A casi dos años de la asunción de Alan García a la presidencia de Perú (será el 28 de julio), el país se presenta como el nuevo modelo neoliberal en la región, y recibe las alabanzas de Washington. Al mismo tiempo que el país presenta tasas de crecimiento del producto bruto interno (PBI) superior al 7% en los últimos 7 años, el 42% de la población continúa viviendo en la pobreza.

Loe elogios del mundo empresarial y desde los organismos internacionales al presidente Alan García, y sus antecesores, pretenden presentar al “modelo” peruano como el nuevo éxito del neoliberalismo en la región y anteponer sus resultados a los gobiernos progresistas que dominan en los demás países.

En la reciente cumbre UE-América Latina, que tuvo lugar en Lima a principios de mayo, el presidente, Alan García, lanzó como desafío “superar a Chile” -el modelo neoliberal por excelencia- en crecimiento económico. En busca de este objetivo, el presidente Alan García ha profundizado el modelo entreguista al capital internacional, y para compensar, ha emprendido algunas acciones para reducir la pobreza con escasos resultados.

Perú ha abierto todo su territorio a la explotación minera por lo que el gobierno espera inversiones por 20.000 millones de dólares hasta el 2011, y un nuevo decreto presidencial le permite al gobierno disolver las comunidades indígenas y hasta disponer de sus tierras, de forma tal de habilitar a las empresas extranjeras a acceder a esas áreas hasta ahora vetadas para sus proyectos.

A sanción del decreto 1015 es rechazado por las organizaciones indígenas que preparan una serie de movilizaciones. Estas movilizaciones se coordinan con las demandas de los trabajadores y todas concluirá con un paro agrario para el 8 y 9 de julio, que enlazará con el paro amazónico del 8, 9 y 10 de julio, y con el paro cívico y popular del 9 de julio.

En un comunicado reciente, las organizaciones indígenas y campesinas sostienen que el decreto 1015 es una herramienta para el despojo de sus territorios “y arrasar con las formas tradicionales de trabajo, economía y organización”. Explican que el decreto modifica la ley 26505 (ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas), la cual exigía como requisito para la venta de tierras comunales el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros de la Comunidad. La norma modificatoria reduce este requisito al voto aprobatorio del 50 por ciento más uno de los asistentes a la Asamblea Comunal.

En la práctica, el decreto 1015 desconoce el requisito del quórum reglamentario que exigen todas las normas legales. Por ejemplo, si una comunidad de mil miembros hace una "asamblea" con cien personas, bastará el voto de 51 de ellas para disponer de los territorios comunales.

A ello se añade que quienes no son miembros de la Comunidad, podrán pedir la titulación de tierras con el mismo requisito: el 50% más 1 de los asistentes a la Asamblea. Esto implica un grave riesgo, porque las empresas extractivas que invaden territorio comunal pueden apropiarse "legalmente" de esas tierras amañando "asambleas".

El boom de la minería

De hecho en los últimos años Perú ha captado más de 400 millones de dólares por año en inversiones mineras y su producción en este rubro se ha multiplicado. Sin embargo ha sido poca la nueva mano de obra ocupada, y las inversiones han castigado comunidades indígenas, han destrozado el medio ambiente y están provocando daños irreparables al ecosistema.

En un reciente VIII Simposio Internacional del Oro que se celebró en Lima, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Perú, Ysaac Cruz, afirmó que hay 15.000 millones de dólares previstos en inversión extranjera para el periodo 2008-2015 en el sector minero.

Cruz expuso durante el simposio, en el que participaron más de mil representantes de las principales empresas mineras del mundo, que actualmente existen más de "200 proyectos de exploración, 30 más en fase de exploración avanzada y seis minas que van a ampliar sus actividades".

Por su parte, el gerente de la Sociedad Nacional de Minería y miembro del comité organizador del Simposio, Guillermo Albareda, declaró que la existencia de "unos Andes prácticamente vírgenes" en cuanto a exploración, unidos al "sostenido crecimiento económico del país" y un gobierno que "emite buenas señales para la inversión", convierten al Perú en un destino ejemplar para las empresas.

Los especialistas destacaron que el precio del oro continuará en ascenso, y superará la barrera de los 1.000 dólares la onza, gracias a fenómenos como la depreciación del dólar, el alza del petróleo, la inflación, y la demanda de materias prima de China, también interesada en invertir en el país andino.

Perú es el primer productor mundial de plata, el tercero de zinc y cobre, así como el quinto de oro. En los últimos quince años, este sector ha concentrado el 62 por ciento de las exportaciones totales del país y sólo en 2006 las ventas al exterior de minerales se calcularon en 14.000 millones de dólares.

Pero estos beneficios no se vuelcan en las comunidades ni en los trabajadores mineros.

