Las bases militares extranjeras en el mundo: Los tentáculos del imperio
02/03/2007
- Opinión
Las bases militares extranjeras están concebidas para proyectar el poder militar de Estados Unidos en todo el mundo pero, al mismo tiempo, sus consecuencias más visibles y cotidianas se hacen sentir en el ámbito local o nacional.
Índice
Introducción
Pérdida de soberanía
Turquía
Déficit democrático e inmunidad
Las Filipinas
Sumidero económico
Hawai
Desplazamientos de población
Diego García
Mapa: expansión mundial del ejército estadounidense
Repercusiones medioambientales
Panamá
Peligros para la salud
Guam
Delincuencia e impunidad
Corea
Delitos sexuales y prostitución Okinawa
Para saber más
Colaboradores
Introducción
Hace unos años, se puso de moda, durante un tiempo, hablar de la “desterritorialización” del imperio, con lo que se quería decir que el control imperial se había visto sustituido por otras formas de control político más sutiles. Pero si echamos una ojeada a las redes de bases militares extranjeras en todo el mundo, esta teoría se desmonta, puesto que aún siguen en funcionamiento más de 1.000 bases e instalaciones de este tipo, la mayoría de las cuales gestionadas por el ejército estadounidense, que tiene presencia militar en más de 130 países. Éstas van desde extensas instalaciones, como en la bahía de Guantánamo, a centros de espionaje o campos de entrenamiento conjunto de menores dimensiones, depósitos para misiles nucleares, instalaciones de “descanso y recuperación” y estaciones de repostaje. Además, los Estados Unidos y algunos de sus aliados de la OTAN complementan esta amplia presencia militar con una red aún más elaborada de derechos: derechos de puertos de escala, de aterrizaje para aviones espía y militares, de repostaje y de sobrevuelo. Instalar bases militares en territorio ajeno es algo tan antiguo como el propio concepto de ejército organizado. Pero la historia de la actual red mundial de bases militares extranjeras empieza en la época colonial, durante la que el Reino Unido y otras potencias europeas establecieron infraestructuras militares con miras a reprimir el descontento de la población local, protegerse de otras potencias y dar apoyo a todo tipo de operaciones militares o civiles en torno a las posesiones coloniales. Gran Bretaña y Francia aún mantienen bases más allá de sus fronteras –restos del colonialismo–, pero la gran mayoría de bases militares extranjeras actuales pertenece a los Estados Unidos. De base a base
Aunque los Estados Unidos intentaron mantener el aura de una política exterior no colonialista durante todo el siglo XX, sus primeras bases en el extranjero se establecieron en 1898, después de ganar la última guerra hispano-estadounidense y hacerse con Puerto Rico, la bahía de Guantánamo, Filipinas, Guam y Hawai. Por aquel entonces, el Gobierno McKinley consideraba que Hawai era un territorio vital “para ayudarnos a conseguir la parte que nos corresponde de China”. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos expandieron su imperio de bases rápidamente, forjando el mapa político bipolar con el envío de tropas y armamento a Europa y Asia Oriental, en un intento por “frenar” las aspiraciones de la URSS y poder librar guerras por delegación en Asia, América Latina y África.
Después de 1989, los Estados Unidos iniciaron un importante programa de “reestructuración de bases”. El programa perseguía reducir el número de soldados estadounidenses estacionados en Europa y Asia Oriental y, al mismo tiempo, ampliar el alcance militar mundial de Washington abriendo bases estratégicas, aunque fueran pequeñas, en zonas donde hasta entonces no había presencia del ejército estadounidense. En la última década, esta carrera por el “dominio integral” se ha concentrado en el establecimiento de una red mundial de centros de espionaje en la línea de los “puestos de escucha” de Echelon, como Menwith Hill en el Reino Unido; de las instalaciones necesarias para el proyecto de defensa antimisiles, y de pequeños centros operativos “de avanzada” que permiten a los Estados Unidos atacar con rapidez cualquier lugar y en cualquier momento. Este proyecto sigue en marcha, y el 20 de febrero de 2007 el Gobierno estadounidense anunció que existían acuerdos provisionales para establecer nuevas bases de radares para “defensa antimisiles” en Polonia y la República Checa.
Sin embargo, la incapacidad para mantener invasiones militares sobre el terreno –en Somalia durante los años noventa y, más recientemente, en Irak y Afganistán– ha despertado dudas entre las elites militares estadounidenses sobre el objetivo original de reducir la presencia de tropas terrestres en el extranjero. En consecuencia, parece haberse detenido la retirada de tropas de Alemania, Italia, Japón y Corea. Además, los Estados Unidos parecen estar proyectando una docena de bases “duraderas” con las que dar apoyo a miles de soldados en Irak y Afganistán, ampliar su infraestructura militar en el exterior y poner el debate sobre la “retirada” de los Estados Unidos bajo una nueva perspectiva. Pero las bases no son fortalezas militares aisladas. Sin su extensa red de bases militares en todo el mundo, los Estados Unidos no habrían podido efectuar más de 300 intervenciones militares en el extranjero durante el siglo XX. Sin ellas, habría sido mucho más difícil derrocar gobiernos latinoamericanos democráticos y simpatizantes del cambio socialista, e involucrarse tan intensamente en guerras y campañas en Asia Oriental. Y evidentemente, también habrían resultado mucho más complicadas las prolongadas campañas de bombardeo de Irak durante los años noventa, por no hablar de las invasiones de Afganistán e Irak, dirigidas por los estadounidenses, o de la invasión del Líbano por parte de Israel, respaldada también por Washington. Y si las bases de Turquía, Arabia Saudí y Diego García fueron fundamentales en estas campañas, la actual concentración de medios militares en Irak, Afganistán, Asia Central, Pakistán y los estados del Golfo permitiría a los Estados Unidos controlar o incluso invadir Irán en el futuro.
Bases extranjeras, impactos locales
Las bases militares extranjeras están concebidas para proyectar su poder militar en todo el mundo pero, al mismo tiempo, sus consecuencias más visibles y cotidianas se hacen sentir en el ámbito local o nacional. Este manual analiza algunas de dichas consecuencias en mayor detalle. Se acerca a casos concretos en que la proximidad de una base ha llevado a la población local a organizar protestas, en algunas ocasiones durante décadas. A lo largo de sus ocho capítulos, desgrana los “motivos por los que las bases son perjudiciales para la salud”. Cada uno de los capítulos repasa el contexto de fondo de un problema y, a continuación, presenta un caso concreto que ilustra dicho problema general y los notables esfuerzos que ha realizado la gente sobre el terreno en su infatigable lucha en contra de las injusticias que acompañan a las bases militares extranjeras. Así, se realiza un recorrido por los efectos catastróficos de las bases sobre las economías locales, el medio ambiente y la salud pública; por la pérdida de poder soberano de la “nación de acogida” y la consiguiente falta de responsabilidad democrática provocada por las bases extranjeras, así como por la cuestión moral de que el propio país se convierta en cómplice de la violación del derecho internacional humanitario y de guerra. Se pasa también por el aumento de las tasas de delincuencia, la imposibilidad para la mayoría de países de acogida de juzgar a soldados estadounidenses y, más concretamente, los altos índices de violaciones, prostitución y explotación de mujeres que envuelven a las bases. Y, finalmente, por la historia de aquellos que perdieron tierras y hogares, o incluso territorios ancestrales sagrados, para dar cabida a una base extranjera, como sucedió en Diego García, Thule (Groendlandia) y Vieques (Puerto Rico).
Contraatacando al imperio
La resistencia a la presencia militar extranjera es casi tan generalizada como las propias bases, sean baluartes coloniales, instalaciones de defensa de avanzada de la Guerra Fría o plataformas de “dominio integral” más actuales. La ciudad italiana de Vicenza, por ejemplo, ha sido testigo recientemente de un gran movimiento en contra del proyecto de construcción de una nueva base en Dal Molin, el antiguo aeropuerto de la localidad. El 18 de febrero de 2007, unas 120.000 personas de toda Italia tomaron las calles de esta ciudad de 110.000 habitantes. “Estamos en contra de la base. Defendemos nuestra tierra y no queremos estar en la vanguardia de la guerra global contra el terrorismo”, declaró Francesco Pavin, de “No al Dal Molin”, una plataforma de ciudadanos, activistas contra la guerra y grupos religiosos y ecologistas. Cinzia Bottene, organizadora de uno de los diversos comités ciudadanos contra la base, señaló que los vecinos están preocupados por que “una nueva base ejercerá presión sobre nuestras infraestructuras, nuestros servicios, nuestros recursos. Destruirá nuestra comunidad”.
Pero esto es algo más que una simple lucha local. Tal como manifestó Toni Pigatto, de la asociación local de boy scouts, a Inter Press Service, “no sólo protestamos porque construirán otra base militar en Vicenza. Decimos no aquí y no en ningún otro lugar. Rechazamos la idea de que la democracia se pueda difundir a través de armas”.
Éste es el espíritu que comparte la red mundial de ciudadanos, activistas e investigadores que ha surgido durante los últimos tres años con el objetivo de hacer frente al fenómeno de las bases militares extranjeras. Este grupo de organizaciones y personas, sirviéndose de una lista de correo electrónico, un sitio web conjunto (no-bases.net) y reuniones en los foros sociales y otras conferencias para intercambiar información, discutir estrategias y organizar investigaciones y campañas a escala internacional, ha ido creciendo hasta convertirse en un movimiento verdaderamente mundial, integrado en los movimientos por la justicia social y contra la guerra. Este manual se presenta en ocasión de la primera conferencia mundial de esta red, celebrada en Ecuador entre el 5 y el 9 de marzo de 2007, desde la que se reivindica la abolición de las bases militares extranjeras, y su objetivo es proporcionar una breve guía de fácil lectura con los principales argumentos contra las bases militares extranjeras. La meta subyacente de esta red parte del reconocimiento de que, aunque sigue siendo importante fortalecer cada una de las campañas locales contra bases militares, ya va siendo hora de desafiar toda la estructura de las bases a escala mundial. Esto entraña poner en tela de juicio las justificaciones morales, económicas y políticas en las que se asienta la idea de que algunos países pueden exportar su militarismo a todo el planeta. Para aquellos que luchan por liberarse del yugo de los Estados Unidos y otras fuerzas militares extranjeras, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos puede constituir un buen punto de partida, pues en ella se expresa que los Estados Unidos deseaban verse libres del dominio británico “por acuartelar grandes cuerpos de tropas armadas entre nuestra población” y “por protegerlos mediante falsos juicios del castigo por asesinatos cometidos sobre los habitantes de estos estados”. Las comunidades ya se están organizando, en todo el mundo, para declarar su propia independencia de los Estados Unidos y sus bases. Wilbert van der Zeijden Amsterdam, Países Bajos 21 de febrero de 2007
Pérdida de soberanía
Cuando un Estado acepta la presencia de bases estadounidenses en su territorio, acepta de hecho el actuar como punto de partida de acciones militares, ya sean invasiones, ataques aéreos u operaciones encubiertas. Irak, por ejemplo, fue bombardeado durante más de una década desde lugares tan distantes entre sí como Okinawa, Diego García, Turquía, Italia y Alemania. Los cultivos de los cocaleros colombianos son fumigados con aviones que despegan desde Ecuador. Somalia fue bombardeada recientemente desde Djibouti y, muy probablemente, desde Diego García.
Alemania se opuso oficialmente a la guerra de Irak en 2003, pero eso no evitó que el país se utilizara como base para el traslado de un gran número de soldados estadounidenses, material y equipos militares. En 1986, en Gran Bretaña hubo protestas contra el bombardeo de Libia desde bases británicas; no sólo por la acción bélica en sí, sino porque ésta no se notificó de antemano a los políticos británicos. Y los Estados Unidos, que mantienen un arsenal nuclear secreto en seis bases europeas, siguen gozando del derecho a lanzar estas armas sin consultarlo previamente con los gobiernos de acogida.
Los detractores de las bases estadounidenses sostienen que el uso del territorio de otro país como plataforma de lanzamiento de operaciones militares los hace vulnerables a ataques en respuesta a actos de los que no son directamente responsables, ni sobre los que los ciudadanos pueden opinar. Al Qaeda inició su andadura como campaña contra del estacionamiento de tropas estadounidenses en las bases de Arabia Saudí. Y los activistas contra las bases de Okinawa afirman que, a pesar de la oposición de gran parte de la población a las políticas estadounidenses en materia de armas nucleares y “guerra contra el terrorismo”, la presencia de esas enormes bases en la zona convierte a la isla en posible objetivo de ataques nucleares o atentados terroristas.
En colonias estadounidenses como Vieques y Guam, la decisión de utilizar sus territorios con fines militares ha generado conflictos entre los defensores de la soberanía local y los partidarios de la soberanía nacional. Las autoridades locales y los ciudadanos son contrarios a las bases porque éstas traen consigo la destrucción de los recursos y las culturas locales, pero el Gobierno federal y el ejército de los Estados Unidos se imponen sobre ellos. En lugares como Okinawa, el Gobierno central japonés ha recurrido a presiones políticas y amenazas económicas para evitar que los representantes electos locales mantengan su resistencia a la presencia militar estadounidense.
Turquía
Turquía acoge una de las bases militares estadounidenses más “activas”. La base de Incirlik fue fundamental para mantener las zonas de exclusión aérea en Irak durante los años noventa, bombardear Afganistán y, ocasionalmente, para efectuar operaciones militares encubiertas en Asia Central y el Cáucaso. Incirlik actúa también como base nuclear y centro de espionaje. Según explica Nilufer Ugur-Dalay, una activista turca en contra de las operaciones militares estadounidenses en su país: La OTAN se estableció en 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, pero la incorporación de Turquía en la organización puso de manifiesto que los intereses estadounidenses iban más allá del Atlántico Norte. No es un país del Atlántico Norte; pero compartía frontera con la Unión Soviética. Turquía también tuvo una importancia capital en el control de la OTAN sobre el Mediterráneo, el Egeo y el mar Negro. La entrada de Turquía en la OTAN brindó a ésta última la oportunidad de establecerse en su territorio. Tras ella, llegaron acuerdos, bases militares y depósitos de armamento que convirtieron al país en avanzadilla militar del imperialismo y en plataforma de lanzamiento de ataques. Como preludio del establecimiento de las bases, los dos países firmaron una serie de tratados militares. Un acuerdo de 1980 declaraba abiertamente que las bases turcas se utilizarían para ataques. El día en que el tratado entró en vigor, el Consejo Ministerial de la OTAN aprobó una resolución por la que, en caso de que los órganos competentes de la OTAN consideraran sospechoso cualquier movimiento en la Península Arábiga, Irán o el golfo de Basora, Turquía debía acatar su decisión. Ésta era la obligación más dura del texto. Durante la Primera Guerra del Golfo, este acuerdo permitió que los cazas estadounidenses bombardearan Irak partiendo de la base de Incirlik. En este sentido, las bases son un medio para que los Estados Unidos puedan amenazar a los vecinos de Turquía.
