Preámbulo

Representantes de más de 250 organizaciones de la sociedad civil y de  redes de distintas regiones del mundo, nos hemos reunido del 25 al 27 de noviembre de 2008, con carácter previo a la celebración de la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo en Doha, Qatar, bajo el  lema de “Invertir en  el desarrollo centrado en las personas”. Hemos revisado la puesta en marcha del Consenso de Monterrey, hemos discutido en torno a los nuevos retos emergentes y debatido las  posibilidades existentes respecto a la incorporación de nuevos mecanismos innovadores  para la financiación del desarrollo. Monterrey emergió de la crisis financiera de Asia y América Latina de los 90’. Pero también estuvo motivado por la percepción de una crisis en el desarrollo: surgió de la necesidad de analizar la caída del volumen de  recursos necesarios para cumplir los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados,  incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con el fin de reducir a la mitad el numero de personas que viven en la pobreza extrema en el 2015, mejorar las condiciones sociales de las personas como la  salud y la educación, el empleo, la elevación de las condiciones de vida, el apoyo a la igualdad de genero y el empoderamiento de las mujeres y  la protección  del  el medio ambiente.

Hoy, el mundo esta inmerso en la urgencia de una serie de crisis: energética, alimentaría, climática y financiera, que no solo amenazan el cumplimiento de los ODM y la vida de cientos de millones de personas, en el Norte y Sur,  sino también la estabilidad de las economías del mundo. Los gobiernos del Norte y el sistema financiero son responsables de las actuales crisis, pero los costes e impactos van a recaer sobre el mundo entero, y en particular, sobre los países más pobres. De acuerdo a la Organización de Alimentación y Agricultura cada ano se requiere  150.000 millones de USD para erradicar la pobreza. Las negociaciones comerciales han llegado a un punto muerto. La persistencia de la desigualdad de género es  reflejo y tiene relación con todos estos desequilibrios estructurales del sistema económico global; de ahí que  sea  tan  urgente incorporar la perspectiva de género en todas las políticas, a todos los niveles y en todos los sectores. Además  la mayoría de países del Norte no están cumpliendo con sus compromisos sobre  ayuda al desarrollo. Para superar estas crisis es necesaria la acción decisiva y el liderazgo de la comunidad internacional. Sin embargo, hasta ahora el liderazgo ha brillado por su ausencia.

Aparte de los efectos dramáticos de la actual crisis sistémica, en los últimos años el mundo ha sido testigo de una creciente transferencia  global de capitales del Sur hacia el Norte. El flujo de capitales ilícitos del Sur hacia el Norte significa una cantidad aproximada de entre 500.000 y 800.000 millones de dólares, según estimaciones  conservadoras. El mayor componente del flujo ilegal de capitales proviene de la evasión fiscal de empresas transnacionales que operan en los países del Sur,  que se realiza a través de los paraísos fiscales. Más aún, los países del Sur continúan transfiriendo  la mayor parte de sus recursos hacia el Norte  mediante el pago de servicio de la deuda y de las exportaciones. Además si se tienen en cuenta todos los mecanismos financieros, existe una transferencia neta de cientos de miles de millones de dólares anuales del Sur hacia el Norte. El resultado es un  escandaloso “flujo a la inversa del bienestar”,  ya que los países mas pobres están financiando a los mas ricos.

La rápida y masiva respuesta de los gobiernos de los países más ricos para rescatar económicamente, con más de tres trillones de dólares en garantías y fondos públicos, a los bancos e instituciones financieras privadas, contrasta con  su incapacidad para responder a la crisis de pobreza y  de exclusión que aflige a la mayoría de los habitantes del planeta. Según el Banco Mundial, para reducir en 2/3 la mortalidad infantil en los países más pobres, serian necesarios entre 20.000 y 25.000 millones de dólares adicionales al ano. La Organización Internacional del Trabajo estima que la actual crisis repercutirá en la pérdida de 20 millones de empleos para finales del 2009; otros 100 millones de personas se verán  empujados hacia la economía informal. Cada minuto muere una mujer por complicaciones en el embarazo o en el parto: se necesitan más recursos para luchar contra las altas tasas de mortalidad materna. Para garantizar que todos los niños y niñas del mundo reciban educación primaria, serian necesarios entre 10.000 y 30.000 millones de dólares anuales. Hasta ahora, la comunidad internacional se ha mostrado incapaz de generar dichos fondos, que representan únicamente una pequeña fracción de las enormes cantidades  que han sido destinadas a salvar las mismas  instituciones financieras que han conducido a la injusticia y la inestabilidad. Además, doce anos de iniciativas para el alivio de la deuda han generado poco más de 100.000 millones de dólares en deuda cancelada. La población trabajadora, sobretodo las mujeres, está siendo forzada a pagar la factura de un sistema basado en la concentración de la riqueza y el control del poder económico en manos de unos pocos, mientras se agrava el empobrecimiento de la mayoría. Los compromisos adoptados  por el grupo de 20 gobiernos reunidos en Washington hace dos semanas para fortalecer la regulación y el control del sistema financiero no serán suficientes.

