Los medios de comunicación se han erigido en los últimos tiempos en un poder intocable que se esconde permanentemente tras el inviolable derecho a la “libertad de expresión”.

Sin embargo, en Bolivia, tras los graves acontecimientos que vive ese país en los últimos días, colofón de una campaña soterrada por meses de la derecha, nuevamente se pone en cuestión ese pretendido carácter de intocabilidad. Éste, al igual que otros como el de la objetividad, el pretendido trabajo profesional, etc., que se les supone y que se encargan permanentemente de mostrar como bandera de su labor.

Las transformaciones que se abordan en Bolivia tras, recordemos una vez más, la victoria democrática del presidente Evo Morales con un 54% de los votos en diciembre de 2005 (nunca antes se había alcanzado tal mayoría por ningún presidente precedente), son un peligro para los privilegios de una minoría. Aquella que históricamente ha detentado los poderes políticos y económicos y que, en veinte años de neoliberalismo, arrojó con sus medidas a prácticamente las ¾ partes de los nueve millones de habitantes del país a la pobreza y miseria extrema. Esto mientras ellos acumulaban ingentes riquezas, además de todos los resortes del estado. Las mismas minorías que respaldaron la entrega de los recursos naturales a las transnacionales, o que provocaron más de setenta muertos en los sucesos de la llamada “guerra del gas” en octubre de 2003.

Mientras esas situaciones reinaban en el país con mayor desigualdad de la parte sur del continente americano, los medios de comunicación del mismo respaldaron plenamente el sistema establecido; se le llamaba democracia. Evidentemente, estaba el hecho de que entonces como ahora la práctica totalidad de esos medios de comunicación están en manos de tres o cuatro grupos económicos, totalmente afines a la derecha del país y a otros intereses en la misma línea (por ejemplo, el canal de televisión ATB pertenece al grupo PRISA).

El miedo a perder los privilegios cuasicoloniales y los prejuicios racistas marcan la impronta de la llamada hoy “oposición democrática” y que se presenta como los “adalides de la libertad” frente al gobierno democráticamente elegido y a las transformaciones que éste impulsa con el pleno respaldo de los movimientos sociales e indígenas. Y en una campaña perfectamente orquestada, con apoyos internacionales varios (embajada de EE.UU., transnacionales y algunos otros gobiernos y fuerzas políticas de la democrática Europa), llevan meses obstaculizando dichos cambios (hasta 100 leyes “duermen el sueño de los justos” en el senado controlado por la derecha) y bloqueando los trabajos de la Asamblea Constituyente, la cual ya ha tenido que ampliar su mandato, a fin de desgastar al gobierno con su fracaso.

En esa campaña, los medios de comunicación también juegan su papel asignado. De una parte, mediante el amordazamiento o despido de aquellos periodistas no suficientemente críticos con el gobierno; de otra, mediante la creación de un clima de crispación y tensión que lleve al enfrentamiento entre sectores sociales y que traiga un patente clima de inestabilidad al país suponiendo el debilitamiento absoluto del proceso de transformaciones sociales, políticas y económicas que la mayoría de la población refrendó con sus votos en las urnas.

Para ello no han dudado en hacer claros llamamientos al levantamiento civil, a la sedición frente al gobierno legítimo y hacer uso de su lenguaje más racista hacia los pueblos indígenas (“macaco menor”, “hediondos”, “llamas”....) exacerbando el enfrentamiento regional o buscando la fractura social. De esto hay multitud de ejemplos a poco seguimiento que se haga de los medios de comunicación en los últimos meses, y esto tanto en Bolivia como en otros países (no hay más que recordar las campañas de ridiculización de diversos medios de comunicación españoles hacia el presidente Morales en diversos momentos).

Y ahora, cuando hay muertos en las calles, siguen manipulando sin ninguna vergüenza, olvidándose de su tan proclamado código ético y compromiso con la verdad. Las líneas editoriales están claramente definidas y constituyen a los medios de comunicación en una herramienta estratégica al servicio de los intereses de la derecha para derrocar un gobierno del cual ésta tuvo que salir precisamente mediante el acto que se defiende como el summum de la democracia: las elecciones.

Esos medios, como por ejemplo las principales cadenas televisivas Unitel y ATB, ahora hacen continuos llamamientos a la renuncia del presidente legítimo, acusándole de ser el principal responsable de los actos de vandalismo y racismo protagonizados por la élite blanca universitaria, mientras ocultan, otro ejemplo, el hecho demostrado de que el primer ciudadano muerto lo fue por una bala de un calibre que no utiliza la policía que, además, no portaba armas de fuego durante los enfrentamientos. Ocultan también de forma masiva el discurso dirigido a la nación por el presidente, explicando los pormenores de la Constitución aprobada en la Asamblea y cómo deberá ser ratificada en referéndum, además de que la policía tiene orden de no disparar y que se abrirá una investigación imparcial para tener respuestas a todas las interrogantes de los luctuosos hechos. Mientras, dan amplia cobertura a los encendidos llamamientos de los dirigentes de la derecha a la revuelta y a la desobediencia civil generalizada, así como al insulto racista hacia las organizaciones indígenas, sociales y al propio presidente, o a llamamientos al ejército para un golpe de estado; ellos, los que ahora se presentan como máximos defensores de la democracia.

Todo esto demuestra, como anteriormente se ha puesto también de manifiesto en otros países de ese mismo continente americano, que los medios de comunicación en su mayoría hoy son un engranaje más de los grandes grupos económicos y políticos de la derecha y que como tales, cumplen con un papel muy determinado: la manipulación de la información al servicio de los intereses de esos sectores, tanto locales como internacionales. Y por ello mismo, deberían ser los propios medios de comunicación (los otros medios) quienes denunciaran esta situación, destapando intereses y verdades ocultas a la mayoría de las sociedades y pueblos. Así se podría recuperar la credibilidad perdida sobre la “objetividad” de estos medios y su fin informativo, no manipulativo. Bolivia es un ejemplo más, donde también se puede librar una batalla en defensa del buen periodismo, aquel que antepone a los intereses económicos la verdad al servicio de toda la sociedad.

Jesús González Pazos
Miembro de Mugarik Gabe
Bilbao (Bizkaia)