Desafíos por la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica

Cristiano Morsolin

24/01/2008

Opinión

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El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, solicitó el día miércoles 16 de enero a los medios que publiquen una nota en la que pide a cualquier persona que pueda aportar datos sobre el genocidio contra el pueblo maya en Guatemala. El objetivo es continuar la investigación sobre estos crímenes. Pedraz ha tomado esta decisión luego que la Corte de Constitucionalidad, CC, anulara el 12 de diciembre último el proceso judicial abierto contra cinco generales y dos civiles acusados de genocidio al considerar que España carece de jurisdicción para procesarlos.

Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, subraya que "más que aportar, es una muestra de que el genocidio ocurrido en Guatemala y la comisión de delitos de lesa humanidad que se atribuye a los acusados es un proceso que va a continuar, la comunidad internacional está totalmente convencida de que esos delitos merecen ser perseguidos".

Francisco Soberón, Director de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH y ex VicePresidente a nivel mundial de la Federación Internacional de los Derechos Humanos FIDH (www.fidh.org ), desde Lima ha declarado a SELVAS que "frente a las declaraciones de impunidad del Pdte. Alan García, que sin conocer el fundamento del pedido de la extradición de la justicia italiana, declaró que Perú no extraditaría al Dictador Francisco Morales Bermúdez y a su Primer Ministro Richter Parda, por imputaciones de secuestro, desaparición y ejecución de ciudadanos italo argentinos; rechazamos estas declaraciones de impunidad y destacamos las sensatas declaración del Congresista italiano Bertinotti, quien señalo que el tema estaba en manos de la justicia y todos debemos colaborar con ella, la cooperación con la Justicia es una obligación internacional".

Este artículo analiza algunos desafíos por la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica (en particular los casos de Perú, Guatemala, Colombia y Paraguay) y la justicia transnacional en relación con Europa.

Perú

El presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Fausto Bertinotti, dejó entrever que espera la colaboración de la justicia y el gobierno del Perú, a las investigaciones que efectúa la fiscal Luisanna Figliolia sobre las desapariciones de ciudadanos italo-argentinos en el marco de la Operación Cóndor, efectuada en los años 70.

El pasado 24 de diciembre la jueza italiana Luisianna Figliolia dispuso la detención de 140 personas de Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil y Paraguay, por el juicio que lleva adelante por la desaparición de 25 italianos en el marco de la "Operación Cóndor" realizada en los años 70 por dictaduras sudamericanas.

El pedido de la justicia italiana involucra a los generales en retiro Francisco Morales Bermúdez y su ex primer ministro Pedro Richter, así como a otros dos militares cuyas identidades no han sido divulgadas.

Puso como ejemplo el apoyo brindado por jueces y autoridades gubernamentales de Argentina cuando se investigó la muerte de italianos en ese país. Manifestó que gracias a esta colaboración, se pudo conocer a los responsables de estos actos criminales."No hay que dejar de lado el principio de respeto a la verdad histórica cuando se trata de atropellos a los derechos humanos en un momento histórico", expreso el diputado italiano. Bertinotti formuló declaraciones tras reunirse con el presidente de la República, Alan García Pérez el pasado 12 de enero en Lima. Más adelante, el representante del Parlamento italiano, consideró que no se puede dejar de lado el principio de respeto a la verdad histórica, sobre todo si el caso está vinculado a la violación de derechos humanos.

Señaló que en Italia se lleva adelante un proceso similar, también de violación a los derechos humanos, por las “brutalidades cometidas” en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (Esma) Argentina, durante la dictadura militar de los años 70. “La colaboración entre jueces italianos y argentinos, y a "la iniciativa valiente, larga y tenaz de las Madres de Plaza de Mayo", como la colaboración de los gobiernos de Italia y Argentina, han permitido que se llevaran a cabo juicios en Italia para sancionar a violadores de los derechos humanos durante la dictadura en Argentina.”, anotó, luego de mencionar que la experiencia de este proceso ha sido “dramática y extraordinaria”.

