Tras 6 meses de inactividad forzada por la vigencia del estado de sitio, la Central Obrera Boliviana (COB) retomó la iniciativa con un paro de 24 horas que se cumplió este 6 de noviembre. Con estas acciones, la COB y entidades cívicas y vecinales se oponen a la privatización de las empresas públicas y en especial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, considerada la más grande y rentable del país.

Como en varios países del continente, en Bolivia continúa la política de privatización, con la diferencia de que allí no se llama privatización sino de "capitalización", porque "se dice que hasta un 50% de los recursos de las principales empresas estatales que eran muchas en Bolivia después de la revolución de 1952, pueden pasar a manos de empresas internacionales", según manifestó a ALA!, el jesuita y antropólogo Xavier Albó.

Ya se han desnacionalizado y capitalizado las empresas eléctricas, la de comunicación, la línea aérea y ahora hay un gran debate sobre la empresa estatal de petróleos, la de ferrocarriles y la de fundiciones.

"Todo esto ha creado sentimientos encontrados: unos dicen que la capitalización es una solución y otros expresan que se está subastando el país", advierte Xavier Albó.

Incluso políticos de derecha, como Hugo Bánzer, se oponen a la capitalización de YPFB porque ésta "maneja materia prima estratégica", pero el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lazada continúa con su proyecto de privatización, que prevé concluir hasta fin de año.

Preocupa la economía

La sequía en el sector rural, el efecto Tequila, la quiebra de bancos y el bajo nivel de la inversión pública y otros factores hacen prever que el crecimiento del Producto Interno Bruto será del 3.7 %, inferior al previsto oficialmente del 4.5%. A ello, se debe agregar el repunte de la inflación que en octubre se ubicó en el 1,88 % mensual, el valor más alto de lo que va del año.

La "errática conducta del gobierno está llevando al país a un colapso económico y a los trabajadores a la pobreza marginal", señaló Oscar Salas, líder de la COB.

Por su parte, Xavier Albó acotó que "la estabilidad monetaria sigue creando un ambiente más tranquilo que cuando había una inflación galopante, pero en términos de puestos de trabajo es muy notable el sentimiento de deterioro. Los que han crecido son los puestos informales, aleatorios, incluso en las clases medias. En el momento actual hay una gama muy fuerte de oscilaciones: como en todas partes los más ricos se sienten mejor, los más pobres se sienten peor. Entonces lo que se nota es una diferenciación creciente de los ingresos y de la economía".

Participación popular

A comienzos de octubre, el gobierno y dirigentes campesinos firmaron un acuerdo para modificar la Ley de Participación Popular en lo relacionado a la creación de distritos municipales en comunidades rurales, el derecho de las autoridades originarias a ser sub alcaldes y el derecho de una comunidad a proponer cambios de autoridades de educación y salud.

Durante la campaña electoral, el gobierno señaló que estabilizaría la economía dentro del modelo neoliberal, pero al mismo tiempo que buscaría una mayor participación de toda la gente y el símbolo de eso era la presencia del vicepresidente aymara, Víctor Hugo Cárdenas.

"Mediante la Ley de Participación Popular se transfirió el 20% del presupuesto a una serie de municipios que prácticamente no existían (existían teóricamente con cero recursos). Ahora tienen recursos con los que pueden negociar una serie de cosas. Ahora están mucho más presentes en la preocupación del Estado todos los sectores rurales del país y este es un punto positivo. En este sentido se han consolidado las organizaciones locales territoriales, que vienen a ser las organizaciones tradicionales comunales", anota Xavier Albó.

"Por el camino de la participación popular, en el campo ahora hay una ligera esperanza, todavía no hechos realizados, porque comienzan a surgir una serie de planes que no van tanto a la boca y a la panza, en términos de la comida, sino a los servicios básicos", acota Albó.

Sin embargo, el jesuita no se hace ilusiones y no ve posibilidades de recambio del modelo que vive Bolivia desde 1985. "Lo que si se tiene es una serie de correctivos al modelo liberal: una mayor participación, un mayor rol regulador del Estado, un mayor acceso a ciertos servicios, pero en el fondo, es el mismo modelo que pone la carne en el asador de los grandes capitales y de los grandes empresarios, pero una alternativa de recambio todavía no se ve", finaliza nuestro entrevistado.

Publicado en el Servicio Informativo Nº 222, ALAI, 9-11-1995, Quito.