Nos preocupa profundamente que estos gobiernos otorguen un papel central al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial y  a la OMC. Estas instituciones, en los últimos 30 años,  han forzado la liberalización de los mercados y los flujos de capital, erosionando el espacio de las políticas nacionales y violando la soberanía nacional. Estas instituciones están entre los principales responsables de la situación actual y carecen de la legitimidad y credibilidad necesarias para impulsar la reforma del sistema financiero internacional, y menos aun para iniciar un proceso de reforma interno. La liberalización del comercio, en la forma propuesta bajo la Ronda de Doha, ha contribuido a incrementar la vulnerabilidad de los países en desarrollo en áreas importantes. Y ello incluye el desempleo, el deterioro de las condiciones y derechos de la población trabajadora, la  imposibilidad de acceder a servicios públicos básicos y la amenaza para la soberanía alimentaría.

Exigimos estructuras económicas globales y políticas que antepongan primero los derechos de las personas y la justicia social y medioambiental, que garanticen oportunidades de trabajo decente basados en oportunidades de empleo, el respeto a los derechos laborales, la  protección social, la igualdad de genero, el diálogo social, medios de vida sostenibles, servicios esenciales como la sanidad, la educación, la vivienda, el acceso al agua y las energías limpias. Los pueblos deben tener un mayor control sobre los recursos y las decisiones que afectan a  sus vidas.

Observamos que, en lugar de comprometerse en torno a un debate amplio y de alto nivel sobre la financiación al desarrollo, la mayoría de los países del Norte no están enviando a sus Jefes de Estado, siendo la ausencia de autoridades del FMI y BM en esta Conferencia una muestra  evidente de su desacuerdo con un discurso de desarrollo incluyente.

Cuestiones globales

Inversión Extranjera Directa (IED)

La IED en su formato actual, ha fracasado al no dirigirse hacia las  dimensiones sociales del desarrollo y al incremento de la transferencia de tecnología de los países del Norte hacia los países del Sur. En este sentido, se deben realizar esfuerzos para incorporar un enfoque holístico de la  IED que incluya, entre otros, los aspectos del desarrollo social,  la transferencia sostenible de tecnología y la eliminación de los  paraísos fiscales que niegan a los países del Sur los recursos financieros que necesitan para su desarrollo. La historia de la IED ha mostrado que su intervención en los recursos naturales ha sido dañina. Como tal, la inversión en recursos naturales debe respetar la soberanía nacional, el medio ambiente y garantizar el derecho a  que primero se obtenga el consentimiento de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas. La  financiación internacional para el Desarrollo (FDI) debe sustentarse en sistemas de producción social y ambientalmente sostenibles y alinear sus actuaciones con las economías nacionales y locales.

Con el fin de asegurar la responsabilidad empresarial, deben ponerse en marcha  adecuados marcos de regulación  que incluyan la Declaración de la OIT sobre Empresas Multinacionales y de política social.  Asimismo deben establecerse medidas de carácter internacional con el fin de que las actividades empresariales estén alineadas con el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y de  los derechos laborales, en especial en todas aquellas áreas que se refieren al deber  del Estado en  la protección y promoción de los derechos humanos, a la responsabilidad empresarial  referida al respeto  y cumplimiento de los derechos humanos y la necesidad de  asegurar el resarcimiento de las victimas  incluyendo los mecanismos judiciales correspondientes. 

La  financiación bilateral y los acuerdos de libre comercio deberán ser discutidos entre los actores relevantes, principalmente los representantes parlamentarios y la sociedad civil, asegurando el empoderamiento y la apropiación  democráticas. Aquellos acuerdos que no promuevan el desarrollo y el trabajo decente deberán ser  cancelados o no serán  acordados.

La senda para mejorar la productividad y competitividad, particularmente mediante la externalización, subcontratación y  las cadenas de valor, no debe ser alcanzada a costa de afectar a los derechos de la población trabajadora; las condiciones de trabajo y de salarios, sino que debe sustentarse en los aspectos sociales y ambientales del desarrollo sostenible.

Los instrumentos de comercio internacional que han sido propuestos, como los créditos a la exportación y las garantías de inversión, deben ser aplicados bajo la condición del cumplimiento, por parte de las empresas transnacionales, de los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos, asegurando criterios de transparencia. Los gobiernos deben hacer simultáneamente uso de ellos para apoyar activamente la transferencia de tecnología hacia las regiones del Sur estructuralmente débiles y hacia las áreas que merecen  mayor apoyo desde el punto de vista del desarrollo, como  pueden ser las  abordan las consecuencias del cambio climático. Resulta además necesario establecer una regulación eficaz sobre  los flujos de capital y el uso de la FDI para  apoyar los objetivos de desarrollo, asegurando asimismo que la FDI cree empleos decentes y una adecuada  formación de capacidades.

