En medio de las nuevas dificultades surgidas a partir de la forma como se ha propuesto por parte del Gobierno venezolano levantar el calificativo de terroristas y reconocer estatus político y de beligerancia de las guerrillas colombianas, se abren paso, tras la primera liberación de rehenes mediante gestiones concertadas, las posibilidades de conseguir el acuerdo humanitario de intercambio.

En efecto, la primera liberación de rehenes cautivos por las FARC se produjo gracias a un ofrecimiento unilateral de esta guerrilla al Gobierno venezolano, el cual contó con importante apoyo internacional y con el concurso de las autoridades colombianas. El hecho ha estimulado las posibilidades de lograr el acuerdo humanitario de intercambio propuesto entre el Gobierno nacional y las FARC, a la vez que se considera necesario contar con el concurso determinante de la comunidad internacional. Sin embargo, la situación en tal perspectiva se ha tornado compleja en la medida en que el presidente Chávez propuso a la comunidad internacional dejar de lado el calificativo de terroristas y reconocer como actores políticos y beligerantes a las guerrillas colombianas, hecho aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela, lo cual sumado a agresivas declaraciones emitidas por el presidente venezolano contra el Gobierno colombiano ha acentuado de manera grave la tensión que ya existía entre los dos países.

Así las cosas pareciera que de estar inmerso el país en dos problemas graves interrelacionados, la guerra interna y la crisis humanitaria, en medio de los esfuerzos por su tratamiento con el concurso internacional ahora se agrega otro infortunado problema de coyuntura derivado de la tensión entre los gobiernos de los pueblos hermanos de Colombia y Venezuela. Por tanto, al orden del día corresponde tratar distintos asuntos que pasan por el mayor esfuerzo para que se recuperen el tratamiento diplomático adecuado y logre la normalización y la cooperación constructiva entre los dos países. Pero así mismo ante lo propuesto por el presidente Chávez es preciso aclarar que el reconocimiento político de la insurgencia se ha hecho en el país con anterioridad, existen dispositivos constitucionales y legales para hacerlo y ha instrumento propio de los procesos de paz y de las mismas soluciones humanitarias. Sin embargo, asunto distinto es proponer el reconocimiento de beligerancia lo cual además de ser figura jurídica prácticamente en desuso denota confusión desde sus promotores y conlleva implicaciones negativas para el país e innecesarias para el entorno requerido de cooperación internacional para la paz y las soluciones humanitarias. No obstante, queremos en esta nota por lo pronto destacar la necesidad de no cejar en el impulso del acuerdo humanitario de intercambio como asunto de prioridad actual, a la vez que llamar a la sana discusión y los esfuerzos posibles para resolver de manera positiva los demás asuntos.

Tras el acuerdo de liberación unilateral Chávez-FARC se requiere conseguir el acuerdo de intercambio humanitario Uribe-FARC.

Tras el fallido intento de la llamada “operación Emmanuel” al final del año pasado concluyó con éxito en los primeros días del presente año el nuevo operativo humanitario que condujo a la liberación de Clara Rojas y Consuelo Perdomo. En tal interregno se criticó con justeza la desinformación y el maltrato causado por las FARC contra el pequeño Emmanuel, se discutió la falta de claridad de criterios y de coordinación entre miembros de la comisión internacional y el Gobierno nacional y se suscitó de nuevo una fuerte tensión entre los gobiernos colombiano y venezolano que tenía como antecedentes en la suspensión por parte del presidente Uribe de la función de mediador del presidente Chávez en forma inconsulta, pública y por fuera de cualquier consideración diplomática, la polémica pública desatada y ahora el incidente causado por el presidente colombiano al revelar públicamente la hipótesis sobre el destino de Emmanuel en medio del operativo y el apresuramiento del mandatario Venezolano al descalificarlo de manera desobligante y expresar que tenía mayor credibilidad en las FARC.

No obstante, una vez aclarado que Emmanuel estaba en poder del ICBF y que no podía ser entregado por las FARC se reactivó una comisión internacional pequeña y discreta, a la cual por iniciativa colombiana sólo se sumó Cuba, además de la participación venezolana, y con base en la entrega previa de las coordenadas de ubicación del sitio de entrega por parte de las FARC al presidente Chávez, se desarrolló sin obstáculos el operativo de liberación, aunque sorteando los niveles de riesgo que luego dieron a conocer las liberadas y contrarrestando el pesimismo generado por el efecto de un intento tan publicitado como fallido y de las oposiciones de quienes auguraban el fracaso definitivo.