La Coalición para la Paz y la Justicia Mundial (BAK), la campaña nacional contra la guerra, adquirió gran prominencia cuando, el 1 de marzo de 2003, consiguió obligar al Parlamento turco a votar en contra del intento del Gobierno de autorizar a las fuerzas estadounidenses a utilizar territorio turco para atacar Irak. Esta victoria fue fruto de una intensa campaña de seis meses a escala nacional que movilizó a cientos de miles de personas y que se compuso de un sinnúmero de reuniones, conferencias de prensa, anuncios televisivos, delegaciones al Parlamento, manifestaciones locales y, finalmente, culminó con una multitudinaria manifestación en Ankara el día del voto histórico en el Parlamento. Pero el Gobierno sí permitió que los estadounidenses utilizaran el espacio aéreo turco para desplazar a sus soldados al norte de Irak y, en 2005, aprobó un decreto secreto del gabinete por el que se permitía que la base militar de Incirlik fuera utilizada por “naciones amigas y aliadas” con “fines logísticos”, incluido el “transporte de material y personal militar”. La BAK presentó querellas contra este uso y esta autorización por quebrantamiento del artículo 92 de la Constitución turca, que establece que la presencia de tropas extranjeras en territorio turco debe contar con el permiso de la Gran Asamblea Nacional. Además, las “fuerzas extranjeras” en cuestión están en estado de guerra con uno de los vecinos de Turquía. La Coalición se ha mantenido alerta ante cualquier iniciativa del Gobierno para que Turquía participe en el desastre de Irak o proporcione ayuda alguna a las fuerzas de ocupación. En ella se dan cita una pluralidad sin precedentes de sindicatos, ONG, partidos y organizaciones y personas de todos los colores políticos del país. La campaña seguirá funcionando hasta que la ocupación finalice, la base de Incirlik se clausure y todos los acuerdos militares secretos con los Estados Unidos se hayan hecho públicos.
Déficit democrático e inmunidad
Con contadas excepciones, las bases militares extranjeras operan al margen de los procesos democráticos habituales. Los gobiernos, sean o no democráticos, establecen acuerdos que se caracterizan por la exención de responsabilidades. Así, las autoridades de las bases estadounidenses están autorizadas a desempeñar sus actividades en secreto, y toda pregunta sobre sus prácticas militares, esté dirigida a las propias bases o a los gobiernos locales y nacionales, choca irremediablemente con un muro de silencio o con una nube de confusión. Las actividades de las bases militares estadounidenses, sencillamente, no parecen ser compatibles con el derecho de los ciudadanos a saber qué sucede en sus países.
Las normas por las que se rigen las bases estadounidenses suelen disponerse mediante los denominados Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA en inglés), tratados que se negocian de forma bilateral entre el Gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del país de acogida. En muchos casos, los términos concretos del acuerdo son materia reservada pero, por lo general, eximen al personal militar estadounidense de la legislación local vigente en materia de visados, impuestos y jurisdicción penal, y otorgan a las fuerzas extranjeras espacio para actuar al margen de las leyes del país. Aún mayor es el secretismo que rodea el despliegue de armas nucleares estadounidenses en Europa. Según investigaciones recientes, los Estados Unidos siguen teniendo 480 bombas nucleares en seis países europeos: Alemania, Bélgica, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido y Turquía. Sin embargo, no existen registros oficiales de estos datos, y los gobiernos de los Estados Unidos y los países de acogida se niegan incluso a confirmar o desmentir su existencia.
En Gran Bretaña, los activistas en contra del centro de espionaje de Menwith Hill llevan mucho tiempo exigiendo respuestas sobre las actividades estadounidenses en estas instalaciones que, oficialmente, están clasificadas como base de las Fuerzas Aéreas británicas. No obstante, prácticamente todo el personal del centro es estadounidense, y se dedica a controlar las comunicaciones por teléfono e internet de Europa, África septentrional, Oriente Medio y el antiguo bloque soviético. Aunque la base está situada en Gran Bretaña, el Gobierno del país sólo recibe información de ella a través de sus servicios de seguridad; información suministrada a discreción de los Estados Unidos según estimen “necesario”. Las autoridades estadounidenses de la base han intentado utilizar a oficiales de enlace británicos para desalojar el campamento pacifista instalado en las cercanías de la base, distanciándose así de una posible violación del derecho a la protesta. Las iniciativas de activistas de toda Gran Bretaña para obtener respuestas concretas de diputados y ministros del Gobierno no han recibido más que evasivas. Otra base parecida, ubicada en Pine Gap, Australia, en la que se controlan las comunicaciones del hemisferio sur, ha sido también objeto de campañas por parte de ciudadanos australianos que desean saber qué es exactamente lo que su Gobierno está permitiendo hacer al ejército estadounidense y que, de nuevo, han chocado contra un muro de silencio.
Filipinas
Filipinas acogió dos grandes bases estadounidenses (y varias instalaciones de menor dimensión) hasta 1991, cuando, en respuesta a décadas de oposición popular, el Gobierno filipino decidió no renovar el derecho del ejército estadounidense a operar en el país. Sin embargo, en 1999 –y a pesar de que la opinión pública seguía siendo muy contraria– se firmó un Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA en inglés) entre los Estados Unidos y Filipinas, un tipo de acuerdo SOFA que permite a las fuerzas militares estadounidenses realizar ejercicios militares conjuntos en las Filipinas. Desde entonces, Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses han participado en acciones contrainsurgentes, y las tropas estadounidenses desplegadas en el país están exentas de los trámites legales habituales. Roland Simbulan, destacado activista pacifista que lleva trabajando contra la presencia de las bases militares estadounidenses desde los años ochenta, explica la larga historia de lucha contra la militarización estadounidense del país: Conseguimos incluir una disposición contra las armas nucleares en la nueva Constitución filipina que se redactó tras la dictadura de Marcos y, gracias a nuestra presión sobre el Senado, logramos la retirada de las bases militares y las tropas estadounidenses en 1991. Estos dos hechos formaban parte de nuestra lucha por la reafirmación de la soberanía nacional y la dignidad de Filipinas, atropelladas durante décadas por las fuerzas del colonialismo estadounidense y el actual régimen neocolonial. Forma parte de nuestro despertar social como pueblo, una continuación de nuestra lucha de liberación nacional.
No obstante, desde 1999 se han estado efectuando con regularidad ejercicios militares estadounidenses, lo cual incluye el despliegue de asesores militares y la participación de Fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, junto con tropas filipinas, en actividades de contrainsurgencia. No deben rendir cuentas por sus acciones o actividades, totalmente encubiertas y carentes de transparencia. El gobierno de Filipinas, con la firma del VFA, ha concedido a las tropas estadounidenses que participan en los ejercicios militares conjuntos privilegios como la exención de obligaciones aduaneras y trámites de inmigración, e inmunidad ante los tribunales locales en caso de que cometan delitos en territorio filipino. Así pues, reciben un trato especial que no se otorga a nuestros ciudadanos. Nosotros seguimos sus actividades muy de cerca. La gente es nuestros ojos y oídos. Podemos incluso oírles respirar. Denunciamos los delitos que comenten contra la población y cómo violan las leyes y la dignidad de nuestros ciudadanos, especialmente de mujeres y niños, a los que utilizan para lo que denominan ‘descanso y recreo’. No se nos escapa nada de lo que hacen.
Nuestro objetivo es acabar con los ejercicios militares y los entrenamientos estadounidenses, así como con el apoyo logístico que reciben de Filipinas. Eso es parte de la infraestructura global de las fuerzas militares estadounidenses en todo el mundo. Sin esas infraestructuras, los belicistas de Washington no podrían librar ni mantener ninguna guerra de intervención ni de agresión contra otros países.
Sumidero económico
Escuchando los argumentos que esgrimen los defensores de las bases estadounidenses en el extranjero, uno podría llegar a pensar que la llegada de una gran base auguraría prosperidad para la comunidad de acogida. El gasto que realizarán miles de soldados y sus familias, y unas buenas relaciones comerciales con los Estados Unidos como aliados. ¿Qué podría salir mal? Pues parece ser que muchas cosas. Las economías de las zonas situadas en torno a las bases no confirman tanto optimismo. Las familias de los militares estadounidenses, vivan en Gran Bretaña o en Okinawa, tienden a replicar la vida en su país de origen. Esto significa que, lejos de comprar lo que necesitan de los proveedores locales, desde frigoríficos a chocolatinas, lo que sucede es que las empresas estadounidenses o el propio ejército importan bienes en gran volumen. Las empresas estadounidenses, como Home Depot en Guam, instalan establecimientos para suministrar a este mercado tan nostálgico y, en lugar de generar oportunidades para que los comercios locales se expandan, sólo proporcionan empleos poco cualificados para los habitantes de la zona.
La situación en Guam también es un buen ejemplo de cómo las elevadas pensiones de que gozan las familias del ejército destinadas en el extranjero pueden distorsionar las economías locales, haciendo subir los precios de propiedades y bienes por encima de las posibilidades de los habitantes locales. Una gran población militar con grandes expectativas en lo que se refiere al estilo de vida supone también un gran sumidero para el agua, las infraestructuras y las tierras de la isla, elevando el coste básico de la vida y los impuestos de todos los habitantes.
Las bases también pueden entrañar la destrucción directa de empleos y medios de vida. En Okinawa, por ejemplo, la expansión de las bases ha acabado con aldeas que llevaban un modo de vida sostenible basado en el mar, mientras que en Groenlandia las economías cimentadas sobre la explotación de recursos naturales se han visto destrozadas después de que se prohibiera a las comunidades acceder a sus terrenos tradicionales de caza y pesca. Cuando las bases se van, los gobiernos nacionales se encuentran con los costes de grandes operaciones de limpieza medioambiental en terrenos que, de otro modo, como sucede en Panamá (véase la página xxx), impiden la regeneración de antiguos espacios militares. Además de las repercusiones económicas de las bases sobre las propias comunidades, la llegada del ejército estadounidense puede generar alteraciones económicas más amplias. Los acuerdos de las bases suelen ir acompañados de endulzantes para los gobiernos nacionales, en forma, por ejemplo, de tratados comerciales y de inversión. Sin embargo, estos acuerdos pueden encadenar a estos países al modelo estadounidense de relaciones comerciales, liberalización y privatización, de dudoso beneficio para las naciones de acogida. En las Filipinas, por ejemplo, los acuerdos militares estaban ligados a tratados económicos que concedían a los inversores estadounidenses y filipinos idénticos derechos en los respetivos mercados. ¿Pero cuántos inversores filipinos se beneficiaban del acceso a los Estados Unidos mientras las empresas estadounidenses salían de compras, cuando estalló la burbuja asiática a fines de los noventa, y hacían el negocio del siglo adquiriendo empresas filipinas a precios de saldo?
Hawai
La actual situación del ejército estadounidense en Hawai supone una continuidad del colonialismo y tiene sus raíces en intereses económicos externos. Kathy Ferguson y Phyllis Turnbull, investigadores sobre el militarismo en Hawai explican:
“Los Estados Unidos se hicieron con Hawai en 1893, año en que un grupo de empresarios estadounidenses y europeos, con el apoyo del ejército estadounidense, derrocaron a su Gobierno legítimo y reconocido internacionalmente. Desde entonces, el ejército estadounidense ha mantenido y ampliado su presencia en el archipiélago. “El ejército representa la segunda mayor industria del estado, muy por detrás del turismo y por delante de la construcción. De hecho, es difícil separar estos tres sectores económicos, ya que gran parte del turismo está militarizado (el Arizona Memorial en Pearl Harbor y el Cementerio Nacional del Pacífico son dos de los lugares más visitados de la isla) y una parte importante de las actividades de construcción se desarrolla en las bases militares, en forma, por ejemplo, de viviendas para las familias de los militares.
“Aunque no es fácil establecer cifras exactas, el ejército posee o controla entre el 5 y el 10 por ciento del estado, y en torno a un tercio de la isla de O`ahu, la más poblada de todas. Algunos activistas hawaianos reivindican que más de la mitad de las tierras vendidas o arrendadas al ejército por parte del estado pertenece, por legítimo derecho, a los hawaianos, que nunca han cedido en sus demandas. La expansión militar prevista para dar cabida a una brigada Stryker [una unidad militar de vehículos de combate blindados], a pesar de estar impugnada en los tribunales y contravenir el proceso de Declaración de Impacto Medioambiental, se comerá probablemente casi 10.000 hectáreas más de terreno, lo cual equivaldrá a la mayor expansión desde la Segunda Guerra Mundial. “Una publicación del Banco de Hawai de 1984 llegó a la conclusión de que el ejército presentaba el patrón de crecimiento más coherente de entre los principales sectores económicos de la isla, y calculó que cada dólar gastado por el ejército daba tres vueltas en la economía local. Sin embargo, los informes del estado y los bancos suelen subestimar los verdaderos costes económicos, entre los que cabría mencionar:
Degradación medioambiental
El ejército es el principal contaminante del estado. Los fuegos incontrolados originados por los ejercicios con fuego real, la degradación del océano y el agua potable, los agentes tóxicos en las tierras, el agua y el aire, y las municiones sin detonar ponen en peligro la vida de los residentes, sobre todo de los hawaianos nativos, que viven en contacto más directo con la tierra y el océano.
Destrucción cultural. Si bien no existe un inventario completo de los lugares culturales y los yacimientos arqueológicos hawaianos, las actividades de construcción, desarrollo y entrenamiento del ejército destruyen todo rastro cultural. El impacto medioambiental y cultural del ejército también puede influir en otros sectores económicos, como la agricultura y el turismo. Enseñanza. La Ayuda de Impacto federal, supuestamente concebida para compensar a los estados por los costes que entraña educar a los hijos del personal militar es totalmente inadecuada, y cubre menos del 11 por ciento de los costes estatales.
Vivienda. La presión que ejercen las familias del ejército sobre el mercado local de la vivienda hace que suban los precios de todos los residentes. Economías alternativas. El desarrollo militar ha destruido o hecho inaccesibles zonas tradicionales de pesca. Se han destruido lagunas de peces milenarias. La ocupación militar de las tierras priva a los agricultores de su uso.
“Algunos grupos hawaianos y ecologistas siguen protestando contra el ejército, haciendo frente a la expansión de la base Stryker a través de los tribunales, trabajando en la educación por la paz y luchando contra el daño medioambiental y cultural provocado por el ejército.”
Desplazamientos de población
El establecimiento de bases militares extranjeras suele traducirse en desplazamientos de población y la privación de sus derechos. Los vastos terrenos ocupados por las bases militares estadounidenses son usurpados en muchos casos a los habitantes locales, a quienes no se les da otra salida que abandonar sus hogares y tierras de cultivo y quienes, además, no suelen recibir ninguna compensación. Y una vez establecidas, las bases tienden a expandirse, con lo que cada vez consumen más espacio, y la degradación medioambiental hace que las zonas colindantes sean inhabitables. Tampoco se libran del expolio las tierras de cultivo comunales, por las que es aún menos probable que se otorguen compensaciones, a pesar de que de ellas dependen las vidas de muchas personas. Como contrapartida, las bases sólo ofrecen trabajos no cualificados que, de todos modos, puede que no recaigan en los habitantes locales por motivos discriminatorios o temores en cuanto a la seguridad. En un número de casos significativo, las bases son responsables de la confiscación de tierras y propiedades de los habitantes locales y del desplazamiento forzoso de éstos”, explica David Vine, un antropólogo que trabaja con los chagosianos, un pueblo desplazado originario de la isla de Diego García. “Por lo general, este tipo de expulsiones lleva al empobrecimiento de los grupos afectados y a una profunda y destructiva alteración de sus modos de vida.
Por ejemplo, en Vieques, dos tercios de la isla han sido invadidos por bases militares estadounidenses y reservados para el desarrollo de ejercicios militares. Los isleños llevan décadas luchando por el derecho al retorno y por que se descontaminen sus tierras, plagadas de munición abandonada. En Honduras, los campesinos que fueron desalojados de sus tierras en los años ochenta para crear bases destinadas a la contra y a las fuerzas esta- dounidenses desde las que atacar el norte de Nicaragua han sido desposeídos de por vida a raíz de una serie de acuerdos que consolidaron la presencia de las bases y tropas estadounidenses. Historias prácticamente calcadas se repiten en lugares tan distantes como Okinawa, en Japón, y Thule, en Groenlandia. Además de la pérdida de tierras y medios de vida, la expulsión de estos pueblos puede revestir una importancia cultural mucho más profunda. En Thule, por ejemplo, una de las pocas comunidades inuit que aún pervive lleva décadas privada de sus terrenos tradicionales de caza, con lo que se ha destruido todo un modo de vida. A sus habitantes se les obliga a inscribirse en programas “modernos” de vivienda, concebidos desde el más puro etnocentrismo, para que “se integren” en el Estado danés.
