Propuesta presidencial

27/05/2008
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"Basta un poco de espíritu aventurero para estar siempre satisfechos, pues en esta vida, gracias a Dios, nada sucede como deseábamos, como suponíamos, ni como teníamos previsto."
Noel Clarasó

Hoy que vivimos frente a la inminencia de una crisis alimentaria internacional no podemos dejar de señalar que conforme al artículo 25 de la constitución federal “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege (la) Constitución.” Por ello llama la atención que ante la escalada de precios en productos alimenticios a nivel mundial, el Presidente Felipe Calderón abra de par en par las fronteras del País para la entrada de granos como maíz, arroz y trigo, “libres de aranceles” y nadie diga nada respecto a su obligación de atender este precepto constitucional.

No obstante las buenas intenciones que el presidente Calderón haya expresado sobre cómo enfrentar la crisis alimentaria referida, está más que claro que su gobierno ha dejado de lado la importancia que tiene para el país y los mexicanos que él y su gobierno y “todos los demás” asuman con responsabilidad el contenido del artículo 25 constitucional. Pareciera que tampoco hay quien haga caso de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo que por mandato del artículo 26 constitucional
los programas de la Administración Pública Federal deben sujetarse obligatoriamente al mismo.

No se necesita ser economista o especialista financiero para darnos cuenta de que las acciones en apoyo a la economía familiar que anunció el presidente Calderón son claramente insuficientes, ineficaces y están encaminadas a desarrollar programas “clientelares” que tanto criticó el partido “Acción Nacional”, del cual el presidente es miembro. Efectivamente, si analizamos la precisión de los tiempos en que el gobierno pretende echar a andar su respuesta a la crisis alimentaria referida, su programa de tren suburbano en el Estado de México y varios más, podemos observar que su puesta en marcha está claramente calculada para tener efectos a su favor en las elecciones del próximo año 2009.

El jefe del Ejecutivo federal pretende solucionar con “importaciones” el problema del hambre y de la carestía de los alimentos, cuando es evidente que lo que se requiere es una nueva orientación económica que restituya al campo mexicano su capacidad productiva, afectada desde la reforma al artículo 27 constitucional que en esencia permite, ahora, que la propiedad comunal y la ejidal puedan transformarse mediante la fórmula legal de “Asamblea de Dominio Pleno” en propiedad privada y, por lo tanto, que sea susceptible de quedar en manos de capital privado -nacional o extranjero- o de muy pocas personas que, la mayoría de las veces, están más interesadas en su beneficio personal que en atender las obligaciones del “Estado Mexicano”, el cual debe actuar en estricto apego a derecho “b
ajo criterios de equidad social y productividad” para apoyar e impulsar a las empresas de los sectores social y privado de la economía, “sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente”.

La propuesta presidencial deja de lado que hace mucho tiempo el gobierno decidió descapitalizar el campo mexicano, el campo de las organizaciones campesinas, casi igual que con Pemex, porque desde entonces se dejaron de poner en práctica mecanismos que facilitaran la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. El efecto más notorio de esta “política de estado” ha sido la migración de cerca de cuatrocientos cincuenta mil compatriotas del campo a los Estados Unidos -cada año- en busca de una oportunidad de empleo. También se ha manifestado en la incapacidad del país para producir alimentos suficientes para el consumo interno, con lo cual nos hemos hecho dependientes de las importaciones de alimentos de la denominada “canasta básica” y por supuesto de los efectos de una economía “mundializada” que cuando entra en crisis azota a los pueblos más pobres y atrasados. ¿Y usted, cómo la ve?

- Francisco Velasco Zapata es politólogo. Presidente de Parlamento Ciudadano A. C.

https://www.alainet.org/es/articulo/127790

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