“La dignidad de las víctimas y el rigor del juicios ha permitido que se realizara la verdad histórica y la verdad del derecho”, precisó. “Lo que podemos decir es que no hay que derogar nunca el principio de respeto a la verdad histórica, sobre todo cuando se ha tratado de atropellos a los derechos humanos en un momento histórico dado”, agregó. La decisión judicial "no es una venganza sino un acto de justicia", acotó.

A inicios de 1980 las fuerzas de seguridad de Perú y Argentina presuntamente secuestraron en Lima a los italo-argentinos Noemí Esther Gianotti de Molfino, María Inés Raverta, Julio César Ramírez y Federico Frías, cuya desaparición forma parte de las investigaciones en Italia.

El presidente Alan García calificó de "exageración judicial" el pedido de arresto de la justicia italiana del ex dictador Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), quien es acusado de apoyar un plan represivo que terminó con la desaparición de 25 italianos en una operación coordinada por gobiernos latinoamericanos hace tres décadas.

El ex congresista Javier Diez Canseco, ex candidato presidencial y víctima del Plan Cóndor, advirtió que el presidente Alan García, pretende evitar las acusaciones en su contra por presuntas violaciones a los derechos humanos, al defender al ex mandatario Francisco Morales Bermúdez, requerido por la justicia italiana, por el denominado Plan Cóndor."Alan García quiere sentar una política de Estado respecto a este tema porque pretende evitar las acusaciones en su contra, por casos como las matanzas en El Frontón o Callara", puntualizó.

Añadió que García Pérez sabe que los casos de derechos humanos pueden ser investigados de por vida y que vencida su administración puede enfrentar un proceso penal, en el que debe responder por hechos producidos hace 20, 25 o 30 años atrás. “Quiere sentar un precedente y poner el parche”, enfatizó el ex legislador.

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresó su respaldo al pedido de la justicia italiana que solicitó la extradición del ex presidente Francisco Morales Bermúdez, por su responsabilidad en la desaparición de 25 ciudadanos italianos en el marco de la “Operación Cóndor”.En una nota se evidencia que “consideramos que este pedido constituye un hito importante dentro del desarrollo de la justicia global y, a su vez, representa una oportunidad para que el Estado peruano demuestre claramente su compromiso en materia de derechos humanos.

“Es importante además considerar que, en el marco de las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea, el Perú deberá manifestar su disposición a colaborar no solo en este ámbito sino también en materia de justicia y respeto a las normas internacionales que protegen los derechos humanos. En ese sentido, a un mundo globalizado en lo económico y en lo social, corresponde también una justicia global.

Desde APRODEH y el movimiento de derechos humanos alentamos estos procesos que representan un paso alentador en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de justicia a nivel mundial. Invocamos a las autoridades correspondientes a atender el requerimiento de la justicia italiana y facilitar la extradición de los funcionarios requeridos, considerando los tratados existentes entre Perú e Italia. Con ello se logrará encaminar el caso hacia un debido proceso que permita acceder a la verdad, a la justicia y a la sanción de todo hecho que atente contra los derechos humanos”.

Guatemala

La líder indígena Rigoberta Menchú presentó una demanda contra los magistrados que fallaron a favor de los ex altos cargos guatemaltecos procesados en España por delito de genocidio en la represión militar que padeció Guatemala durante los regímenes militares en Guatemala (1978-1986).

La propia Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992, inició en diciembre de 1999 un proceso penal ante la Audiencia Nacional de España contra siete ex altos cargos guatemaltecos que fue desestimado el mes pasado por la Justicia guatemalteca. "Iniciamos un proceso penal en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que el 12 de diciembre fallaron de forma tendenciosa y discriminatoria", precisó el 17 de enero Menchú, tras presentar la demanda en nombre de familiares de las víctimas de la represión.