Esta idea de que hay ciertos grupos indígenas –sean los inuit, los chamorros de Guam o los chagosianos– a los que se puede desterrar sin compensación alguna es una constante en las luchas contra muchas bases estadounidenses. Las autoridades estadounidenses se han aliado con los gobiernos nacionales para, en la práctica, limpiar étnicamente a estos grupos minoritarios y dejarlos en un limbo legal con muy pocos medios para reivindicar sus derechos.
Diego García
En 1971, los aterrorizados isleños de Diego García, los chagosianos, presenciaron cómo las autoridades británicas perseguían y acorralaban a todos los perros de la isla para introducirlos en jaulas selladas, gasearlos y quemarlos. Éste fue el punto culminante de la expulsión de los chagosianos de su tierra natal. Ya durante años, se había estado negando el regreso a cualquiera que abandonara la isla para recibir tratamiento médico, por vacaciones o por trabajo. Tras la matanza de los perros, animales de gran importancia en su cultura, se debía expulsar por la fuerza a toda la población humana. A algunos chagosianos los descargaron, sin más, en los muelles de Mauricio y las Seychelles. La entrega de Diego García al ejército estadounidense empezó en los años sesenta. La importante base que se estableció entonces sigue operativa hoy día, y sirve como punto de partida de muchas de las últimas operaciones de los Estados Unidos en Irak y Afganistán. La mayoría de los chagosianos ha quedado sumida en la miseria más absoluta. A fines de los años setenta se pagaron algunas compensaciones, que se utilizaron en gran medida para subsanar las deudas en que habían incurrido estas personas, totalmente desposeídas de sus tierras y sin ningún apoyo para encontrar un trabajo o un lugar donde vivir. A pesar de dos resoluciones del Tribunal Supremo que confirman la ilegalidad de la expulsión, el Gobierno británico sigue apelando contra el veredicto, mientras que el Gobierno y los tribunales estadounidenses declinan toda responsabilidad en el asunto. Según estudios efectuados en 2004, muchos chagosianos siguen marginados económicamente y excluidos de cualquier posibilidad de trabajo en Diego García por motivos raciales. David Vine, antropólogo y defensor del derecho de los chagosianos a volver a Diego García, ha documentado los estragos que ha causado la expulsión entre la población.
“Los Estados Unidos y su gobierno han cometido una evidente y terrible injusticia contra este pueblo. Nunca han asumido responsabilidad alguna por sus actos, ni emprendido ninguna acción para aliviar la difícil situación de los chagosianos, que, desde la expulsión, han quedado confinados en la pobreza.” Vine ha trabajado con comunidades chagosianas en los barrios marginales de Mauricio y las Seychelles para dejar constancia del impacto provocado por décadas de desposeimiento en términos de salud mental y física, alienación, desempleo y privación de derechos políticos, ha creado un modelo de compensación que ilustra cuánto se debe a los chagosianos por la expulsión y ha demostrado que son el pueblo autóctono de Diego García y el archipiélago de Chagos. Los chagosianos siguen luchando por el derecho a volver a su tierra natal, de la que llevan exiliados más de tres décadas, así como por una compensación justa por su expulsión y el derecho a trabajar en la base. Expansión mundial del ejército estadounidense Países con presencia significativa del ejército estadouni- Countries with significant US M denseilitary Presence1, 2, 3
Países con Centros de seguridad cooperativa (CSL en inglés) Countries with Cooperative Security Locations (CSLs)3 Base L Ubicación de la base ocation1 Pre-1993 size of dot proportional to number of Post-1993 troops deployed Debido a la naturaleza reserv Due to the secretive and trans actuales, el mapa es incompl this map is not complete, a de tropas se basa en los dato is a relative proportion pre-1993 post-1993 Extranjer Foreign: o: 737 7371 PeBases permanentes rmanent Bases US and EEUU y territorios: 2639 Territories: 2,6391 ‘TBases \'temporales\' desde 1993: 98 emporary’ bases since 1993: 982 26 OUTPOSTS OF EMPIRE - SPANISH.qxp 28/02/2007 14:16 Page 27 nidense secretiv a naturaleza reservada y efímera de los conflictos e and transient nature of the present conflicts, p is not c l mapa es incompleto y el tamaño del porcentaje omplete, and the size of troop deployment se basa en los datos disponibles actualmente. relative proportion based on the present data. SFuentes ources: 1 2005 Base Structure Report 1. 2005 Base Structure Report 2. GlobalSecurity.org 33. C. Johnson, Nemesis 2 GlobalSecurity.org C. Johnson, Nemesis
Repercusiones medioambientales
Los activistas de los países que acogen bases militares han librado duras y largas batallas para obligar al ejército estadounidense a cumplir con una tarea aparentemente sencilla: limpiar la basura que generan. Los extensos terrenos donde se establecen las bases estadounidenses destruyen, por el mero hecho de ser construidas, gran parte del entorno, desde selvas vírgenes a tierras de labranza y poblados, y continúan haciéndolo mientras funcionan e incluso una vez clausuradas. El respeto por el entorno de los países anfitriones, sencillamente, parece no estar en la lista de prioridades del ejército estadounidense. En Filipinas, por ejemplo, el inspector general del Ejército de los Estados Unidos admitió que las bases “se aprovecharon de lo poco estricto de la situación legal”. Un portavoz del Departamento de Defensa afirmó que la base estaba exenta de toda obligación medioambiental en la zona, ya que sus políticas de actuación estaban en consonancia con la legislación nacional vigente que, en el caso filipino, era nula; y esto, a pesar de que, por entonces, Filipinas contaba ya con un estatuto de tres volúmenes en materia de medio ambiente. En la práctica, esto significa que los Estados Unidos han declinado asumir cualquier responsabilidad por la intensa contaminación de las bases navales de Clark y Subic, que ha envenenado ecosistemas y ha dañado la biodiversidad y los peces de la zona.
El grupo ecologista Greenpeace ha convertido la base estadounidense de Thule, Groenlandia, en objetivo de una de sus campañas, y sus barcos han sido testigos del vertido indiscriminado de cientos de barriles de residuos y montañas de metal. Greenpeace también ha constatado altos niveles de bifenilos policlorados (BPC) y materiales radiactivos –generados por pruebas rutinarias y accidentes (entre otros, el choque de un bombardero nuclear que provocó la dispersión de plutonio)– que pasan a formar parte de la cadena alimentaria. Estos contaminantes son absorbidos a través del entorno por los crustáceos de la zona y se encuentran en un estado concentrado cuando estos crustáceos pasan a ser alimento de peces, aves y carnívoros terrestres, lo cual se traduce en defectos congénitos, cánceres y otras enfermedades entre la fauna de este entorno antaño puro. Al igual que Thule, también Guam y Okinawa se ven azotadas por la pérdida de biodiversidad, debido a la contaminación química y a la introducción en la isla de especies foráneas que llegan con los barcos y los aviones militares. En aquellos países donde la aplicación de las leyes medioambientales es más estricta, como Alemania e Italia, el ejército estadounidense ha sido blanco de acciones judiciales por la eliminación ilegal de residuos tóxicos y se ha visto obligado a limpiar los entornos que ha dañado. Así, el principio de “quien contamina, paga” en el que hacen hincapié las campañas se ha aplicado, al menos hasta ahora, principalmente en países ricos con determinado peso político en Washington.
Panamá
Las antiguas bases estadounidenses en Panamá, que cerraron en 1999, afectaron al entorno básicamente de dos formas: por un lado, crearon un enclave en la zona del Canal, distorsionando el desarrollo con la creación de dos polos, una zona relativamente “impoluta” y acomodada, y otra pobre y víctima de la explotación medioambiental; en segundo lugar, las actividades militares dejaron tras de sí materiales tóxicos y explosivos, sobre todo municiones convencionales y químicas sin detonar, en los antiguos campos de tiro, con lo que grandes extensiones de tierra quedaron improductivas. La presencia de municiones y armas químicas sin detonar supone que los terrenos no podrán ser recuperados para volver a cultivarlos o vivir en ellos. John Lindsay Poland, de la organización The Fellowship of Reconciliation, ha guiado las iniciativas de grupos estadounidenses y latinoamericanos que, con sus campañas, persiguen que el Gobierno de los Estados Unidos cumpla con los compromisos que asumió en virtud de los Tratados del Canal en materia de limpieza del medio ambiente panameño. La gravedad de las repercusiones medioambientales en Panamá ha unido al movimiento pacifista con organizaciones ecologistas de corte más convencional como el Sierra Club. Tal como explica Poland: “el principio de la limpieza medioambiental es muy simple. La mayoría de nosotros lo aprendimos de nuestros padres: cuando ensucias algo, lo limpias. Lógicamente, esto es algo fundamental en el caso de agentes químicos y explosivos tóxicos y peligrosos. Sin embargo, es muy poca la voluntad política de Panamá o los Estados Unidos para llevar a cabo una buena limpieza medioambiental de los campos de tiro, donde los estadounidenses abandonaron más de 100.000 proyectiles sin detonar, según sus propios cálculos, y de la Isla de San José, donde la Organización por la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) ha constatado la existencia de bombas de gas mostaza dejadas por los Estados Unidos. En Panamá –al igual que en otras fructíferas campañas en Filipinas y Vieques antes y después–, los activistas y las autoridades locales se concentraron en poner fin a la presencia del ejército estadounidense, hecho al que se dio prioridad por delante del problema medioambiental. Así pues, los Estados Unidos no demostraron ningún interés por las medidas medioambientales cuando decidieron marcharse. De hecho, una vez llevada al extremo la presión para cerrar las bases, los cargos públicos y los movimientos sociales de los países que acogen bases militares tienen bastante peso para asegurarse de que los Estados Unidos realicen una limpieza pero, por lo general, las autoridades locales temen que el Pentágono cambie de opinión y decida quedarse.”
Peligros para la salud
Las bases militares estadounidenses no son precisamente un ejemplo de buena vecindad. No sólo albergan tropas y actúan como un eslabón vital de las operaciones militares, sino que muchas de ellas funcionan también como terreno de pruebas para el amplio abanico de armas –químicas, biológicas y nucleares– con que sueñan los militares de alto rango. E incluso cuando simplemente se dedican a sus actividades cotidianas, pocas veces se acuerdan de limpiar tras su paso. Como consecuencia de lo mencionado, las bases militares estadounidenses van acompañadas de toda una serie de riesgos para la salud. Agentes contaminantes peligrosos, como uranio empobrecido y gases neurotóxicos, además de minas y proyectiles sin detonar, siguen plagando terrenos de pruebas como Vieques y varias bases panameñas. Esto impide que la población vuelva a terrenos ya abandonados y, en el caso de Panamá, ha provocado la muerte de numerosas personas que entraron en la zona de casi 15.000 hectáreas que ocupaban antiguos polígonos de tiro y que, durante mucho tiempo, no estuvieron valladas ni debidamente señalizadas. En lugares como la base aérea de Clark, en Panamá, no se han almacenado de forma adecuada agentes químicos muy peligrosos, que se han filtrado en tierras y aguas subterráneas y, de este modo, se han convertido en origen de multitud de enfermedades entre la población local.
Incluso en aquellos casos en que los experimentos con armas químicas y nucleares no liberan toxinas en la atmósfera, los efectos de las bases militares sobre la salud pueden ser graves. Pruebas realizadas en la antigua base naval estadounidense de la bahía de Subic, en Filipinas, han revelado la presencia de agentes químicos tóxicos, como bifenilos policlorados (BPC), plomo y carburantes en las aguas subterráneas, donde contaminan las fuentes de agua de uso doméstico y provocan un elevado índice de afecciones. Según comentarios de ex empleados militares, en la bahía de Subic se vertieron “toneladas de productos químicos tóxicos”. Además, los desplazamientos de población, así como la degradación cultural y económica, que imponen las autoridades de las bases estadounidenses y los gobiernos que las acogen y las respaldan también pueden generar altas tasas de trastornos mentales y emocionales, y suicidios, sobre todo entre las poblaciones más marginadas, como las expulsadas de Diego García y Thule (Groenlandia).
Guam
La colonia estadounidense de Guam (Guåhan en el idioma autóctono) ha padecido una intensa y amplia contaminación a causa de las bases militares estadounidenses. El impacto sobre la salud de estas bases es precisamente uno de los puntos principales de las campañas organizadas en su contra por los habitantes de Guam, tal como explica la activista Fanai Castro: La colonización estadounidense de nuestras islas desde 1898 hasta la fecha ha provocado una tremenda contaminación procedente de fuentes militares. Entre las sustancias peligrosas que se han arrojado en la zona cabría mencionar, por citar sólo algunos ejemplos, BPC; agentes naranja, azul y púrpura; y DDT. También hemos estado expuestos al vertido de metales pesados y municiones.
Tampoco se ha dado cuenta de los casi 450.000 kg de botes de gas mostaza que se almacenaron en Guåhan hace décadas, y que aún se pueden encontrar en la selva o al cavar en la tierra. La aldea de Tanåpag, en Sa’ipan, fue contaminada con los BPC transportados hasta allí por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y causaron un elevado índice de casos de cáncer. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos ‘remediaron’ este problema construyendo una incineradora en la zona y quemando las tierras contaminadas. Durante la carrera armamentística de la Guerra Fría, los Estados Unidos hicieron detonar más de 168 bombas nucleares en el Pacífico noroccidental, que propagaron sus radiaciones a toda la región a través de las corrientes marinas y los vientos alisios. Nuestro archipiélago, situado a casi 2.000 km de las Islas Marshall, fue contaminado por lluvias radiactivas entre 1946 y 1958. En noviembre de 1952, un oficial registró niveles tan extremos de radiactividad con su detector Geiger que informó inmediatamente de ello a sus superiores, que le ordenaron que ‘ignorara la radiactividad y mantuviera el pico cerrado’. Esto se ha traducido en un alto índice de cánceres relacionados con la exposición a radiaciones.
Según un cálculo muy conservador, una tercera parte de nuestra isla de 550 km2 está dominada por el ejército estadounidense. No obstante, esta cifra está aumentando rápidamente porque la ‘guerra global contra el terrorismo’ ha encontrado en nuestras tierras y aguas un excelente parque de recreo para la actividad bélica. La zona se utiliza, entre otras cosas, para formación militar y ‘juegos’ de guerra, y alberga además un puerto base de portaaviones, submarinos nucleares y una Fuerza de Ataque Global compuesta por aviones de reconocimiento no tripulados y aviones cisterna, cazas F/A-22 y bombarderos. Se calcula que, de aquí a 2014, trasladarán a la isla más de 55.000 empleados del ejército, sus familiares y trabajadores temporales, que se añadirán a una población ya importante, de unos 170.000 habitantes. La Marina ya ha iniciado el dragado del puerto de Apra para dar cabida a seis submarinos nucleares. De nuevo, hay que dejar claro que no se ha dado a la población la suficiente información sobre cómo afectará todo esto a nuestro entorno y nuestra salud.
Para todos los que vivimos en zonas de fuerte concentración militar, lo que está en juego es nuestra salud física, mental y espiritual. Involucrarse en el movimiento de protesta es lo más natural. Es algo que surge por el simple hecho de sobrevivir como pueblo indígena cha- morro en una patria colonizada. Estamos interconectados con nuestro entorno: los residuos tóxicos que se vierten en el océano o se entierran en nuestro suelo diezman y acaban matando la vida que florece a nuestro alrededor. Para los que somos conscientes de lo que está pasando en el mundo hoy día, se trata de una pesada responsabilidad. Frente a tales adversidades, la principal lucha es con nosotros mismos, es la lucha por seguir siendo humanos. Este aumento de la concentración militar se vive con tal pesimismo que muchos sienten que no pueden hacer nada para cambiar lo que está pasando. Pero debemos concebir un futuro mejor y tener el valor de actuar sobre ello, plantando las semillas de la diversidad con unidad.
