Las Costa Rica engañosas (28/02/07)

La magnitud y civilidad de la marcha con que sectores de la ciudadanía mostraron su rechazo el 26 de febrero recién pasado a un Tratado de Comercio con Estados Unidos mal pactado y cuya aprobación parlamentaria se gestiona hoy atropelladamente por la administración de los hermanos Arias, tuvo reacciones previsibles, la del gobierno neoligárquico y sus socios, que desestimaron su alcance político, una inesperada (la aceptación, desde la derecha ideológica, de que el tratado podría ser valorado inconstitucional), y otra deseada pero todavía no probada: que el rechazo al pacto moviliza a muchos ciudadanos y su corolario: una parte importante de los costarricenses, probablemente una mayoría, desaprueba el tratamiento que los poderes del Gobierno y el Dinero quieren dar a su aprobación.

La reacción del gobierno oligárquico fue torpemente autista. Para los Arias, la manifestación que, sin recursos significativos, duplicó o triplicó con holgura a cualquiera realizada en las elecciones presidenciales pasadas, no dice nada. Los hermanos mantienen su postura de que el tratado debe ser votado a la brevedad por la Asamblea Legislativa, de que la decisión no puede ser detenida ni postergada y que este es el único camino institucional y democrático posible. Para un observador externo el argumento gubernamental parece sólido. En efecto, el descrito es el procedimiento jurídico previsto y el éxito de la marcha opositora se apoyó, en apariencia, en el Estado de derecho y el régimen democrático de los que gozaría Costa Rica. Sin embargo, ese observador externo se equivocaría de plano.

El Gobierno y el poder del Dinero que lo eligió y lo sostiene reclaman ese camino porque creen tener una mayoría calificada de 38 diputados a favor del tratado en la Asamblea. Pero en Costa Rica esos 38 diputados no proceden de una elección democrática. Los que se llaman de Liberación Nacional fueron designados a dedo por los hermanos Arias después de “depurar” de todo opositor su Asamblea Nacional. En segundo término, en Costa Rica los diputados son electos por lista. No responden a los electores, sino al poder de quien los puso en esa lista con posibilidades de resultar elegidos. Los 38 diputados ‘de mayoría’ pueden ser descritos, con alguna excepción, como “yes men”, familiares de los Arias, secretarias ejecutivas y oportunistas de distinto pelaje (alguno aspira a un mayor calado político, otros a favorecerse en sus negocios privados). Este rebaño “arista” secuestró en la práctica a la Asamblea e impidió administrativamente en ella el debate sobre el tratado. De modo que la crítica de los opositores sigue siendo correcta: aunque el Tratado haya sido voceado durante tres años no se ha discutido en ningún momento sobre él. La consigna del Poder y el Dinero ha sido siempre: se oye pero no se escucha. Lo mismo que trata de hacer ahora con la masiva oposición ciudadana. Oye el clamor, pero no lo atiende. Dice parecerle irrelevante.

Puede agregarse que el Gobierno y el Dinero creen que pueden cooptar (o ya cooptaron) al Poder Judicial. Así, controlan férreamente el Ejecutivo, el Legislativo, la Sala Constitucional y los medios masivos (que a su vez coaccionan a los periodistas). Mentir descaradamente desde el poder e ignorar absolutamente el valor de la oposición ciudadana no constituyen, que se sepa, valores democráticos. Lo segundo ya lo indicamos. En cuanto a lo primero, la propaganda a favor del TLC y la torva descalificación de opositores incluyó el que estos últimos eran pagados por el gobierno de Venezuela e instigados por una Cuba empeñada en destruir Costa Rica, la presentación en televisión, como si fuesen noticias, del “éxito” del TLC en El Salvador y Nicaragua (sic) y de abundante publicidad gubernamental señalando a los marchantes como partidarios de la violencia. En líneas como éstas resulta imposible detallar el clima con que los hermanos Arias y el Dinero buscaron y buscan destruir toda oposición cívica. Tras la marcha, callan para invisibilizarla e insisten en la votación de una Asamblea que, para efectos de votación, sólo los representa a ellos y a sus negocios.

Sectores de oposición han venido insistiendo en que el texto del TLC contiene puntos inconstitucionales. Por supuesto los comerciantes que lo impulsan se encogen de hombros. Pero la multitudinaria marcha hizo que un connotado neoliberal (J. Guardia) admitiera públicamente que la Sala Constitucional podría rechazar que el Estado costarricense pierda su capacidad para recurrir a un tribunal nacional en eventuales diferendos con inversionistas trasnacionales (el pacto así lo establece). A su juicio, el rechazo de este extremo debería (algunas maniobras mediante) llevar a “negociar otro tratado comercial sin manosear la soberanía nacional” (LN: 27/02/07). La aceptación conservadora de “negociar otro tratado”, punto central de quienes rechazan este pacto, constituye un punto de inflexión decisivo.