Los departamentos, donde prevalece la minería, ostentan los más altos niveles de pobreza del país. Cajamarca, donde está ubicada la Minera Yanacocha -51.35% de cuyas acciones las posee la transnacional estadunidense Newmont Mining Corporation, 43.65% el grupo nacional Benavides y el 5% la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial-, que aporta alrededor del 10% de las exportaciones del país, es el quinto departamento más pobre del país con 77.4% de su población viviendo en la pobreza y 50.8% en la extrema pobreza.

Los mineros de Perú, donde casi el 50 de la población vive en la pobreza, denuncian que más de 90.000 trabajadores son contratados o subcontratados con sueldos de unos diez dólares diarios y que su esperanza de vida no supera los 50 años.

En este afán minero, el gobierno insiste en que el 90% de su territorio está aun sin explorar para esa producción y prepara proyectos para desforestar la selva del Amazonas, parcelar terrenos, desplazar comunidades indígenas y convocar a las empresas mineras a que participen en su exploración y protección. Los proyectos mineros destructores del medio ambiente han sido rechazados por las comunidades locales ante la indiferencia o complicidad del gobierno con las empresas.

Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por las amenazas de muerte contra activistas ecológicos. El representante de A.I. en Perú, Jorge Trefogli denunció que Javier Jahncke Benavente, defensor ecologista, fue amenazado de muerte por colaborar con la ONG Muqui en la provincia de Piura (norte), que trabajaba para que las comunidades campesinas tengan acceso a la información sobre los planes mineros en la zona. "A.I. también está preocupada porque hasta el momento no atiende la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 65 personas de La Oroya, región Junín (centro andino), una de las ciudades más contaminadas por plomo del Perú, que tienen alto índice de contaminación", reveló Trefogli.

Gobierno anuncia reducción de la pobreza y nadie le cree

Alan García está recogiendo la política económica aplicada por Alberto Fujimori desde principios de los 90. Daniel Córdova, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, defensor del modelo, explica el crecimiento del Perú como “la maduración de una serie de fenómenos que se empezaron a gestar a comienzos de los noventa. El cambio de reglas de juego, las privatizaciones, la estabilidad macroeconómica, la apertura a la economía mundial... todo está dando sus frutos", subrayó.

Frutos que no alcanzan a todos. El gobierno anunció con bombos y platillos que la pobreza había disminuido un 5,2 por ciento durante 2007.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), anunció que el índice de pobreza bajó de 44,5 a 39,3 por ciento. El jefe del INEI, Renán Quispe, agregó que la mayor merma de la pobreza se registró en el área urbana, con una caída de 31,2 por ciento en 2006, a 25,7 por ciento en 2007, mientras en el área rural la reducción fue de 69,3 a 64,6 por ciento.

El primer ministro, Jorge del Castillo, celebró las cifras reportadas por el INEI y sostuvo que el país avanza con un “ritmo estupendo” a lograr la meta de reducción de la pobreza a 30 por ciento en 2011, cuando terminará el mandato del presidente Alan García. Agregó que el índice de extrema pobreza, pasó de más de 20 a 13 por ciento. Del Castillo atribuyó el logro a las inversiones propiciadas por el gobierno, que han generado fuentes de trabajo.

Pero la euforia del gobierno no es compartida por los trabajadores. La Confederación General de Trabajadores (CGTP) cuestionó las cifras oficiales. Según la central, los datos del INEI no condicen con la realidad, pues las grandes mayorías son afectadas por el impacto del constante incremento de precios de los productos de primera necesidad, la perdida del poder adquisitivo de las remuneraciones y el empleo precario. Sostiene que la reducción de la pobreza ha sido materia de “un anuncio mediático que trata de ocultar la injusticia social cimentada por el continuismo neoliberal” que el presidente Alan García prometió cambiar como candidato.

La central sindical reclama una verdadera redistribución de la bonanza económica para erradicar con eficiencia la pobreza, lo que implica una serie de reformas, y acusa al gobierno de estar aliado a los grupos de poder. La declaración de la central sindical afirma que el gobierno exacerba las expectativas de la población y busca instaurar un régimen mediático alejado de la realidad, en alusión a anuncios de éxitos y discursos triunfalistas del presidente Alan García. El objetivo de esas acciones es “mantener el continuismo neoliberal revestido de un discurso de optimismo que oculta la exclusión y discriminación de millones de peruanos”, ajenos a los beneficios del crecimiento económico y a los discursos del presidente Alan García, añade. Reitera su convocatoria a un paro nacional, el 9 de julio próximo, “para enfrentar la fantasía presidencial y evitar que siga destruyendo al país, impidiendo una justa redistribución de la riqueza expresada en bienestar y trabajo con derechos para todos”.

En tanto, para el ex jefe del INEI Farid Matouk las cifras oficiales no son creíbles porque nunca antes la pobreza se redujo tan aceleradamente y porque el gobierno no ha hecho pública la fundamentación estadística de la mejoría. Dijo además tener información de que la metodología fue manipulada para aparentar la reducción.