Delincuencia e impunidad
En virtud de los Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA en inglés) por los que se rige el establecimiento de bases militares estadounidenses (véase el apartado “Déficit democrático e inmunidad”, página 14), el personal estadounidense está protegido contra toda acción legal, incluso en el caso de los delitos más graves. En determinados casos, los soldados estadounidenses no pueden ser procesados por actos cometidos mientras están de servicio o contra otros empleados militares estadounidenses, mientras que, en otros, están completamente a salvo de todo procesamiento judicial emprendido por el país de acogida, incluso por delitos perpetrados mientras no están de servicio.
En los casos más extremos, como sucede con el SOFA negociado entre los Estados Unidos y Timor Oriental para regular las bases que se están construyendo en este país, se concede al personal militar estadounidense plena inmunidad diplomática ante la justicia local. Esto significa que, haga lo que haga un soldado estadounidense en Timor Oriental, las autoridades nacionales no podrán arrestarlo ni retenerlo, acusarlo de ningún delito, extraditarlo por delitos cometidos en un tercer país ni responsabilizarlo económica o legalmente por asuntos civiles, como sería el pago de la pensión alimenticia para los hijos.
Incluso cuando las condiciones establecidas por un SOFA permiten que los soldados sean juzgados en el país de acogida, como ocurre en Japón, la protección ofrecida puede resultar polémica. Así, aunque los soldados pueden ser procesados, no son entregados a las autoridades japonesas hasta que no se presenta la acusación formal. Esto puede dificultar la investigación de los delitos y el interrogatorio de los sospechosos, y es motivo de controversia en un entorno en que, al parecer, los delitos cometidos por personal y contratistas militares estadounidenses –desde infracciones de tráfico a robos y asesinatos– están aumentando. Las autoridades estadounidenses arguyen, por su parte, que las diferencias entre los tribunales estadounidenses y japoneses (en Japón, por ejemplo, los juicios ante jurado son menos frecuentes) harían imposible esperar que los soldados cumplieran condena allí. Lo que es motivo de especial preocupación es que muchos de estos acuerdos de protección cubren también a empleados de empresas subcontratadas por el ejército estadounidense. Puede que el ejemplo más notorio de este hecho se revele en el fracaso de las autoridades –estadounidenses o europeas– para llevar ante la justicia a una serie de trabajadores de Dyncorp que, tal como se demostró, participaron en el tráfico de niños y mujeres como esclavos sexuales en Bosnia. Además, muchos acuerdos recientes sobre las bases militares estadounidenses –incluido el tratado con Timor Oriental– han incorporado cláusulas específicas por las que el personal estadounidense no puede ser transferido al Tribunal Penal Internacional, una iniciativa a favor de la protección de los derechos humanos en todo el mundo que el Gobierno estadounidense se ha negado repetidamente a ratificar.
Corea
En noviembre de 2002, un tribunal militar estadounidense emitió un veredicto de inocencia en el caso de dos soldados, un tanquista y un copiloto, que aquel junio habían asesinado a dos jóvenes que se dirigían a una fiesta de cumpleaños. Los soldados fueron enviados a los Estados Unidos inmediatamente después de que se dictara el fallo y el ejército pagó a las familias de las jóvenes una indemnización por responsabilidad civil. Estas absoluciones despertaron protestas en toda Corea, como la ocupación por parte de estudiantes de una base militar estadounidense a la que accedieron cortando las alambradas. La disculpa del presidente Bush poco hizo para apaciguar la indignación de los coreanos, que se vio multiplicada por el rechazo de una solicitud presentada por las autoridades coreanas para que los dos hombres fueran juzgados en los tribunales locales. El caso de estas dos jóvenes fue el más prominente de los al menos 52.000 delitos que los activistas coreanos afirman que han cometido soldados estadounidenses entre 1967 y 2002.
Según la Campaña nacional por la erradicación de delitos cometidos por tropas estadounidenses en Corea, estos delitos incluyen tiroteos, agresiones, violaciones y asesinatos. Civiles coreanos han sido asesinados por militares estadounidenses por hechos tan menores como fumar demasiado o intervenir en peleas, o por celos de origen sexual.
El asesinato injustificado de coreanos a manos de soldados estadounidenses empezó con la muerte a tiros de dos personas que habían acudido a los muelles de Incheon para dar la bienvenida a la Marina estadounidense, en 1945, pero fue el asesinato en 1992 de una empleada de un bar cercano a una base estadounidense lo que provocó una gran conmoción, sobre todo después de que se conocieran los detalles de la truculenta tortura a la que fue sometida por un soldado estadouni- dense. Una plataforma de la sociedad civil reunió a un gran número de organizaciones para exigir justicia por la mujer asesinada, Yoon Geumy. Lucharon durante un año para denunciar los términos del SOFA en Corea y para que el soldado en cuestión pudiera ser juzgado en el país. Finalmente, el Tribunal Supremo coreano lo condenó a 15 de años de prisión, aunque los integrantes de la campaña consideraron que se trataba de pena simbólica teniendo en cuenta la extraordinaria violencia del crimen.
La plataforma temporal que surgió a raíz de este caso acabó derivando en la creación de más organizaciones y campañas, que han generado una mayor concienciación sobre las elevadas tasas de delincuencia registradas en torno a las bases estadounidenses, vinculándolas al hecho de que los estadounidenses no deben rendir cuentas tampoco sobre otros problemas derivados de la presencia de las bases, como el que los soldados tengan hijos con mujeres de la zona y la tremenda contaminación medioambiental y los accidentes con agentes químicos tóxicos.
Estas organizaciones han conseguido que se revisen los términos del SOFA y se eliminen algunas de las cláusulas de impunidad concedidas a los soldados estadounidenses, pero siguen movilizándose por los derechos de las víctimas y, en última instancia, por la desaparición de las bases militares estadounidenses en Corea.
Delitos sexuales y prostitución
La peculiar mezcla de machismo y militarismo que reina en las bases militares estadounidenses entraña, por lo general, problemas en las relaciones con las mujeres locales. Las zonas cercanas a las bases suelen registrar niveles elevados de prostitución, mientras que, debido a los acuerdos gubernamentales que protegen a los soldados estadounidenses de toda acción legal, los delitos sexuales raras veces topan con la dureza penal que les corresponde. Las autoridades militares estadounidenses parecen simpatizar con la idea de que la prostitución es una buena manera de que los soldados estacionados a miles de kilómetros de sus mujeres o novias “se desahoguen”. El bienestar de las mujeres que proporcionan estas ofertas de “descanso y recreo” no suele ser motivo de inquietud, a pesar de que la prostitución que rodea bases y puertos utilizados por los buques estadounidenses en las Filipinas y Tailandia alimenta el tráfico de mujeres por todo el Sudeste Asiático y que las condiciones de vida y los niveles de salud entre las trabajadoras sexuales suelen ser precarios. La actitud de los médicos del ejército estadounidense con respecto a las mujeres que desean realizarse la prueba del VIH es muy reveladora: se hacen análisis para garantizar que las mujeres sean una mercancía segura, no contagiada por el VIH, para los soldados, pero no se les ofrece asesoramiento sobre cómo reducir el riesgo en las prácticas sexuales ni medidas de protección. Si bien los jefes militares pueden desentenderse del bienestar de las trabajadoras sexuales por considerarlo una cuestión que depende de la propia elección profesional de las mujeres, la realidad manifiesta una situación mucho más compleja, y muchas mujeres no eligen esta vía como profesión, sino que se consideran auténticas compañeras sentimentales y quedan conmocionadas cuando se encuentran abandonadas en el momento en que los soldados son trasladados. Se calcula que, desde 1945, sólo en Filipinas, han nacido unos 50.000 niños no reconocidos de soldados estadounidenses; niños que no reciben ninguno de los beneficios de las familias de los militares, como atención médica, vivienda y educación. Problemas parecidos se han detectado en torno a las bases estadounidenses en Alemania y Reino Unido. Los ejemplos más extremos del uso y abuso de mujeres por parte de soldados estadounidenses se encuentran en los elevados índices de delitos sexuales, pedofilia incluida, cerca de las bases. Algunos casos muy conocidos, como el asesinato de una joven trabajadora de un bar a manos de un soldado estadounidense en Corea en 1992 y la violación de una niña de 12 años en Okinawa por tres soldados en 1995, son apenas la punta del iceberg de las dificultades cotidianas a las que deben hacer frente mujeres y niñas que viven en las ciudades donde se ubican las bases, desde Honduras a Guam, pasando por el Labrador. Estudios sobre la ocupación estadounidense de Japón en los años cincuenta revelan que los soldados entregaban a las víctimas de sus violaciones víveres racionados con el fin de convertir el delito –al menos a ojos del autor– en un trato comercial. Al aprobar el uso de esta prostitución a gran escala y negarse a asumir responsabilidades con respecto a la seguridad de las mujeres que se encuentran en torno a sus bases, la actitud del ejército estadounidense facilita y fomenta que las mujeres sean utilizadas como objetos. Okinawa
El 75% de las bases estadounidenses en Japón se concentra en Okinawa, una diminuta isla que representa apenas el 0,6 por ciento de territorio del país. Éstas ocupan gran parte de los mejores terrenos agrícolas y espacios pesqueros de la isla, además de provocar una grave contaminación medioambiental y acústica. Por si fuera poco, las bases también han dado lugar a un elevado índice de delincuencia y un nivel inquietante de violencia sexual, tal como explica Suzuyo Takasato, de Mujeres de Okinawa contra la Violencia Militar: Okinawa es un lugar en el que las fuerzas armadas han aprendido a hacer daño y matar, durante más de 60 años, a muy corta distancia de la población local. Esta situación alimenta una violencia estructural, es decir, que va más allá de los delitos perpetrados por determinados soldados.
Cuando tres soldados estadounidenses violaron a una niña de 12 años en septiembre de 1995, un caso tristemente conocido, la conmoción fue tal que la sociedad no pudo permanecer en silencio. Pero en Okinawa hay también una larga historia de violencia y hostigamientos a raíz de la presencia de las bases.
Durante la posguerra, incluso después de la Batalla de Okinawa y durante la Guerra de Corea, todo Okinawa se convirtió en un territorio sin ley. Los soldados estadounidenses violaban a las mujeres, amenazándolas a punta de pistola, en los campos y en las calles, e incluso secuestrándolas delante de sus familias. De ahí surgieron muchos embarazos no deseados; todas las mujeres de Okinawa eran posibles víctimas de la violencia sexual, independientemente de su edad. Se dio, por ejemplo, un caso con un bebé de nueve meses en 1949 y con una niña de seis años, violada y asesinada, en 1955.
Durante la Guerra de Vietnam, la terrible violencia practicada por los soldados estadounidenses, que actuaban en un estado psicológico extremadamente inestable y frenético, se dirigió también hacia la mujeres que vivían en las zonas cercanas a las bases. En aquella época, morían entre dos y cuatro personas estranguladas cada año, y muchas mujeres vivían con temor ante este posible destino.
Okinawa volvió a estar bajo administración japonesa en 1972, pero la violencia no se detuvo e incluso se hizo más crónica. Hubo una serie de violaciones e intentos de violación, así como abusos sexuales en lugares públicos e incluso un caso en que se allanó un domicilio privado. Entre las víctimas, había una niña de 10 años y otra de 14.
Cuando se produjo la violación de aquella niña en 1995, yo estaba organizando un taller con otras mujeres de Okinawa en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, sobre el tema de la violencia militar contra las mujeres en nuestra isla. Cuando volvimos a casa y supimos más detalles del caso, decidimos romper el silencio que acompañaba a aquella violencia. Así que fundamos Mujeres de Okinawa contra la Violencia Militar, una asociación que pretende acabar con el poder y la violencia militares. Al mismo tiempo, abrimos un centro de asesoramiento para intervenciones de emergencia en caso de violaciones, que presta apoyo a las víctimas de la violencia sexual. Elaboramos una cronología de delitos sexuales cometidos por soldados estadounidenses durante la posguerra que sirvió para desvelar unos niveles de violencia antes desconocidos. También organizamos una Caravana de la Paz a los Estados Unidos en 1996 y 1998 para concienciar a los ciudadanos estadounidenses sobre la realidad de las actividades de sus soldados y debatir con ellos. En 1997 formamos la Red de Mujeres contra el Militarismo de Asia Oriental-Estados Unidos-Puerto Rico, junto con mujeres de Filipinas, Corea, los Estados Unidos y Puerto Rico, con la idea de compartir nuestras experiencias sobre los efectos negativos de las bases sobre las mujeres, los niños y el medio ambiente, aprender de forma colectiva de nuestras propias actividades y ayudarnos mutuamente. En Okinawa, 34 organizaciones se unieron en 1999 para poner en marcha la Red Ciudadana de Okinawa, de la que soy una de las coordinadoras. Sin embargo, las bases siguen aquí, y se están construyendo unas nuevas instalaciones ‘flotantes’ en la bahía de Henoko, también en la provincia de Okinawa, para sustituir a la peligrosa base de Futenma. En un referéndum ciudadano se emitió un ‘no’ categórico a esta nueva base, mientras varios grupos ciudadanos iniciaban acciones de resistencia en el mar durante más de 600 días, obligando a que se detuvieran los planes de construcción. Fue la victoria del poder de la esperanza que cree en la vida, la paz y la coexistencia, y niega toda forma de poder militar y violencia. Para saber más…
Índice
Introducción
Pérdida de soberanía
Turquía
Déficit democrático e inmunidad
Las Filipinas
Sumidero económico
Hawai
Desplazamientos de población
Diego García
Mapa: expansión mundial del ejército estadounidense
Repercusiones medioambientales
Panamá
Peligros para la salud
Guam
Delincuencia e impunidad
Corea
Delitos sexuales y prostitución Okinawa
Para saber más
Colaboradores
Introducción
Hace unos años, se puso de moda, durante un tiempo, hablar de la “desterritorialización” del imperio, con lo que se quería decir que el control imperial se había visto sustituido por otras formas de control político más sutiles. Pero si echamos una ojeada a las redes de bases militares extranjeras en todo el mundo, esta teoría se desmonta, puesto que aún siguen en funcionamiento más de 1.000 bases e instalaciones de este tipo, la mayoría de las cuales gestionadas por el ejército estadounidense, que tiene presencia militar en más de 130 países. Éstas van desde extensas instalaciones, como en la bahía de Guantánamo, a centros de espionaje o campos de entrenamiento conjunto de menores dimensiones, depósitos para misiles nucleares, instalaciones de “descanso y recuperación” y estaciones de repostaje. Además, los Estados Unidos y algunos de sus aliados de la OTAN complementan esta amplia presencia militar con una red aún más elaborada de derechos: derechos de puertos de escala, de aterrizaje para aviones espía y militares, de repostaje y de sobrevuelo. Instalar bases militares en territorio ajeno es algo tan antiguo como el propio concepto de ejército organizado. Pero la historia de la actual red mundial de bases militares extranjeras empieza en la época colonial, durante la que el Reino Unido y otras potencias europeas establecieron infraestructuras militares con miras a reprimir el descontento de la población local, protegerse de otras potencias y dar apoyo a todo tipo de operaciones militares o civiles en torno a las posesiones coloniales. Gran Bretaña y Francia aún mantienen bases más allá de sus fronteras –restos del colonialismo–, pero la gran mayoría de bases militares extranjeras actuales pertenece a los Estados Unidos. De base a base
Aunque los Estados Unidos intentaron mantener el aura de una política exterior no colonialista durante todo el siglo XX, sus primeras bases en el extranjero se establecieron en 1898, después de ganar la última guerra hispano-estadounidense y hacerse con Puerto Rico, la bahía de Guantánamo, Filipinas, Guam y Hawai. Por aquel entonces, el Gobierno McKinley consideraba que Hawai era un territorio vital “para ayudarnos a conseguir la parte que nos corresponde de China”. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos expandieron su imperio de bases rápidamente, forjando el mapa político bipolar con el envío de tropas y armamento a Europa y Asia Oriental, en un intento por “frenar” las aspiraciones de la URSS y poder librar guerras por delegación en Asia, América Latina y África.