En esa fecha, la CC, máximo tribunal del país, falló a favor de los acusados al resolver que la Audiencia Nacional de España no tiene competencias para juzgar a guatemaltecos y dejó sin efecto las órdenes de detención y extradición solicitadas por la Justicia española. Los acusados son los generales Efraín Ríos Montt, Óscar Mejía, Benedicto Lucas y Ángel Aníbal Guevara, el coronel Germán Chupina y los civiles Pedro García y Donaldo Álvarez. Con esa decisión, precisó Menchú, los magistrados guatemaltecos "universalizaron el genocidio y perpetuaron la impunidad", al "violar las normas de la justicia universal y los compromisos que en materia jurídica ha adquirido Guatemala".El abogado Benito Morales, integrante del equipo asesor de Menchú, precisó que la demanda en contra de los magistrados de la CC es por los delitos de "discriminación por motivos políticos y raciales", así como por "parcialidad en la evaluación de los medios probatorios". "El fallo desprende actos de discriminación racial e ideológica, así como imparcialidad, porque quienes emitieron la resolución fueron ladinos (no indígenas) al igual que los acusados, mientras que los acusadores, las víctimas, en su mayoría son indígenas", explicó el jurista. Por otra parte, Menchú felicitó a la Audiencia Nacional española "por abrir una nueva etapa" dentro de este proceso, luego de la decisión del juez Santiago Pedraz de pedir a los ciudadanos de cualquier país del mundo que hayan sido testigos del genocidio de Guatemala que lo denuncien en sus respectivos juzgados para que estos lo remitan a la Justicia española. "Esta es una nueva etapa que da oportunidad a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes a que denuncien los crímenes de lesa humanidad en cualquier parte del mundo donde se encuentren, para que sean juzgados en España", dijo Menchú.

El juez Santiago Pedraz de la Audiencia nacional, principal instancia penal española, que el miércoles 16 de enero renunció a seguir su investigación iniciada en el 2005 sobre genocidio en Guatemala con sus autoridades ante su "negativa a colaborar", pidió la colaboración de medios de países vecinos.

El presidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Souhayr Belhassen, se congratuló por la "determinación" de la justicia española de intentar a pesar de todo "hacer juzgar los crímenes atroces cometidos durante la más grande y genocida dictadura de toda Latinoamérica en el siglo XX". La FIDH indicó en un comunicado que los testigos solicitados por el juez español podrían ser canalizados a través de organizaciones de la sociedad civil. Pedraz se había hecho cargo de las investigaciones por el delito de genocidio referidas a la muerte de unas 200.000 personas durante los regímenes militares en Guatemala (1978-1986), tras una decisión de octubre del 2005 del Tribunal Constitucional que otorgó la competencia a la justicia española en materia de genocidios y crímenes contra la Humanidad cometidos fuera de España. El 22 de febrero del 2006, la Audiencia nacional, principal instancia penal española, se declaró competente para investigar una denuncia por "genocidio" y "crímenes contra la Humanidad" contra regímenes militares en Guatemala entre 1978 y 1986, una causa iniciada por la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nóbel de la Paz 1992.

La conferencia internacional “A Diez Años de los Acuerdos de Paz en Guatemala: Balance y Perspectivas de la Cooperación Internacional” (2 y 3 de Mayo de 2007 – Parlamento Europeo de Bruselas), a la que asistieron representantes de la sociedad civil, de los gobiernos europeos y guatemalteco y de las instituciones de la Unión Europea (UE), se solicitó a la comunidad de países del viejo continente que continúe denunciando las violaciones de los derechos humanos en Guatemala. La conferencia internacional demandó el seguimiento europeo sobre la denuncia de los crímenes de lesa humanidad, así como que presione al gobierno guatemalteco para que estas violaciones no queden en la impunidad y que el estado cumpla con los compromisos requeridos para que el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado interno sea una realidad. Iosu Perales, de la Coordinación Grupo SUR, subrayó que “las y los participantes recomendaron que la ayuda de la Comisión Europea sea determinada bajo la lupa del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; de igual manera, se pidió que la UE involucre a la sociedad civil en los procesos de diálogo político y en la definición de las estrategias de cooperación” (http://www.gruposur.eu.org/A-diez-anos-de-los-acuerdos-de-Paz.html).