Movilización de recursos nacionales

Con el fin de alcanzar los objetivos del desarrollo y superar la dependencia de préstamos externos, sea de donde provengan: de Gobiernos, bancos o Instituciones Financieras Internacionales, los países del Sur necesitan aumentar sustancialmente sus ingresos a partir de sus propios recursos y canalizar estos recursos hacia las necesidades de la gente que malvive en la pobreza. El Consenso de Monterrey puso de manifiesto la  esencial importancia  movilizar los recursos,  tanto públicos como privados,   para la inversión productiva sostenible y el incremento de las capacidades humanas. Las herramientas de política nacional que deben informar este proceso, incluyen la reforma fiscal así como los instrumentos de política financiera y monetaria que moderen  las oscilaciones del ciclo económico y protejan  de los impactos negativos correspondientes, a los sectores económicos en riesgo y a  las poblaciones.

Resulta crucial que se produzca una mayor asignación de recursos nacionales orientados a la igualdad de género con el fin de alcanzar el ODM3; así como  identificar el compromiso de cada país con el objetivo de igualdad de género a través de la inversión de sus propios recursos. La planificación nacional del desarrollo necesita priorizar la participación  activa de las mujeres, teniendo en cuenta sus preocupaciones. Con dicha finalidad,  tanto las organizaciones de mujeres a nivel nacional, las organizaciones de la juventud y las organizaciones de la sociedad civil,  y en especial las organizaciones de base, deberán ser incluidas en el proceso de planificación, programación, gestión, monitoreo y evaluación de los planes de desarrollo nacional, incluyendo asimismo  el apoyo de los países del Norte, bajo los principios de apropiación democrática nacional y mutua responsabilidad. Pedimos a los países signatarios de la Declaración de Abuja (2001) que realicen  todos los esfuerzos necesarios para conseguir que se asigne el 15% de los recursos nacionales a la salud, con el fin de alcanzar las metas fijadas en los  Objetivos 4, 5 y 6  de la Declaración del Milenio (ODM)

Reclamamos el reconocimiento  de un  espacio político mas amplio y sustantivo para los países en desarrollo y el resto de actores, con el fin de que dispongan de   mayor libertad para desarrollar sus políticas sociales y económicas,  políticas micro y macroeconómicas que estén basadas en el desarrollo sostenible para hacer frente a las causas y a los impactos del cambio climático y de  la crisis alimentaria, incluyendo la economía informal.  Junto a las mujeres, exigimos  una  mayor atención a la población vulnerable incluyendo a las personas con discapacidad; con el fin de facilitarles el acceso y el control a los recursos y reforzar su contribución a las economías de sus propios  países en desarrollo; urgiendo a los gobiernos para que implanten sistemas  progresivos de imposición que respondan a sus actividades. Además, debe prestarse mayor atención a las economías rurales que necesitan  acceder al crédito, la información y la tecnología  de forma más amplia y equitativa,   así como a una predistribución  justa y equitativa de los activos de la tierra.

Proponemos el establecimiento de un espacio más representativo para abordar la imposición, partiendo del trabajo realizado por el Comité de imposición de la OCDE y elevando de nivel al Comité de imposición de la ONU dotándole de recursos adecuados y pleno mandato intergubernamental, organizado en base a una representación política y técnica.

Constatamos el flujo neto de los países  del Sur hacia el Norte a través del capital comercial y de otros instrumentos y demandamos la adopción de medidas sostenibles que incluyan la eliminación de los dañinos paraísos fiscales, persiguiendo los flujos ilegales de capital y poniendo en práctica la Convención de Naciones Unidas  contra la Corrupción.  Deberá ponerse en marcha un mecanismo eficaz para hacer el seguimiento de la aplicación de la citada Convención. Además reclamamos la adopción del Código de Conducta que ha sido elaborado por el Grupo de Expertos del Comité de Imposición de Naciones Unidas.

Deuda

Con el fin de liberar a los países en desarrollo de las crisis perpetuas de la deuda, pedimos a los gobiernos que adopten acciones inmediatas para asegurar la cancelación de todas las deudas reclamadas a los países pobres y desvincular la cancelación de las condicionalidades impuestas por los concesionarios de dichos prestamos. Los gobiernos de los países del Sur también deben tomar las medidas unilaterales necesarias para recuperar la soberanía sobre sus finanzas, medidas que deben incluir el impago y repudio de la deuda.

A pesar de las deudas canceladas en los últimos anos, la mayoría de los países del Sur aun sufren la gran carga de la deuda. Además, las actuales crisis alimentaria, climática, energética y financiera amenazan con exacerbar el problema de la carga de la deuda. Particularmente, en tiempos de crisis severa, la comunidad internacional debe reconocer el derecho y la obligación de los gobiernos del Sur de impedir que los recursos disponibles se utilicen para los pagos de la deuda en vez de utilizarlos para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y medioambientales, cuestiones que deben ser reconocidas y defendidas por la el conjunto de la comunidad internacional.