Después de 1989, los Estados Unidos iniciaron un importante programa de “reestructuración de bases”. El programa perseguía reducir el número de soldados estadounidenses estacionados en Europa y Asia Oriental y, al mismo tiempo, ampliar el alcance militar mundial de Washington abriendo bases estratégicas, aunque fueran pequeñas, en zonas donde hasta entonces no había presencia del ejército estadounidense. En la última década, esta carrera por el “dominio integral” se ha concentrado en el establecimiento de una red mundial de centros de espionaje en la línea de los “puestos de escucha” de Echelon, como Menwith Hill en el Reino Unido; de las instalaciones necesarias para el proyecto de defensa antimisiles, y de pequeños centros operativos “de avanzada” que permiten a los Estados Unidos atacar con rapidez cualquier lugar y en cualquier momento. Este proyecto sigue en marcha, y el 20 de febrero de 2007 el Gobierno estadounidense anunció que existían acuerdos provisionales para establecer nuevas bases de radares para “defensa antimisiles” en Polonia y la República Checa.
Sin embargo, la incapacidad para mantener invasiones militares sobre el terreno –en Somalia durante los años noventa y, más recientemente, en Irak y Afganistán– ha despertado dudas entre las elites militares estadounidenses sobre el objetivo original de reducir la presencia de tropas terrestres en el extranjero. En consecuencia, parece haberse detenido la retirada de tropas de Alemania, Italia, Japón y Corea. Además, los Estados Unidos parecen estar proyectando una docena de bases “duraderas” con las que dar apoyo a miles de soldados en Irak y Afganistán, ampliar su infraestructura militar en el exterior y poner el debate sobre la “retirada” de los Estados Unidos bajo una nueva perspectiva. Pero las bases no son fortalezas militares aisladas. Sin su extensa red de bases militares en todo el mundo, los Estados Unidos no habrían podido efectuar más de 300 intervenciones militares en el extranjero durante el siglo XX. Sin ellas, habría sido mucho más difícil derrocar gobiernos latinoamericanos democráticos y simpatizantes del cambio socialista, e involucrarse tan intensamente en guerras y campañas en Asia Oriental. Y evidentemente, también habrían resultado mucho más complicadas las prolongadas campañas de bombardeo de Irak durante los años noventa, por no hablar de las invasiones de Afganistán e Irak, dirigidas por los estadounidenses, o de la invasión del Líbano por parte de Israel, respaldada también por Washington. Y si las bases de Turquía, Arabia Saudí y Diego García fueron fundamentales en estas campañas, la actual concentración de medios militares en Irak, Afganistán, Asia Central, Pakistán y los estados del Golfo permitiría a los Estados Unidos controlar o incluso invadir Irán en el futuro.
Bases extranjeras, impactos locales
Las bases militares extranjeras están concebidas para proyectar su poder militar en todo el mundo pero, al mismo tiempo, sus consecuencias más visibles y cotidianas se hacen sentir en el ámbito local o nacional. Este manual analiza algunas de dichas consecuencias en mayor detalle. Se acerca a casos concretos en que la proximidad de una base ha llevado a la población local a organizar protestas, en algunas ocasiones durante décadas. A lo largo de sus ocho capítulos, desgrana los “motivos por los que las bases son perjudiciales para la salud”. Cada uno de los capítulos repasa el contexto de fondo de un problema y, a continuación, presenta un caso concreto que ilustra dicho problema general y los notables esfuerzos que ha realizado la gente sobre el terreno en su infatigable lucha en contra de las injusticias que acompañan a las bases militares extranjeras. Así, se realiza un recorrido por los efectos catastróficos de las bases sobre las economías locales, el medio ambiente y la salud pública; por la pérdida de poder soberano de la “nación de acogida” y la consiguiente falta de responsabilidad democrática provocada por las bases extranjeras, así como por la cuestión moral de que el propio país se convierta en cómplice de la violación del derecho internacional humanitario y de guerra. Se pasa también por el aumento de las tasas de delincuencia, la imposibilidad para la mayoría de países de acogida de juzgar a soldados estadounidenses y, más concretamente, los altos índices de violaciones, prostitución y explotación de mujeres que envuelven a las bases. Y, finalmente, por la historia de aquellos que perdieron tierras y hogares, o incluso territorios ancestrales sagrados, para dar cabida a una base extranjera, como sucedió en Diego García, Thule (Groendlandia) y Vieques (Puerto Rico).
Contraatacando al imperio
La resistencia a la presencia militar extranjera es casi tan generalizada como las propias bases, sean baluartes coloniales, instalaciones de defensa de avanzada de la Guerra Fría o plataformas de “dominio integral” más actuales. La ciudad italiana de Vicenza, por ejemplo, ha sido testigo recientemente de un gran movimiento en contra del proyecto de construcción de una nueva base en Dal Molin, el antiguo aeropuerto de la localidad. El 18 de febrero de 2007, unas 120.000 personas de toda Italia tomaron las calles de esta ciudad de 110.000 habitantes. “Estamos en contra de la base. Defendemos nuestra tierra y no queremos estar en la vanguardia de la guerra global contra el terrorismo”, declaró Francesco Pavin, de “No al Dal Molin”, una plataforma de ciudadanos, activistas contra la guerra y grupos religiosos y ecologistas. Cinzia Bottene, organizadora de uno de los diversos comités ciudadanos contra la base, señaló que los vecinos están preocupados por que “una nueva base ejercerá presión sobre nuestras infraestructuras, nuestros servicios, nuestros recursos. Destruirá nuestra comunidad”.
Pero esto es algo más que una simple lucha local. Tal como manifestó Toni Pigatto, de la asociación local de boy scouts, a Inter Press Service, “no sólo protestamos porque construirán otra base militar en Vicenza. Decimos no aquí y no en ningún otro lugar. Rechazamos la idea de que la democracia se pueda difundir a través de armas”.
Éste es el espíritu que comparte la red mundial de ciudadanos, activistas e investigadores que ha surgido durante los últimos tres años con el objetivo de hacer frente al fenómeno de las bases militares extranjeras. Este grupo de organizaciones y personas, sirviéndose de una lista de correo electrónico, un sitio web conjunto (no-bases.net) y reuniones en los foros sociales y otras conferencias para intercambiar información, discutir estrategias y organizar investigaciones y campañas a escala internacional, ha ido creciendo hasta convertirse en un movimiento verdaderamente mundial, integrado en los movimientos por la justicia social y contra la guerra. Este manual se presenta en ocasión de la primera conferencia mundial de esta red, celebrada en Ecuador entre el 5 y el 9 de marzo de 2007, desde la que se reivindica la abolición de las bases militares extranjeras, y su objetivo es proporcionar una breve guía de fácil lectura con los principales argumentos contra las bases militares extranjeras. La meta subyacente de esta red parte del reconocimiento de que, aunque sigue siendo importante fortalecer cada una de las campañas locales contra bases militares, ya va siendo hora de desafiar toda la estructura de las bases a escala mundial. Esto entraña poner en tela de juicio las justificaciones morales, económicas y políticas en las que se asienta la idea de que algunos países pueden exportar su militarismo a todo el planeta. Para aquellos que luchan por liberarse del yugo de los Estados Unidos y otras fuerzas militares extranjeras, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos puede constituir un buen punto de partida, pues en ella se expresa que los Estados Unidos deseaban verse libres del dominio británico “por acuartelar grandes cuerpos de tropas armadas entre nuestra población” y “por protegerlos mediante falsos juicios del castigo por asesinatos cometidos sobre los habitantes de estos estados”. Las comunidades ya se están organizando, en todo el mundo, para declarar su propia independencia de los Estados Unidos y sus bases. Wilbert van der Zeijden Amsterdam, Países Bajos 21 de febrero de 2007
Pérdida de soberanía
Cuando un Estado acepta la presencia de bases estadounidenses en su territorio, acepta de hecho el actuar como punto de partida de acciones militares, ya sean invasiones, ataques aéreos u operaciones encubiertas. Irak, por ejemplo, fue bombardeado durante más de una década desde lugares tan distantes entre sí como Okinawa, Diego García, Turquía, Italia y Alemania. Los cultivos de los cocaleros colombianos son fumigados con aviones que despegan desde Ecuador. Somalia fue bombardeada recientemente desde Djibouti y, muy probablemente, desde Diego García.
Alemania se opuso oficialmente a la guerra de Irak en 2003, pero eso no evitó que el país se utilizara como base para el traslado de un gran número de soldados estadounidenses, material y equipos militares. En 1986, en Gran Bretaña hubo protestas contra el bombardeo de Libia desde bases británicas; no sólo por la acción bélica en sí, sino porque ésta no se notificó de antemano a los políticos británicos. Y los Estados Unidos, que mantienen un arsenal nuclear secreto en seis bases europeas, siguen gozando del derecho a lanzar estas armas sin consultarlo previamente con los gobiernos de acogida.
Los detractores de las bases estadounidenses sostienen que el uso del territorio de otro país como plataforma de lanzamiento de operaciones militares los hace vulnerables a ataques en respuesta a actos de los que no son directamente responsables, ni sobre los que los ciudadanos pueden opinar. Al Qaeda inició su andadura como campaña contra del estacionamiento de tropas estadounidenses en las bases de Arabia Saudí. Y los activistas contra las bases de Okinawa afirman que, a pesar de la oposición de gran parte de la población a las políticas estadounidenses en materia de armas nucleares y “guerra contra el terrorismo”, la presencia de esas enormes bases en la zona convierte a la isla en posible objetivo de ataques nucleares o atentados terroristas.
En colonias estadounidenses como Vieques y Guam, la decisión de utilizar sus territorios con fines militares ha generado conflictos entre los defensores de la soberanía local y los partidarios de la soberanía nacional. Las autoridades locales y los ciudadanos son contrarios a las bases porque éstas traen consigo la destrucción de los recursos y las culturas locales, pero el Gobierno federal y el ejército de los Estados Unidos se imponen sobre ellos. En lugares como Okinawa, el Gobierno central japonés ha recurrido a presiones políticas y amenazas económicas para evitar que los representantes electos locales mantengan su resistencia a la presencia militar estadounidense.
Turquía
Turquía acoge una de las bases militares estadounidenses más “activas”. La base de Incirlik fue fundamental para mantener las zonas de exclusión aérea en Irak durante los años noventa, bombardear Afganistán y, ocasionalmente, para efectuar operaciones militares encubiertas en Asia Central y el Cáucaso. Incirlik actúa también como base nuclear y centro de espionaje. Según explica Nilufer Ugur-Dalay, una activista turca en contra de las operaciones militares estadounidenses en su país: La OTAN se estableció en 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, pero la incorporación de Turquía en la organización puso de manifiesto que los intereses estadounidenses iban más allá del Atlántico Norte. No es un país del Atlántico Norte; pero compartía frontera con la Unión Soviética. Turquía también tuvo una importancia capital en el control de la OTAN sobre el Mediterráneo, el Egeo y el mar Negro. La entrada de Turquía en la OTAN brindó a ésta última la oportunidad de establecerse en su territorio. Tras ella, llegaron acuerdos, bases militares y depósitos de armamento que convirtieron al país en avanzadilla militar del imperialismo y en plataforma de lanzamiento de ataques. Como preludio del establecimiento de las bases, los dos países firmaron una serie de tratados militares. Un acuerdo de 1980 declaraba abiertamente que las bases turcas se utilizarían para ataques. El día en que el tratado entró en vigor, el Consejo Ministerial de la OTAN aprobó una resolución por la que, en caso de que los órganos competentes de la OTAN consideraran sospechoso cualquier movimiento en la Península Arábiga, Irán o el golfo de Basora, Turquía debía acatar su decisión. Ésta era la obligación más dura del texto. Durante la Primera Guerra del Golfo, este acuerdo permitió que los cazas estadounidenses bombardearan Irak partiendo de la base de Incirlik. En este sentido, las bases son un medio para que los Estados Unidos puedan amenazar a los vecinos de Turquía.
La Coalición para la Paz y la Justicia Mundial (BAK), la campaña nacional contra la guerra, adquirió gran prominencia cuando, el 1 de marzo de 2003, consiguió obligar al Parlamento turco a votar en contra del intento del Gobierno de autorizar a las fuerzas estadounidenses a utilizar territorio turco para atacar Irak. Esta victoria fue fruto de una intensa campaña de seis meses a escala nacional que movilizó a cientos de miles de personas y que se compuso de un sinnúmero de reuniones, conferencias de prensa, anuncios televisivos, delegaciones al Parlamento, manifestaciones locales y, finalmente, culminó con una multitudinaria manifestación en Ankara el día del voto histórico en el Parlamento. Pero el Gobierno sí permitió que los estadounidenses utilizaran el espacio aéreo turco para desplazar a sus soldados al norte de Irak y, en 2005, aprobó un decreto secreto del gabinete por el que se permitía que la base militar de Incirlik fuera utilizada por “naciones amigas y aliadas” con “fines logísticos”, incluido el “transporte de material y personal militar”. La BAK presentó querellas contra este uso y esta autorización por quebrantamiento del artículo 92 de la Constitución turca, que establece que la presencia de tropas extranjeras en territorio turco debe contar con el permiso de la Gran Asamblea Nacional. Además, las “fuerzas extranjeras” en cuestión están en estado de guerra con uno de los vecinos de Turquía. La Coalición se ha mantenido alerta ante cualquier iniciativa del Gobierno para que Turquía participe en el desastre de Irak o proporcione ayuda alguna a las fuerzas de ocupación. En ella se dan cita una pluralidad sin precedentes de sindicatos, ONG, partidos y organizaciones y personas de todos los colores políticos del país. La campaña seguirá funcionando hasta que la ocupación finalice, la base de Incirlik se clausure y todos los acuerdos militares secretos con los Estados Unidos se hayan hecho públicos.
Déficit democrático e inmunidad
Con contadas excepciones, las bases militares extranjeras operan al margen de los procesos democráticos habituales. Los gobiernos, sean o no democráticos, establecen acuerdos que se caracterizan por la exención de responsabilidades. Así, las autoridades de las bases estadounidenses están autorizadas a desempeñar sus actividades en secreto, y toda pregunta sobre sus prácticas militares, esté dirigida a las propias bases o a los gobiernos locales y nacionales, choca irremediablemente con un muro de silencio o con una nube de confusión. Las actividades de las bases militares estadounidenses, sencillamente, no parecen ser compatibles con el derecho de los ciudadanos a saber qué sucede en sus países.
Las normas por las que se rigen las bases estadounidenses suelen disponerse mediante los denominados Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA en inglés), tratados que se negocian de forma bilateral entre el Gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del país de acogida. En muchos casos, los términos concretos del acuerdo son materia reservada pero, por lo general, eximen al personal militar estadounidense de la legislación local vigente en materia de visados, impuestos y jurisdicción penal, y otorgan a las fuerzas extranjeras espacio para actuar al margen de las leyes del país. Aún mayor es el secretismo que rodea el despliegue de armas nucleares estadounidenses en Europa. Según investigaciones recientes, los Estados Unidos siguen teniendo 480 bombas nucleares en seis países europeos: Alemania, Bélgica, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido y Turquía. Sin embargo, no existen registros oficiales de estos datos, y los gobiernos de los Estados Unidos y los países de acogida se niegan incluso a confirmar o desmentir su existencia.