El tercer aspecto es el de la esperanza. La protesta ciudadana, social e ideológicamente plural, dio un primer examen rotundamente positivo. Puede decirse que el 26 de febrero inicia un proceso masivo y articulado que podría llevar al naufragio de este TLC. El triunfo se prolongaría con la implementación de un proceso de transformaciones que recupere al Estado para todos los costarricenses y abra el camino para que instituciones con lógica democrática expresen una economía-sociedad en la que to-dos tengan igualdad de oportunidades. El estereotipo que ha hecho de los costarricenses un “pueblo domesticado” mostró así también ser engañoso. Pese al Dinero, pese a las amenazas, pese a la reiteración de las mentiras, la población se resiste, se organiza, se levanta y anda. De su fuerza para detener y expulsar (o convertir) a los mercaderes dependen la paz y el porvenir del país.

La guerra de las soberanías compartidas (17/03/07)

La lucha por la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos se inscribe, sin disimulo, en el imaginario de “soberanías compartidas” gestado en los países centrales y expresado mediante los tópicos de la economía de la información. Según éstos ha caducado ya la importancia de la propiedad de medios de producción, y con ello la de la relación salarial, y se habría entrado en un planetario y sin fronteras capitalismo del “conocimiento” en el cual triunfan quienes los producen, poseen y aplican en una economía de servicios. Un Estado que potencie el emprendimiento ‘nacional’ se torna disfuncional.

En Costa Rica esta ideología (desmentida brutalmente por las migraciones no deseadas de mexicanos y guatemaltecos a Estados Unidos, por ejemplo, contra los que se levantan muros, acosos, muerte y legislación) adquiere ribetes grotescos cuando, con ocasión de la solicitud de cierre del Instituto de Desarrollo Agrario por la corrupción de algunos de sus funcionarios, su venalidad y la ineficacia institucional, el presidente Arias, declara: “El mundo ha cambiado con respecto de 50 años atrás, hoy lo que determina el grado de bienestar de un individuo son los conocimientos, no la tierra” (LN: 16/03/07). El cierre, exigido por la Contraloría General de la República, dejará impunes a los traficantes institucionales de tierras (quienes las adquirieron para sí y sus familias o para venderlas a consorcios turísticos), y sin resguardo a los campesinos a quienes el actual presidente del Instituto señala como los principales culpables por haber traicionado al IDA: “Aquí han fallado varios sectores, por un lado los parceleros que traicionan al IDA al vender a nuestras espaldas las fincas que les damos. También tienen parte de la culpa los empresarios y los comerciantes que compran esas tierras…” (LN: 16/03/07). O sea que empresarios y comerciantes apuestan por la ‘economía del conocimiento’, pero se aseguran de desvalijar de sus propiedades materiales a los vulnerables. De paso, los despojan también de su información y sabiduría. La ‘economía del conocimiento’ muestra así parte de su espesor mítico.

Un eventual cierre del IDA garantizará la impunidad de los delincuentes que lo saquearon (todos clientes de las argollas gubernamentales) y extenderá y acentuará la vulnerabilidad de los trabajadores ante la expansión de las transnacionales. Ambas jugadas se harán con el guiño de la sección local de las “soberanías compartidas” que no expresa sino el dominio unilateral de la acumulación del capital planetarizado y sus personificaciones transnacionales y nativas contra los intereses sociales y huma-nos de los trabajadores. Y donde se puede (y en América Latina sí se puede), también contra la Naturaleza.

Mediante la práctica de las “soberanías compartidas” lo que alguna vez fue el paliativo Estado social de derecho costarricense toma la forma de un Estado Asociado Dependiente que protagoniza una nueva guerra contra la fuerza de trabajo, los desposeídos y las ‘malas’ culturas. El drama no es exacta-mente novedad en América Central, pero Costa Rica lo había semisorteado hasta la fecha. Se apruebe o se revierta el TLC la gente organizada tendrá que asumir esta guerra.

El tránsito al despeñadero (17/02/07)

En realidad, para quien quiera mirarlo, solo redes de intereses mafiosamente tramados, o patologías individuales, pueden justificar la obcecación de algunos políticos por insistir en aprobar a golpe de tambor el Tratado de Libre Comercio con EUA. Para cualquier persona estable o sana, el proceso ha mostrado con exceso señales que aconsejan cautela y ponderación antes de actuar. Pero, tercamente, se insiste en perorar a favor del “libre comercio”, entelequia que nadie discute, en anatematizar a quienes adversan su indiscutibilidad, ciudadanos de un muy plural perfil, como “sindicalistas”, “comunistas”, “violentos” y “antidemocráticos”, y en utilizar todas las triquiñuelas que dan poder y dinero para tapar la fetidez que todo el mundo puede ver y oler.

Lo que todo el mundo puede ver, si lo desea, es que este TLC se inscribe en una estrategia geopolítica de Estados Unidos una vez colapsado su intento por crear un Tratado de Libre Comercio de las Américas. No existe infamia alguna en que los gobiernos de EUA procuren esto. Es su función. Pero su apuro otorgaba posibilidades para una plataforma favorable para las contrapartes. Era factible con-seguir más y mejores tratos, ligados a la realidad social y natural de las poblaciones mesoamericanas.