Expresamos nuestra oposición a fortalecer el papel de las Instituciones Financiera Internacionales (IFIs). Estas instituciones han fracasado en su intento de lidiar con la crisis de la deuda, además de haber generado deuda ilegitima e imponer onerosas condicionalidades políticas a los países del Sur. Los gobiernos deberían establecer una nueva arquitectura financiera que sea incluyente, participativa, y democrática, y que rinda cuentas a la ciudadanía.  Las Naciones Unidas deben tener un papel fundamental en el desarrollo de estas instituciones, que deben estar sujetas a los tratados y normas internacionales sobre derechos humanos. Entre otras necesidades, el nuevo marco institucional, que tiene que ser vinculante, debe revisar el actual marco de sostenibilidad de la deuda a fin de incluir la deuda nacional, el desarrollo humano y tener en cuenta consideraciones relacionadas con la justicia medioambiental y climática. Es urgente establecer un mecanismo justo y transparente para tratar las cuestiones de la deuda, que sea independiente de las IFIs.

El reconocimiento de los conceptos de la deuda odiosa e ilegitima fue un avance significativo derivado del Consenso de Monterrey. Los esquemas actuales de cancelación de la deuda, como la Iniciativa para los países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) y la Iniciativa Multilateral para el alivio de la Deuda (MDRI), no son soluciones adecuadas para abordar el problema de la deuda. Algunos de los países empobrecidos y países de renta media han sido excluidos de ambas iniciativas. Pedimos que las deudas odiosas e ilegitimas sean canceladas y repudiadas, y que se tomen acciones decisivas para impedir la reacumulación de esta deuda. Estas acciones deben incluir, de forma inmediata, el compromiso de realizar auditorias exhaustivas de deudas financieras, sociales, ecológicas e históricas. Respecto de las demandas sobre deuda ilegitima, es importante recoger la experiencia reciente de Ecuador referida a la realización de ambas auditorias, tanto  oficiales como  ciudadanas, experiencia que  esta siendo asimismo propuesta en numerosos países.   Las auditorias para exponer la ilegitimidad de las deudas deben tener lugar tanto a nivel oficial como también a nivel de la ciudadanía.

Hacemos un llamado a los gobiernos del Sur para que reorienten sus políticas económicas, actualmente dominadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) que solo buscan asegurar el pago de la deuda, y coordinarse con el fin de reforzar su capacidad política e institucional para lidiar con los problemas relacionados con el actual sistema de endeudamiento.

Ayuda

En 2006 y 2007, la ayuda al desarrollo descendió, mostrando un total fracaso de los países desarrollados de cumplir con sus compromisos sobre la ayuda. La crisis financiera no debería utilizarse como una excusa para incumplir nuevamente con estos compromisos. De hecho, incrementar la ayuda al desarrollo es ahora más necesario que nunca. El número de personas que viven en  la pobreza se acerca actualmente a mil millones. Los países en  desarrollo necesitan apoyo para sortear la crisis financiera y la crisis alimentaria; crisis principalmente generadas por los países desarrollados pero que afectaran sobre todo a los países y comunidades más pobres del mundo. Además, los países en desarrollo siguen necesitando fondos para luchar contra la pobreza y la desigualdad de género. Los países desarrollados tienen que avanzar en el cumplimiento de sus compromisos en este sentido. El G8 debe acelerar sus promesas de incrementar en 50.000 millones de dólares la ayuda anual para alcanzar 130.000 millones de dólares en el ano 2010. Todos los países deben acelerar los avances hacia el cumplimiento del 0.7% de su PNB para ayuda al desarrollo. Dirigimos un llamamiento a los donantes para que actúen coherentemente y establezcan calendarios vinculantes para el incremento de la ayuda al desarrollo y alcanzar la meta del 0.7% en 2015, como mas tarde.

Reconocemos  el compromiso de los cinco países que han cumplido el objetivo del 0,7% adoptado en su momento: Noruega (o,89%), Suecia (1,03%), Luxemburgo (0,89%), Dinamarca (0,8%) y Holanda (0,8%). Urgimos a los donantes para que asignen recursos reales a la AOD:   aquellos recursos que provengan del alivio o de la  cancelación de la deuda o  de la ayuda a refugiados no deberían ser incluidos en este cómputo. Asimismo pedimos a los gobiernos que se abstengan de incluir las remesas  en  el paquete  de la ayuda,  ya que son flujos privados  que no están bajo el control de los gobiernos. Nos preocupa que los acuerdos de  Parteneriado Publico-Privado (PPP) se realicen en detrimento de lo que debe ser un autentico proyecto de desarrollo y que únicamente las iniciativas lucrativas se beneficien de ello.  

Es urgente  realizar mayores esfuerzos para mejorar la calidad de la ayuda, en particular fortaleciendo la apropiación democrática de las políticas nacionales, poniendo un mayor énfasis en la justicia de genero, y acabando con la condiciones de política económica. La ayuda debe tener un mayor y mejor impacto en las comunidades que la reciben, y debe contribuir a fortalecer gobiernos democráticos e incluyentes, y canalizarse hacia la población beneficiaria. Urgimos a las organizaciones y países donantes a que vayan mas allá de los principios acordados,  incorporando buenas practicas y mecanismos basados en “buenas practicas en las donaciones humanitarias”, la Declaración de Paris y la Agenda para la Acción de Accra. También es necesario profundizar la agenda sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. Partiendo de estos acuerdos, los donantes deben comprometerse a desligar completamente la ayuda, y a desvincularla de condicionalidades ligadas a la   política económica. Estas condicionalidades destruyen la capacidad de apropiación de los países en desarrollo y frecuentemente incrementan la pobreza, hecho que contraviene los objetivos de erradicación de la pobreza y de eficacia de la ayuda.