En Gran Bretaña, los activistas en contra del centro de espionaje de Menwith Hill llevan mucho tiempo exigiendo respuestas sobre las actividades estadounidenses en estas instalaciones que, oficialmente, están clasificadas como base de las Fuerzas Aéreas británicas. No obstante, prácticamente todo el personal del centro es estadounidense, y se dedica a controlar las comunicaciones por teléfono e internet de Europa, África septentrional, Oriente Medio y el antiguo bloque soviético. Aunque la base está situada en Gran Bretaña, el Gobierno del país sólo recibe información de ella a través de sus servicios de seguridad; información suministrada a discreción de los Estados Unidos según estimen “necesario”. Las autoridades estadounidenses de la base han intentado utilizar a oficiales de enlace británicos para desalojar el campamento pacifista instalado en las cercanías de la base, distanciándose así de una posible violación del derecho a la protesta. Las iniciativas de activistas de toda Gran Bretaña para obtener respuestas concretas de diputados y ministros del Gobierno no han recibido más que evasivas. Otra base parecida, ubicada en Pine Gap, Australia, en la que se controlan las comunicaciones del hemisferio sur, ha sido también objeto de campañas por parte de ciudadanos australianos que desean saber qué es exactamente lo que su Gobierno está permitiendo hacer al ejército estadounidense y que, de nuevo, han chocado contra un muro de silencio.
Filipinas
Filipinas acogió dos grandes bases estadounidenses (y varias instalaciones de menor dimensión) hasta 1991, cuando, en respuesta a décadas de oposición popular, el Gobierno filipino decidió no renovar el derecho del ejército estadounidense a operar en el país. Sin embargo, en 1999 –y a pesar de que la opinión pública seguía siendo muy contraria– se firmó un Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA en inglés) entre los Estados Unidos y Filipinas, un tipo de acuerdo SOFA que permite a las fuerzas militares estadounidenses realizar ejercicios militares conjuntos en las Filipinas. Desde entonces, Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses han participado en acciones contrainsurgentes, y las tropas estadounidenses desplegadas en el país están exentas de los trámites legales habituales. Roland Simbulan, destacado activista pacifista que lleva trabajando contra la presencia de las bases militares estadounidenses desde los años ochenta, explica la larga historia de lucha contra la militarización estadounidense del país: Conseguimos incluir una disposición contra las armas nucleares en la nueva Constitución filipina que se redactó tras la dictadura de Marcos y, gracias a nuestra presión sobre el Senado, logramos la retirada de las bases militares y las tropas estadounidenses en 1991. Estos dos hechos formaban parte de nuestra lucha por la reafirmación de la soberanía nacional y la dignidad de Filipinas, atropelladas durante décadas por las fuerzas del colonialismo estadounidense y el actual régimen neocolonial. Forma parte de nuestro despertar social como pueblo, una continuación de nuestra lucha de liberación nacional.
No obstante, desde 1999 se han estado efectuando con regularidad ejercicios militares estadounidenses, lo cual incluye el despliegue de asesores militares y la participación de Fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, junto con tropas filipinas, en actividades de contrainsurgencia. No deben rendir cuentas por sus acciones o actividades, totalmente encubiertas y carentes de transparencia. El gobierno de Filipinas, con la firma del VFA, ha concedido a las tropas estadounidenses que participan en los ejercicios militares conjuntos privilegios como la exención de obligaciones aduaneras y trámites de inmigración, e inmunidad ante los tribunales locales en caso de que cometan delitos en territorio filipino. Así pues, reciben un trato especial que no se otorga a nuestros ciudadanos. Nosotros seguimos sus actividades muy de cerca. La gente es nuestros ojos y oídos. Podemos incluso oírles respirar. Denunciamos los delitos que comenten contra la población y cómo violan las leyes y la dignidad de nuestros ciudadanos, especialmente de mujeres y niños, a los que utilizan para lo que denominan ‘descanso y recreo’. No se nos escapa nada de lo que hacen.
Nuestro objetivo es acabar con los ejercicios militares y los entrenamientos estadounidenses, así como con el apoyo logístico que reciben de Filipinas. Eso es parte de la infraestructura global de las fuerzas militares estadounidenses en todo el mundo. Sin esas infraestructuras, los belicistas de Washington no podrían librar ni mantener ninguna guerra de intervención ni de agresión contra otros países.
Sumidero económico
Escuchando los argumentos que esgrimen los defensores de las bases estadounidenses en el extranjero, uno podría llegar a pensar que la llegada de una gran base auguraría prosperidad para la comunidad de acogida. El gasto que realizarán miles de soldados y sus familias, y unas buenas relaciones comerciales con los Estados Unidos como aliados. ¿Qué podría salir mal? Pues parece ser que muchas cosas. Las economías de las zonas situadas en torno a las bases no confirman tanto optimismo. Las familias de los militares estadounidenses, vivan en Gran Bretaña o en Okinawa, tienden a replicar la vida en su país de origen. Esto significa que, lejos de comprar lo que necesitan de los proveedores locales, desde frigoríficos a chocolatinas, lo que sucede es que las empresas estadounidenses o el propio ejército importan bienes en gran volumen. Las empresas estadounidenses, como Home Depot en Guam, instalan establecimientos para suministrar a este mercado tan nostálgico y, en lugar de generar oportunidades para que los comercios locales se expandan, sólo proporcionan empleos poco cualificados para los habitantes de la zona.
La situación en Guam también es un buen ejemplo de cómo las elevadas pensiones de que gozan las familias del ejército destinadas en el extranjero pueden distorsionar las economías locales, haciendo subir los precios de propiedades y bienes por encima de las posibilidades de los habitantes locales. Una gran población militar con grandes expectativas en lo que se refiere al estilo de vida supone también un gran sumidero para el agua, las infraestructuras y las tierras de la isla, elevando el coste básico de la vida y los impuestos de todos los habitantes.
Las bases también pueden entrañar la destrucción directa de empleos y medios de vida. En Okinawa, por ejemplo, la expansión de las bases ha acabado con aldeas que llevaban un modo de vida sostenible basado en el mar, mientras que en Groenlandia las economías cimentadas sobre la explotación de recursos naturales se han visto destrozadas después de que se prohibiera a las comunidades acceder a sus terrenos tradicionales de caza y pesca. Cuando las bases se van, los gobiernos nacionales se encuentran con los costes de grandes operaciones de limpieza medioambiental en terrenos que, de otro modo, como sucede en Panamá (véase la página xxx), impiden la regeneración de antiguos espacios militares. Además de las repercusiones económicas de las bases sobre las propias comunidades, la llegada del ejército estadounidense puede generar alteraciones económicas más amplias. Los acuerdos de las bases suelen ir acompañados de endulzantes para los gobiernos nacionales, en forma, por ejemplo, de tratados comerciales y de inversión. Sin embargo, estos acuerdos pueden encadenar a estos países al modelo estadounidense de relaciones comerciales, liberalización y privatización, de dudoso beneficio para las naciones de acogida. En las Filipinas, por ejemplo, los acuerdos militares estaban ligados a tratados económicos que concedían a los inversores estadounidenses y filipinos idénticos derechos en los respetivos mercados. ¿Pero cuántos inversores filipinos se beneficiaban del acceso a los Estados Unidos mientras las empresas estadounidenses salían de compras, cuando estalló la burbuja asiática a fines de los noventa, y hacían el negocio del siglo adquiriendo empresas filipinas a precios de saldo?
Hawai
La actual situación del ejército estadounidense en Hawai supone una continuidad del colonialismo y tiene sus raíces en intereses económicos externos. Kathy Ferguson y Phyllis Turnbull, investigadores sobre el militarismo en Hawai explican:
“Los Estados Unidos se hicieron con Hawai en 1893, año en que un grupo de empresarios estadounidenses y europeos, con el apoyo del ejército estadounidense, derrocaron a su Gobierno legítimo y reconocido internacionalmente. Desde entonces, el ejército estadounidense ha mantenido y ampliado su presencia en el archipiélago. “El ejército representa la segunda mayor industria del estado, muy por detrás del turismo y por delante de la construcción. De hecho, es difícil separar estos tres sectores económicos, ya que gran parte del turismo está militarizado (el Arizona Memorial en Pearl Harbor y el Cementerio Nacional del Pacífico son dos de los lugares más visitados de la isla) y una parte importante de las actividades de construcción se desarrolla en las bases militares, en forma, por ejemplo, de viviendas para las familias de los militares.
“Aunque no es fácil establecer cifras exactas, el ejército posee o controla entre el 5 y el 10 por ciento del estado, y en torno a un tercio de la isla de O`ahu, la más poblada de todas. Algunos activistas hawaianos reivindican que más de la mitad de las tierras vendidas o arrendadas al ejército por parte del estado pertenece, por legítimo derecho, a los hawaianos, que nunca han cedido en sus demandas. La expansión militar prevista para dar cabida a una brigada Stryker [una unidad militar de vehículos de combate blindados], a pesar de estar impugnada en los tribunales y contravenir el proceso de Declaración de Impacto Medioambiental, se comerá probablemente casi 10.000 hectáreas más de terreno, lo cual equivaldrá a la mayor expansión desde la Segunda Guerra Mundial. “Una publicación del Banco de Hawai de 1984 llegó a la conclusión de que el ejército presentaba el patrón de crecimiento más coherente de entre los principales sectores económicos de la isla, y calculó que cada dólar gastado por el ejército daba tres vueltas en la economía local. Sin embargo, los informes del estado y los bancos suelen subestimar los verdaderos costes económicos, entre los que cabría mencionar:
Degradación medioambiental
El ejército es el principal contaminante del estado. Los fuegos incontrolados originados por los ejercicios con fuego real, la degradación del océano y el agua potable, los agentes tóxicos en las tierras, el agua y el aire, y las municiones sin detonar ponen en peligro la vida de los residentes, sobre todo de los hawaianos nativos, que viven en contacto más directo con la tierra y el océano.
Destrucción cultural. Si bien no existe un inventario completo de los lugares culturales y los yacimientos arqueológicos hawaianos, las actividades de construcción, desarrollo y entrenamiento del ejército destruyen todo rastro cultural. El impacto medioambiental y cultural del ejército también puede influir en otros sectores económicos, como la agricultura y el turismo. Enseñanza. La Ayuda de Impacto federal, supuestamente concebida para compensar a los estados por los costes que entraña educar a los hijos del personal militar es totalmente inadecuada, y cubre menos del 11 por ciento de los costes estatales.
Vivienda. La presión que ejercen las familias del ejército sobre el mercado local de la vivienda hace que suban los precios de todos los residentes. Economías alternativas. El desarrollo militar ha destruido o hecho inaccesibles zonas tradicionales de pesca. Se han destruido lagunas de peces milenarias. La ocupación militar de las tierras priva a los agricultores de su uso.
“Algunos grupos hawaianos y ecologistas siguen protestando contra el ejército, haciendo frente a la expansión de la base Stryker a través de los tribunales, trabajando en la educación por la paz y luchando contra el daño medioambiental y cultural provocado por el ejército.”
Desplazamientos de población
El establecimiento de bases militares extranjeras suele traducirse en desplazamientos de población y la privación de sus derechos. Los vastos terrenos ocupados por las bases militares estadounidenses son usurpados en muchos casos a los habitantes locales, a quienes no se les da otra salida que abandonar sus hogares y tierras de cultivo y quienes, además, no suelen recibir ninguna compensación. Y una vez establecidas, las bases tienden a expandirse, con lo que cada vez consumen más espacio, y la degradación medioambiental hace que las zonas colindantes sean inhabitables. Tampoco se libran del expolio las tierras de cultivo comunales, por las que es aún menos probable que se otorguen compensaciones, a pesar de que de ellas dependen las vidas de muchas personas. Como contrapartida, las bases sólo ofrecen trabajos no cualificados que, de todos modos, puede que no recaigan en los habitantes locales por motivos discriminatorios o temores en cuanto a la seguridad. En un número de casos significativo, las bases son responsables de la confiscación de tierras y propiedades de los habitantes locales y del desplazamiento forzoso de éstos”, explica David Vine, un antropólogo que trabaja con los chagosianos, un pueblo desplazado originario de la isla de Diego García. “Por lo general, este tipo de expulsiones lleva al empobrecimiento de los grupos afectados y a una profunda y destructiva alteración de sus modos de vida.
Por ejemplo, en Vieques, dos tercios de la isla han sido invadidos por bases militares estadounidenses y reservados para el desarrollo de ejercicios militares. Los isleños llevan décadas luchando por el derecho al retorno y por que se descontaminen sus tierras, plagadas de munición abandonada. En Honduras, los campesinos que fueron desalojados de sus tierras en los años ochenta para crear bases destinadas a la contra y a las fuerzas esta- dounidenses desde las que atacar el norte de Nicaragua han sido desposeídos de por vida a raíz de una serie de acuerdos que consolidaron la presencia de las bases y tropas estadounidenses. Historias prácticamente calcadas se repiten en lugares tan distantes como Okinawa, en Japón, y Thule, en Groenlandia. Además de la pérdida de tierras y medios de vida, la expulsión de estos pueblos puede revestir una importancia cultural mucho más profunda. En Thule, por ejemplo, una de las pocas comunidades inuit que aún pervive lleva décadas privada de sus terrenos tradicionales de caza, con lo que se ha destruido todo un modo de vida. A sus habitantes se les obliga a inscribirse en programas “modernos” de vivienda, concebidos desde el más puro etnocentrismo, para que “se integren” en el Estado danés.
Esta idea de que hay ciertos grupos indígenas –sean los inuit, los chamorros de Guam o los chagosianos– a los que se puede desterrar sin compensación alguna es una constante en las luchas contra muchas bases estadounidenses. Las autoridades estadounidenses se han aliado con los gobiernos nacionales para, en la práctica, limpiar étnicamente a estos grupos minoritarios y dejarlos en un limbo legal con muy pocos medios para reivindicar sus derechos.
Diego García
En 1971, los aterrorizados isleños de Diego García, los chagosianos, presenciaron cómo las autoridades británicas perseguían y acorralaban a todos los perros de la isla para introducirlos en jaulas selladas, gasearlos y quemarlos. Éste fue el punto culminante de la expulsión de los chagosianos de su tierra natal. Ya durante años, se había estado negando el regreso a cualquiera que abandonara la isla para recibir tratamiento médico, por vacaciones o por trabajo. Tras la matanza de los perros, animales de gran importancia en su cultura, se debía expulsar por la fuerza a toda la población humana. A algunos chagosianos los descargaron, sin más, en los muelles de Mauricio y las Seychelles. La entrega de Diego García al ejército estadounidense empezó en los años sesenta. La importante base que se estableció entonces sigue operativa hoy día, y sirve como punto de partida de muchas de las últimas operaciones de los Estados Unidos en Irak y Afganistán. La mayoría de los chagosianos ha quedado sumida en la miseria más absoluta. A fines de los años setenta se pagaron algunas compensaciones, que se utilizaron en gran medida para subsanar las deudas en que habían incurrido estas personas, totalmente desposeídas de sus tierras y sin ningún apoyo para encontrar un trabajo o un lugar donde vivir. A pesar de dos resoluciones del Tribunal Supremo que confirman la ilegalidad de la expulsión, el Gobierno británico sigue apelando contra el veredicto, mientras que el Gobierno y los tribunales estadounidenses declinan toda responsabilidad en el asunto. Según estudios efectuados en 2004, muchos chagosianos siguen marginados económicamente y excluidos de cualquier posibilidad de trabajo en Diego García por motivos raciales. David Vine, antropólogo y defensor del derecho de los chagosianos a volver a Diego García, ha documentado los estragos que ha causado la expulsión entre la población.
