El uso de los medios de comunicación de masas para la dominación es uno de los fenómenos más característicos de nuestra sociedad globalizada. La creación de matrices de opinión orientadas por los intereses de los dueños del poder global, es hoy un recurso cotidiano. Se genera una matriz de opinión a partir de un rumor o de afirmaciones sin confirmación o de la distorsión de los hechos, y esa matriz se repite sistemáticamente a lo largo y ancho del planeta a través de la red de medios privados, que tiene como abastecedores hegemónicos de contenido a las cinco o seis grandes transnacionales de la comunicación. Estas corporaciones están directamente ligadas a los polos de poder central, político o económico y desarrollan su labor en función a los intereses y conveniencias de esos polos.

Como un claro ejemplo concreto de esto, en estos días acaba de producirse un suceso definitivo en el tan promocionado “caso del maletín”, con la primera sentencia a uno de los implicados.

Recordemos: En ocasión de una cumbre internacional realizada en Argentina, dos días antes de su inicio la aduana aérea argentina detuvo una maleta con U$ 800.000.- que se intentaban entrar a ese país por un vuelo privado en el que viajaban ejecutivos de ENARSA, la empresa estatal petrolera argentina y de PDVSA, la estatal petrolera venezolana.

La persona que cargaba la maleta era el empresario venezolano-norteamericano Antonini Wilson, quien al otro día de confiscado el contrabando huyó a través de Uruguay hacia los Estados Unidos. La justicia argentina requirió a este señor, residenciado en Miami, solicitando su extradición. Pero ¡oh sorpresa!, en lugar de detenerlo, el FBI requiere a cuatro ciudadanos residentes en los EE.UU. supuestamente porque habrían actuado como agentes secretos del gobierno venezolano, presionando a Antonini Wilson, sin haber comunicado sus acciones al gobierno de los Estados Unidos. Se detiene a tres de los cuatro requeridos, y se inicia un proceso judicial en la ciudad de Miami, un territorio en que los neoconservadores controlan el sistema de justicia, incluida la Suprema Corte del Estado. Casualmente,  la fiscal acusadora es la misma persona que acusara a los cinco cubanos condenados de por vida, por haber intentado investigar las acciones de las mafias anticastristas en ese estado.

El juicio, que comenzara hace un año, ha sido ampliamente publicitado. Lo interesante es que los detalles legales no se han hecho públicos, ya que la acusación fue basada en material incriminatorio que proporcionara el FBI, que a partir de las potestades que le otorga la Ley Patriota de Bush, no está obligado ni a revelar fuentes, ni a aportar pruebas, es suficiente con presentar la incriminación para que ella se convierta en elemento de juicio. Los otros elementos acusatorios, partieron de los mismos acusados, quienes no sólo se declararon culpables, sino que “revelaron” las implicaciones del gobierno de Venezuela en el caso, acusando a numerosos funcionarios públicos de este país de haber, no sólo proporcionado el dinero (que supuestamente provenía de PDVSA e iba destinado a la campaña electoral de la presidenta Cristina Fernández), sino también de haberlos enviado a presionar a Antonini Wilson, para que no descubriera todo el entramado.

Durante casi todo un año, los medios internacionales (y los nacionales en Venezuela) han armado una alharaca periódica con “noticias” provenientes de este juicio. Lo curioso es que todas estas noticias se han basado en rumores y comentarios de origen desconocido, porque las verdaderas circunstancias legales se han mantenido en la más absoluta reserva.

Durante todo este proceso, el principal implicado en el episodio del maletín, Antonini Wilson, fue declarado testigo protegido del FBI, por lo tanto no puede ser extraditado a la Argentina, no puede se presionado para declarar y ni siquiera puede ser entrevistado.

Hace un par de meses, el jurado encontró a los acusados culpables, y ahora aparece la primera sentencia emitida por el juez. Y es aquí donde queda en evidencia toda la teatralidad de la trama. Para unos cargos que podían haber dejado en la cárcel al acusado hasta por 25 años, se le condena a dos años, pero con libertad condicional. Es que según han dicho los medios, los acusados han hecho un trato con la fiscalía, a cambio de sus declaraciones incriminatorias.

Se hace evidente entonces que el objetivo de este juicio no ha sido precisamente el de guardar la ley, sino que ha sido montado con la intención de ensuciar (por lo menos mediáticamente) al gobierno venezolano.

Como alguna vez comentáramos, esta es una forma de combatir al gobierno venezolano que les cuesta a los neocoms (que por suerte están ya abandonando la Casa Blanca)  mucho menos que una guerra. Basta entonces montar un “juicio legal” que no deja en los condenados legalmente ninguna punición, pero que ha permitido que durante casi un año a los medios exponer toda clase de rumores y teorías descalificadoras sobre Venezuela. En otras épocas estas conductas eran denominadas “propaganda de guerra”, hoy son la moneda corriente en la forma como se manejan los poderes centrales y los medios de comunicación globalizados. Aunque los neocoms se están yendo, es muy probable que este sistema de ataque mediático continúe (y acaso se incremente), ya que es el tipo de acciones que han sido siempre de preferencia de los demócratas, que se han caracterizado a lo largo de su historia cuando conducían los destinos de la potencia imperial, por no utilizar la guerra directa, sino por los más sutiles medios de la desestabilización e ingerencia.

El caso del maletín entonces parece estar en su agonía (por lo menos su utilización mediática, ya que veremos que pasa ahora con Antonini Wilson, que tiene pendiente cuentas con la justicia argentina). Veremos cual será entonces la próxima comedia (o tragicomedia) que montarán los amos del poder para atacar a las naciones que están declarándose soberanas.

- Miguel Guaglianone, escritor uruguayo-venezolano, es investigador independiente, jefe de redacción de  Barómetro Internacional.
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