Es necesario que  exista una mayor transparencia de la ayuda, lo que sin duda también mejorara su impacto en la reducción de la pobreza: una mayor transparencia permite una mayor apropiación de las políticas por parte de los países en desarrollo y reduce los costes de transacción. Los donantes deberían acordar e implementar estándares internacionales de información sobre la ayuda para facilitar un acceso universal a cifras detalladas, comparables y recientes sobre la ayuda. Esta información ayudaría a asegurar  que la ayuda llega verdaderamente a sus últimos destinatarios. Una mayor transparencia debería reflejar las necesidades de monitoreo de parlamentarios, sociedad civil, gobiernos y otros actores interesados, y debería complementar los esfuerzos de los países en desarrollo para hacer sus presupuestos mas transparentes y mejorar su rendición de cuentas. Instamos a más países donantes a participar en el trabajo de la Iniciativa Internacional sobre la Transparencia de la Ayuda. También esperamos atentamente sus informes al Foro sobre la Cooperación para el Desarrollo de NNUU y a otros organismos relevantes.

El Foro de Cooperación para el Desarrollo (DCF) como organismo de carácter universal, debe tener un mandato claro referido a la adopción de estrategias de desarrollo, las políticas y la financiación de la cooperación al desarrollo, así como en relación a su capacidad para promover la coherencia entre las actividades de los diversos  socios  que trabajan en el desarrollo. Este Foro deberá recibir el apoyo político, institucional y financiero necesario, con el fin de que  se puedan adoptar  los procedimientos necesarios  que permitan, tanto a los distintos actores relevantes del desarrollo como  a los nuevos donantes,  acordar la discusión sobre los aspectos fundamentales de la política de cooperación. Apoyamos la invitación cursada al Secretario General para que realice un amplio informe acerca de estas cuestiones,  y este sea presentado en el Foro de Cooperación para el Desarrollo.

Nuevos mecanismos  de financiación

Al tiempo que valoramos los nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo, consideramos sin embargo necesario definir claramente los aspectos clave de estos mecanismos. Los nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo  proporcionan recursos adicionales para el desarrollo que son importantes y necesarios, pero  deberán ser siempre adicionales a los compromisos del 0.7% del PNB para ayuda al desarrollo. Además pedimos a los estados miembros  que se  comprometan a estudiar, desarrollar y aplicar progresivamente el impuesto del 0.005% sobre todas las transacciones monetarias en cambios de divisa. Numerosos estudios demuestran que el impuesto sobre transacciones monetarias seria técnicamente factible, podría recaudarse eficientemente, y movilizaría muchos mas recursos que todos los nuevos instrumentos de financiación para el desarrollo juntos. Además, la puesta en marcha de este impuesto significaría un paso importante hacia la redistribución de la riqueza a nivel mundial.

11. Comercio

El impacto de la crisis financiera mundial en los países en desarrollo  evidencia la existencia una serie de vulnerabilidades que ponen  en cuestión la aplicación de un modelo basado en las exportaciones y que puso mucho  énfasis  en la liberalización del mercado, sin tener en cuenta la necesidad de incluir  mecanismos que aseguren el comercio como instrumento capaz de generar una  financiación estable para el desarrollo. Pedimos a los Estados  Miembros que utilicen el  proceso  de  Doha de financiación para el Desarrollo (FfD) para  reformular las negociaciones de Doha de la OMC en torno a una verdadera Ronda del desarrollo. Desde la perspectiva de los intereses de la coherencia de políticas, sus resultados deberían estar  totalmente alineados con los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente (IADGs) incluidos los ODM,  así como en torno al respeto de los objetivos del trabajo decente y de los derechos laborales fundamentales.  El espacio político de los países en desarrollo debe ser respetado para que estos  puedan  fijar como y cuando  quieren liberalizar sectores y mercados.

La liberalización del comercio no debe ser concebida como un factor potencial que incide  negativamente en el empleo, perjudica a  los sectores vulnerables y amenaza el desarrollo industrial. El comercio debe ser coherente con los objetivos de predistribución de la riqueza, el trabajo decente, la igualdad de género y  el principio de apropiación democrática y participativa.

El comercio y la inversión potencialmente pueden servir como instrumentos eficaces para  incrementar la financiación para el desarrollo, pero esto solo  puede funcionar  si se acompaña de  un  cierto número de políticas complementarias. Este tipo de políticas deben tener como objetivos: 

- Restringir la repatriación de los beneficios;
- Existencia de reglas equilibradas para la inversión, que contemplen derechos y obligaciones para los inversores y respeten los sistemas de protección y de derechos de los trabajadores ;
- Valor añadido, transferencia de tecnologías y de capacidades, contenidos y creación de tecnologías;
- Relaciones  con la economía nacional en sus variantes externa e interna;
- Relación con los resultados del desarrollo y el trabajo decente.


