Buenos Aires

Los sectores hegemónicos venezolanos y de América Latina pretenden desestabilizar e incluso atentar contra Chávez. Comunicadores e intelectuales de todo el mundo desnudaron las maniobras mediáticas.

No debe provocar sorpresa. La derecha venezolana y los sectores hegemónicos en América Latina, auspiciados por el gobierno de Estados Unidos y las facciones políticas más recalcitrantes de la Unión Europea (UE), se lanzaron con furia contra la Revolución Bolivariana después de que el presidente Hugo Chávez, cumpliendo con la Constitución y las leyes de su país, denegara la renovación de la licencia al canal RCTV y advirtiera que tomará medidas contra los otros medios privados que convoquen a la violación del orden legal y pregonen el asesinato del primer mandatario, como por ejemplo lo viene haciendo la cadena Globovisión

Podría afirmarse que la medida gubernamental evidenció una situación que se mantiene latente en Venezuela: la confrontación creciente entre las grandes mayorías de la sociedad, que reiteradamente respaldan al gobierno en las urnas, y elementos de las clases sociales dominantes, manipuladoras con relativa eficacia de sectores medios, lamentablemente receptores de un discurso racista y antidemocrático.

¿Por qué la salida del aire de un canal de televisión despertó las iras de la derecha como si de una expropiación de bienes y propiedades se tratara? Porque de esa manera se les recorta la posibilidad de contar, en forma impune, con una maquinaria propagandística que les permite crear discursos convalidantes de sus privilegios, como si éstos fueran inmutables o de orden natural.

Durante las “Jornadas Internacionales: el derecho ciudadano a informar y a estar informado” y el V Encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, eventos realizados la semana pasada en Caracas y Cochabamba (Bolivia) respectivamente, decenas de especialistas revisaron el papel que están cumpliendo las grandes corporaciones mediáticas para frenar los procesos de transformación política, defender gobiernos reaccionarios y desestabilizar proyectos democráticos de amplia base social, a la vez que articular un sistema complejo de mensajes gestadores de negocios y acumulación financiera y económica.

Es en ese sentido que, durante esas jornadas, se reclamó, entre otros puntos, que los medios deben dirigirse “a ciudadanos y no a consumidores”, para ponerle punto final a una matriz comunicacional que tanto vende jabones y teléfonos celulares como presidentes y programas de gobierno diseñados en los centros de elaboración estratégica del sistema corporativo transnacionalizado.

En el marco de ricas discusiones, en ambos foros se plantearon dos conceptos que en buena medida pueden resultar útiles para analizar la dialéctica “democracia y revolución – golpismo y privilegios de clase” que se registra en Venezuela.

Por un lado se afirmó que toda guerra comienza en los medios de comunicación y más específicamente en la campaña de mentiras que los mismos difunden a través de redes y circuitos globalizados. Por el otro, y recordando que los medios son eso, solamente medios, mientras que el único entero es el conjunto de la sociedad, se destacó que el poder de aquellos no es infalible: que la capacidad operativa y de éxito de los medios de comunicación es inversamente proporcional a las energías y logros que los movimientos sociales tengan en cuanto a dinámica y organización.

Sobre el escenario venezolano se despliegan todos los efectos de esa tención. Observatorios específicos –como el realizado en torno a la jornada electoral del 3 de diciembre último -, monitoreos y comprobaciones hechas sobre el comportamiento de los principales medios privados arrojaron como resultado que la campaña de mentiras contra el gobierno de Chávez no sólo es una constante local sino que se articula con los discursos emitidos desde el entramado corporativo – mediático internacional. En ese sentido, basta con seguir de cerca la campaña desinformativa que despliega las varias veces denunciada cadena CNN.

