Todos los parlamentarios conservadores, más los llamados “liberales” e incluso más de una treintena de socialistas, entre ellos 16 españoles, conformaron una amplia mayoría de 369 votos a favor de la directiva sobre “los procedimientos y normas comunes en los estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio”, conocida popularmente como “Directiva de la Vergüenza” por lo que implica de renuncia a los valores que la Vieja Europa se jacta en defender.

Atropellan sueños y libertades

Mientras sigue pendiente un acuerdo europeo sobre política migratoria, los diferentes gobiernos se han apresurado en desarrollar una directiva para expulsar a los inmigrantes irregulares, dando primacía a las medidas policiales y represivas sobre las insuficientes medidas de carácter social ante el hecho irreversible que constituyen las migraciones en el planeta.

La decisión aprobada ya estaba “conversada” entre gran parte de los parlamentarios, en particular aquellos que representan a partidos políticos que ejercen el gobierno en sus respectivos países. Por eso su aprobación fue un mero trámite donde no se tuvo en cuenta ninguna de las enmiendas presentadas, ni siquiera aquellas que intentaban medidas específicas de protección a los menores inmigrantes, quienes también podrán ser encerrados y expulsados. Con la nueva normativa, la búsqueda de una vida mejor, derecho inalienable de todo habitante del planeta, puede ser castigada con hasta un año y medio de cárcel.

La prolongación de la retención inicial ( si el inmigrante irregular “no coopera” con su expulsión”) no requerirá la decisión de un juez, sino una simple orden administrativa. Los menores de edad no acompañados podrán ser expulsados a países donde no tengan tutores ni familiares “siempre y cuando dispongan de estructura de acogida”. Esto puede constituir una violación de la Convención Europea sobre los derechos del Niño, ya que los menores pueden afrontar situaciones inhumanas, degradantes, ante la falta de garantías de protección por las autoridades que deciden su destino. La Directiva fija una prohibición de cinco años para reingresar en Europa a todas las personas expulsadas, lo que en la práctica implica estigmatizar a los inmigrantes en situación administrativa irregular y los convierte ante los ojos de la sociedad en delincuentes que deben ser excluidos.

Hay quienes apuntan que el apresuramiento de los parlamentarios en aprobar la normativa, radica en que ese trámite libera automáticamente fondos europeos para el engranaje de las expulsiones. Pero en realidad habrá dos años para que los diferentes gobiernos puedan adecuar sus respectivas leyes a la directiva europea. Tampoco han faltado las cuotas de hipocresía en un vano intento de “maquillar” la disposición represiva. El comisario del organismo europeo que lleva el nombre de “Justicia, Libertad y Seguridad”, Jacques Barrot, dijo que la normativa “permite luchar contra la explotación de los niños y proteger a las personas en situación irregular”.

Mano de obra de “usar y tirar”

La realidad es que en los últimos diez años ha sido evidente que la inmigración ha permitido a muchos países, como el caso de España, compensar la falta de mano de obra en muchos trabajos que los europeos no estaban dispuestos a realizar por sus duras condiciones y bajos salarios. Allí están las propias cifras oficiales para demostrar el aporte de los nuevos ciudadanos en el sistema de Seguridad Social, que permitieron equilibrar cuentas y consolidar fondos ante una perspectiva preocupante por la sostenida baja natalidad.

A fines de 2007 más de un millón trescientos mil extranjeros afiliados a la S.Social española aportaban el 7,4% del total de las cotizaciones. Por supuesto no hay cifras de los trabajos “en negro” que realizan quienes no tienen “papeles”, pero también tienen un significativo resultado económico para determinados sectores de la producción y servicios, ya que los sueldos suelen ser más bajos y eluden los aportes. “Legales” o “ilegales” los trabajadores inmigrantes han sido un aporte decisivo para revitalizar la economía española estimándose en 8.000 millones de euros el aporte anual que en diversos conceptos han hecho al estado. Pero esa descripción positiva de la inmigración formulada por varios gobiernos europeos, cambió súbitamente en cuanto asomó su hocico el nuevo ciclo de recesión del sistema capitalista mundial. Los primeros efectos fueron que miles de trabajadores de la construcción pasaron al paro. Entre ellos hay muchos ciudadanos ecuatorianos, bolivianos y de otros países de A. Latina.