“Los Estados Unidos y su gobierno han cometido una evidente y terrible injusticia contra este pueblo. Nunca han asumido responsabilidad alguna por sus actos, ni emprendido ninguna acción para aliviar la difícil situación de los chagosianos, que, desde la expulsión, han quedado confinados en la pobreza.” Vine ha trabajado con comunidades chagosianas en los barrios marginales de Mauricio y las Seychelles para dejar constancia del impacto provocado por décadas de desposeimiento en términos de salud mental y física, alienación, desempleo y privación de derechos políticos, ha creado un modelo de compensación que ilustra cuánto se debe a los chagosianos por la expulsión y ha demostrado que son el pueblo autóctono de Diego García y el archipiélago de Chagos. Los chagosianos siguen luchando por el derecho a volver a su tierra natal, de la que llevan exiliados más de tres décadas, así como por una compensación justa por su expulsión y el derecho a trabajar en la base. Expansión mundial del ejército estadounidense Países con presencia significativa del ejército estadouni- Countries with significant US M denseilitary Presence1, 2, 3
Países con Centros de seguridad cooperativa (CSL en inglés) Countries with Cooperative Security Locations (CSLs)3 Base L Ubicación de la base ocation1 Pre-1993 size of dot proportional to number of Post-1993 troops deployed Debido a la naturaleza reserv Due to the secretive and trans actuales, el mapa es incompl this map is not complete, a de tropas se basa en los dato is a relative proportion pre-1993 post-1993 Extranjer Foreign: o: 737 7371 PeBases permanentes rmanent Bases US and EEUU y territorios: 2639 Territories: 2,6391 ‘TBases \'temporales\' desde 1993: 98 emporary’ bases since 1993: 982 26 OUTPOSTS OF EMPIRE - SPANISH.qxp 28/02/2007 14:16 Page 27 nidense secretiv a naturaleza reservada y efímera de los conflictos e and transient nature of the present conflicts, p is not c l mapa es incompleto y el tamaño del porcentaje omplete, and the size of troop deployment se basa en los datos disponibles actualmente. relative proportion based on the present data. SFuentes ources: 1 2005 Base Structure Report 1. 2005 Base Structure Report 2. GlobalSecurity.org 33. C. Johnson, Nemesis 2 GlobalSecurity.org C. Johnson, Nemesis
Repercusiones medioambientales
Los activistas de los países que acogen bases militares han librado duras y largas batallas para obligar al ejército estadounidense a cumplir con una tarea aparentemente sencilla: limpiar la basura que generan. Los extensos terrenos donde se establecen las bases estadounidenses destruyen, por el mero hecho de ser construidas, gran parte del entorno, desde selvas vírgenes a tierras de labranza y poblados, y continúan haciéndolo mientras funcionan e incluso una vez clausuradas. El respeto por el entorno de los países anfitriones, sencillamente, parece no estar en la lista de prioridades del ejército estadounidense. En Filipinas, por ejemplo, el inspector general del Ejército de los Estados Unidos admitió que las bases “se aprovecharon de lo poco estricto de la situación legal”. Un portavoz del Departamento de Defensa afirmó que la base estaba exenta de toda obligación medioambiental en la zona, ya que sus políticas de actuación estaban en consonancia con la legislación nacional vigente que, en el caso filipino, era nula; y esto, a pesar de que, por entonces, Filipinas contaba ya con un estatuto de tres volúmenes en materia de medio ambiente. En la práctica, esto significa que los Estados Unidos han declinado asumir cualquier responsabilidad por la intensa contaminación de las bases navales de Clark y Subic, que ha envenenado ecosistemas y ha dañado la biodiversidad y los peces de la zona.
El grupo ecologista Greenpeace ha convertido la base estadounidense de Thule, Groenlandia, en objetivo de una de sus campañas, y sus barcos han sido testigos del vertido indiscriminado de cientos de barriles de residuos y montañas de metal. Greenpeace también ha constatado altos niveles de bifenilos policlorados (BPC) y materiales radiactivos –generados por pruebas rutinarias y accidentes (entre otros, el choque de un bombardero nuclear que provocó la dispersión de plutonio)– que pasan a formar parte de la cadena alimentaria. Estos contaminantes son absorbidos a través del entorno por los crustáceos de la zona y se encuentran en un estado concentrado cuando estos crustáceos pasan a ser alimento de peces, aves y carnívoros terrestres, lo cual se traduce en defectos congénitos, cánceres y otras enfermedades entre la fauna de este entorno antaño puro. Al igual que Thule, también Guam y Okinawa se ven azotadas por la pérdida de biodiversidad, debido a la contaminación química y a la introducción en la isla de especies foráneas que llegan con los barcos y los aviones militares. En aquellos países donde la aplicación de las leyes medioambientales es más estricta, como Alemania e Italia, el ejército estadounidense ha sido blanco de acciones judiciales por la eliminación ilegal de residuos tóxicos y se ha visto obligado a limpiar los entornos que ha dañado. Así, el principio de “quien contamina, paga” en el que hacen hincapié las campañas se ha aplicado, al menos hasta ahora, principalmente en países ricos con determinado peso político en Washington.
Panamá
Las antiguas bases estadounidenses en Panamá, que cerraron en 1999, afectaron al entorno básicamente de dos formas: por un lado, crearon un enclave en la zona del Canal, distorsionando el desarrollo con la creación de dos polos, una zona relativamente “impoluta” y acomodada, y otra pobre y víctima de la explotación medioambiental; en segundo lugar, las actividades militares dejaron tras de sí materiales tóxicos y explosivos, sobre todo municiones convencionales y químicas sin detonar, en los antiguos campos de tiro, con lo que grandes extensiones de tierra quedaron improductivas. La presencia de municiones y armas químicas sin detonar supone que los terrenos no podrán ser recuperados para volver a cultivarlos o vivir en ellos. John Lindsay Poland, de la organización The Fellowship of Reconciliation, ha guiado las iniciativas de grupos estadounidenses y latinoamericanos que, con sus campañas, persiguen que el Gobierno de los Estados Unidos cumpla con los compromisos que asumió en virtud de los Tratados del Canal en materia de limpieza del medio ambiente panameño. La gravedad de las repercusiones medioambientales en Panamá ha unido al movimiento pacifista con organizaciones ecologistas de corte más convencional como el Sierra Club. Tal como explica Poland: “el principio de la limpieza medioambiental es muy simple. La mayoría de nosotros lo aprendimos de nuestros padres: cuando ensucias algo, lo limpias. Lógicamente, esto es algo fundamental en el caso de agentes químicos y explosivos tóxicos y peligrosos. Sin embargo, es muy poca la voluntad política de Panamá o los Estados Unidos para llevar a cabo una buena limpieza medioambiental de los campos de tiro, donde los estadounidenses abandonaron más de 100.000 proyectiles sin detonar, según sus propios cálculos, y de la Isla de San José, donde la Organización por la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) ha constatado la existencia de bombas de gas mostaza dejadas por los Estados Unidos. En Panamá –al igual que en otras fructíferas campañas en Filipinas y Vieques antes y después–, los activistas y las autoridades locales se concentraron en poner fin a la presencia del ejército estadounidense, hecho al que se dio prioridad por delante del problema medioambiental. Así pues, los Estados Unidos no demostraron ningún interés por las medidas medioambientales cuando decidieron marcharse. De hecho, una vez llevada al extremo la presión para cerrar las bases, los cargos públicos y los movimientos sociales de los países que acogen bases militares tienen bastante peso para asegurarse de que los Estados Unidos realicen una limpieza pero, por lo general, las autoridades locales temen que el Pentágono cambie de opinión y decida quedarse.”
Peligros para la salud
Las bases militares estadounidenses no son precisamente un ejemplo de buena vecindad. No sólo albergan tropas y actúan como un eslabón vital de las operaciones militares, sino que muchas de ellas funcionan también como terreno de pruebas para el amplio abanico de armas –químicas, biológicas y nucleares– con que sueñan los militares de alto rango. E incluso cuando simplemente se dedican a sus actividades cotidianas, pocas veces se acuerdan de limpiar tras su paso. Como consecuencia de lo mencionado, las bases militares estadounidenses van acompañadas de toda una serie de riesgos para la salud. Agentes contaminantes peligrosos, como uranio empobrecido y gases neurotóxicos, además de minas y proyectiles sin detonar, siguen plagando terrenos de pruebas como Vieques y varias bases panameñas. Esto impide que la población vuelva a terrenos ya abandonados y, en el caso de Panamá, ha provocado la muerte de numerosas personas que entraron en la zona de casi 15.000 hectáreas que ocupaban antiguos polígonos de tiro y que, durante mucho tiempo, no estuvieron valladas ni debidamente señalizadas. En lugares como la base aérea de Clark, en Panamá, no se han almacenado de forma adecuada agentes químicos muy peligrosos, que se han filtrado en tierras y aguas subterráneas y, de este modo, se han convertido en origen de multitud de enfermedades entre la población local.
Incluso en aquellos casos en que los experimentos con armas químicas y nucleares no liberan toxinas en la atmósfera, los efectos de las bases militares sobre la salud pueden ser graves. Pruebas realizadas en la antigua base naval estadounidense de la bahía de Subic, en Filipinas, han revelado la presencia de agentes químicos tóxicos, como bifenilos policlorados (BPC), plomo y carburantes en las aguas subterráneas, donde contaminan las fuentes de agua de uso doméstico y provocan un elevado índice de afecciones. Según comentarios de ex empleados militares, en la bahía de Subic se vertieron “toneladas de productos químicos tóxicos”. Además, los desplazamientos de población, así como la degradación cultural y económica, que imponen las autoridades de las bases estadounidenses y los gobiernos que las acogen y las respaldan también pueden generar altas tasas de trastornos mentales y emocionales, y suicidios, sobre todo entre las poblaciones más marginadas, como las expulsadas de Diego García y Thule (Groenlandia).
Guam
La colonia estadounidense de Guam (Guåhan en el idioma autóctono) ha padecido una intensa y amplia contaminación a causa de las bases militares estadounidenses. El impacto sobre la salud de estas bases es precisamente uno de los puntos principales de las campañas organizadas en su contra por los habitantes de Guam, tal como explica la activista Fanai Castro: La colonización estadounidense de nuestras islas desde 1898 hasta la fecha ha provocado una tremenda contaminación procedente de fuentes militares. Entre las sustancias peligrosas que se han arrojado en la zona cabría mencionar, por citar sólo algunos ejemplos, BPC; agentes naranja, azul y púrpura; y DDT. También hemos estado expuestos al vertido de metales pesados y municiones.
Tampoco se ha dado cuenta de los casi 450.000 kg de botes de gas mostaza que se almacenaron en Guåhan hace décadas, y que aún se pueden encontrar en la selva o al cavar en la tierra. La aldea de Tanåpag, en Sa’ipan, fue contaminada con los BPC transportados hasta allí por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y causaron un elevado índice de casos de cáncer. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos ‘remediaron’ este problema construyendo una incineradora en la zona y quemando las tierras contaminadas. Durante la carrera armamentística de la Guerra Fría, los Estados Unidos hicieron detonar más de 168 bombas nucleares en el Pacífico noroccidental, que propagaron sus radiaciones a toda la región a través de las corrientes marinas y los vientos alisios. Nuestro archipiélago, situado a casi 2.000 km de las Islas Marshall, fue contaminado por lluvias radiactivas entre 1946 y 1958. En noviembre de 1952, un oficial registró niveles tan extremos de radiactividad con su detector Geiger que informó inmediatamente de ello a sus superiores, que le ordenaron que ‘ignorara la radiactividad y mantuviera el pico cerrado’. Esto se ha traducido en un alto índice de cánceres relacionados con la exposición a radiaciones.
Según un cálculo muy conservador, una tercera parte de nuestra isla de 550 km2 está dominada por el ejército estadounidense. No obstante, esta cifra está aumentando rápidamente porque la ‘guerra global contra el terrorismo’ ha encontrado en nuestras tierras y aguas un excelente parque de recreo para la actividad bélica. La zona se utiliza, entre otras cosas, para formación militar y ‘juegos’ de guerra, y alberga además un puerto base de portaaviones, submarinos nucleares y una Fuerza de Ataque Global compuesta por aviones de reconocimiento no tripulados y aviones cisterna, cazas F/A-22 y bombarderos. Se calcula que, de aquí a 2014, trasladarán a la isla más de 55.000 empleados del ejército, sus familiares y trabajadores temporales, que se añadirán a una población ya importante, de unos 170.000 habitantes. La Marina ya ha iniciado el dragado del puerto de Apra para dar cabida a seis submarinos nucleares. De nuevo, hay que dejar claro que no se ha dado a la población la suficiente información sobre cómo afectará todo esto a nuestro entorno y nuestra salud.
Para todos los que vivimos en zonas de fuerte concentración militar, lo que está en juego es nuestra salud física, mental y espiritual. Involucrarse en el movimiento de protesta es lo más natural. Es algo que surge por el simple hecho de sobrevivir como pueblo indígena cha- morro en una patria colonizada. Estamos interconectados con nuestro entorno: los residuos tóxicos que se vierten en el océano o se entierran en nuestro suelo diezman y acaban matando la vida que florece a nuestro alrededor. Para los que somos conscientes de lo que está pasando en el mundo hoy día, se trata de una pesada responsabilidad. Frente a tales adversidades, la principal lucha es con nosotros mismos, es la lucha por seguir siendo humanos. Este aumento de la concentración militar se vive con tal pesimismo que muchos sienten que no pueden hacer nada para cambiar lo que está pasando. Pero debemos concebir un futuro mejor y tener el valor de actuar sobre ello, plantando las semillas de la diversidad con unidad.
Delincuencia e impunidad
En virtud de los Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA en inglés) por los que se rige el establecimiento de bases militares estadounidenses (véase el apartado “Déficit democrático e inmunidad”, página 14), el personal estadounidense está protegido contra toda acción legal, incluso en el caso de los delitos más graves. En determinados casos, los soldados estadounidenses no pueden ser procesados por actos cometidos mientras están de servicio o contra otros empleados militares estadounidenses, mientras que, en otros, están completamente a salvo de todo procesamiento judicial emprendido por el país de acogida, incluso por delitos perpetrados mientras no están de servicio.
En los casos más extremos, como sucede con el SOFA negociado entre los Estados Unidos y Timor Oriental para regular las bases que se están construyendo en este país, se concede al personal militar estadounidense plena inmunidad diplomática ante la justicia local. Esto significa que, haga lo que haga un soldado estadounidense en Timor Oriental, las autoridades nacionales no podrán arrestarlo ni retenerlo, acusarlo de ningún delito, extraditarlo por delitos cometidos en un tercer país ni responsabilizarlo económica o legalmente por asuntos civiles, como sería el pago de la pensión alimenticia para los hijos.
Incluso cuando las condiciones establecidas por un SOFA permiten que los soldados sean juzgados en el país de acogida, como ocurre en Japón, la protección ofrecida puede resultar polémica. Así, aunque los soldados pueden ser procesados, no son entregados a las autoridades japonesas hasta que no se presenta la acusación formal. Esto puede dificultar la investigación de los delitos y el interrogatorio de los sospechosos, y es motivo de controversia en un entorno en que, al parecer, los delitos cometidos por personal y contratistas militares estadounidenses –desde infracciones de tráfico a robos y asesinatos– están aumentando. Las autoridades estadounidenses arguyen, por su parte, que las diferencias entre los tribunales estadounidenses y japoneses (en Japón, por ejemplo, los juicios ante jurado son menos frecuentes) harían imposible esperar que los soldados cumplieran condena allí. Lo que es motivo de especial preocupación es que muchos de estos acuerdos de protección cubren también a empleados de empresas subcontratadas por el ejército estadounidense. Puede que el ejemplo más notorio de este hecho se revele en el fracaso de las autoridades –estadounidenses o europeas– para llevar ante la justicia a una serie de trabajadores de Dyncorp que, tal como se demostró, participaron en el tráfico de niños y mujeres como esclavos sexuales en Bosnia. Además, muchos acuerdos recientes sobre las bases militares estadounidenses –incluido el tratado con Timor Oriental– han incorporado cláusulas específicas por las que el personal estadounidense no puede ser transferido al Tribunal Penal Internacional, una iniciativa a favor de la protección de los derechos humanos en todo el mundo que el Gobierno estadounidense se ha negado repetidamente a ratificar.
