A diferencia del petróleo y la minería, el debate sobre si la biodiversidad debe ser nacionalizada o no, no es tan sencillo.

El término biodiversidad fue acuñado en los años 1980, y desde su definición ya es problemática.

En 1992 se adoptó el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), e incluyó entre los componentes de la biodiversidad, a la variabilidad que existen en los genes dentro de un organismo, a la diversidad de especies y de ecosistemas.

Al tratarse de cuestiones tan diferentes, y con implicaciones sociales y culturales de tan diversa índole, cualquier intento de regular bajo una misma norma a lo que se reconoce como biodiversidad va a ser muy complicado.

Por ejemplo, el concepto de biodiversidad incluye tanto a la variabilidad de semillas de un cultivo como el maíz (al que el CBD llama recursos genéticos) como a nuevos conceptos de manejo de la biodiversidad como son los corredores biológicos, que incluyen ecosistemas compartido por más de un país, pasando por las especies migratorias que visitan nuestros mares territoriales en alguna época del año.

Para complejizar aun má la cosa, los conocimientos de los pueblos indígenas, comunidades negras y otras poblaciones locales, están también contempladas en el convenio de biodiversidad.

Entonces volvemos a preguntarnos ¿debe nacionalizarse la biodiversidad?

Este no es un debate nuevo en el seno de las organizaciones sociales en el mundo, y se originó en la diferente forma de mirar esta problemática que tienen dos organizaciones que forman parte del sistema de las Naciones Unidas como son la FAO y el CBD.

La FAO, que trabaja con aquella biodiversidad relacionada con la agricultura y la alimentación, y que la FAO llama recursos genéticos, estableció que la biodiversidad es un patrimonio común de la humanidad. Este principio, que pudo tener una base altruista, provocó que empresas relacionadas con el negocio de las semillas y el fitomejoramiento, hicieran un uso abusivo de la biodiversidad, pues la usaron como base para el desarrollo de nuevas variedades a las que luego les aplicaron derechos de propiedad intelectual. Y fue así como estas empresas ganaban ingentes cantidades de dinero, las poblaciones que crearon y conservaron esa biodiversidad no recibían nada a cambio. Surge el concepto de biopiratería.

Es bajo ese razonamiento que en el seno del convenio de biodiversidad, los países que poseen altos niveles de biodiversidad, demandaron que se reconozca la soberanía de los Estados sobre la biodiversidad.

Este fue un proceso de negociación entre los países que poseen y los que no poseen biodiversidad. Porque el CBD reconoce el derecho soberano de los Estados sobre la biodiversidad (y de los recursos genéticos), pero también establece que ningún país puede negar a otro el acceso de estos recursos. La negociación continuó en un tira y afloja, hasta que los países del Sur, consiguieron que se establezca que este acceso debe ser hecho bajo términos mutuamente acordados, y que debe haber una repartición equitativa de los beneficios que genere esa biodiversidad.

Se reconoce además la posibilidad de establecer derechos de propiedad intelectual de esa biodiversidad, lo que en la práctica significa una sesión de la soberanía.

El CBD además incluyó una cláusula sobre conocimientos tradicionales, que establece también que su uso comercial debe incluir una repartición de beneficios a las comunidades que han generado ese conocimiento.

Aquellos que han dado seguimiento a las negociaciones de la FAO consideraron que estas resoluciones de la CBD son abominables, porque limita el acceso que debe tener toda persona o nación a la biodiversidad. El análisis que se hace es que a través de sus derechos soberanos, lo que hace el Estado es ceder esa soberanía a empresas privadas (en la mayoría de caso, empresas transnacionales), y de esa manera se abre la puerta para la privatización de la biodiversidad.

Sin embargo, con el sistema del régimen abierto (es decir el que establece que la biodiversidad es patrimonio de la humanidad) también es posible la aplicación de derechos de propiedad intelectual. Este sistema es defendido tanto por empresas privadas ligadas sobre todo al sector de las semillas, como por el gobierno de Estados Unidos, que no es parte del CBD.

Pero no son solo ellos quienes defienden el régimen abierto. También lo defiende la Vía Campesina, la más importante organización campesina del mundo, y se sustenta en el hecho que las semillas, debe ser compartida como siempre lo ha sido desde los orígenes de la agricultura hace diez mil años. Es en este flujo donde la biodiversidad se recrea, se incrementa y se conserva. Lo que no fluye, se erosiona. Lo mismo sucede con los conocimientos asociados a esa biodiversidad.

Luego de analizar este principio a la luz de que las semillas han sido objeto de propiedad intelectual, la Vía Campesina amplió su principio en los siguientes términos. “Semillas patrimonio de la humanidad, al servicio de los pueblos”. Al incluir en el principio que las semillas deben estar al servicio de los pueblos, están dando por sentado que no es para el servicio de las empresas.

Si embargo, la biodiversidad no se limita a las semillas.

La biodiversidad incluye además por ejemplo a las plantas medicinales, muchas de ellas con importantes principio activos que son ambicionados por la industria farmacéutica.
El conocimiento sobre el uso de estas plantas está con frecuencia en las manos de shamanes, taytas, yachas, que por la forma misma como se genera y se conserva ese conocimiento, no puede ser compartido sino por un pequeñísimo número de miembros de la comunidad, quienes son los custodios de esos conocimientos.

