Hace 50 años nació la Comunidad Económica Europea, con seis países, que luego de seis ingresos de nuevos socios se ha transformado en la Unión Europea con 27 miembros y casi 500 millones de habitantes. Ha sido medio siglo de avances, con logros que hacen pensar en un Megaestado en «construcción», pues los Estados-nación renuncian a uno de los signos de la soberanía, la moneda propia, para aceptar una moneda multinacional, y se crean instituciones, normas y autoridades que desbordan las fronteras nacionales. Lo que no niega que haya habido dificultades y que sufra ahora lo que algunos llaman una crisis de «identidad». Pero quizá la principal enseñanza de la UE es el propósito de alcanzar dos objetivos que para ciertas corrientes del pensamiento socio-económico son contradictorios o, incluso, excluyentes: mantener la solidaridad social, rasgo típico de las concepciones humanistas, para algunos ya obsoletas, con creciente estabilidad económica, necesaria en una economía de mercado.

Dos criterios básicos han orientado tan complejo proceso: la convergencia real, esto es, la elevación y nivelación del ingreso per cápita, para mejorar las condiciones de vida, y la convergencia nominal, que busca la creación de una normatividad supranacional, que no ha estado exenta de duras confrontaciones. Para el cumplimiento de estos fines han sido determinantes, en tiempos recientes, el tratado de Maastricht, de 1992, la unión monetaria, con un Banco Central Europeo preocupado por la relación entre moneda y precios, y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento –PEC- de 1997. Tres objetivos básicos coadyuvan a la convergencia: incremento anual de precios por debajo del 2%, déficit fiscal no superior al 3% del PIB y una relación de la deuda pública respecto al PIB que no exceda el 60%.

Durante los años cincuenta y sesenta el rápido crecimiento económico de la postguerra facilitó que el empleo, el ingreso y el consumo, junto con la inversión, ascendieran en espiral virtuosa, pero luego fuertes desequilibrios macroeconómicos revirtieron la tendencia, teniendo la caída del ingreso per cápita como telón de fondo la disminución en la productividad y la contracción de la oferta laboral, por el envejecimiento de la población. Sin duda, Maastricht y el PEC ayudaron a recuperar el crecimiento económico y el ingreso per cápita, destacándose en especial países pequeños o antes atrasados. Son notables los casos de Irlanda y España.

En ciertos círculos se achacó la inestabilidad a la liberalidad social estatal y se argumentó que era necesario recortarla y pasar a políticas económicas de estímulo a la oferta, descuidando la preocupación por la demanda, en especial de los hogares, como recomienda la revivida ortodoxia capitalista. Por fortuna, tal corriente no prevaleció, pues en los europeos predomina una perspectiva de mediano y largo plazo sobre la sociedad, dada su cultura del bienestar, lo que no ocurre con los estadounidenses, quienes se concentran más en el corto plazo, ya que consideran que la supervivencia es más un asunto individual que social. Por ejemplo, los europeos prefieren trabajar menos horas para tener más tiempo libre, aunque ello signifique menor ingreso. Si bien se han hecho más exigentes las normas sobre estabilidad económica, no han disminuido tanto los beneficios sociales, aunque tiende a aumentar la edad para la jubilación, pero la expectativa de vida se ha alargado bastante, y a ser más estrictos los programas para desempleados. En esto ha jugado un papel decisivo la madurez del electorado, que vota para que coexistan lo que hoy se llama el Estado Social de Derecho, menos «asistencialista» que el Estado Benefactor, y la disciplina macroeconómica. Es decir, crecimiento económico y desarrollo humano pueden ser procesos simultáneos y complementarios.

- Julio Silva-Colmenares, Vicepresidente, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Director, Observatorio sobre Desarrollo Humano, Univ. Autónoma de Colombia