René Muñoz es un activista social (miembro fundador del Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular MICSP; miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Comunal Guatemalteco MCG; educador popular de la Parroquia Cristo Nuestra Paz de la Colonia El Limón) que ha sufrido en carne propia la búsqueda de justicia desde los Acuerdos de Paz hasta ser mencionado en el informe anual del 2006 del Observatorio Mundial por la protección de los defensores de derechos humanos OMCT-FIDH. El Observatorio SELVAS ha entrevistado directamente René que expresa el sacrificio para construir paz en un contexto de exclusión estructural.

“Los Derechos Humanos cuando sobrepasan la soberanía jurídica y política de las naciones y se constituye en traza imperialista que tergiversa, disminuye y socava el derecho a la autodeterminación, soberanía e identidad cultural de los pueblos (como ejemplo, la pretendida competencia jurídica de la ley española para juzgar lo ocurrido en nuestros países durante los últimos veinticinco años, pero negando la competencia de nuestros sistemas jurídicos para juzgar y pedir el resarcimiento a España por los genocidios que cometió en América durante la conquista y colonización, hace ya mas de quinientos años - Jerry Taylor, “La Segmentación temática” Ensayo de análisis de los elementos principales del plan de dominación del capital global.)”.

“Encuentro válido el argumento anterior, ya que ningún país puede imponer sus propias leyes como válidas para justificar su intervención en asuntos internos de otro país. En todo caso y con apego al derecho internacional, los países en litigio deben utilizar una corte internacional imparcial para dilucidar sus diferencias o problemas y no imponer sus leyes como únicas y validas para resolver el conflicto dejando al segundo en condición de sometimiento. Los derechos humanos tienen un origen puramente individualista y ha sido el instrumento principal para la intervención extranjera en asuntos propios de los países pobres.

“No niego las violaciones a los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, que se dan sobre los pueblos, por sus mismos gobernantes, pero también es cierto que bajo la bandera de los derechos humanos un delincuente no puede ser condenado a la pena máxima porque se le están violando “sus derechos” y en ningún momento se plantea la justicia o los defensores de tales derechos, la violación que el delincuente cometió sin que la victima tuviera “el derecho de recibir apoyo para su defensa” . Existen varias organizaciones internacionales de derechos humanos como las Brigadas de Paz, el Movimiento Internacional de Acompañamiento que adopta el nombre del país en donde se instalan como sucede en Guatemala que se llama ACOGUATE, además en Guatemala existe el Movimiento de Derechos Humanos que aglutina a todas las organizaciones de DDHH del país y se vinculan a todas las Redes internacionales de DDHH, la Procuraduría de los DDHH de Guatemala y la Comisión Presidencial de DDHH. Todas las organizaciones nacionales e internacionales están únicamente para constatar la violación de los DDHH y anotarlo en sus estadísticas, porque cuando se pide su intervención, sus mandatos de funcionamiento no les permiten dar cobertura ya que no todo está tipificado como violación a los derechos humanos, y para ello pongo casos concretos:

El padre Pedro Nota (sacerdote obrero en la fabrica FIAT de Turín en los años ’70, NDR) y su equipo de trabajo, en concreto la pareja de esposos, sus hijos y una hermana de la esposa, fueron amenazados con pistola en mano por el crimen organizado, los cuales exigían Q 50,000.00 como pago para no matar o secuestrar a los hijos de la pareja. Se dio aviso a todas las organizaciones anteriores y no se pudo tener la intervención positiva ya que argumentaron que ninguna organización de DDHH era disuasiva para el crimen organizado, que solo estaban justificados de intervenir cuando se trataba de amenaza abierta “Casi legal” de parte del gobierno. Esto es triste porque no existe disuasivo alguno para la violación al derecho a la vida. Es lamentable que la lectura política de tales organizaciones de “DDHH” sea tan corta de no darse cuenta que actualmente toda la violencia política es ejecutada por el crimen organizado y que tiene sus orígenes y cuenta con la orientación de las organizaciones del crimen internacional que se asienta en Estados Unidos con las centrales de las “MARAS SALVATRUCHA Y DIECIOCHO” que cubre todo el territorio desde los Estados Unidos, México y Centroamérica.