Sin embargo, ese mismo escenario sirve como ejemplo concreto de la capacidad de éxito relativo que tiene la manipulación mediática, pues la decisión de soberanía y democracia comunicacional adoptada por el gobierno de Chávez en el caso RCTV fue posible por el alto grado de movilización social de los más amplios sectores del pueblo venezolano, base desde la cual el presidente bolivariano pudo desplegar todo su coraje político.

Será entonces la organización y la movilización social la que pueda detener la dictadura mediática del grupo Televisa en México, del Grupo Clarín y otros menores en Argentina, país este en el que la sociedad es sometida a una realidad comunicacional tan reaccionaria y obscena que, por ejemplo, el fenómeno mundial del mercado televisivo llamado Gran Hermano llegó a incluir entre sus protagonistas a figuras de la farándula vinculadas a torturadores de la última dictadura militar, los que, dicho sea de paso, en su abrumadora mayoría aun gozan de total impunidad.

En Bolivia, otro de los países que están en la mira de las campañas de la mentira, ya se podía afirmar en 2005 que “el fenómeno de la desconfianza hacia los medios bien puede ser visto específicamente desde la construcción del discurso periodístico, en el que se advierte una tendencia casi constante, en los últimos años, a la criminalización de la protesta”, según explicaba por aquél entonces el libro “De enteros y medios de comunicación”, de Adalid Contreras Baspineiro, editado en La Paz por CEDLA.

Con la irrupción del gobierno transformador de Evo Morales, la corporación mediática se concentró en la generación de discursos descalificadores del presidente y tergiversadores de los acontecimientos sociales, económicos y políticos que se registran en el país del Altiplano. Esa tendencia se había impuesto ya, en forma descarnada, durante el proceso electoral que condujo a Morales a la primera magistratura, según se comprueba en los Observatorios que pueden consultarse en la página electrónica de APM.

Tales conductas de los medios hegemónicos en el plano simbólico se apoyan sobre una economía política con altos índices de concentración corporativa.

Así lo señalan los investigadores argentinos Guillermo Mastrini y Martín Becerra en el libro “Periodistas y Magnates: Estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina” (Prometeo, Buenos Aires, 2006): “los procesos de concentración de medios – en esa región – no son nuevos ni desconocidos (…). En la década del ´90 se llevó a cabo un proceso de privatización que, con la excepción de Uruguay, determinó que el conjunto de las empresas de telecomunicaciones pasaran a estar controladas por capitales privados, en muchos casos extranjeros (…), oligopolios privados”.

“En prácticamente la totalidad de las industrias analizadas y en casi todos los países, la suma de los cuatro primeros operadores – de medios de comunicación – supera el 50 por ciento del mercado. Esta cifra puede ser ponderada si se contempla que en la industria farmacéutica, que tradicionalmente manifiesta una propensión marcada a la concentración y al dominio de pocas firmas, los cinco actores del mercado mundial acaparan el 20,6 por ciento de la producción de unidades y el 24,5 por ciento de la facturación, en tanto que los 10 primeros grupos controlan el 34 por ciento de la producción y el 40,3 por ciento de la facturación”, concluye el trabajo de los investigadores argentinos.

El trabajo de Mastrini y Becerra incluye los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

En hora buena entonces las iniciativas surgidas durante el V Encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, realizado la semana pasada en Cochabamba. En ese sentido se aprobó la creación de un Tribunal que siga y desnude la estrategia de mentiras llevada adelante en el marco de la guerra mediática desatada por el campo hegemónico.

Además, y como iniciativa surgida de una de las cuatro mesas en las que se dividió el desarrollo de esas jornadas, se pusieron en marcha las labores de un grupo propulsor –integrado por especialistas de América Latina y Europa-, tendiente al establecimiento de un Observatorio de Medios, el que, con una metodología específica y sobre casos concretos, no sólo podrá proveerle materiales de análisis al Tribunal sino que también estará en condiciones de demostrar, con ejemplos puntuales cómo en cada escenario se manifiestan las agresiones comunicacionales de la corporación mediática transnacionalizada.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina

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