En el mismo sentido se manifestó el ex presidente Alejandro Toledo. ”Lo felicito siempre y cuando las cifras sean reales", dijo el ex presidente Alejandro Toledo a Alan García refiriéndose a las cifras de reducción de la pobreza. Toledo calificó el índice de 5.2% brindado por el gobierno una cifra "exagerada y poco creíble". "Si en un año se disminuye la pobreza en cinco puntos quiere decir que en el 2011 se habrá eliminado totalmente", expresó irónicamente Toledo. El líder de Perú Posible cuestionó la metodología empleada para obtener las cifras y las críticas que ha generado entre especialistas nacionales.

El economista Carlos Parodi agregó que no hace falta ser experto para darse cuenta que la pobreza no se redujo como señala el INEI, pues la realidad cotidiana evidencia la ausencia de cambios tan significativos.

Refirió que el INEI hizo un juego aritmético para aparentar la reducción y que una verdadera medición debe contar con más variables y verificar si realmente la calidad de vida de los peruanos mejoró.

Yakees come home

Junto al modelo de abrir todo su territorio a las multinacionales, especialmente las mineras que exploran en busca de oro y otros minerales preciosos, el gobierno también ha abierto las fronteras para el ingreso de tropas norteamericanas a través de ejercicios militares casi permanentes.

A mediados del pasado mes de mayo, el Congreso autorizó el ingreso de tropas norteamericanas para realizar ejercicios “humanitarios hasta por lo menos el mes de septiembre. En la discusión parlamentaria salió a la luz la presencia ya de soldados norteamericanos en la región centro andina de Ayacucho. Según presidente de esa región (gobernador), Ernesto Molina, hace más de un año que soldados norteamericanos están en su jurisdicción y aseguró desconocer a que se dedican. Esto aparte de funcionarios de la DEA que trabajan en el país, y responsables hace un par de años del derribo de una avioneta civil que confundieron con narcotraficantes. La decisión de la mayoría aprista del Congreso fue fuertemente cuestionada por la oposición y despertó las sospechas internacionales de que Estados Unidos pretende trasladar a Perú la base de Manta de Ecuador al vencer el convenio el próximo año.

La oposición también cuestionó el supuesto carácter ”humanista” de los ejercicios de las tropas norteamericanas en el país.

La parlamentaria Juana Huancahuari, del Partido Nacionalista (PNP) que representa a Ayacucho, dijo que las tropas extranjeras se proponen operar en el Valle de los ríos Apurímac y Ene, donde hay actividad de remanentes del grupo armado Sendero Luminoso y del narcotráfico. Van a realizar operaciones de erradicación de plantaciones de hoja de coca e involucrarse en acciones contra los grupos armados y el tráfico de drogas, bajo la cobertura de brindar ayuda humanitaria. Huancahuari señaló la responsabilidad del gobierno y el ministro de Defensa, Antero Flores, por no haber evaluado las graves implicancias de la presencia de militares norteamericanos armados, paseando por las calles y pueblos de Ayacucho.

Preguntó por qué tienen que venir militares de Estados Unidos a perforar algunos pozos de agua, construir unas pocas aulas escolares y tres centros médicos, si hay personal peruano capacitado para ello.

”Si vienen en misión humanitaria, para qué traen cuatro helicópteros de combate Chinook”, inquirió la legisladora, al señalar que las tropas extranjeras han sido autorizadas con el fin de infundir temor en la población y aprovechar su sensibilidad respecto al tema de la violencia.

Por su parte, el legislador José Urquizo, también del PNP, reveló que el Congreso, manejado por el gobernante Partido Aprista y grupos conservadores, se apresta a extender otro permiso para la entrada de más soldados norteamericanos. Agregó que el ingreso de las tropas extranjeras a Ayacucho es un acto de provocación contra las fuerzas sociales, que preparan medidas de rechazo a los militares estadounidenses y dijo que su bancada exige que el ministro Flores dé explicaciones al Congreso.

El congresista opositor Víctor Mayorga manifestó preocupación por la constante presencia de militares norteamericanos en el país y dijo sospechar que la misma está relacionada con planes de Washington para establecer una base militar, en reemplazo de la de Manta, Ecuador, próxima a desmantelarse. Indicó que el gobierno tramitó unas 30 autorizaciones para la entrada de fuerzas del ejército, la armada y la fuerza aérea de Estados Unidos.

Al anunciarse el ingreso del último contingente, para Ayacucho, el líder opositor Ollanta Humala planteó que, si es cierto que los militares extranjeros vienen a colaborar en tareas civiles, por qué traen armas, incluyendo helicópteros.

Por otra parte, el periodista venezolano José Vicente Rangel, ex vicepresidente del país, denunció que Perú instaló hace tres meses un centro de entrenamiento militar multinacional, situado en la población de Iquitos, en la Amazonía, autorizado por el presidente Alan García y controlado por personal de Estados Unidos e Israel. Rangel señaló que su función es entrenar a grupos procedentes de países de la región con gobiernos progresistas, a los cuales le hacen oposición.

- Ricardo Daher, periodista uruguayo, es analista e investigador.
Barómetro Internacional.