La reunión de la cumbre del G20 en Londres el 2 de abril tendrá una agenda muy nutrida y con certeza no cumplirá con las expectativas. (El G20 es una expansión de los países del G8, grupo que incluye a Canadá, Francia, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, para incluir a Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Arabia Saudí, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía y la Unión Europea). Hay una recesión global – la peor en más de 60 años – y se tiene también el problema inmediato de cómo salir de ésta mediante un estímulo fiscal y monetario, así como la posibilidad de llevar a cabo una acción coordinada para reparar el sistema financiero global. Además, se tiene el tema de una reforma a la regulación. Y tristemente, lo último en el programa es la ayuda para los países más pobres, los cuales, mediante la disminución del crédito, la deterioración en las exportaciones y la baja en los precios de las materias primas, pagan el precio más alto en términos humanitarios a causa de un desastre causado principalmente por la gente más rica en los países más ricos.

El G20 también tendrá que tomar decisiones acerca del Fondo Monetario Internacional: ¿Cuánto dinero recibirá y cuál será su papel en los próximos meses y años? La administración de Obama ha propuesto $100 mil millones, con la esperanza de que esto recaudará $500 mil millones en nuevos fondos. La Unión Europea ha prometido una cantidad similar (75 mil millones de euros).

Esto podría ser un error, a menos que se le obligue al FMI a eliminar las condiciones perjudiciales incluidas en sus préstamos. Hace diez años, en la última gran crisis económica internacional – la cual comenzó en Asia – EE.UU. encabezó un gran incremento de fondos para el FMI, y los resultados fueron desastrosos. El fondo empeoró la crisis en Asia, principalmente a causa de condicionar sus préstamos a objetivos económicos y estructurales dañinos para los países más afectados por la crisis – incluyendo a Indonesia, Tailandia, Corea del Sur y las Filipinas. El FMI se equivocó al menos de la misma manera en Rusia y otros países, y especialmente en Argentina, durante el mismo periodo.

Estos países aprendieron su lección y acumularon reservas para así evitar la necesidad de acudir al FMI otra vez. El Fondo, sin asumir responsabilidad o despedir a nadie (al igual que algunas corporaciones estadounidenses recientemente), afirma haber aprendido algunas lecciones y también cambiado sus políticas. Pero hay muchas señales alarmantes de que no lo ha hecho.

Por ejemplo, por lo menos nueve acuerdos que el Fondo ha negociado desde septiembre de 2008 – incluyendo con países de Europa Oriental, El Salvador y Pakistán – contienen algunos elementos de políticas económicas de contracción. Éstas incluyen cortar los gastos presupuestarios, elevar las tasas de interés, congelar los salarios de los empleados públicos y otras medidas que reducirán la demanda agregada o impedirán la implementación de programas de estímulo económico en la desaceleración económica actual.  

El FMI desde hace tiempo tiene una doble moral cuando se trata de enfrentar desaceleraciones económicas. Para los países ricos, puede ser bastante Keynesiano: actualmente está recomendando un estímulo fiscal global del 2% del PIB. Pero para los países en desarrollo, los que de hecho son forzados a seguir los consejos del Fondo, frecuentemente hay un cuento diferente: estos países “no se pueden dar el lujo” de implementar estas políticas de expansión durante una recesión.

Esta actitud puede frustrar el propósito de prestar dinero a los países en desarrollo durante una desaceleración, el cual es capacitarlos para que continúen políticas de expansión. La razón principal por la cual estos países “no se pueden dar el lujo” de hacer lo que EE.UU. u otros países ricos hacen durante esta recesión – por ejemplo, mantener un gran déficit presupuestario – es porque se les pueden terminar las reservas monetarias internacionales (en su mayor parte dólares). Es decir, si crecen a un paso normal mientras otras economías se contraen, sus importaciones crecerán más rápido que sus exportaciones, y su balanza comercial empeorará. El propósito de la ayuda externa es permitir que esto suceda, en vez de que la economía sufra una contracción para mejorar la balanza comercial.