Esta liberación implicó una forma particular de acuerdo humanitario que partió de la decisión unilateral de las FARC y su coordinación para tal propósito con el Gobierno de Venezuela; el gobierno cubano acompañó en calidad de observador la gestión y el gobierno colombiano autorizó tales actuaciones y se comprometió a brindar las garantías necesarias. Así, a través de un tercero –Venezuela- y con facilitación internacional, el gobierno Uribe y ésta organización guerrillera coadyuvaron para lograr la solución humanitaria comprometida. Pero además, igual que en acuerdos humanitarios implementados con anterioridad en Colombia, el CICR participó en su calidad de organismo humanitario universal guiado por los principios de imparcialidad, independencia e intermediación neutral. Ahora, tras la recuperación en cierto grado de la esperanza especialmente por parte de los familiares con las dos primeras liberaciones producidas mediante mecanismos concertados entre las partes con el concurso internacional, quedó en el país sentada la expectativa de conseguir el acuerdo humanitario de intercambio propuesto para lograr la libertad de los rehenes en poder de las FARC.

Durante las últimas tres décadas todos los gobiernos colombianos han adoptado –directa o indirectamente- acuerdos con fines humanitarios con las organizaciones insurgentes siendo frecuente la presencia del CICR, de otros países, de organismos intergubernamentales y de entes gubernamentales, estatales, comisiones y personajes garantes. Algunos de tales acuerdos se han inscrito en procesos de paz, hayan sido exitosos o fallidos, a la vez que otros se hicieron circunscritos al propósito humanitario. Así mismo se han producido en ámbitos locales, regionales y nacionales compromisos unilaterales de las partes y, en ocasiones, acuerdos formales entre ellas propiciados por exigencias humanitarias de pobladores, comunidades indígenas y campesinas, movimientos sociales y amplias expresiones de opinión ciudadana. Tema aparte es valorar la consecuencia y eficacia conseguida por tales compromisos y acuerdos ante la grave crisis humanitaria registrada que compromete responsabilidades tanto del Estado como de los irregulares.

En las actuales circunstancias el acuerdo humanitario de intercambio sólo será factible conseguirlo con importante participación de la comunidad internacional y con la búsqueda de un consenso nacional. Basta considerar que trascurrieron cinco años de fracasos y de desaprovechamiento y desgaste de algunas propuestas viables sin que hubieran prosperado aproximaciones, de manera que como saldo efectivo sólo se cuenta con las dos liberaciones conseguidas por el reciente acuerdo Chávez-FARC. Es bastante conocido que los intentos de rescate militar han producido víctimas fatales entre los retenidos o secuestrados y que las liberaciones del ahora canciller Araujo y del subintendente de la Policía Pinchao fue resultado ante todo de sus riesgosas y heroicas fugas.

Es ingenuo pensar que el conjunto de los cautivos será liberado de forma unilateral o afirmar ahora que se puede eludir el asunto territorial. Por el contrario, es el momento de retomar fórmulas de solución en aspectos cruciales. La presión internacional e interna se hace creciente, lo cual conlleva ahora el interés del gobierno Uribe en retomar la iniciativa, de forma que busca en las últimas semanas asumir una propuesta que se resume en contar con la facilitación interna de la Iglesia Católica, proponer a través de ella una zona de encuentro a las FARC y posponer para la fase posterior de acompañamiento y verificación la participación de la comunidad internacional. Sin embargo, ésta propuesta es insuficiente, no da cuenta de elementos antes agotados y no responde a las nuevas circunstancias y posibilidades. Por consiguiente le exige al Gobierno nacional revisar su estrategia para derivar elementos como los siguientes.

Elementos a considerar en perspectiva de reformular una estrategia gubernamental viable para el logro del acuerdo humanitario de intercambio

Garantizar un espacio territorial para iniciar el diálogo directo Gobierno – FARC, de lo contrario el Gobierno no podrá iniciar un proceso, ni contar con la interlocución directa. Es falsa la apreciación de que la liberación unilateral conlleva a desconocer la necesidad de un área desmilitarizada. Por el contrario, existieron riesgos reales ante los operativos militares, de hecho el Gobierno Nacional aceptó cesar los operativos y no atacar el área de la entrega durante el lapso de tiempo convenido. Entonces se trata de aproximar las propuestas sobre tal espacio territorial, no a partir de la pretensión particular de cada parte sino de la aproximación de los términos con el concurso de terceras partes que intermedie, para efecto de lo cual la propuesta de áreas desmilitarizada hecha por –España, Francia y Suiza en Pradera y Florida en 2005 es el referente pertinente. Si bien no se descartan otras liberaciones unilaterales esta no es la solución colectiva, la cual requiere un operativo o varios operativos territoriales de mayor envergadura y que conllevan a la concertación de sus términos en la reunión que habrán de sostener los voceros de las partes. Es de suma importancia la amplia participación veedora internacional e interna como elemento central en términos de garantías y seguridad.

