Las mujeres de blanco que yo vi congregadas en el Parque Nacional, no las detuvo la lluvia pertinaz ni el cielo metálico sobre San José, porque todo se transformó luego en entusiasmo y en civismo, en hojas sueltas, cantos, sonrisas y abrazos para decirle a la patria que no esta sola o, mejor dicho, que no estamos solos. Mujeres de todas partes del país, profesionales, poetisas, amas de casa, maestras y académicas, humildes y generosas, estaban ahí para proclamar su indignación sobre lo que nos quieren dejar: un país al arbitrio de las oligarquías locales e internacionales que lucrarán con las medicinas, la salud, el agua y la vida de todos los costarricenses.

Por supuesto, la prensa comercial solo publicó algunos extractos que minimizaron la importancia de esa convocatoria, y le dio maliciosamente cobertura a otros actos de menor calado. Ahora, más de un articulista temeroso sale con el disparate de que cuestionar la decisión de los jueces constitucionales es un acto de sedición a la patria, un llamado al desconocimiento de la institucionalidad democrática costarricense, posición que confunde a su favor el respeto a la legalidad, con el derecho de los ciudadanos de discrepar de las decisiones de los poderes públicos, cuando se tienen razones éticas y políticas para hacerlo. Reacción típica de más de un macho asustadizo que teme a esas mujeres de blanco, madres, abuelas, tías y esposas que en un acto de civismo y amor por Costa Rica cuestionaron ese día una decisión que es legal y apegada a derecho -eso nadie lo pone en duda- pero que ha sido interpelada por horas de sabiduría y conocimiento académico, fruto de los mejores especialistas del país en todas las áreas; decisión de mayoría que no estuvo en concordancia con los contenidos éticos que sostienen la legitimidad del Estado Social y Democrático de Derecho (derecho a la salud, a la protección social, a la seguridad jurídica, a la libertad y la igualdad), como resultado de décadas de luchas ciudadanas, de políticos lúcidos y de jueces sabios que edificaron una sociedad democrática inclusiva y solidaria y que un grupo de jueces (cinco) desconoce como fundamentales para proteger a la sociedad costarricense en uno de los momentos más voraces de la globalización capitalista.

Las mujeres de blanco en el Parque Nacional, un puño de palomas contra el cielo plomizo de julio, flecha de coraje que levantó ese día el ánimo de una parte de la sociedad costarricense que aún esperaba que en la Sala Constitucional prevalecería mayoritariamente la cordura y la defensa de la democracia costarricense.

Las mujeres de blanco que yo vi son la desobediencia civil de amor por Costa Rica, que no ha recurrido a financiamiento externo para luchar por lo que cree, que sabe por intuición y por sabiduría que no hacen falta proclamas ni llamados a la guerra o a la sedición para defender con ternura y con vigor a este país.

Las mujeres de blanco, ese día y sin proponérselo, empezaron a exigir transparencia a un poder distante para la mayoría de los costarricenses, oculto a la tutela pública de los ciudadanos de a pie (no digo de la prensa comercial que informa cuando le interesa) y protegido por un velo de intocabilidad que le aísla y le preserva del control ciudadano. Ese día las mujeres de blanco pusieron el dedo sobre la llaga de lo que ya empieza a ser evidente: ¿quiénes son los jueces de la Sala Constitucional que en nombre de todos los costarricenses toman decisiones? ¿Los conocemos realmente? ¿Cuál es la trayectoria de cada uno de ellos? ¿Qué prestigio precede a sus nombres? ¿Qué resoluciones han marcado la jurisprudencia costarricense en nombre no solo del derecho, sino de la justicia?