En un sentido, no es completamente justo culpar al FMI por el fracaso de sus políticas ya que el Fondo tiene un jefe: el Departamento del Tesoro de EE.UU. Aunque el FMI tiene 185 países miembros, Washington da las órdenes. Esta estructura fue establecida con la creación del Fondo en 1944, cuando Europa estaba en las ruinas y la mayor parte del mundo en desarrollo todavía estaba colonizado. China hoy tiene la segunda economía más grande y 1,3 mil millones de personas, pero solo 3,7% de las acciones con derecho de voto del FMI. Eso es después de una larga lucha de una década para reformar las acciones con derecho de voto, y para que China recibiera el aumento más grande en las acciones entre los países en desarrollo durante las reformas del Fondo el año pasado. Europa, Japón y los otros países ricos podrían vencer en votación a EE.UU., pero prefieren no crear problemas por miedo a que cualquier desafío al control de Washington sobre esta institución (y el Banco Mundial) pueda resultar en que los países en desarrollo tengan una voz.

Se dio, comprensiblemente, un descontento en EE.UU. cuando la administración de Obama designó a posiciones importantes a personas que habían sido responsables en gran parte por el desastre económico actual. El FMI tiene el mismo problema, pero mucho peor. Los individuos nombrados por Obama serán presionados a renunciar si fracasan, y los demócratas tienen que preocuparse por la re-elección. No existe responsabilidad comparable en el FMI.

¿Qué esperanza hay, entonces, para una reforma? Para reformas inmediatas, hay presión por parte de la sociedad civil organizada que ha tenido éxito en forzar la cancelación de la deuda para países pobres de unos $88 mil millones en la última década. Coaliciones como la de 138 organizaciones, Put People First, en el Reino Unido están presionando al FMI y al Banco Mundial para que se abstengan de imponer condiciones perjudiciales a países pobres y que cancelen más deuda. Les están pidiendo a los países más ricos que cumplan con sus compromisos de ayuda. En EE.UU., la organización con bases religiosas, Jubilee USA, y grupos aliados están presionando al Congreso para que autoricé al FMI a vender parte de sus decenas de miles de millones de dólares en reservas de oro, y usar ese dinero para la cancelación de la deuda de los países pobres.

Propuestas más ambiciosas para reformas de largo plazo provienen de la Comisión de las Naciones Unidas encabezada por el premio Nobel en economía, Joseph Stiglitz. Esta comisión está proponiendo un Consejo Económico Global, una expansión del sistema global de reservas y otros convenios – incluso ayuda constante a países pobres – que no estarían sujetos a la censura de los países ricos como sí lo están el FMI y el Banco Mundial actualmente. Esta semana el gobierno de China anunció su apoyo a una moneda de reserva global para reemplazar al dólar.

Mientras tanto, las reformas más importantes se llevarán a cabo a niveles nacionales y regionales, más allá del G7 y el nominalmente expandido G20. En meses recientes China ha extendido acuerdos de intercambio de divisas de miles de millones de dólares a Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, Malasia y Bielorrusia, después de rechazar las peticiones de los países ricos para darle más dinero al FMI en la ausencia de una reforma institucional. Los países ASEAN +3 (la Asociación de Naciones Asiáticas del Sureste más China, Japón y Corea del Sur) están encaminándose hacia la creación de un Fondo Monetario Asiático de $120 mil millones. Y se espera que el Banco del Sur de Sur América se inaugure en mayo con un capital inicial de $10 mil millones de Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Si los países en desarrollo están dispuestos a demostrarle al G7 que pueden alejarse de cualquier acuerdo que pueda perjudicarlos, mientras generan alternativas propias a nivel nacional y regional, los gobiernos de los países ricos finalmente verán la necesidad de reformas financieras internacionales serias.  

- Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C.  Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica.  Es también presidente de la organización Just Foreign Policy. 

25 de marzo, 2009, The Guardian Unlimited

Fuente: http://www.cepr.net/index.php/other-languages/spanish-op-eds/el-g20-debe...