Corea
En noviembre de 2002, un tribunal militar estadounidense emitió un veredicto de inocencia en el caso de dos soldados, un tanquista y un copiloto, que aquel junio habían asesinado a dos jóvenes que se dirigían a una fiesta de cumpleaños. Los soldados fueron enviados a los Estados Unidos inmediatamente después de que se dictara el fallo y el ejército pagó a las familias de las jóvenes una indemnización por responsabilidad civil. Estas absoluciones despertaron protestas en toda Corea, como la ocupación por parte de estudiantes de una base militar estadounidense a la que accedieron cortando las alambradas. La disculpa del presidente Bush poco hizo para apaciguar la indignación de los coreanos, que se vio multiplicada por el rechazo de una solicitud presentada por las autoridades coreanas para que los dos hombres fueran juzgados en los tribunales locales. El caso de estas dos jóvenes fue el más prominente de los al menos 52.000 delitos que los activistas coreanos afirman que han cometido soldados estadounidenses entre 1967 y 2002.
Según la Campaña nacional por la erradicación de delitos cometidos por tropas estadounidenses en Corea, estos delitos incluyen tiroteos, agresiones, violaciones y asesinatos. Civiles coreanos han sido asesinados por militares estadounidenses por hechos tan menores como fumar demasiado o intervenir en peleas, o por celos de origen sexual.
El asesinato injustificado de coreanos a manos de soldados estadounidenses empezó con la muerte a tiros de dos personas que habían acudido a los muelles de Incheon para dar la bienvenida a la Marina estadounidense, en 1945, pero fue el asesinato en 1992 de una empleada de un bar cercano a una base estadounidense lo que provocó una gran conmoción, sobre todo después de que se conocieran los detalles de la truculenta tortura a la que fue sometida por un soldado estadouni- dense. Una plataforma de la sociedad civil reunió a un gran número de organizaciones para exigir justicia por la mujer asesinada, Yoon Geumy. Lucharon durante un año para denunciar los términos del SOFA en Corea y para que el soldado en cuestión pudiera ser juzgado en el país. Finalmente, el Tribunal Supremo coreano lo condenó a 15 de años de prisión, aunque los integrantes de la campaña consideraron que se trataba de pena simbólica teniendo en cuenta la extraordinaria violencia del crimen.
La plataforma temporal que surgió a raíz de este caso acabó derivando en la creación de más organizaciones y campañas, que han generado una mayor concienciación sobre las elevadas tasas de delincuencia registradas en torno a las bases estadounidenses, vinculándolas al hecho de que los estadounidenses no deben rendir cuentas tampoco sobre otros problemas derivados de la presencia de las bases, como el que los soldados tengan hijos con mujeres de la zona y la tremenda contaminación medioambiental y los accidentes con agentes químicos tóxicos.
Estas organizaciones han conseguido que se revisen los términos del SOFA y se eliminen algunas de las cláusulas de impunidad concedidas a los soldados estadounidenses, pero siguen movilizándose por los derechos de las víctimas y, en última instancia, por la desaparición de las bases militares estadounidenses en Corea.
Delitos sexuales y prostitución
La peculiar mezcla de machismo y militarismo que reina en las bases militares estadounidenses entraña, por lo general, problemas en las relaciones con las mujeres locales. Las zonas cercanas a las bases suelen registrar niveles elevados de prostitución, mientras que, debido a los acuerdos gubernamentales que protegen a los soldados estadounidenses de toda acción legal, los delitos sexuales raras veces topan con la dureza penal que les corresponde. Las autoridades militares estadounidenses parecen simpatizar con la idea de que la prostitución es una buena manera de que los soldados estacionados a miles de kilómetros de sus mujeres o novias “se desahoguen”. El bienestar de las mujeres que proporcionan estas ofertas de “descanso y recreo” no suele ser motivo de inquietud, a pesar de que la prostitución que rodea bases y puertos utilizados por los buques estadounidenses en las Filipinas y Tailandia alimenta el tráfico de mujeres por todo el Sudeste Asiático y que las condiciones de vida y los niveles de salud entre las trabajadoras sexuales suelen ser precarios. La actitud de los médicos del ejército estadounidense con respecto a las mujeres que desean realizarse la prueba del VIH es muy reveladora: se hacen análisis para garantizar que las mujeres sean una mercancía segura, no contagiada por el VIH, para los soldados, pero no se les ofrece asesoramiento sobre cómo reducir el riesgo en las prácticas sexuales ni medidas de protección. Si bien los jefes militares pueden desentenderse del bienestar de las trabajadoras sexuales por considerarlo una cuestión que depende de la propia elección profesional de las mujeres, la realidad manifiesta una situación mucho más compleja, y muchas mujeres no eligen esta vía como profesión, sino que se consideran auténticas compañeras sentimentales y quedan conmocionadas cuando se encuentran abandonadas en el momento en que los soldados son trasladados. Se calcula que, desde 1945, sólo en Filipinas, han nacido unos 50.000 niños no reconocidos de soldados estadounidenses; niños que no reciben ninguno de los beneficios de las familias de los militares, como atención médica, vivienda y educación. Problemas parecidos se han detectado en torno a las bases estadounidenses en Alemania y Reino Unido. Los ejemplos más extremos del uso y abuso de mujeres por parte de soldados estadounidenses se encuentran en los elevados índices de delitos sexuales, pedofilia incluida, cerca de las bases. Algunos casos muy conocidos, como el asesinato de una joven trabajadora de un bar a manos de un soldado estadounidense en Corea en 1992 y la violación de una niña de 12 años en Okinawa por tres soldados en 1995, son apenas la punta del iceberg de las dificultades cotidianas a las que deben hacer frente mujeres y niñas que viven en las ciudades donde se ubican las bases, desde Honduras a Guam, pasando por el Labrador. Estudios sobre la ocupación estadounidense de Japón en los años cincuenta revelan que los soldados entregaban a las víctimas de sus violaciones víveres racionados con el fin de convertir el delito –al menos a ojos del autor– en un trato comercial. Al aprobar el uso de esta prostitución a gran escala y negarse a asumir responsabilidades con respecto a la seguridad de las mujeres que se encuentran en torno a sus bases, la actitud del ejército estadounidense facilita y fomenta que las mujeres sean utilizadas como objetos. Okinawa
El 75% de las bases estadounidenses en Japón se concentra en Okinawa, una diminuta isla que representa apenas el 0,6 por ciento de territorio del país. Éstas ocupan gran parte de los mejores terrenos agrícolas y espacios pesqueros de la isla, además de provocar una grave contaminación medioambiental y acústica. Por si fuera poco, las bases también han dado lugar a un elevado índice de delincuencia y un nivel inquietante de violencia sexual, tal como explica Suzuyo Takasato, de Mujeres de Okinawa contra la Violencia Militar: Okinawa es un lugar en el que las fuerzas armadas han aprendido a hacer daño y matar, durante más de 60 años, a muy corta distancia de la población local. Esta situación alimenta una violencia estructural, es decir, que va más allá de los delitos perpetrados por determinados soldados.
Cuando tres soldados estadounidenses violaron a una niña de 12 años en septiembre de 1995, un caso tristemente conocido, la conmoción fue tal que la sociedad no pudo permanecer en silencio. Pero en Okinawa hay también una larga historia de violencia y hostigamientos a raíz de la presencia de las bases.
Durante la posguerra, incluso después de la Batalla de Okinawa y durante la Guerra de Corea, todo Okinawa se convirtió en un territorio sin ley. Los soldados estadounidenses violaban a las mujeres, amenazándolas a punta de pistola, en los campos y en las calles, e incluso secuestrándolas delante de sus familias. De ahí surgieron muchos embarazos no deseados; todas las mujeres de Okinawa eran posibles víctimas de la violencia sexual, independientemente de su edad. Se dio, por ejemplo, un caso con un bebé de nueve meses en 1949 y con una niña de seis años, violada y asesinada, en 1955.
Durante la Guerra de Vietnam, la terrible violencia practicada por los soldados estadounidenses, que actuaban en un estado psicológico extremadamente inestable y frenético, se dirigió también hacia la mujeres que vivían en las zonas cercanas a las bases. En aquella época, morían entre dos y cuatro personas estranguladas cada año, y muchas mujeres vivían con temor ante este posible destino.
Okinawa volvió a estar bajo administración japonesa en 1972, pero la violencia no se detuvo e incluso se hizo más crónica. Hubo una serie de violaciones e intentos de violación, así como abusos sexuales en lugares públicos e incluso un caso en que se allanó un domicilio privado. Entre las víctimas, había una niña de 10 años y otra de 14.
Cuando se produjo la violación de aquella niña en 1995, yo estaba organizando un taller con otras mujeres de Okinawa en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, sobre el tema de la violencia militar contra las mujeres en nuestra isla. Cuando volvimos a casa y supimos más detalles del caso, decidimos romper el silencio que acompañaba a aquella violencia. Así que fundamos Mujeres de Okinawa contra la Violencia Militar, una asociación que pretende acabar con el poder y la violencia militares. Al mismo tiempo, abrimos un centro de asesoramiento para intervenciones de emergencia en caso de violaciones, que presta apoyo a las víctimas de la violencia sexual. Elaboramos una cronología de delitos sexuales cometidos por soldados estadounidenses durante la posguerra que sirvió para desvelar unos niveles de violencia antes desconocidos. También organizamos una Caravana de la Paz a los Estados Unidos en 1996 y 1998 para concienciar a los ciudadanos estadounidenses sobre la realidad de las actividades de sus soldados y debatir con ellos. En 1997 formamos la Red de Mujeres contra el Militarismo de Asia Oriental-Estados Unidos-Puerto Rico, junto con mujeres de Filipinas, Corea, los Estados Unidos y Puerto Rico, con la idea de compartir nuestras experiencias sobre los efectos negativos de las bases sobre las mujeres, los niños y el medio ambiente, aprender de forma colectiva de nuestras propias actividades y ayudarnos mutuamente. En Okinawa, 34 organizaciones se unieron en 1999 para poner en marcha la Red Ciudadana de Okinawa, de la que soy una de las coordinadoras. Sin embargo, las bases siguen aquí, y se están construyendo unas nuevas instalaciones ‘flotantes’ en la bahía de Henoko, también en la provincia de Okinawa, para sustituir a la peligrosa base de Futenma. En un referéndum ciudadano se emitió un ‘no’ categórico a esta nueva base, mientras varios grupos ciudadanos iniciaban acciones de resistencia en el mar durante más de 600 días, obligando a que se detuvieran los planes de construcción. Fue la victoria del poder de la esperanza que cree en la vida, la paz y la coexistencia, y niega toda forma de poder militar y violencia. Para saber más…
Artículos
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http://www.tni.org/detail_page.phtml?act_id=16315
http://japanfocus.org/products/topdf/2358
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http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4370321,00.html
Manabu, Sato (2006) “Okinawa Forced to \'Choose\' its Own Subjugation” Asahi Shimbun,22 de agosto
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http://www.tni.org/detail_page.phtml?act_id=16252
Vine, David (2007) “
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/01/01/AR2007010100698.html?nav=hcmodul3
Colaboradores
nukefreepacifik@riseup.net
Fellowship of Reconciliation
www.forusa.org
Fellowship of Reconciliation, una organización estadounidense de solidaridad con los grupos de derechos humanos panameños, y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)-Panamá han apoyado de forma activa las campañas locales organizadas en Panamá a favor de la retirada de las bases estadounidenses.
Desde la clausura de éstas, han hecho campaña por que los Estados Unidos asuman su responsabilidad de limpiar la contaminación medioambiental y los terrenos plagados de munición sin detonar, que ponen en peligro la vida de la población panameña.
www.focusweb.org
Herbert@focusweb.org
Focus on the Global South combina las tareas de investigación en materia de políticas, cabildeo, activismo y construcción de capacidades de organizaciones de base con miras a generar análisis críticos y fomentar debates sobre políticas nacionales e internacionales relacionadas con la globalización empresarial, el neoliberalismo y la militarización.
Coalición para
nilufer@att.net
www.malu-aina.org
http://usacrime.or.kr
El profesor Roland Simbulan es un destacado activista que lleva años luchando contra las bases estadounidenses en las Filipinas y los intentos de los Estados Unidos por llevar a ese país armas nucleares. El sitio web de YONIP reúne a organizaciones como People\'s Task Force for Bases Clean-Up y Asian Peace Alliance, que forman parte del movimiento que en los años noventa consiguió que las bases estadounidenses salieran de las Filipinas, y que ahora se ven obligadas a hacer campaña contra las operaciones encubiertas que el Gobierno filipino ha permitido reanudar al ejército estadounidense.
Desde el Foro Social Mundial (FSM) de 2004 en Mumbai, un creciente número de organizaciones se ha ido reuniendo para desafiar el aparato militar mundial compuesto por más de 1.000 bases militares extranjeras. Esta red está integrada actualmente por más de 200 campañas locales que luchan contra las bases, en su mayoría gestionadas por el ejército estadounidense, debido al impacto de éstas sobre su vida cotidiana. La red cuenta también con plataformas nacionales e internacionales, campañas, personas del mundo académico y, en algunos países, partidos políticos. Hasta el momento, ha funcionado mediante el intercambio de correos electrónicos y un sitio web conjunto (www.no-bases.net), y se ha reunido anualmente en el FSM y otros foros sociales regionales. En su primera conferencia internacional, celebrada entre el 5 y el 9 de marzo de 2007, la red analizará la situación actual de bases concretas y de todo el sistema de bases extrajeras, planificará futuras campañas y estrategias para oponerse a las bases y establecerá una nueva estructura de trabajo para que la red pueda afrontar el desafío que se plantea: acabar con estos tentáculos del imperio y enviar a las tropas a casa.
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Estamos en el año 2007 d.C. Todo el planeta está ocupado por soldados estadounidenses… ¿Todo? ¡No! Cientos de campañas locales, nacionales e internacionales están haciendo frente al aparato mundial de las bases militares extranjeras. Los tentáculos del imperio explica las repercusiones cotidianas, a escala local o nacional, de las bases militares extranjeras: el desplazamiento de personas; el déficit democrático y la pérdida de soberanía; los desastrosos impactos económicos, medioambientales y sanitarios; y la impunidad que acompaña a los delitos que llegan con las bases, incluso en casos de violencia sexual. Estos análisis van acompañados de casos concretos que ejemplifican los problemas de bases en Corea, Diego García, las Filipinas, Guam, Hawai, Japón, Panamá y Turquía, e ilustran los notables esfuerzos que ha realizado la gente sobre el terreno para luchar contra ellas. Una breve introducción repasa la historia y la dinámica geopolítica de la presencia militar estadounidense en el extranjero, y presenta la emergente red mundial que persigue acabar con estos tentáculos del imperio y enviar a las tropas a casa.
Transnational Institute De Wittenstraat 25 PO Box 14656 1001 LD Amsterdam Países Bajos Tel: +31-20-6626608 Fax: +31-20-6757176 wilbert@tni.org www.tni.org/es ISSN 1871-3408
https://www.alainet.org/es/articulo/119780
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