Joseph Stiglitz en Ecuador:
¡Atención con el TLC!
30/07/2006
- Opinión
El anuncio, este 24 de julio, de la suspensión indefinida de las negociaciones de la Ronda de Doha en la Organización Mundial del Comercio -OMC-, constituye un nuevo e importante logro para los movimientos sociales que luchan contra el modelo neoliberal, que tanto daño ha hecho a los países del Sur y a las grandes mayorías en el mundo.
Esta interrupción es un signo más que la resistencia a las agendas impuestas desde el Norte ya no es solamente bandera de lucha de los movimientos sociales, sino que un número creciente de gobiernos del Sur están asumiendo una postura más firme de defensa de sus intereses, cuestionando un modelo de globalización que en nada favorece a las economías débiles.
En Ecuador, justamente, el debate sobre su inserción en la economía global se ha reavivado, incluso en las esferas oficiales, luego de la suspensión indefinida de la negociación del Tratado de Libre Comercio -TLC- con EE.UU. La decisión tomada por Washington en abril-mayo de este año, constituye una respuesta a la adopción de la Ley de Hidrocarburos, que permitirá a Ecuador percibir un mayor porcentaje de los ingresos de exportación de petróleo de las empresas concesionarias en el país, como también a la anulación del contrato con la petrolera norteamericana Occidental, ambas, demandas fundamentales de las movilizaciones indígenas que paralizaron las carreteras durante el mes de marzo. Esta reacción de EE.UU. provocó expresiones de indignación en amplios sectores del país, con lo cual el apoyo que aún concitaba el cuestionado TLC se ha ido desmoronando.
En este contexto, resulta significativo que la Cancillería de la República haya invitado, a inicios de julio, al Premio Nóbel de Economía norteamericano, Joseph Stiglitz, como expositor principal de un seminario sobre “Ecuador en el Escenario Global”. Stiglitz fue economista jefe del Banco Mundial y asesor económico del presidente Bill Clinton, pero ha desarrollado una postura muy crítica a las políticas de las instituciones financieras internacionales de cara a los países del Sur. Además, es férreo crítico de la administración Bush y del llamado “libre comercio” que impulsa, puesto que estos tratados “no son ni libres ni justos¼ EE.UU. mantiene sus subsidios agrícolas y sus barreras no arancelarias y hace enormes intromisiones en otras áreas (inversiones, medio ambiente, impuestos, propiedad intelectual)”. “EE.UU. no negocia, exige”, destacó.
Stiglitz, afirma que la agenda comercial global está sesgada en contra de los países en desarrollo: “Los aranceles que los países industrializados más avanzados aplican a los países en desarrollo son cuatro veces más altos que los que aplican a otros países desarrollados”. La Ronda Uruguay en la OMC empeoró las cosas, haciendo que “hoy los países más pobres estén realmente en peores condiciones”, por lo que considera que puede ser mejor ningún acuerdo, antes que un mal acuerdo. La Ronda de Doha, tal como se ha estado negociando en la OMC, no cumple con su pretensión de ser la “Ronda del desarrollo”.
Los países que han firmado TLCs con EE.UU. pueden sacar beneficios para algunas exportaciones, pero enfrentan nuevos riesgos y restricciones, cuyos costos bien pueden ser mayores que las ganancias. En el caso de Chile, que en años anteriores se protegió del impacto del capital golondrina con restricciones a las inversiones de corto plazo, desde que firmó el TLC, ya no podrá hacerlo sin pagar un alto precio. Así el país quedará más vulnerable ante una nueva crisis en el mercado mundial de capitales, cuyo costo podría ser enorme.
En cuanto al impacto de la primera década del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en México, este país ha tenido un crecimiento menor que en décadas anteriores. La disparidad entre México y EE.UU. ha aumentado y los empleos que se generaron al inicio se fueron perdiendo hacia el final de la década. Los bancos extranjeros bien pueden haber contribuido a la reducción de créditos, al discriminar a los pequeños productores. Es más, los más pobres -los productores de maíz- se empobrecieron aun más como resultado de los altos subsidios al maíz que concede EE.UU. Para los mexicanos, los reducidos ingresos arancelarios significaron menos dinero para inversiones necesarias.
Entre los aspectos más perjudiciales de los TLCs, Stiglitz advirtió sobre los acuerdos de inversión, que otorgan derechos a inversionistas extranjeros incluso mayores que los que se dan a inversionistas nacionales. Citó como ejemplo el capítulo 11 del TLCAN, que estipula que si un reglamento nacional disminuye el valor de la propiedad de una empresa, ésta debe ser compensada. Se ha aplicado, entre otros, en el caso de medidas de protección ambiental, donde las empresas que se consideran afectadas han demandado grandes sumas en compensaciones.