Respecto de las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC, reafirmamos la centralidad de las  cuestiones relacionadas con el desarrollo   y con  los intereses de los países en desarrollo. Debe recordarse  y reiterarse que el objetivo de esta Ronda no es “per se” el acceso a los mercados, sino la reorientación del sistema multilateral del comercio para que este pueda contribuir al desarrollo de los  países.  Deberán suprimirse los subsidios agrícolas del Norte que afectan al comercio,  con el fin de promover un sistema equilibrado de comercio. Asimismo los gobiernos deberán proporcionar el 100% de  exención de tarifas aduaneras y de aranceles a los países menos desarrollados (PMA)

La Ronda de Doha puede empeorar aun mas la crisis financiera, si se sigue ejerciendo presión sobre los países en desarrollo para que abran sus servicios financieros a las instituciones financieras extranjeras. En la actualidad se ha puesto en evidencia que son, precisamente, las prácticas y los instrumentos financieros de estas instituciones las que  han causado la crisis financiera.  Dada la interrelación que existe entre la desregulación  y  la liberalización financiera con la crisis financiera global, la OMC debería suspender las negociaciones sobre liberalización de servicios financieros  contemplada en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS). Cualquier otra negociación  del GATS que afecte a la regulación interna del país no podrá limitar el espacio político de los países para regular sus servicios financieros. Los miembros de la OMC deberán asegurar que los países que accedan a dicho sistema no tengan que asumir los compromisos OMC-plus, en especial cuando  estos debiliten el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Lo que determina el acceso es  el comercio y no otro tipo de  factores  políticos.

Los actuales Acuerdos de Libre Comercio (TLC), así como los Acuerdos de Parteneriado Económico (EPAs) que presionan a los países en desarrollo para rebajar sus tarifas agrícolas y liberalizar su sector financiero y otros servicios, deben ser revisados, renegociados o suspendidos. Las reglas de la OMC deben ser revisadas con el fin de   que los países en desarrollo puedan  disponer de la suficiente flexibilidad, trato especial y diferenciado y  de tratamiento no-reciproco en los acuerdos regionales, de tal forma que estos países  no tengan que  enfrentarse a una presión adicional  derivada de una liberalización excesiva. 

La Ayuda para el Comercio no deber concebida como un sustituto de la necesaria reforma de un sistema comercial que debe reorientar sus objetivos en el logro del pleno empleo y el desarrollo sostenible. La Ayuda al Comercio solo puede  tener éxito si  no esta condicionada, no genera deuda,  es adicional a los compromisos actuales y esta orientada a construir capacidades de los países receptores en lugar de concebirse como una mera aplicación de las reglas comerciales. Reafirmamos el pronunciamiento realizado en la UNCTAD XII   que subraya como la integración exitosa de los países en desarrollo en el comercio internacional,  requiere de políticas proactivas en los niveles nacionales e internacionales que apoyen la acumulación de capital y fomenten la productividad.

Asuntos sistémicos    

Las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, del ECOSOC y de otros organismos,  asumen una responsabilidad fundamental para abordar  el origen de las causas que acrecientan el sufrimiento humano,  como son el militarismo y la ocupación, el castigo colectivo y el embargo económico  y que operan como obstáculos para la consecución del desarrollo humano, la seguridad y la dignidad de las personas. Debe reconocerse asimismo el importante papel de las mujeres en las negociaciones y en la puesta en marcha de procesos de construcción de la paz, y cuya participación debe ser reforzada.

Los acuerdos que se alcanzaron en las diferentes Conferencias Mundiales durante la década de los 90,  sus planes de acción y  sus  conquistas  en materia de derechos humanos,  derechos laborales y protección medioambiental,   deberían ser aplicados,  y las  reformas sistémicas abordadas  que tienen relación con el desarrollo deben ser coherentes con estos instrumentos.

En el 2009 debe acordarse la celebración de “una importante Conferencia Internacional  organizada al mas alto nivel con el fin de revisar la arquitectura financiera internacional y las estructuras de gobernanza económica mundial”. Este Conferencia deberá realizarse bajo el marco del sistema de Naciones Unidas, a través de principios inclusivos que gobiernen el proceso de financiación para el Desarrollo, contando con la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres.

En un plazo mas largo, la agenda  limitada que  caracteriza la restringida membresía del G20 debe  llevarse al Foro universal de Naciones Unidas,   mediante la habilitación de un foro permanente o de un Comité Ejecutivo,  bajo los auspicios de Naciones Unidas,  y que deberá contar con una representación regional y un sistema rotatorio capaz de negociar los asuntos candentes de carácter económico y financiero, de forma mas comprensiva. Las modalidades para el establecimiento de este tipo de Foro deberán empezar a   organizarse en los meses venideros.  Reuniones que, de forma más  eficaz que en la actualidad  podrían convocarse en el marco del ECOSOC BWI de Alto Nivel, pueden facilitar una oportunidad para comenzar este proceso.

