Del 4 al 7 de junio, los 27 países miembros de la Unión Europea, eligirán 736 diputados para la Eurocámara, en medio de una indiferencia casi generalizada que está dando aliento a los partidos de derecha que ven en la crisis económica, un caldo de cultivo para sus ideas xenófogas y extremistas. Las campañas de abstención a las elecciones, incluso desde una óptica de izquierda, antiunionista, está abriendo las puertas a un control más decidido de la derecha de ese órgano legislativo.

La Unión Europea que se ha convertido en una fortaleza del neoliberalismo está tratando de detener el aumento de la desocupación con la expulsión de los inmigrantes. Ya sea deteniendo y deportando a los ilegales, o discriminando en el trabajo, cortando posibilidades para que sean los propios inmigrantes, ya legalizados, los que sin futuro se vean obligados a retornar a sus países. En casi todos los países de la UE, los partidos de derecha han basado su crecimiento electoral en una furibunda campaña antiinmigrante. Por ejemplo, un partido de extrema derecha checo, aprovechando el espacio gratuito de la televisión estatal para la campaña electoral, emitió un spot publicitario promoviendo “la solución final” para los gitanos y otros inmigrantes. El incidente checo no es un caso aislado. Italia está promoviendo una legislación racista en extremo peligrosa. No sólo se define la inmigración ilegal como delito, sino que se legalizan los grupos de vigilantes ciudadanos, que salen a la caza de inmigrantes.

La “vieja Europa” parece dispuesta a recuperar algunas de sus ideas de los años 30 de siglo pasado, para mantenerse. No es casualidad que en los días previos, Amnistía Internacional (AI) haya pedido a los candidatos a la Eurocámara que utilicen "sus funciones legislativas y de control" para "apoyar acciones y políticas de promoción y protección de los Derechos Humanos", a fin de que éstos ocupen "un lugar relevante no sólo en el discurso europeo sino también en las acciones, programas y planes de la Unión Europea". En su comunicado, AI recordó que el Parlamento Europeo ha tenido un papel destacado en la investigación de los vuelos secretos de la CIA trasladando prisioneros.

La resolución aprobada por la Eurocámara el pasado mes de febrero basada en el informe de la comisión investigadora, condenó las prácticas ilegales de la CIA y señaló la complicidad de varios gobiernos europeos al respecto. Sin embargo, ni los Estados de la UE, ni sus propias instituciones europeas han respondido adecuadamente a las recomendaciones de esta Cámara para terminar con esas prácticas, cerrar las cárceles clandestinas y sancionar a los responsables. Amnistía recuerda que el parlamento debe de tener una posición coherente a favor de la defensa y protección de los Derechos Humanos en materia de seguridad, inmigración y refugio. La organización internacional también criticó la política de derechos humanos hacia los inmigrantes de la Unión Europea en su informe anual sobre la situación del 2008.

Según Amnistía, durante todo el pasado año, en Europa la represión siguió siendo la respuesta a la inmigración clandestina y calificó de "decepcionante" y "mal precedente" la directiva de la Unión Europea sobre la devolución de emigrantes irregulares. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, AI detectó en Europa, "la práctica sistemática de violaciones asociadas a la interceptación, detención y expulsión de extranjeros, incluso de los que buscaban protección internacional". Además de criticar la política de devolución de los indocumentados, el organismo internacional de derechos humanos denunció la situación de los inmigrantes en países como Suiza y Alemania, donde viven en extrema pobreza, o la situación en los centros de detención franceses, a las que considera inhumanas.

La comunidad gitana es para AI "el ejemplo más rotundo de discriminación en la región". Los incidentes violentos contra ellos en la República Checa y Hungría o su desalojo "forzoso e ilegal" de Italia revelan "problemas de racismo y discriminación graves profundamente arraigados contra la comunidad romaní en el corazón de la moderna Europa", dice. En estos días previos a las elecciones, Amnistía criticó severamente la política italiana sobre los inmigrantes. En un comunicado, la organización se mostró "extremadamente preocupada" por las medidas "discriminatorias" y "racistas" aprobadas contra la minoría gitana así como por la ausencia de reacciones por parte de la Unión Europea (UE).