El caso que se describe arriba provocó el cierre de todas las actividades de beneficio social de la iglesia en la Colonia El Limón, Juana de Arco y Santa Elena 2 de la Capital guatemalteca: “salud, educación, vivienda, guardería, comedores infantiles, biblioteca, reforzamiento educativo, programa juvenil, sistema de becas para estudiantes”, pero también destruyó la vida del sacerdote, la familia que trabajaba con él, ya que tuvieron que huir del país para salvar su vida, además los familiares de la pareja que vivimos en el sector, después de la salida del padre y la pareja, estamos siendo objeto de amenazas por los mismos delincuentes y poco a poco, estamos abandonando nuestras casas para irnos a vivir a otro sector de país para resguardar nuestra vida.

“Relacionando este caso con el encabezado de este documento, nos viene a la mente que cuando los países fuertes se ven amenazados o uno de sus ciudadanos es tocado en nuestros países, entonces si reaccionan y hasta intervienen en asuntos internos, pero cuando se trata de nuestra gente, no contamos con ninguna solidaridad de dichos Estados, puesto que ahora mismo esta familia y el sacerdote están en Italia, pero no podrán permanecer en Italia por ser “Extra Comunitarios” y solo podrán permanecer por tres meses y deberán volver a Guatemala o a Centroamérica donde las marras tienen el control y pueden cumplir su ejecución sin problemas. Ahí no hay derecho de emigrante que valga, ahí no hay derecho de movilidad humana que valga, solo intereses de país. Quisiera saludar las cumbres que se organizan a nivel mundial o continental , tanto como este aniversario de la Declaración de los DDHH, pero no estoy en condiciones de plegarme, al igual que las cumbres como el Foro Social Mundial, El Foro Social de las Américas y otros, en donde salen sendas declaraciones y condenas para los países ricos, pero ninguna de tales es vinculante con el que hacer político de los países, por lo que se queda en la mera oratoria, además que las declaraciones son preparadas con anterioridad por los organizadores y son avaladas en las últimas horas de los eventos.

“El gobierno entrante de la social democracia, no nos pone en situación diferente a los anteriores, ya que para poder acceder al poder hay que hacer concesiones y plegarse a la política diseñada de la oligarquía nacional, pero también estar dispuesto a proteger los intereses de los Estados Unidos y este Alvaro Colom ya pacto con la política norteamericana desde la firma del DR-CAFTA, en donde abiertamente nos traicionó a todos los dirigentes del movimiento popular guatemalteco, ya que se comprometió en una reunión por la mañana a no apoyar en el congreso la firma del Tratado y por la tarde su bancada de diputados firmo el documento. Su respuesta fue, perdonen pero hay poderes ocultos con los que no puedo pelear. Ahora es presidente y ya se van perfilando algunas cosas de los compromisos que tuvo que hacer antes de la campaña y durante la misma. El debe recuperar la inversión de dos campañas previas y la actual, por lo tanto debe pagar la factura. No habrá cambios en el país, la crisis será grande para el país. Antes de la salida del actual gobierno, se han firmado y autorizado aumentos en todas las líneas de la economía nacional, pero no habrá aumento de salarios, y la estrategia y acuerdo es que lo deje autorizado el actual gobierno para que Colom no tenga que hacer tales autorizaciones al inicio de su mandato”.