Los partidos políticos conservadores siempre han recelado de los inmigrantes, aunque no para sacar partido en cuanto a utilizarlos como mano de obra barata. Pero ante la crisis, han redoblado sus gestos de alarma a los que se suman ahora sectores de la socialdemocracia, coincidiendo en términos generales en cuestionar la presencia de los inmigrantes. Los términos de rechazo van desde los más burdos calificativos despreciativos manejados por los sectores ultraderechistas, hasta los supuestamente reflexivos que claman “ya son suficientes”.

No faltan autocalificados “progresistas” que apuntan que lo que hay que hacer es montar los mecanismos para “elegir” en origen a las personas que se necesitan, y traerlos para que trabajen con un contrato que fije que lo harán por el tiempo que se les necesite, luego de lo cual tendrán que regresar obligatoriamente a sus países de origen. Como un pañuelo descartable, de usar y tirar. Trabajadores cualificados, en lo posible que hablen la lengua del país, que sean educados y obedientes y que se vayan por medios propios cuando “sobren”. Esto no es un plan oculto, ha figurado en el mensaje preelectoral de algunos candidatos.

Fronteras solo para los seres humanos

Como dijo el italiano Claudio Fava, uno de los 197 eurodiputados que votaron contra la medida, esta directiva crea una categoría inferior de seres humanos. Precisamente este parlamentario europeo fue el que tuvo a su cargo la investigación que comprobó que cientos de vuelos secretos de la CIA norteamericana cruzaron el territorio europeo desde el año 2002, muchos de ellos llevando prisioneros “clandestinos” ( ¿o quizás “ilegales”? ) hacia la base de Guantánamo o con escalas en Turquía, Marruecos, España, Portugal, Francia, Reino Unido, Albania o Italia entre otros países. Pero en estos casos, los países europeos han preferido “mirar para otro lado” y anunciar investigaciones que nunca dieron frutos. Lo cierto es que para este tráfico ilegal de seres humanos, secuestrados y retenidos fuera de toda norma de derecho, no hubo “directiva” europea que condenara estos hechos delictivos y criminales ni que preservara las fronteras nacionales.

Para la mayoría de los europarlamentarios no hay fronteras para el capital, ni tampoco para la repatriación de las ganancias, ni siquiera para los vuelos secretos con prisioneros clandestinos. Sí las hay, reforzadas y con sofisticados sistemas de vigilancia y control para los “indeseables”: para los seres humanos que huyen de la miseria, de las situaciones muchas veces creadas por las distintas formas de colonialismo, de guerras alentadas por intereses extranacionales y sostenidas con fusiles, minas y bombas fabricadas y vendidas por los países “desarrollados”.

¿… Y si hablamos de responsabilidades ?

Ni el parlamento europeo, ni los políticos, ni siquiera las universidades suelen tener en cuenta las causas de los flujos migratorios. Por supuesto tampoco lo hacen los medios de comunicación, que en su rol de “formadores de opinión”, suelen tratar la inmigración muy superficialmente, como “fenómeno” o “problema”.

Omiten analizar la responsabilidad histórica que deriva de la presencia colonial de muchos países europeos en Africa, Asia y América Latina. Y en especial de los efectos contemporáneos de las experiencias económicas bajo la etiqueta de “neoliberalismo” y “globalización” que fueron dejando una secuela devastadora de privatización de recursos y empresas nacionales, pérdida de puestos de trabajo, retroceso de políticas sociales, “achicamiento” progresivo del campesinado y lo que es más grave, instalando la conciencia de estar viviendo en países donde se sabe de antemano que no hay futuro para los que van a nacer, no hay espacio para los sueños. Eso permitiría asumir que la inmigración no es más que el resultado de una injusticia estructural, que tiene entre sus arquitectos a las grandes transnacionales, a muchos gobiernos de los países “desarrollados” y también por supuesto a sus cómplices internos en nuestros países, sin los cuales no habrían encontrado las puertas abiertas para expoliar. En otras regiones de la tierra, a esa inequidad se suman guerras, conflictos azuzados desde el exterior, y las carencias causadas por daños medioambientales, en muchos casos provocados por similares avaricias económicas (desmontes, contaminación de aguas, toxicidad por plaguicidas).