Stiglitz cuenta que cuando el lobby empresarial intentó introducir medidas similares en EE.UU., fueron derrotadas en el Congreso, (entre otros por la oposición del Consejo de Asesores Económicos de la administración Clinton, que él lideraba). Pero confiesa que su inclusión en el TLCAN, escondidas entre los miles de páginas del acuerdo, escapó a la atención del equipo. Por lo mismo, aconseja mirar con mucho cuidado los capítulos de inversión antes de firmar un acuerdo.
Otro aspecto a ver con desconfianza son las cláusulas sobre propiedad intelectual, tema que, según el Premio Nóbel, nunca debería ser incluido en los acuerdos comerciales. Las disposiciones de la Ronda Uruguay sobre PI no eran equilibradas, pues “representaban los intereses de la industria del espectáculo y las farmacéuticas de EE.UU.”. Incluso las considera malas para las ciencias de los propios EE.UU., y del mundo entero. No protegen los intereses de los países en desarrollo y aumentan los riesgos de la aparición de monopolios.
El argumento de que estimulan la inversión en investigación de medicinas sería falso, pues las empresas farmacéuticas destinan más dinero a la publicidad que a las investigaciones, y destinan más recursos a las medicinas que mejoran el estilo de vida que a aquellas que salvan la vida de las personas, y mucho menos a las enfermedades que más afectan a los países en desarrollo. Si tales países brindan servicios medioambientales globales, como la biodiversidad y la captura de carbono, cuyo valor supera toda la ayuda externa que reciben, entonces deberían recibir una compensación por estos servicios.
Teniendo en cuenta estos y otros factores, antes de que un país en desarrollo acepte firmar un tratado de libre comercio, le conviene sopesar las posibles pérdidas contra las eventuales ganancias. En el caso del TLC Ecuador -EE.UU., las ganancias inmediatas, que beneficiarían principalmente a unos cinco sectores de producción, podrían sumar apenas unos 30 millones de dólares anuales. Comparado con otros costos directos o indirectos, el país tiene más probabilidades de salir perdiendo. Es lo que los movimientos sociales vienen argumentando desde hace algunos años; pero tal vez hacía falta que lo diga un Premio Nóbel de la Economía, para que algunos comiencen a escuchar.
Esta interrupción es un signo más que la resistencia a las agendas impuestas desde el Norte ya no es solamente bandera de lucha de los movimientos sociales, sino que un número creciente de gobiernos del Sur están asumiendo una postura más firme de defensa de sus intereses, cuestionando un modelo de globalización que en nada favorece a las economías débiles.
En Ecuador, justamente, el debate sobre su inserción en la economía global se ha reavivado, incluso en las esferas oficiales, luego de la suspensión indefinida de la negociación del Tratado de Libre Comercio -TLC- con EE.UU. La decisión tomada por Washington en abril-mayo de este año, constituye una respuesta a la adopción de la Ley de Hidrocarburos, que permitirá a Ecuador percibir un mayor porcentaje de los ingresos de exportación de petróleo de las empresas concesionarias en el país, como también a la anulación del contrato con la petrolera norteamericana Occidental, ambas, demandas fundamentales de las movilizaciones indígenas que paralizaron las carreteras durante el mes de marzo. Esta reacción de EE.UU. provocó expresiones de indignación en amplios sectores del país, con lo cual el apoyo que aún concitaba el cuestionado TLC se ha ido desmoronando.
En este contexto, resulta significativo que la Cancillería de la República haya invitado, a inicios de julio, al Premio Nóbel de Economía norteamericano, Joseph Stiglitz, como expositor principal de un seminario sobre “Ecuador en el Escenario Global”. Stiglitz fue economista jefe del Banco Mundial y asesor económico del presidente Bill Clinton, pero ha desarrollado una postura muy crítica a las políticas de las instituciones financieras internacionales de cara a los países del Sur. Además, es férreo crítico de la administración Bush y del llamado “libre comercio” que impulsa, puesto que estos tratados “no son ni libres ni justos¼ EE.UU. mantiene sus subsidios agrícolas y sus barreras no arancelarias y hace enormes intromisiones en otras áreas (inversiones, medio ambiente, impuestos, propiedad intelectual)”. “EE.UU. no negocia, exige”, destacó.
