Internet ha sido diseñada, desde sus inicios, como un espacio abierto e interactivo, donde la información fluye libremente y cada cual puede ser creador de contenidos.  Esta característica la ha convertido en uno de los espacios de comunicación más democráticos que hayamos conocido, y en un laboratorio de experimentación, difusión e interconexiones para la comunicación ciudadana.  No obstante la fuerte y creciente presencia comercial en Internet, éste se diferencia sustancialmente de otros medios, por ejemplo, del sistema de televisión comercial, cuyos contenidos son determinados por un puñado de grandes corporaciones.  Pero este carácter de Internet puede estar bajo amenaza, justamente por las presiones de quienes controlan las redes de acceso.

En un futuro próximo (un tanto más cercano en el Norte y en las metrópolis, que en el Sur y el campo), la mayoría de servicios de comunicación a los que tendremos acceso -televisión, video, Internet, voz- pasarán por una misma conexión de banda ancha.  El potencial comercial de este servicio ha despertado apetitos voraces entre las empresas que se están posicionando para ofertarlo.  De no contar con políticas públicas adecuadas que reglamenten las condiciones y restrinjan la concentración en este campo, se acarrean serios riesgos de que estas empresas impongan su voluntad por encima del interés público.  Una de las consecuencias podría ser que el espacio Internet se pueble de cercos comerciales.

Los actuales debates en el Congreso norteamericano sobre las reformas a la Ley de Telecomunicaciones giran, justamente, en torno a esta amenaza.  Las reformas en debate tienen que ver principalmente con el nuevo marco legal que permitirá a las empresas de telecomunicaciones entrar en el mercado de contenidos de la banda ancha (como el video).  El 8 de junio, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley H.R.  5252, que permite a las empresas telefónicas competir con las del cable en esta área, a la vez que desreglamenta estos servicios.  Al aprobar esta Ley, la Cámara rechazó una enmienda que hubiese impedido que una empresa de banda ancha pueda establecer un sistema de “peajes” para los servicios, incluyendo los de Internet.

Un poderoso lobby de las empresas de cablevisión y de telecomunicaciones, que incluye a AT&T, Verizon, Comcast y BellSouth, ha invertido millonarias sumas para convencer a los congresistas a apoyar su causa y a derrotar la enmienda; incluso se han denunciado jugosos aportes a los fondos de campaña de varios de ellos.  Para confrontar esta ofensiva, se ha movilizado una amplia campaña ciudadana en ese país para defender el carácter abierto de Internet, promovida por la coalición Save the Internet  (salvemos Internet) [1].

Justamente, el año pasado, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) eliminó un reglamento que impedía que las empresas de cable y teléfono  puedan dar un tratamiento que discrimine entre proveedores de contenidos.  Ello abrió la puerta para que los proveedores de banda ancha faciliten, por ejemplo, mayor velocidad de acceso a sus propios servicios que a los de la competencia, o que cobren una tarifa a aquellos sitios Web que quieren acceder a la velocidad preferencial.  Aquellos contenidos por los cuales no se ha pagado podrían ser relegados a la vía lenta, lo cual sin duda incluiría la gran mayoría de sitios no comerciales. Incluso ciertos sitios podrían encontrarse bloqueados; ya se han producido casos, como el de la empresa AOL de Time Warner, en abril, cuando bloqueó todos los mensajes de correo electrónico con mención del sitio www.dearaol.com, perteneciente a una campaña que se oponía al esquema de la empresa de cobrar por mensajes enviados.

Esta facultad de dar un tratamiento diferenciado a los contenidos es totalmente contraria al principio de la “neutralidad de la Red”, que caracteriza la tecnología de arquitectura abierta con la cual Internet ha sido concebida.  Como lo explican dos destacados promotores de Save the Internet, Robert McChesney y Lawrence Lessig, en un artículo del Washington Post del 8 de junio, “la neutralidad de la red significa simplemente que los contenidos de Internet deben ser tratados de manera igual y moverse a la misma velocidad en la red.  Los dueños de los cables de transmisión no pueden discriminar.  Este es el diseño ‘punta a punta’ de Internet -sencillo pero brillante-, que ha hecho que sea una fuerza tan poderosa para el bien económico y social: toda la inteligencia y el control lo detienen los productores y usuarios, no las redes que los interconectan”.

Los proveedores de la banda ancha, por su parte, argumentan que es “una locura” pensar que los grandes proveedores de contenidos en Internet -como Google o Yahoo- puedan “utilizar gratuitamente” estos canales para “llevar contenidos” a los usuarios finales (dicho en otras palabras, quieren cobrar dos veces -a proveedor y usuario- por el mismo servicio).  Pero además, han inventado nuevas estrategias que tienden a confundir a la opinión pública.  Entendiendo la fuerza de la llamada “blogósfera” (el universo de las bitácoras), apoyan la intervención de aparentes grupos ciudadanos en este medio, quienes argumentan que Internet siempre ha funcionado sin reglamentos, y que crearlos ahora sería atentar a su libertad.