Organizar el apoyo internacional actuando con discreción, criterios claros, previa aceptación y coordinación con el Gobierno Nacional, pero con incidencia fluida e inmediata hacia las partes. Debe entenderse que el proceso justamente se ha internacionalizado y ello constituye su mayor acumulado, dado el alto nivel de desconfianza y distancia entre las partes. De hecho han jugado España, Francia y Suiza. La comisión internacional que concurrió inicialmente al operativo reciente tiene especial fortaleza e incluye países de frontera cuya participación resulta importante (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Francia y Suiza); no ha sido formalmente disuelta, no se ha cancelado la opción de nuevas liberaciones unilaterales y si bien su concurso puede modularse o ser de apoyo, no se justificaría dejar de canalizar y potenciar su acción. El papel de Cuba resulta de especial importancia dada su actitud ecuánime, la confianza ganada con las partes y la experiencia de varios de apoyo a gestiones de paz y humanitarias al conflicto colombiano. Venezuela necesariamente cuenta por diversas razones, entre ellas por tener su gobierno el mandato de las víctimas y sus familias y por la credibilidad de las FARC pero su posibilidad mediadora se ha agotado tras enfrentamientos públicos con el gobierno de Colombia, la pugnacidad de sus ataques y las inapropiadas expresiones de simpatía hechas para con las guerrillas. El CICR podrá continuar con sus necesarios oficios valiosos de intermediación humanitaria, pero dado su carácter su actuación no incluye el concurso político, de interlocución y veedor que pueden brindar los Estados y los organismos intergubernamentales.

Sin duda la facilitación brindada por la Iglesia Católica ha sido y es importante, su carácter especialmente de autoridad moral y su contribución en procesos de paz y humanitarios le otorgan especial lugar en estos oficios. No obstante, dadas las condiciones es insuficiente. Se requiere contar con otros actores y mecanismos; recurrir a consultas y a la construcción de consensos; para tal fin resultan útiles aporte como los de las comisiones creadas para el efecto por el Congreso con comisiones de las cámaras y el funcionamiento del Consejo Nacional de Paz que acordó tratar este tema en su próxima sesión. No puede desaprovecharse el ofrecimiento anterior y reciente hecho por varios ex presidentes. Se requiere de fondo conseguir una convergencia política que le de soporte y permita desarrollar y superar las propuestas gubernamentales, pero a la vez posibilitando su iniciativa y el ejercicio de su propio fuero para obrar. Desde luego no se trata de crear mecanismos complejos, ni comisiones infuncionales y con justeza existe aversión a las pretensiones de instrumentalización política y electoral de estas contribuciones. El apoyo de las organizaciones de las víctimas, de organizaciones de derechos humanos y humanitarias es importante.

Resolver otros asuntos como la garantía de la liberación de todos los rehenes en poder de las FARC. La demanda pública interna e internacional no toleran una posición que no sea clara de parte de la insurgencia para asumir en toda su consecuencia la proscripción de ésta conducta. La excarcelación de guerrilleros puede considerar las opciones de definición individual sobre ubicación en territorio extranjero con garantías para el desplazamiento o la de aceptación del indulto y de participación en el programa oficial de reincorporación. La propuesta hecha con anterioridad por el CICR y por la Defensoría del Pueblo y retomada recientemente en un editorial del diario El Tiempo y en declaraciones por el Presidente de la República de exigir a las FARC la posibilidad de que el mismo CICR pueda brindar atención médica a los cautivos, con sentido de urgencia, es pertinente y prioritaria. Por supuesto implica también garantías que comprometan a la vez al Estado para que este aspecto no se convierta en motivo de ventaja militar que desvirtúe el propósito humanitario.

Más allá de éstas y otras propuestas adicionales que pueden discutirse en aras de posibilitar una estrategia efectiva y realista para conseguir de manera pronta avances significativos hacia el logro del acuerdo humanitario de intercambio, sin duda aspecto central lo constituye el mantener y reforzar las distintas formas de presión y movilización social en demanda y en apoyo a tal objetivo. Por supuesto que éste asunto no expresa sino una faceta de la más amplia y compleja agenda humanitaria y que la aspiración de mediano plazo es la recuperación de la paz, pero en la actualidad puede decirse que constituye un reto inmediato y necesario para potenciar tales propósitos.

Álvaro Villarraga Sarmiento
Presidente de la Fundación Cultura Democrática

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org