Mientras para los gobiernos latinoamericanos la construcción de megaproyectos de infraestructura se ha convertido en una prioridad por el desarrollo y la posibilidad de crecimiento económico que estos suponen, para las poblaciones más vulnerables y las minorías étnicas del continente éstos se han convertido en una amenaza contra su calidad de vida y su supervivencia.

Así lo sentenciaron diversos activistas de América Latina presentes en el foro Migraciones y Desplazamiento, que tuvo lugar este viernes en el auditorio María Cano de la Escuela Nacional Sindical (ENS) y que hace parte de la programación de la “Asamblea de los Pueblos”, evento alterno a la 50º Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se desarrollará en Medellín entre el 27 y 31 del mismo mes.

Como su nombre lo indica, el Foro buscaba presentar una radiografía, mediante la exposición de casos puntuales, de lo que ha significado para algunas poblaciones de Centro, Suramérica y el Caribe el desarrollo de grandes obras de infraestructura en términos de vulneración de derechos, desconocimiento de normas jurídicas, ambientales, sociales y de protección de patrimonios culturales.

Uno de esos casos puntuales expuestos fue la hidroeléctrica de Caña Brava, proyecto localizado en el río Tocantis, estado de Goiás, al centro-oriente de Brasil, con capacidad para generar 450 megavatios. La obra, cuya construcción finalizó en el año 2001 y fue comenzada a llenar en el 2003, fue financiada con préstamos del BID por valor cercano a los 75 mil millones de dólares.

Según la norteamericana Laura Carlsen, integrante de la Alianza Nacional para las Comunidades Latinoamericanas y del Caribe (Nalacc), organización que propende por el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad latina en Estados Unidos y los países de la región, la construcción de la hidroeléctrica generó el desplazamiento de por lo menos 200 familias campesinas asentadas durante años en las zonas de influencia del proyecto.

Basada en el seguimiento que ha hecho de éste y otros megaproyectos, Carlsen aseguró que si bien el gobierno del vecino país implementó un programa para el reasentamiento de familias residentes y afectadas por la construcción de la obra, muchas no lograron beneficiarse de dichos programas, lo que afectó sensiblemente su calidad de vida.

De acuerdo con la activista norteamericana, el proceso de reubicación de las familias no fue efectivo ni integral, toda vez que no logró mejorar, ni siquiera equiparar, las anteriores condiciones de vida de esta población, atentando así contra el derecho de las comunidades a una vida digna y el derecho individual al patrimonio.

“Esa es una característica de los megaproyectos, que para su construcción es necesario desplazar, reubicar o desalojar, muchas veces a la fuerza, comunidades que viven en las zonas de influencia de los mismos y esos desplazados nunca logran ser ubicados en condiciones iguales o mejores a las que ya traían, sino que les comienza a ir de mal en peor”, señaló Carlsen.

Otro de los ejemplos presentados para caracterizar cómo los megaproyectos atentan contra los derechos de los pueblos, fue el de la construcción de un complejo agroindustrial en el estado de Guerrero, en México, que supondría el desplazamiento de por lo menos 15 mil integrantes de comunidades indígenas de la  región.
La tensión ha ido incrementándose en dicho Estado dada la orden impartida por el gobierno mexicano de militarizar la zona a fin de proteger los intereses de los inversionistas, que coincidencialmente cuentan con financiación del BID.

Para Carlsen, este caso sigue el mismo patrón del ejemplo brasileño –y de otros casos en Colombia y Perú- y es que mientras se genera abundante información sobre los efectos e impactos que tendrá el proyecto en la economía y el desarrollo local, es escasa (incluso nula) la información que poseen los responsables de los mismos sobre los impactos ambientales o sociales.

“Y esto se convierte en un generador de conflicto entre las mismas comunidades. La población comienza a desconfiar de las bondades de los megaproyectos y sus responsables no son capaces de dar información sobre los impactos porque casi siempre carecen de estudios confiables sobre los costos y beneficios en materia ambiental y social”, agregó.

¿Y Colombia qué?

Al mirar la situación colombiana, los expositores presentes en el evento coincidieron en señalar que buena parte de los casos de desplazamiento forzado que se han registrado en el país y que son atribuibles a grupos paramilitares encierran un proyecto de apropiación de tierras fértiles para el impulso de proyectos agroindustriales.

Fabián Ollaga, miembro del Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos Legales  (ILSA), con sede en la cuidad de Bogotá, reveló un estudio que da cuenta de cómo en los procesos de desplazamiento forzado los grupos paramilitares se habrían apropiado de por lo menos 6 millones de hectáreas de tierra productiva que, a su vez, componen el 10.8% de la superficie agropecuaria del país.

“Si se mira con detenimiento dónde se presentaron mayores desplazamientos y en qué años y se compara con el proceso de concentración de tierras, se observan coincidencias preocupantes. Pero más preocupante es saber que este gobierno quiere impulsar proyectos basados en el cultivo de palma africana, para lo cual van a solicitar préstamos al BID, y que necesitan mucha tierra para ello”, manifestó Ollaga. 

Lo anterior también plantea un interrogante sobre el enfoque que encierra el actual proceso de reparación de víctimas del conflicto armado, donde, según lo aprecia Ollaga, se está privilegiando la capacidad de generar riqueza por parte de un sector propietario de las tierras por encima de los derechos de restitución de bienes de los afectados de un crimen catalogado como de lesa humanidad.

Frente a este panorama, los conferencistas fueron enfáticos en ratificar que el modelo de desarrollo que privilegia la construcción de megaobras, como hidroeléctricas, vías, hidrovías y autopisas, está atentando contra los derechos humanos sociales, económicos y culturales de los pueblos.

¿Qué hacer entonces? La sentencia de Laura Carlsen resumió la opinión de los presentes, aunque de seguro va en contravía de la opinión de los gobiernos latinoamericanos: “lo mejor es oponerse a la construcción de megaproyectos”.

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia
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