Es por ello que cientos de miles de hombres y mujeres cruzaron fronteras buscando ese lugar en el mundo que la injusticia les niega en su propia tierra.

La ocupación de Afganistán y la invasión y ocupación militar de Irak que contó en su día con el apoyo abierto de gobiernos europeos, ha provocado un flujo impresionante de refugiados. Más de tres millones de afganos han huido de su país hacia naciones vecinas. Del martirizado Irak donde siguen soportando la ocupación militar extranjera han salido más de cuatro millones de hombres, mujeres y niños que se reparten fundamentalmente entre Siria y Jordania. Colombia que padece un conflicto interno con intervención militar y apoyo económico del gobierno de Estados Unidos, es uno de los países del mundo con mayor número de desplazados internos además de los inmigrantes. Y un dato más: España tuvo el año pasado 7.662 solicitudes de asilo; sólo se aceptaron 204. Entre los solicitantes había casi 2.500 colombianos y 1600 iraquíes. El panorama es similar en los otros países de la Unión Europea, salvo la excepción de algunos nórdicos.

Decenas de entidades que agrupan a inmigrantes, pero también organizaciones sociales diversas de Canarias, emitieron días antes de la decisión del Parlamento Europeo un documento que con precisión y oportunidad se dirigía a quienes mandan en el Viejo Continente: “queremos recordarle a las autoridades de la Unión Europea que históricamente, debido a sus problemas económicos, políticos y sociales, el continente que más inmigrantes a irradiado al resto del mundo es precisamente Europa, sin que por ello los ciudadanos europeos hayan recibido el trato deshumanizador y atentatorio contra la dignidad humana que reciben las personas que actualmente traspasan el espacio Schengen. Igualmente no se ha de obviar que las migraciones desde los países empobrecidos hacia el llamado “primer mundo” son consecuencia de los procesos de colonización y saqueo sufridos a lo largo de la historia y en los cuales Europea tiene una responsabilidad evidente.”

Si todo esto fuera explicado, comentado y debatido, posiblemente parte de la sociedad europea comprendería las razones de que gentes tan diversas quieran llegar a sus costas. Y algo más importante, entenderían las razones y el derecho que les asiste. Y quizás reflexionarían junto al fotógrafo Juan Medina, que capturó dramáticas imágenes de las llegadas de los cayucos: “la gran pregunta es si nos importa que esta gente se muera, o si lo que nos molesta es que lo haga en la puerta de nuestra casa”.

La sociedad civil tiene la palabra

Categóricamente estamos ante una directiva que vulnera la dignidad y derechos fundamentales de las personas extranjeras y que con el pretexto de regular los flujos migratorios dispone normas que son política, social y éticamente cuestionables. Una directiva que dispone fundamentalmente mecanismos policiales y que promueve los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) cuestionados como verdaderos limbos carcelarios, como una especie de “Guantánamos” europeos.

Ya no es suficiente con el estigma de “inmigrante”. La directiva europea intenta construir una nueva categoría de seres humanos: los “ilegales” o “irregulares”. Ahora ni siquiera son un “problema” económico o laboral, lo han convertido en un problema de orden público, de seguridad. Transforman un hecho social en un hecho policial.

La sociedad civil tiene la palabra. Una vez más los gobernantes van a la suya, que no es “la nuestra”. Como pasó con la invasión a Irak. Como ocurrió con la modificación de la jornada laboral europea. Hay que desmontar este proyecto excluyente. Hay que recuperar el espacio de los pueblos. El silencio es complicidad. Las “desganas”, como escribía Mario Benedetti, también:

Si cuarenta mil niños sucumben diariamente
en el purgatorio del hambre y de la sed
si la tortura de los pobres cuerpos
envilece una a una a las almas
y si el poder se ufana de sus cuarentenas
o si los pobres de solemnidad
son cada vez menos solemnes y más pobres
ya es bastante grave
que un solo hombre
o una sola mujer
contemplen distraídos el horizonte neutro
pero en cambio es atroz
sencillamente atroz
si es la humanidad la que se encoge de hombros.

Fuente: Servicio de Prensa Alternativa (SERPAL)

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