La nueva ley no solo limita los derechos fundamentales de los inmigrantes que viven y trabajan legalmente en Italia y criminaliza al inmigrante ilegal como delincuente (se crea el delito de "inmigración y estancia clandestina"), sino que legaliza las denominadas patrullas de ciudadanos, creadas para denunciar posibles delitos, situaciones de desorden social o alteraciones del orden público y delatar a sus autores, incluyendo muy especialmente a los sin papeles y a todos aquellos que se ubican en ámbitos de vulnerabilidad social. Esta medida autoriza al ciudadano privado a asimilarse a las fuerzas de policía y legitima, en la práctica, peligrosas tendencias de la gente a tomarse la justicia por su mano, según comentaron expertos judiciales.

Amnistía criticó a su vez la devolución a Libia de inmigrantes detenidos en alta mar que permanecieron bloqueados cuatro días en alta mar por las discusiones entre Italia y Malta acerca de quién debía hacerse cargo de ellos. “Italia, en vez de llevarlos a tierra, asegurarse de que estaban bien de salud y evaluar las posibles demandas de asilo, se limitó a enviarlos a Libia, donde los centros de detención son extremadamente duros", añadió. El representante de AI denunció que la UE está "abdicando de sus obligaciones" y aseguró que aunque en Europa se habla "mucho de unión de valores", éstos no se respetan. "Cuando uno de sus miembros vulnera esos valores, políticamente no pasa nada", subrayó Amnistía.

Discriminación

Para empeorar la imagen europea del respeto a los derechos humanos, una nueva encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, difundida el pasado 27 de mayo, revela que uno de cada tres musulmanes ha sido objeto de discriminación en la Unión Europea durante los últimos doce meses y el once por ciento ha sufrido un delito racista. La encuesta destaca que miles de casos de discriminación y delitos racistas permanecen ocultos y que, por tanto, no quede constancia de los mismos en denuncias oficiales ni en los mecanismos de recogida de información. Un 63 por ciento de todos los inmigrantes y grupos minoritarios étnicos encuestados afirmó que aunque denunciara nada cambiaría y un 40 por ciento admitió que el hecho es normal y sucede todo el tiempo. Estos son algunos de los motivos por los que las minorías no denuncian las agresiones ni los hechos discriminatorios.

El documento también pone de manifiesto que las víctimas del racismo en la UE carecen de información sobre sus derechos. El 80 por ciento de los musulmanes encuestados no tenía conocimiento de la existencia de organizaciones dispuestas a ofrecer apoyo o asesoramiento en los casos de discriminación. En cuanto a grupos minoritarios, los ex yugoslavos, con un 89 por ciento, suponen el grupo minoritario que menos denuncia con respecto a los demás grupos. Las áreas en las que los musulmanes sufren mayor discriminación son los servicios privados como las tiendas, discotecas, bares y restaurantes o bancos, áreas en las que el estudio considera que "es fundamental que la gente se sienta integrada para sentir que forman parte de la sociedad". Los países que más discriminan, según el estudio, son Italia, donde el 55 por ciento de los musulmanes ha admitido ser víctima de la discriminación, Finlandia (47%), Dinamarca (46%) y España (40%).

Más políticas antiinmigrantes

Además de las nuevas normas para la repatriación de los inmigrantes, que contempla la posibilidad de detención hasta por 18 meses de los sin papeles, el Parlamento Europeo que se renueva esta semana, aprobó sanciones para las empresas que contraten ilegales. Tras un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo se aprobaron sanciones a los empresarios que contraten a irregulares y la "tarjeta azul" para atraer a trabajadores muy cualificados. Sin dejar de robar “cerebros”, la UE estableció que los Estados miembros tendrán un plazo de dos años para aplicar la norma sobre las sanciones para quien incumpla la legislación, que establece que las empresas son responsables de comprobar que todas las personas de países extracomunitarios que emplean, tienen documentos en regla.