Colombia

El empeño del gobierno italiano en el tema de los rehenes secuestrados en Colombia debe ir más allá de la liberación del más famoso de ellos -la ex candidata a la presidencia Ingrid Bentancourt- para apuntar a la liberación de todos, dijo a ANSA el subsecretario de Exteriores para América Latina, Donato Di Santo "Nuestro papel, obviamente en el respeto más total de lo que están llevando a cabo los dirigentes colombianos, es el de favorecer una posible solución positiva de la entera cuestión de los rehenes", subrayó Di Santo. El tema, agregó, fue abordado en los encuentros mantenidos con las autoridades colombianas por él mismo y la ministra italiana para la Familia, Rosy Bindi, al margen de la ceremonia de toma de mando de la presidenta argentina, Cristina Kirchner, el pasado 10 de diciembre. El empeño italiano en la cuestión de los rehenes, dijo el vicecanciller, no se limita al interés de los dirigentes gubernamentales, sino que se expresa también a través de los entes locales ("muy positivo cuanto ha hecho el municipio de Roma"), las asociaciones de ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales (http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Ministro/Comunicati/2008/01/20080111_dalemafarc.htm ).

Un grupo de europarlamentarios (entre los cuales se encuentra Hélène Flautre, Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea – Presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, Parlamento Europeo; Monica Frassoni, Vicepresidenta del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Alain Lipietz, Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Presidente de la Delegación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina, Helmuth Markov, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica , Raül Romeva i Rueda, Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Vicepresidente Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género) ha enviado una carta dirigida a los participantes de la III Conferencia de la Cooperación Internacional en Bogota a finales de noviembre, donde se destaca que ”nos siguen preocupando altamente las consecuencias del conflicto armado sobre la población civil, la permanencia de grupos paramilitares, las violaciones al derecho humanitario por parte de los grupos guerrilleros – particularmente los ataques contra candidatos políticos y políticos locales como se evidenció en las últimas elecciones – y los constantes informes de violaciones a los derechos humanos por la fuerza pública, como lo mostró la reciente misión internacional sobre ejecuciones extrajudiciales.

Invitamos a los países reunidos en la III Conferencia y especialmente a la Unión Europea a seguir apoyando los valientes esfuerzos de las víctimas para reclamar sus derechos en medio de las amenazas. Igualmente les instamos a condicionar cualquier apoyo al proceso de reinserción de los paramilitares a una clara reorientación del proceso a favor de los derechos de las víctimas. Respaldamos la solicitud hecha al respecto por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, en sus conclusiones del 19/11/2007 sobre Colombia. Garantizar la seguridad y la participación plena de las víctimas debería ser el primer paso de esta reorientación.

Finalmente, queremos recordar nuestra insistencia en que la cooperación de la Unión Europea hacia Colombia sea conceptual y operativamente separada de la ayuda militar proporcionada a través del Plan Colombia y de la estrategia del gobierno “de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social”. Estamos muy preocupados por la manera como se combinan las estrategias militares y civiles en esos planes y por tanto la Unión Europea no debería apoyar su desarrollo. Ambas estrategias son un camino para envolver a la población civil en los planes militares y lo cual, en el pasado, ha afectado seriamente los derechos humanos y las oportunidades para la paz en Colombia”.

