Receta de una crisis
05/03/2008
- Opinión
No hay crisis en América del Sur. Al violar el territorio ecuatoriano, el gobierno de Álvaro Uribe busca estimular el conflicto armado en su propio país, ya que su jerga de “combate al terrorismo” sirve para justificar la política de represión y la presencia militar de Estados Unidos en la región. A la vez, Uribe tiene como objetivo romper con la posibilidad de un acuerdo negociado y humanitario con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para la liberación de rehenes, sobre todo de ex parlamentarios que hagan oposición a su política de guerra.
Si hubiese realmente una crisis en América del Sur, los demás países de la región no manifestarían una posición unánime en condenar la acción del ejército colombiano. Sin embargo, sabemos que históricamente han sido fabricadas diversas “crisis” para justificar el mantenimiento del control político, económico y militar de Estados Unidos, no sólo en América Latina, sino en otros continentes. La guerra en Colombia es esencial para que Estados Unidos mantenga un aparato bélico en la región. El Plan Colombia fue construido para servir de plataforma militar regional y, en diversos momentos, el gobierno estadounidense intentó involucrar a los países de Cono Sur en el conflicto.
A inicios del 2001, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana y el líder de las FARC Manuel Marulanda intentaban negociar un acuerdo de paz, George Bush asumía el poder en la Casa Blanca e iniciaba su campaña internacional para la ampliación del Plan Colombia. El Secretario de Estado estadounidense de la época, Colin Powell, tenía la tarea de conseguir la colaboración de países latinoamericanos para su estrategia militar en Colombia.
En aquel momento, el llamado Plan Colombia o “paquete de ayuda” de 1.3 mil millones de dólares, fue aprobado por el Congreso estadounidense con el justificativo de defender la democracia y acabar con el narcotráfico. El Congreso inclusive condicionaba la liberación de recursos para el Plan Colombia a su no utilización para fines contra-insurgentes. Claro que nadie cree que el propósito del Plan Colombia era el combate a las drogas, pero en aquel momento no era aceptable admitir abiertamente el papel militar estadounidense contra las guerrillas colombianas.
Solamente tras los atentados en Nueva York y Washington, el 11 de septiembre de 2001, el gobierno Bush pasó a utilizar el “combate al terrorismo” para justificar su política de guerra. La aceptación de la clasificación de las FARC como grupo “terrorista” sólo fue posible en el contexto internacional post 11 de septiembre. Desde entonces, esta jerga está siendo aceptada por muchos gobiernos y medios de comunicación.
A partir de 2002, Colin Powell garantizó un subsidio adicional de 731 millones de dólares para financiar la participación de Ecuador, Bolivia y Perú en el Plan Colombia. El papel de Ecuador era central, sobre todo porque Estados Unidos utilizaban la Base de Manta, con capacidad de controlar el espacio aéreo de la región Amazónica, del Canal de Panamá y de Centroamérica.
La elección del presidente Rafael Correa interrumpió el apoyo de Ecuador al Plan Colombia, ya que una de sus principales medidas fue anunciar que no renovaría el acuerdo con Estados Unidos para el control de la Base de Manta. La elección del presidente Evo Morales en Bolivia y el cambio en la política externa de aquel país significó un problema adicional para el gobierno estadounidense en la región. A pesar de los reiteradas intentos del gobierno Bush, a través del llamado Comando Sur (un rama del Ejército estadounidense que actúa en América Latina), para involucrar a los países suramericanos en el conflicto colombiano, otros gobiernos se han negado a clasificar a las FARC como terroristas y a enviar tropas para combatir a las guerrillas en Colombia.
Más recientemente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, puso en marcha una campaña internacional por un acuerdo humanitario y la liberación de rehenes secuestrados por las FARC, que ganó apoyo gubernamental y admiración de la sociedad en muchos países, sobre todo en Europa y América Latina. Está claro que Uribe y Bush necesitaban de un contrataque y eligieron como blanco Ecuador, apuntando al presidente Rafael Correa y apostando a la diseminación de una ola de “crisis” hemisférica.
Inmediatamente, los mass media conservadores en muchos países repiten declaraciones de la policía colombiana sobre una supuesta colaboración de los gobiernos de Ecuador y de Venezuela con las FARC. Este tipo de campaña sirve para frustrar posibles intentos de mediación de un acuerdo de paz en Colombia. Otras declaraciones refuerzan el clima de guerra. Durante la Conferencia del Desarme de la ONU, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos Calderón, declara que las FARC pretenden obtener material radioactivo, mientras Alvaro Uribe amenaza denunciar a Hugo Chávez en la Corte Penal Internacional por “patrocinio y financiamiento de genocidas".
