivo de los incentivos para negociar multilateralmente (OMC) los temas de comercio.  La negociación bilateral niega el espacio de maniobra y negociación que existe en el plano multilateral lo que afecta las posiciones defensivas de los países subdesarrollados.  La vieja táctica de “divide y vencerás”.

Se impuso el comercio

Imponer posiciones sobre temas como propiedad intelectual, compras gubernamentales, servicios, inversión, acceso a mercados de productos no agrícolas, entre otros, significa, como resultó con los AAE, restringir mucho más la capacidad de los Estados para desarrollar políticas productivas, de ajuste y reconversión que impulsen el desarrollo.

Asimismo, con estos acuerdos bilaterales se marginan temas de interés para los países del Sur como son la migración, los servicios que incluyen movilidad de personas físicas, los temas relacionados a los problemas de implementación, las barreras no arancelarias al comercio y los subsidios, entre otros.

El resultado obtenido para los países CARIFORO en el EPA era predecible: un nuevo acuerdo comercial que prioriza el comercio por sobre todas las cosas.  La publicitada dimensión del desarrollo no se concretizó, mientras, que los compromisos en materia de cooperación, que se hicieron por fuera del acuerdo, están por definirse y verse.

El acuerdo estuvo matizado y permeado por los intereses económicos de los grandes exportadores europeos y sus socios locales, y dependió de la forma y las condiciones del proceso de negociación, sin participación de la sociedad civil y en un tiempo record.  Aunque, lo más importante debió ceñirse estrictamente a las reglas de la OMC, esto marcó la diferencia, entre el libre comercio y el desarrollo.

Los que creemos en el desarrollo, proponemos acuerdos alternativos donde se generen procesos de integración real que conduzcan a la unidad y beneficios de nuestros pueblos, y no a profundizar la exclusión, la pobreza y la dependencia.  Acuerdos que apuntalen la integración alternativa y donde la práctica no diste tanto de la teoría.

- Hecmilio Galván es economista e investigador dominicano, miembro del Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA).