México DF

En el marco de impunidad que impera en el país ante las agresiones a periodistas y medios de comunicación se da el caso de que Claudio Tiznado del periódico Géneros que después de haber sido agredido físicamente, optó por pedir asilo en el extranjero.

El reportero, que laboraba en el periódico bimensual Géneros, que se encuentra en Hermosillo, Sonora, ciudad ubicada al norte del país, sufrió una agresión a finales de abril del año en curso, a esta agresión se la relaciona con una serie de artículos de investigación que se publicaron con respecto al tráfico de drogas en donde se veían involucrados políticos y policías corruptos en la población de Cananea, municipio del estado de Sonora.

Tiznado no levantó ninguna denuncia ante las autoridades competentes ante la agresión que recibió, sino que, a consecuencia de la misma, decidió pedir asilo en los Estados Unidos de América, específicamente en el estado de Arizona.

Muy poca se información se ha obtenido acerca de este caso ya que el occiso guarda total hermetismo al respecto y es poca información la que se ha difundido acerca del caso.

Cabe la pena mencionar que en los últimos dos años, siete periodistas han sido reportados como desaparecidos en México, uno de estos casos fue el de Alfredo Jiménez Mota, quien desapareció en abril 2 del 2005 mientras trabajaba para el periódico El Imparcial, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y el pasado 16 de abril, el reportero Saúl Noe Martínez Ortega, quien trabajaba para el Interdiario de Agua Prieta, quién fue secuestrado frente a la estación de policía de Agua Prieta, Sonora, y su cuerpo fue encontrado en el estado de Chihuahua una semana después.

El Centro Nacional de Comunicación Social, reitera su preocupación por la serie de agresiones que han sufrido los comunicadores por su labor periodística y sobre todo por el clima de impunidad que impera en tales casos. Exigimos una pronta acción del gobierno para que se investigue y se castigue a los responsables de estos ataques, ya que violentan la libertad de expresión en México, la cuál el Estado está obligado a salvaguardar.