Como dice el profesor Noam Chomsky, la primera víctima en una guerra es la verdad. En este caso, el escenario está montado. Resta saber si Uribe (que intenta esconder denuncias de relación con los paramilitares) y Bush (que está desmoralizado y se apresta a dejar la Casa Blanca) tendrán credibilidad suficiente para alimentar esta farsa. (Traducción ALAI)
- Maria Luisa Mendonça es periodista y miembro de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.
Si hubiese realmente una crisis en América del Sur, los demás países de la región no manifestarían una posición unánime en condenar la acción del ejército colombiano. Sin embargo, sabemos que históricamente han sido fabricadas diversas “crisis” para justificar el mantenimiento del control político, económico y militar de Estados Unidos, no sólo en América Latina, sino en otros continentes. La guerra en Colombia es esencial para que Estados Unidos mantenga un aparato bélico en la región. El Plan Colombia fue construido para servir de plataforma militar regional y, en diversos momentos, el gobierno estadounidense intentó involucrar a los países de Cono Sur en el conflicto.
A inicios del 2001, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana y el líder de las FARC Manuel Marulanda intentaban negociar un acuerdo de paz, George Bush asumía el poder en la Casa Blanca e iniciaba su campaña internacional para la ampliación del Plan Colombia. El Secretario de Estado estadounidense de la época, Colin Powell, tenía la tarea de conseguir la colaboración de países latinoamericanos para su estrategia militar en Colombia.
En aquel momento, el llamado Plan Colombia o “paquete de ayuda” de 1.3 mil millones de dólares, fue aprobado por el Congreso estadounidense con el justificativo de defender la democracia y acabar con el narcotráfico. El Congreso inclusive condicionaba la liberación de recursos para el Plan Colombia a su no utilización para fines contra-insurgentes. Claro que nadie cree que el propósito del Plan Colombia era el combate a las drogas, pero en aquel momento no era aceptable admitir abiertamente el papel militar estadounidense contra las guerrillas colombianas.
Solamente tras los atentados en Nueva York y Washington, el 11 de septiembre de 2001, el gobierno Bush pasó a utilizar el “combate al terrorismo” para justificar su política de guerra. La aceptación de la clasificación de las FARC como grupo “terrorista” sólo fue posible en el contexto internacional post 11 de septiembre. Desde entonces, esta jerga está siendo aceptada por muchos gobiernos y medios de comunicación.
A partir de 2002, Colin Powell garantizó un subsidio adicional de 731 millones de dólares para financiar la participación de Ecuador, Bolivia y Perú en el Plan Colombia. El papel de Ecuador era central, sobre todo porque Estados Unidos utilizaban la Base de Manta, con capacidad de controlar el espacio aéreo de la región Amazónica, del Canal de Panamá y de Centroamérica.
La elección del presidente Rafael Correa interrumpió el apoyo de Ecuador al Plan Colombia, ya que una de sus principales medidas fue anunciar que no renovaría el acuerdo con Estados Unidos para el control de la Base de Manta. La elección del presidente Evo Morales en Bolivia y el cambio en la política externa de aquel país significó un problema adicional para el gobierno estadounidense en la región. A pesar de los reiteradas intentos del gobierno Bush, a través del llamado Comando Sur (un rama del Ejército estadounidense que actúa en América Latina), para involucrar a los países suramericanos en el conflicto colombiano, otros gobiernos se han negado a clasificar a las FARC como terroristas y a enviar tropas para combatir a las guerrillas en Colombia.
Más recientemente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, puso en marcha una campaña internacional por un acuerdo humanitario y la liberación de rehenes secuestrados por las FARC, que ganó apoyo gubernamental y admiración de la sociedad en muchos países, sobre todo en Europa y América Latina. Está claro que Uribe y Bush necesitaban de un contrataque y eligieron como blanco Ecuador, apuntando al presidente Rafael Correa y apostando a la diseminación de una ola de “crisis” hemisférica.
Inmediatamente, los mass media conservadores en muchos países repiten declaraciones de la policía colombiana sobre una supuesta colaboración de los gobiernos de Ecuador y de Venezuela con las FARC. Este tipo de campaña sirve para frustrar posibles intentos de mediación de un acuerdo de paz en Colombia. Otras declaraciones refuerzan el clima de guerra. Durante la Conferencia del Desarme de la ONU, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos Calderón, declara que las FARC pretenden obtener material radioactivo, mientras Alvaro Uribe amenaza denunciar a Hugo Chávez en la Corte Penal Internacional por “patrocinio y financiamiento de genocidas".
Como dice el profesor Noam Chomsky, la primera víctima en una guerra es la verdad. En este caso, el escenario está montado. Resta saber si Uribe (que intenta esconder denuncias de relación con los paramilitares) y Bush (que está desmoralizado y se apresta a dejar la Casa Blanca) tendrán credibilidad suficiente para alimentar esta farsa. (Traducción ALAI)
- Maria Luisa Mendonça es periodista y miembro de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.
https://www.alainet.org/es/articulo/126077
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