Consideraciones generales

Por todo ello, instamos a los gobiernos reunidos en Doha a  adoptar medidas inmediatas con el objetivo de:

Permitir que los países en desarrollo dispongan del espacio político suficiente para ejercer el liderazgo y la apropiación democrática de  sus políticas sociales y económicas nacionales, que promuevan la creación de empleo decente para todas las personas, la equidad de género y el desarrollo equitativo. Políticas que promuevan el establecimiento de sistemas fiscales progresivos y que tengan en cuenta las desigualdades de genero, el establecimiento de  reglas de comercio justo, políticas de inversión que maximicen la movilización de recursos domésticos para el desarrollo y políticas que canalicen estos recursos para  erradicar la pobreza – sin la interferencia  de los países del Norte y de  las instituciones de Bretton Woods.
Apoyar la creación de sistemas fiscales eficientes y equitativos, que contribuyan a la redistribución de la riqueza, tengan en cuenta la desigualdad de género, y  rebajen la presión fiscal sobre la población trabajadora con salarios bajos y de las personas que viven en la pobreza.
Ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, y establecer un sistema eficaz para garantizar y  hacer el seguimiento de su aplicación.
Elevar el nivel del Comité de expertos sobre cooperación fiscal internacional con el fin de que se convierta en un órgano intergubernamental, que a su vez incorpore el grupo de trabajo internacional sobre flujos financieros ilícitos y fuga de capitales.
Promover el desarrollo de políticas nacionales y la jurisdicción internacional vinculante que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.
Establecer calendarios vinculantes para alcanzar la meta de NNUU del 0.7% del PNB para la ayuda al desarrollo en el ano 2015, como muy tarde. Los Gobiernos deberán incrementar progresivamente  el porcentaje de ayuda asignado a la igualdad de género y el empoderqmiento de las mujeres con el fin de alcanzar el 1O% de la  AOD en  el 2o10 y el 2O% en el 2o15. Asimismo han sido acordados compromisos de incrementos periódicos anuales en niveles adecuados.
Los procesos de ayuda al desarrollo deben exigir la mutua responsabilidad y la obligación de los gobiernos  de cumplir los compromisos internacionalmente acordados relativos a la igualdad de genero, como son entre otros, la Plataforma de acción de Beijing; la CEDAW; el Protocolo de Maputo, excluyendo cualquier otro tipo de condicionalidades o imposiciones en el marco de la ayuda.
Asumiendo  con los retos globales referidos a la necesidad de poner fin a las Emisiones de gases de efecto invernadero,  los países deberán reconocer su responsabilidad histórica en dichas emisiones, comprometiéndose a la creación de fondos adicionales que no generen deuda con el fin de abordar el cambio climático, incluyendo asimismo otro tipo de medidas de transferencia de tecnologías adecuadas. 
Alcanzar un compromiso de los países del Norte para que contribuyan  con recursos financieros adicionales y la tecnología accesible para mitigar los efectos del cambio climático y avanzar hacia la adaptación de tecnologías no contaminantes. Estos recursos deben tomar la forma de subvenciones y no de créditos.
Acordar medidas que generen recursos adicionales para el medioambiente y el desarrollo. Entre estas medidas, es necesario avanzar hacia el establecimiento de un impuesto global sobre las transacciones de divisas y financieras. Para evidenciar su apoyo, los países interesados deberían pasar a formar parte del  Grupo de Trabajo que Encabeza los Impuestos Solidarios y tomar un papel pro-activo.
Los gobiernos deben desarrollar indicadores sensibles al género, herramientas y metodologías para la evaluación  de la calidad y eficacia de la ayuda.
Incluir la creación de fondos o líneas financieras que promuevan el empoderamiento de las mujeres.
El objetivo de  la igualdad de género debe reubicarse en  la agenda de asuntos sistémicos. La igualdad de género debe abordarse como una cuestión transversal a lo largo de todo el documento y de la totalidad del proceso de financiación para el Desarrollo, así como estar incluido en la agenda de asuntos sistémicos. 
Deben incrementarse los apoyos políticos y financieros referidos a mecanismos de solidaridad, referidas a las TIC (Tecnologías de información y comunicación)l
Debe extenderse la cancelación de la deuda a todos los países  del Sur, desligada de todo tipo de condicionalidades impuestas. deberán acordarse  estructuras para resolver  las crisis  relacionadas con la deuda, que incluyan mecanismos de mediación y arbitraje de la deuda transparentes, independientes y justos. Se deberá asimismo  considerar   las cuestiones relacionadas con la deuda odiosa e ilegitima. Se debe asimismo abordar una revisión mas crítica y una redefinición del  actual marco de sostenibilidad de la deuda incluyendo la participación de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres en los mecanismos de canje de deuda por inversión en desarrollo.
Los países del Norte deben abandonar sus demandas sobre reducciones de aranceles onerosas en todas las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y poner fin a los subsidios a la exportación agrícola  en los países del Sur, incluyendo cualquier otro tipo de subsidio agrícola  le afecte negativamente. También debe tenerse en cuenta  el marco comercial, financiero y monetario que permita a los países del Sur utilizar el comercio como instrumento para el desarrollo, la promoción de la equidad de género y el pleno empleo. La flexibilización de  políticas que protejan  la agricultura en los países en desarrollo debería ser proporcional a las flexibilidades que se aplican en este ámbito a los países del Norte. En especial los países en desarrollo deberán estar  autorizados a proteger su agricultura utilizando un Mecanismo de Salvaguardia Especial (SMM) flexible y eficaz
En el contexto de la actual crisis financiera y  de sus impactos sobre el desarrollo, deberían ponerse en marcha  y adoptarse con urgencia determinadas  medidas  referidas a la supresión de los paraísos fiscales y del doble sistema bancario, incluyendo una regulación más rigurosa de los fondos financieros privados  y poniendo fin a los productos financieros especulativos.
Convocar, en 2009 y bajo el paraguas de NNUU, una conferencia internacional con el objetivo de revisar la arquitectura financiera y monetaria internacional y las estructuras de gobernabilidad económica global. Los gobiernos deben garantizar que este proceso sea inclusivo  y que cuente  con la activa participación de la sociedad civil.
En un plazo superior, se deberá constituir un foro permanente bajo los auspicios de Naciones Unidas con el fin de abordar los asuntos candentes de orden económico y financiero de una forma más coherente.
También debe considerarse el marco comercial, financiero y monetario que permita a los países en desarrollo utilizar el comercio como un instrumento para el desarrollo, la promoción de la equidad de género y el pleno empleo.
Establecer un mecanismo eficaz para el seguimiento regular de los resultados de la Conferencia de Doha, que disponga de los recursos humanos y financieros suficientes, que se ubique en el marco de NNUU y que pueda apoyar adecuadamente este proceso.