Stiglitz, afirma que la agenda comercial global está sesgada en contra de los países en desarrollo: “Los aranceles que los países industrializados más avanzados aplican a los países en desarrollo son cuatro veces más altos que los que aplican a otros países desarrollados”. La Ronda Uruguay en la OMC empeoró las cosas, haciendo que “hoy los países más pobres estén realmente en peores condiciones”, por lo que considera que puede ser mejor ningún acuerdo, antes que un mal acuerdo. La Ronda de Doha, tal como se ha estado negociando en la OMC, no cumple con su pretensión de ser la “Ronda del desarrollo”.
Los países que han firmado TLCs con EE.UU. pueden sacar beneficios para algunas exportaciones, pero enfrentan nuevos riesgos y restricciones, cuyos costos bien pueden ser mayores que las ganancias. En el caso de Chile, que en años anteriores se protegió del impacto del capital golondrina con restricciones a las inversiones de corto plazo, desde que firmó el TLC, ya no podrá hacerlo sin pagar un alto precio. Así el país quedará más vulnerable ante una nueva crisis en el mercado mundial de capitales, cuyo costo podría ser enorme.
En cuanto al impacto de la primera década del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en México, este país ha tenido un crecimiento menor que en décadas anteriores. La disparidad entre México y EE.UU. ha aumentado y los empleos que se generaron al inicio se fueron perdiendo hacia el final de la década. Los bancos extranjeros bien pueden haber contribuido a la reducción de créditos, al discriminar a los pequeños productores. Es más, los más pobres -los productores de maíz- se empobrecieron aun más como resultado de los altos subsidios al maíz que concede EE.UU. Para los mexicanos, los reducidos ingresos arancelarios significaron menos dinero para inversiones necesarias.
Entre los aspectos más perjudiciales de los TLCs, Stiglitz advirtió sobre los acuerdos de inversión, que otorgan derechos a inversionistas extranjeros incluso mayores que los que se dan a inversionistas nacionales. Citó como ejemplo el capítulo 11 del TLCAN, que estipula que si un reglamento nacional disminuye el valor de la propiedad de una empresa, ésta debe ser compensada. Se ha aplicado, entre otros, en el caso de medidas de protección ambiental, donde las empresas que se consideran afectadas han demandado grandes sumas en compensaciones.
Stiglitz cuenta que cuando el lobby empresarial intentó introducir medidas similares en EE.UU., fueron derrotadas en el Congreso, (entre otros por la oposición del Consejo de Asesores Económicos de la administración Clinton, que él lideraba). Pero confiesa que su inclusión en el TLCAN, escondidas entre los miles de páginas del acuerdo, escapó a la atención del equipo. Por lo mismo, aconseja mirar con mucho cuidado los capítulos de inversión antes de firmar un acuerdo.
Otro aspecto a ver con desconfianza son las cláusulas sobre propiedad intelectual, tema que, según el Premio Nóbel, nunca debería ser incluido en los acuerdos comerciales. Las disposiciones de la Ronda Uruguay sobre PI no eran equilibradas, pues “representaban los intereses de la industria del espectáculo y las farmacéuticas de EE.UU.”. Incluso las considera malas para las ciencias de los propios EE.UU., y del mundo entero. No protegen los intereses de los países en desarrollo y aumentan los riesgos de la aparición de monopolios.
El argumento de que estimulan la inversión en investigación de medicinas sería falso, pues las empresas farmacéuticas destinan más dinero a la publicidad que a las investigaciones, y destinan más recursos a las medicinas que mejoran el estilo de vida que a aquellas que salvan la vida de las personas, y mucho menos a las enfermedades que más afectan a los países en desarrollo. Si tales países brindan servicios medioambientales globales, como la biodiversidad y la captura de carbono, cuyo valor supera toda la ayuda externa que reciben, entonces deberían recibir una compensación por estos servicios.
Teniendo en cuenta estos y otros factores, antes de que un país en desarrollo acepte firmar un tratado de libre comercio, le conviene sopesar las posibles pérdidas contra las eventuales ganancias. En el caso del TLC Ecuador -EE.UU., las ganancias inmediatas, que beneficiarían principalmente a unos cinco sectores de producción, podrían sumar apenas unos 30 millones de dólares anuales. Comparado con otros costos directos o indirectos, el país tiene más probabilidades de salir perdiendo. Es lo que los movimientos sociales vienen argumentando desde hace algunos años; pero tal vez hacía falta que lo diga un Premio Nóbel de la Economía, para que algunos comiencen a escuchar.
https://www.alainet.org/es/articulo/120943
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