La coalición Save the Internet refuta estos argumentos, planteando que es justamente por el hecho que la Red se ubica ahora al centro de un nuevo juego de intereses, que se impone implementar ciertas medidas públicas, a fin de precautelar un bien público.  Luego de haber fracasado en el intento de introducir la enmienda sobre neutralidad de la Red en la Cámara de Representantes, trata ahora de apoyar una enmienda similar que se encuentra en el Senado, aunque se trata de una propuesta debilitada.  Los defensores de la neutralidad de la Red incluyen una amplia gama de grupos  ciudadanos, pero además, empresas como Google y Microsoft se han sumado a su causa.

Pérdida del control comunitario

No obstante, la neutralidad de la Red no es el único tema de preocupación en las actuales reformas.  Otros aspectos cuestionados incluyen la pérdida de control comunitario sobre los servicios de banda ancha y el nuevo impulso hacia la conformación de monopolios en el sector.

La misma ley H.R.  5252 aprobada por la Cámara de Representantes elimina ciertas condiciones que deben cumplir los proveedores de la banda ancha, como la de negociar con las comunidades locales antes de poder entrar a ellas.  Consecuentemente, las comunidades ya no podrán obligarlas a ofrecer el servicio a todos los consumidores de la comunidad, ni que se cobre el mismo precio a todos.  A ello se añade la ofensiva que vienen orquestando las empresas del sector para prohibir que los municipios puedan ofrecer sus propios servicios de banda ancha.  En los últimos años, han surgido centenares de proyectos comunitarios y municipales, que ofrecen servicios locales de banda ancha con mejores velocidades y menores precios que las empresas nacionales. Para frenar esta competencia, las grandes empresas han logrado que unos 16 estados introduzcan medidas que impiden el desarrollo de tales servicios, y siguen presionando por una legislación federal en este sentido.

Un movimiento de presión ciudadana ha asumido la defensa de los servicios comunitarios, y ha logrado bloquear una legislación similar en otros 7 estados.  Los servicios comunitarios adquieren especial importancia cuando -bajo las tendencias monopólicas- en muchas comunidades, sobre todo fuera de los grandes centros urbanos, existe un solo proveedor o a veces ninguno.  Si, además, este proveedor comienza a poner restricciones a los contenidos, la pérdida de control comunitario se volvería aún más grave.

Por otro lado, actualmente la telefónica AT&T está solicitando permiso a la FCC para comprar la empresa BellSouth, que la convertiría en la empresa telefónica más grande del mundo.  De aprobarse esta fusión, valorada en $67 mil millones de dólares, la empresa acapararía la mitad del mercado estadounidense, lo cual revertiría la política en EE.UU.  de las últimas tres décadas, que ha buscado desmantelar los monopolios en esta área.

También existe una campaña de presión ciudadana para que la FCC bloquee este pedido.  La oposición ciudadana es aún mayor considerando la desconfianza que ha despertado la AT&T por su participación (junto con otras empresas telefónicas) en una operación gigantesca e ilegal de escucha electrónica a la ciudadanía, en colaboración con el gobierno.  La revelación desató un escándalo en noviembre pasado, cuando salió a la luz que esta operación, implementada con conocimiento directo del Presidente Bush, permitía a analistas de inteligencia y entidades de la fuerza pública el acceso instantáneo a información de los registros de correo electrónico y llamadas telefónicas, transacciones de tarjeta de crédito y bancos, y documentos de viajes, sin  pedir autorización a ningún juez.

Implicaciones internacionales

Si bien las medidas ante el Congreso estadounidense afectarán principalmente a los usuarios finales de ese país, no están exentas de implicaciones para quienes usan Internet desde otras partes del mundo.  Primero, porque podría obstaculizar el ingreso de información a usuarios de EE.UU.  Pero además, siendo que la mayor parte del tráfico mundial de Internet pasa por EE.UU., no podemos descartar que a futuro se comience a establecer tarifas diferenciales al tráfico internacional.

Tim Berners-Lee, el inventor británico de la Web, subraya que lo que está pasando en el Congreso norteamericano es un asunto de importancia internacional.  Publicó en su bitácora (blog) que: “Lograr el diseño de una legislación que permita interconexiones creativas entre diferentes proveedores de servicios, a la vez que asegure la neutralidad de la Red en su conjunto, podría ser una tarea difícil.  Pero es una tarea muy importante. EE.UU.  debería emprenderla ahora; y si resulta ser la única manera, debe adoptar una medida draconiana, como sería exigir el aislamiento financiero entre los proveedores de IP y las empresas en otras ramas.  Internet se está convirtiendo en el medio dominante que nos interconecta. Un medio neutro de comunicación es esencial para nuestra sociedad”[2].

Para América Latina, estos antecedentes demuestran la importancia de una ciudadanía vigilante ante la necesidad de políticas públicas que precautelen el carácter abierto de Internet e impidan los monopolios en el sector.  Como las mismas empresas norteamericanas de banda ancha están incursionando en la región, cabe la vigilancia también frente a la inclusión de cláusulas al respecto en los acuerdos de libre comercio.  Estos hechos ponen en evidencia, además, la urgencia de crear infraestructuras distribuidas geográficamente para el tráfico internacional, que no dependan de un solo país.