Valle de Bravo, Estado de México

Los periodistas no debemos estar tan ciertos de que se apruebe una ley para penalizar a los que obstaculicen la libertad de prensa y expresión. Convencidos de nuestra lucha dada y no terminada de la despenalización de los llamados delitos contra la prensa: difamación, calumnia e injuria, sería absurdo pretender llevar a la cárcel a los que dificulten o entorpezcan nuestra labor, simplemente porque existen otras rutas para asegurar nuestro trabajo que es, entiéndase, de servicio a la sociedad.

Una iniciativa de Ley Reglamentaria de los artículos 6o y 7o constitucionales que tiende a penalizar hasta con diez años de cárcel a aquellos que obstaculicen la libertad de prensa y expresión, fue presentada en el Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México, al través de su legislador, Javier Orozco, propuesta que contiene otros elementos positivos que favorecen y aseguran la viabilidad de que en nuestro país se proteja la labor del comunicador, por ahora cuando menos en entredicho.

Si partimos del hecho cierto de que nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo, después de Irak que sufre una guerra de ocupación, en asesinatos, desapariciones y toda clase de atentados contra los periodistas, con otro elemento vergonzoso y vergonzante: todos estos crímenes yacen en la más absoluta impunidad, tenemos la causa más cruda y a la vez cruel para asegurar que nuestras más elementales libertades son socavadas a ciencia y paciencia del poder.

Las luchas del periodismo organizado van más allá de pretender llevar a prisión a los que obstaculicen la labor del reportero, lo que pretendemos es que se pavimenten los caminos para desempeñar con seguridad nuestro trabajo profesional, primeramente con la decisión política de investigar a fondo los asesinatos, las desapariciones y los demás atentados contra los comunicadores, ahí llevando a juicio y por ende a prisión a los autores materiales e intelectuales de tales crímenes, que afectan en grado sumo a la propia sociedad, se cumplirá primero con la premisa de la justicia y se favorecerá por ende al periodismo.

No queda aclarado como se tipificará el delito ni como se le designará para sancionar hasta con 10 años de prisión a quienes obstaculicen la libertad de expresión. Ante tal absurdo, es mejor, de acuerdo a los que hemos planteado y que la propia iniciativa del Verde Ecologista lo menciona, es proteger con acciones auténticas por eficaces la viabilidad plena de la libertad de prensa expresión.

Una de esas acciones y probablemente la más sentida en el gremio es el secreto profesional, es decir la protección de fuentes las informativas. La iniciativa mencionada establece que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional podrá inspeccionar, decomisar, asegurar o requerir, las notas, equipo de grabación o cómputo, directorios, registros telefónicos, archivos personales o profesionales, o documentos que lleven a la identificación de fuentes.

Todo lo anterior está muy bien, pero mientras el secreto profesional del periodista no se eleve a norma Constitucional, como ya se logró en los estados de Morelos y Chihuahua, carecerá de la fuerza que requiere, es decir debe inscribirse en la Constitución federal para que baje, sin mayores obstáculos, a las constituciones de todas las entidades del país. Es decir, debe de ser una norma de cumplimiento nacional.

Además, estamos de acuerdo y también es parte de las luchas, la instauración de cláusulas de conciencia, es decir los periodistas no podrán ser sancionados por no hacer algo en contra de su ideología cuando se cambie radicalmente la línea editorial del medio en que trabaja y que incluso puede renunciar recibiendo una indemnización como si hubiera sido despedido, y también sistematizar la actividad de los periodistas con la autorregulación de los medios de comunicación mediante códigos deontológicos,

El propio legislador del Partido Verde Ecologista de México, puntualiza que tanto el secreto profesional como la cláusula de conciencia se contemplan en legislaciones de, entre otros países, como Portugal, Italia, Austria y España, mientras aquí en México lo seguimos discutiendo, lo mismo ocurre con el secreto profesional del periodistas y con muchas reglas que favorecen las libertades, como es la Ley de Equidad Publicitaria Gubernamental,

Las libertades de prensa deben de ser favorecidas en todo y por todo, primero asegurando la integridad física de los periodistas y sus familias, luego con normas que le aseguren la viabilidad plena de su trabajo, como sería además de las anotadas, con la derogación de las leyes mordaza, como esas engañosas y mentirosas que falsamente se llaman de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, nos referimos a la federal y a las clonadas en la mayoría de las entidades del país, las mismas que protegen con la reserva informativa, primero por 12 años, luego por otros más y luego hasta el infinito, las actuaciones como la del secretario de Gobernación del foxismo, Santiago Creel Miranda.

Estas son las aberraciones con las que debemos de terminar y no pretender penalizar a los que obstaculicen las informaciones, de esos nos encargamos los reporteros simple y sencillamente con el llamado periodismo de investigación.

- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
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