Paraguay

Más de 100 miembros de la Coordinadora de Víctimas de la Dictadura en Paraguay de Alfredo Stroessner (1954-1989) se manifestaron el sábado 5 de enero en el micro centro, para denunciar persecuciones y exigir mayor protección para los activistas de esa agrupación. Los integrantes de esa organización y de otras agrupadas en la Coordinadora Contra la Impunidad protestaron frente al Panteón Nacional de los Héroes para “defender el derecho a la vida que tenemos todos, el derecho a ser respetados y ser protegidos por el Estado”, dijo a periodistas Carlos Villagra, uno de los activistas. Villagra señaló que mantienen una “lucha perseverante para tratar de acabar con la impunidad” , al momento de opinar que “todo el sistema judicial de la dictadura de Stroessner está prácticamente intacto en el país, no se ha desmantelado nada”. Consideró además que el Gobierno sigue protegiendo “a todos aquellos que han reprimido, torturado, que han hecho desaparecer a la gente con absoluta impunidad en los oscuros años del régimen 'stronista'.La protesta también se realizó para expresar su apoyo a varios activistas que fueron amedrentados por desconocidos en los últimos meses. Los líderes de los manifestantes afirmaron que una granada de guerra lista para estallar fue colocada en el domicilio de los activistas sociales de la época stronista Sonia Aquino y Carlos González, el 27 de diciembre pasado y consideran que no se trata de un hecho aislado sino bien planificado. Aquino, quien promueve acciones para la confiscación de los bienes de personas acusadas de enriquecimiento ilícito durante el régimen dictatorial, afirmó que recibió varias amenazas anónimas por las tareas que emprende y denunció el hallazgo de un explosivo debajo de su automóvil, aparcado en su residencia. En aquella ocasión, agentes especializados en explosivos retiraron la granada y precisaron que la misma es de exclusivo uso militar. Alfredo Stroessner, falleció hace dos años en su asilo en Brasil, encabezó una dictadura con mano férrea y corrupta entre 1954 y 1989, cuando fue derrocado en un cruento golpe de estado.

Mercedes Canese, joven profesora en la Universidad Nacional de Asunción y asesora algunas organizaciones sociales paraguayas, entre ellas el « Foro Popular por la Energía », fue víctima del Plan Cóndor y su familia fue exiliada en Holanda; hoy es dirigente del movimiento político Tekojoja. Mercedes ha declarado a SELVAS que “siempre estoy en Tekojoja, el movimiento que apoya la candidatura del ex monseñor Fernando Lugo. Ahora estoy como secretaria de Asunción, y hace poquito cerramos también las listas de Tekojoja, y me pusieron como suplente de la primera diputación de asunción. Nuestras listas están interesantes, especialmente la lista de senadores, donde está en primer lugar un dirigente campesino y en segundo una dirigente indígena elegida de un congreso nacional de todos los indígenas (17 etnias). como primer suplente, tenemos un dirigente obrero. Camina bien todo por aquí, si bien el presidente Nicanor hace todo lo posible para desacreditar a nuestro candidato (y parece que le sale mal). Última Hora publica una encuesta que le da 43-44%, frente a 32% (Castiglioni), o sólo 23% (Blanca Ovelar), Lino Oviedo está hundido en 12-16% y más aún Fadul (2%).realmente estamos muy optimistas pero sabemos que no va a ser fácil. A parte de eso, es mortal trabajar y hacer política, realmente estoy muerta pero todo es muy interesante. Ahora, a parte de cerro guy, estoy trabajando en otra fábrica recuperada, que estaba también con muchas dificultades y que se está levantando, realmente estoy muy contenta porque en poco tiempo se ha visto una mejora notable. También estamos con el proyecto de biodiesel de mbokaja, por fin se firmó el convenio, está despertando interés en todas partes porque se opone al modelo tan en boga ahora de los biocombustibles, y es una propuesta interesante, agroecológica, empleo intensiva, que no compite con los cultivos para alimentos”.

Este nuevo ano abre nuevos desafíos y nuevas esperanzas de justicia como, por ejemplo las elecciones presidenciales en Paraguay y la esperanza de la victoria del ex obispo Fernando Lugo...

La apuesta por la libertad y la justicia, que son algo único ya que no pueden concebirse la una sin la otra, por los Derechos Humanos y por la democracia, es un apasionante reto que nos convoca a seguir el llamado del poeta cuando dijo: “Vamos Patria Grande a caminar”...

-Cristiano Morsolin, educador italiano y operador de redes internacionales para la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica. Co-fundador del Observatorio sobre la Región Andina SELVAS (www.selvas.org ). Trabaja en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil.

https://www.alainet.org/es/articulo/125337?language=en