Las sanciones para quienes contraten a irregulares abarcan desde multas, en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador, hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años. Además, el empresario deberá abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador hubiese tenido un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados. Al mismo tiempo, existen sanciones penales para los casos más graves: si el empresario es reincidente, si contrata a un gran número de personas en situación irregular, si explota a los inmigrantes, si la persona empleada es víctima de tráfico de seres humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor.

El argumento esgrimido es que la medida trata de combatir la inmigración ilegal y la explotación, y fomentar la inmigración legal. Sin embargo, la única inmigración legal que la UE está promoviendo es la de técnicos y profesionales calificados. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que la UE se ahorra casi un millón de euros en la educación de médicos cada vez que capta un profesional de otra región. Se calcula que en los veintisiete países de la Unión Europea viven entre 4 y 8 millones de inmigrantes indocumentados.

En cuanto a la "tarjeta azul", se establecerá un sistema común de ventajas laborales y legales para los trabajadores altamente calificados procedentes de fuera de la UE. Este mecanismo entrará en vigor a mediados de 2011 y permitirá que, tras un período inicial de dieciocho meses en un primer país europeo, estos inmigrantes puedan trabajar en el resto del territorio comunitario. El objetivo de esta medida es atraer a la UE a inmigrantes muy calificados, que en general suelen dirigirse preferentemente a Estados Unidos, Canadá, Suiza o Australia, para mejorar la competitividad económica de la Unión Europea y solucionar los problemas que provocará el envejecimiento de la población comunitaria.

Mil muertos en promedio anual

Pero no todos los que llegan a Europa son profesionales calificados, miles de personas huyen de la pobreza, la guerra y el hambre, después que sus territorios fueron saqueados de riquezas, u obligados a trasladarse cuando las transnacionales se instalan comprando tierras o en grandes explotaciones mineras. Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2008 arribaron, sólo a las costas italianas, 37.000 refugiados africanos, y en este año se espera que el número sea aún mayor. La cifra es similar a la inmigración que recibió España.

Cientos de personas mueren cada año intentando llegar a Europa en embarcaciones pequeñas y superpobladas. Un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía estimó en 581 las personas que perdieron la vida en 2008 intentando llegar a las costas españolas. Un año antes, 921 personas habían muerto en esas peligrosas travesías. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció que desde el primero de noviembre de 1988 a la misma fecha del 2008, 21.000 personas murieron intentando llegar al continente europeo por las costas españolas.

Para hacer frente a esta situación, la UE busca llevar sus fronteras cada vez más lejos, y si es posible establecerlas en África. En 2005 se creó la Agencia Europea para la Cooperación en las Fronteras Exteriores (FRONTEX) con la labor de frenar la inmigración en los límites externos de la Unión Europea. Según algunos informes, en el año 2007, Frontex gastó algo más de 19,5 millones de euros para interceptar, en siete operaciones en el Mediterráneo, unos 17.000 inmigrantes. Es decir, unos 1.100 euros por cada inmigrante interceptado, y ello sin tener en cuenta los gastos sufragados por cada uno de los Estados miembros.

Para frenar la inmigración, el Fondo para las Fronteras Exteriores había destinado el pasado año, 1.820 millones de euros, al mismo tiempo que sólo destinó 700 millones para planes de inversión en los países africanos con el objetivo de fomentar empleo y detener la emigración en los países de origen.

Más allá de las declaraciones, Europa poco hace para resacir a África del saqueo al que la sometió durantes décadas. Por el contrario, a la vez que militariza su frontera para impedir el acceso de los inmigrantes, las empresas europeas salen a la compra de tierras en Africa para plantar caña de azúcar u otros productos, con el fin de producir etanol para sus vehículos, desplazando más campesinos de sus tierras.

La elección del nuevo Parlamento Europeo poco hará para modificar estar situación, y por el contrario, las tendencias políticas en los países de la Unión, permiten prever una mayor represión hacia los inmigrantes.

- Ernesto Tamara es periodista sueco, escribe para Barómetro Internacional
http://www.barometro-internacional.org/