La crisis económica iniciada en Estados Unidos ha alcanzado a Latinoamérica y se expresa tanto en el plano financiero como en el productivo. En los últimos meses se repiten noticias similares en casi todas las capitales. Las exportaciones comienzan a caer por la reducción de las compras en los países industrializados, simultáneamente con un descenso del precio de los principales productos exportados por América Latina. El crédito disponible es escaso y las capacidades de maniobra de los gobiernos se estrechan.

Un examen de esta situación indica que esta debacle global también representa una crisis del modelo extractivista de desarrollo. No es sólo una cuestión del acceso al crédito internacional o los problemas para colocar exportaciones, sino que se tambalean los mecanismos esenciales que sostenían un desarrollo enfocado en extraer recursos naturales y venderlos a los mercados globales.

Muchos gobiernos, desde Néstor Kirchner de Argentina a Alan García en Perú, disfrutaron en el pasado de un excelente escenario económico, con un alto crecimiento económico sustentado por sus elevadas exportaciones. Pero en realidad ese cambio se debía en buena medida a factores externos (alta demanda internacional y elevados precios), y estos gobiernos no aprovecharon esa coyuntura para generar un estilo de desarrollo propio y autónomo. Casi todos los países apostaron por profundizar todavía más la estrategia económica extractivista, donde las estrellas fueron el agronegocio, el petróleo y gas natural, y metales como aluminio o hierro a medio procesar. Incluso Brasil, que se presenta a sí mismo como una economía industrializada, mantiene un perfil exportador donde casi la mitad de los productos que vende son materias primas.

Un buen ejemplo es la situación de la producción de soja, el principal producto de exportación de países como Brasil, Argentina y Paraguay. Su precio había alcanzado picos en el orden de los US$ 600/ton, para caer a casi la mitad, y con proyecciones para los próximos meses de US$ 300/ton. También ha caído el precio del maíz, trigo y otros productos agroalimentarios, mientras que el mercado de biocombustibles se ha contraído.

Las implicaciones sociales y ambientales de este tipo de caídas son muy claras. Por ejemplo, siguiendo en el caso de la agropecuaria, seguramente se endentecerá la agricultura intensiva en capital (como por ejemplo el recambio de tractores o cosechadoras, uso intensivo de agroquímicos, etc.). La salida para este problema es apostar a las formas de producción allí donde los costos son menores (especialmente el valor de la tierra), y hasta donde lo permita la red de infraestructura actualmente existente. Consecuentemente se podrían esperar avances de la frontera agropecuaria sobre áreas silvestres en la Amazonia central (por ejemplo en Rondonia y Acre y otros estados del “arco de deforestación amazónica” en Brasil), pero también en las zonas adyacentes de Perú (carretera Interoceánica Sur), en el oriente de Bolivia, oriente de Paraguay, y norte de Argentina. La crisis generará un mayor impacto ambiental. Paralelamente, la agricultura familiar y campesina será muy golpeada.

El comercio internacional agropecuario se encamina a mayores complicaciones. El sistema de apoyos cambiará, y por ejemplo la crisis económica hace que en la Unión Europea los sistemas de apoyo basados en el pago de subsidios se vuelvan cada vez más dificultoso, y se juegue con la idea de imponer trabas arancelarias clásicas. Entretanto, a los agricultores de EE.UU. también se les hace cada vez más difícil acceder al crédito. Finalmente, no es un tema menor que en China (uno de los principales destinos de nuestras exportaciones) el Comité Central del Partido Comunista resolvió el pasado octubre permitir la compra o alquiler de tierras, tanto con personas, cooperativas o incluso empresas. Esto tendrá enormes efectos en el medio rural chino, y habrá que ver si en 2009 este nuevo capitalismo rural permite mejorar la producción (con la cual caerán las importaciones desde América Latina).
 
Entretanto, también se observa un desplome en el precio de los hidrocarburos con lo cual en 2009 se complica la situación en Venezuela, Bolivia, Ecuador (y en parte Perú y Brasil). Como se reducen las exportaciones y ha caído el precio, los ingresos de esos países se verán muy recortados. Además, a lo largo de 2009 seguramente se enlentecerá la exploración, prospección y explotación de los nuevos yacimientos (especialmente en Perú y Ecuador). Bolivia mantiene estancada su producción de hidrocarburos, incluso por debajo de sus propias metas, y ahora enfrenta el problema de una reducción de la demanda desde Brasil. Asimismo, las enormes inversiones que necesitará la explotación de los yacimientos oceánicos de Brasil también quedarán en suspenso. Un claro ejemplo de este nuevo escenario es que la empresa noruega que construye las plataformas petroleras marinas (Sevan Marine), prácticamente ha suspendido su montaje debido a la falta de crédito, poniendo en suspenso todos los encargos de Petrobrás.

Finalmente, los precios de los minerales también se han desplomado. Esto afecta a casi todos los países andinos (y una vez más, en parte a Brasil y Argentina). Por ejemplo el cobre ha regresado al precio observado a fines de 2005. Las consecuencias ya se están observando, y se profundizarán en 2009: nuevos proyectos de inversión suspendidos, la pequeña minería andina muy afectada (como ya sucede en Perú), acentuando los problemas de pobreza y con peores performances ambientales.

Tanto en el caso de los hidrocarburos como los minerales, hay ejemplos históricos donde la caída de los precios internacionales desembocó en un intento de compensación por medio de un aumento mayúsculo en los volúmenes extraídos. Las consecuencias sociales y ambientales de ese camino han sido muy negativas.

A medida que avanzan los problemas económicos en América Latina, aumenta la competencia por las exportaciones y la atracción de capitales internacionales. Consecuentemente los gobiernos recrudecerán sus resistencias a elevar las exigencias y la fiscalización ambiental, en tanto es concebida como una traba a las inversiones. Hay varios ejemplos en marcha: en Brasil se intenta reducir las exigencias de protección en la Amazonia, mientras que en Argentina la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de vetar una ley que impediría la minería en los glaciares de los Andes.

Los gobiernos, y muchos académicos, no parecen tomar conciencia que estamos frente a una crisis del modelo extractivista. Esa idea del desarrollo como crecimiento económico alimentado por las exportaciones de bienes primarios encuentra ahora límites externos, los que se suman a sus límites internos, expresados por conflictos sociales locales y sus impactos ambientales. De todas maneras se insiste en el mismo camino, y no son pocos los gobiernos donde sus planes para superar la crisis se basan en apoyar y subsidiar esos sectores. Un ejemplo notable son los sucesivos paquetes de créditos para las exportaciones agroindustriales en Brasil, y otro es la reciente aprobación de la Ley Minera en Ecuador, la que alienta la producción transnacionalizada, y vuelve a apostar a la idea del extractivismo exportador como motor del desarrollo.

Esta cuestión se convierte en uno de los temas urgentes para 2009: la estrategia extractivista, basada en explotar la Naturaleza para exportar materias primas hacia mercados globales, es insostenible en los planos económicos, sociales y ambientales. Por lo tanto, los gobiernos y también los movimientos sociales, deben comprender que sigue siendo necesario generar estilos de desarrollo estructurados de otra manera, y en lugar de exportar materias primeras pasar a utilizarlos en cadenas productivas propias, compartidas, donde se genere empleo genuino y se pueda reducir el impacto social y ambiental.

- Eduardo Gudynas es analista de información en CLAES D3E (Montevideo).