¿Debe ser este conocimiento y la biodiversidad asociada, patrimonio de la humanidad?

¿Debe ser patrimonio de la Nación, sobre el cual es Estado ejerce derechos soberanos?

Las respuestas no son tan simples.

Movámonos ahora a analizar lo que pasa con lo que se llama la vida silvestres, es decir animales salvajes que cumplen un papel muy importante en las economías de susbsistencia de muchas comunidades locales. Hay muchas comunidades que completan su dieta alimenticia en base de la cacería y la pesca. Están además los pescadores artesanales que viven del extractivismo de vida silvestre, y están las concheras, los cangrejeros…

¿qué sucederá con la recolección, pesca y caza si se nacionaliza la biodiversidad? ¿qué pasará con esas poblaciones que han vivido tradicionalmente de esas actividades?

¿se puede nacionalizar los cardúmenes de peces que pasan frente a nuestras costas? ¿qué sucede cuando el cardumen deja nuestros mares y se van al Perú?

La biodiversidad, ha diferencia del petróleo y los minerales, son la base de sobrevivencia de esas comunidades.

Pero el problema no termina ahí.

La biodiversidad incluye además a los ecosistemas, y con el desarrollo de los llamado corredores biológicos, ecorregiones o otras formas de manejo de grandes espacios que pueden llegar a cubrir extensiones mayores al tamaño de países pequeños como Costa Rica, y que atraviesan a más de un país (como es el caso del corredor Chocó Manabí, que cubre más de 50.000 Km2 y que es manejado por Conservación Internacional).

¿Cómo ejercen soberanía los Estados sobre estos corredores, propuestos y manejados por organizaciones internacionales de conservación? ¿O deben ser patrimonio de la humanidad? Organizaciones como Conservación Internacional, defienden el libre acceso a la biodiversidad y régimen abierto.

¿O que pasa con la conservación privada, donde organizaciones extranjeras compran grandes superficies del territorio de un país, para su preservación? Es especialmente preocupante el programa “adopte una hectárea” en los que individuos privados del primer mundo compran hectáreas de ecosistemas críticos para su conservación. Hay reservas que pueden tener entre 10.000 y 15.000 Ha.

¿A quien pertenece esa biodiversidad?, o aun más, ¿cómo el Estado Ecuatoriano ejerce soberanía sobre esa biodiversidad, cuyo dueño es un grupo de individuos no diferenciado y difuso?

¿Quién toma las decisiones sobre esos amplios espacios de territorio nacional?

Pero la cuestión de los ecosistemas es aun más complejo, porque frente al escenario descrito arriba, sería muy fácil decir que en ese caso si procede la nacionalización de la biodiversidad.

Pero en los ecosistemas viven poblaciones humanas, que dependen de ese espacio para su reproducción material y espiritual.

Y es en esos ecosistemas donde el ambientalismo de mercado crea los llamados servicios ambientales, los mismos que pueden ser vendidos, negociados, transados.

Si la biodiversidad es nacionalizada, al igual que el petróleo puede ser vendida, cedida, etc.

En ese escenario, ¿qué pasa con las comunidades que pierden el derecho de uso de ese “servicio ambiental”?. Al igual que el petróleo, la venta de servicios ambientales puede generar rentas para el Estado, pero a costa de la sobrevivencia de las comunidades locales que precisamente han cuidado y conservado ese ecosistemas bajo unas condiciones tales, que debido a ello, su territorio puede brindar los servicios, que luego son vendidos.

El debate sobre la nacionalización debe ser hecho junto con el debate sobre las autonomías. Algunas comunidades sobre todo de la amazonía defienden el concepto de soberanía sobre su territorio y recursos, incluyendo la biodiversidad.

En ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución, algunos líderes han negociado todo su territorio con empresas o individuos a quienes les entregan el derecho de negociar su territorio y biodiversidad con terceros (incluyendo la venta de servicios ambientales, bioprospección, extracción de recursos, etc.) a cambio de una suma de dinero.

Los impactos sobre otros miembros de la comunidad y las futuras generaciones que tienen derecho a ese territorio y a esos recursos, pueden ser enormemente perjudiciales.

Con estos antecedentes es necesario preguntarse

¿El reconocimiento de los derechos de soberanía de los Estados sobre la biodiversidad y los recursos genéticos, constituyó un avance o un retroceso en el proceso de la comercialización de la vida?

Todo depende de la interpretación que demos a la soberanía. Esta puede entenderse como:

* la existencia de un Estado que organiza el acceso de los recursos genéticos a las transnacionales que industrializan la vida
* un Estado que defienda la soberanía nacional, pero que ve en la biodiversidad una fuente para mejorar sus rentas
* un Estado que, en representación de toda la nación, obedece a los intereses colectivos, incluyendo los derechos de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la salud pública, el mejoramiento de la calidad de vida y la conservación de los recursos naturales.


Dado que he planteado demasiadas interrogantes, solo quiero presentar aquí un par de certezas:

La vida no puede ser objeto de mercantilización.

No puede ser privatizada ni a través de derechos de propiedad intelectual, venta de servicios ambientales, biocomercio y otras formas que puedan surgir.

Nota

[1] FAO es la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación

Elizabeth Bravo – Acción Ecológica