Conclusión

Frente a esta triple crisis, urgimos a los gobiernos que se pongan del lado  de las personas; de los hombres y las mujeres trabajadoras,  de la población campesina, de los jóvenes y de la infancia, que promuevan la sostenibilidad ambiental y que opten por un camino alternativo. La ciudadanía reunida en este Foro,  personas pertenecientes a 250 redes nacionales e internacionales de la sociedad civil que a su vez representan a   millones de personas en todo el mundo, pedimos que la conferencia de Doha acuerde cambios fundamentales para que el desarrollo, la erradicación de la pobreza, los derechos humanos, la equidad de genero, el trabajo decente, y la sostenibilidad medioambiental sean el principal objetivo común.

De las Palabras a la acción: el Camino más allá de Doha

El proceso de seguimiento de la financiación para el Desarrollo (FfD) deberá continuar con los mismos principios inclusivos que se han puesto encima de la mesa. Las organizaciones de la sociedad civil deben ser reconocidas, por  derecho propio   como un actor  relevante para el desarrollo y consecuentemente deben tener su propio espacio en el proceso de financiación para el desarrollo  en el ámbito nacional, regional e internacional. Este proceso deberá ser acompañado mediante un apoyo financiero sostenido, especialmente para las organizaciones y movimientos del Sur. 

El proceso de  seguimiento la FfD debe establecer un nuevo mecanismo institucional dentro el legitimo mandato de las Naciones Unidas que asegure el pleno respeto de todos los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente,  que incluya a todas las instituciones implicadas y no solamente a las instituciones financieras internacionales, a la OMC y a la OMS, sino también a las agencias especializadas de las Naciones Unidas como la OIT y UNIFEM, así como a la sociedad civil.

Deben abordarse todas las cuestiones relacionadas con los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los ODM y se requiere informar permanentemente de manera continuada tanto a nivel nacional como internacional sobre el consenso de Monterrey y el documento final de Doha.

Deben poner en marcha  un conjunto de mecanismos  sistemáticos de evaluación y seguimiento que garanticen la continuada rendición cuentas con indicadores precisos.

Debe mejorarse el acceso a la información  y a todos los procedimientos para todas las partes implicadas, incluida toda la sociedad civil que garanticen que la financiación para el desarrollo sea  realmente un proceso  que incluya  a la diversidad de agentes implicados. Se requiere el establecimiento de una unidad dentro de Naciones Unidas que esté adecuadamente dotada de recursos humanos y materiales capaz  de apoyar este proceso.

Apoyamos la celebración de una Conferencia de Seguimiento sobre financiación para el Desarrollo en el 2013. Se deberá poner en marcha una evaluación sistemática y un mecanismo de seguimiento con el fin de garantizar una adecuada  y  continua rendición  de cuentas dotada de indicadores precisos.

DNG- Doha NGO Group on Financing for Development
ANND, NGO Committee on FfD, CIDSE , New Rules for Global Finance Coalition, EURODAD, AFRODAD, Third World Network, Social Watch - Third World Institute, LATINDADD,  UBUNTU Forum, ITUC, Women’s Working Group on Financing for Development, AWEPON