También resulta fácil ver que, lejos de lo anterior, los ‘delegados’ centroamericanos negociaron por separado y con extrema negligencia, ignorancia o mala fe. En el caso de Costa Rica, el grupo, herencia de la muy polémica administración Rodríguez, careció de control político durante el gobierno de Pacheco (2002-06) quien finalmente despidió a su cabeza y otros funcionarios alegando deslealtad y golpismo. Pese a ello, el resultado de su gestión fue asumido por los hermanos Arias como inconmovible y sagrado aunque hasta el actual hiperempresarial Ministerio de Comercio Exterior se ha distan-ciado de ella. El producto, una entrega mal negociada, solo podrá ser colectivamente provechoso vía un milagro de La Negrita, patrona del país, y, en lugar de servir para articular a la población en su responsabilidad republicana, ha tenido ya como efecto una polarización que podría resultar irreversible. Lo peor, ningún sector costarricense está efectivamente preparado para una resolución violenta del conflicto.

El proceso exigía gobiernos y actores políticos y ciudadanos atentos, cuidadosos, sabios. Medios masivos decentes. Salvo excepciones de rigor, no los ha tenido. Imperaron la propaganda y la mentira. La responsabilidad fundamental recae sobre las administraciones Pacheco y Arias y esos espectros que se pregonan partidos tradicionales. La de Pacheco por frívola y perezosa. Sobre la actual, basta con reparar en el tratamiento perverso que han dado los hermanos Arias, uno de los cuales no pronun-cia últimamente tres frases sin referirlas a Dios y a la Virgen de los Ángeles, al “conflicto” en Alunasa y a su esfuerzo, también mezquino y avieso, por ‘transparentar’ que sus maniobras son institucionales y legítimas y que la violencia procede de los opositores y es financiada parcial o totalmente desde el exterior.
Costa Rica merecía otra forma de transitar su despeñadero.

Tocar fondo (14/02/07)

Llevan razón quienes sostienen que el TLC no causará la destrucción de Costa Rica ni tampoco lo hará la globalización, proceso civilizatorio, que en esta región tiene perfil estadounidense, o sea globalitario. Lo propio de ambos es acentuar los pliegues perversos de la conflictividad que los costarricenses han producido y soportado desde que el Estado social de derecho (un sistema paliativo), tan atrás como la década de los setenta del siglo pasado, mostró tensiones y discriminaciones que no fueron políticamente asumidas con criterio colectivo y ciudadano ni, mucho menos, resueltas.

El punto se vincula, por supuesto, con el tipo de inserción de la economía y población costarricenses en la economía internacional, con su estructura de clases, o formas de propiedad vinculada con ella, y con la cultura política de la población, destinada a la reproducción inercial o no ciudadana del sistema. Un factor importante de éste ha sido el carácter clientelar del Estado, rasgo que ha sido atacado en Costa Rica como “mercantilismo” por los libertarios originales y que constituye el núcleo de la imagen de “las galletitas” del diagnóstico, también inicial, del Partido Acción Ciudadana.

El complejo carácter clientelar del Estado lo hace antidemocrático y anticiudadano en un proceso que también erosiona el principio de actor público que debía configurar la práctica de los partidos políticos. Así, éstos devienen máquinas electorales, aparatos de administración estatal proclives a la venalidad y, también, redes mafiosas que articulan legal, semilegal o ilegalmente a personalidades, empresas y sectores privados y públicos. El TLC y la globalización se inscriben en esta realidad ‘tradicional’ y la magnifican. No crean los infortunios costarricenses, pero los acentúan hasta tornarlos irreversibles para las fuerzas locales. La polarización en torno al TLC, a ratos histérica, a ratos perver-sa aunque pintoresca, da cuenta tanto del deseo de las minorías reinantes porque el punto de no retorno se produzca como de la intuición de esta desgracia por parte de los grupos que el país histórica-mente ha producido como vulnerables.

La Costa Rica gestada, no sin pugnas, por sus poderosos, ha menospreciado siempre su fuerza de trabajo (“labriegos sencillos”) pero lo ha hecho, a diferencia del resto de América Central, paliando su infortunio. Se llamó a esto “Estado social de derecho” y se lo acompañó con ideologías como las del “hermanitico” y el solidarismo. La globalización neoliberal en curso prescinde, en nombre de la competitividad, de los valores ligados a esas ideologías. Un TLC que condensa el imperio del gran capital golpea a los sectores sociales más vulnerables, torna radical la inclemencia de los poderosos y destruye a las personas encadenándolas a una competitividad mercantil global sin cabida para “labriegos sencillos”. Solo hay sitio para los buenos negocios, la producción ‘eficiente’ y el consumo opulento. Óscar Arias rechaza, en el griterío precipitado por el despeñadero final, que lo asocien con el Diablo. Él agradece a Dios por situarlo en la presidencia “para hacer el bien”. Pero no se trata de las personas, sino de las instituciones. Y éstas, hoy, anuncian, para quienes no son dueños sino de su trabajo, el abismo.