Pocas personas optarían hoy por dedicarse al periodismo si la seguridad fuera un criterio para elegir profesión. El año pasado murieron asesinados o en circunstancias no aclaradas 155 profesionales de la comunicación, según la Federación Internacional de Periodistas (FIP). En Iraq se han producido 68 de esas muertes.

“No puede haber libertad de prensa si los periodistas ejercen su profesión en un entorno de corrupción, pobreza o temor”, dice la página de Internet de la FIP. Si bien la ausencia de esas tres condiciones pone a la libertad de expresión como un objeto de lujo en pleno siglo XXI, da luz también sobre las causas de muertes de tantos profesionales de la comunicación.

También la guerra y la violencia amenazan la vida de los profesionales y a la ética de la profesión en sí. Aidan White, secretario general de FIP, señala que los medios de comunicación se han vuelto más poderosos y el periodismo se ha convertido en algo más peligroso. Este contraste entraña una contradicción. Si los medios de comunicación tienen más poder, los profesionales a su servicio tendrían que tener protección.

Las imágenes que ofrecen los telediarios sobre los enfrentamientos armados en Afganistán, en Iraq, en Sudán, en Palestina o en Etiopía muestran hasta dónde se están acercando los profesionales con sus cámaras: al epicentro de los conflictos. El impacto, la proximidad, la inmediatez, las imágenes cargadas de fuerza y significado que exigen los medios audiovisuales de hoy para “vender más” porque es “lo que pide la gente” están revolucionando al periodismo. Se trata de una profesión que reporta ganancias cada vez más grandes a los medios de comunicación y exige a los reporteros filmar en los momentos más sangrientos y críticos para saciar la sed de amarillismo, sin importar que estén arriesgando su vida.

Como decía el historiador y profesor Eric Hobsbawm, esos momentos se producen hoy con facilidad en los mercados, en los barrios, en los templos, en las casas. Desde la I Guerra Mundial, ha habido muchas más bajas civiles que militares en los países beligerantes, con la excepción de los Estados Unidos. Las armas modernas agudizan la ceguera humana a la hora de destruir hogares, herir y matar a mujeres, niños y también ahora a quienes intentan captar la sangría antes de que aparezca en los informativos como “daños colaterales”.

Ejercer de periodista incrustado, (embedded, como le llamaron en Estados Unidos a los reporteros que comieron, durmieron y acompañaron a las tropas durante la invasión) compromete no sólo su vida, sino también la objetividad que persigue su profesión, incluso cuando su Gobierno pide actitudes “patrióticas”. En un futuro, los profesionales de la comunicación sabrán que la “lealtad” a un Gobierno y a los grupos que manejan la información no es garantía de protección, como tampoco lo es vivir en países donde, además de no haber guerra, existen gobiernos democráticos.

El resto de las muertes violentas de periodistas el año pasado se produjeron en países como México, Colombia y Venezuela, donde el crimen organizado, las mafias y el narcotráfico gozan de inmunidad y de impunidad. No es raro ver a los periodistas acompañados de escoltas en Tijuana, uno de los puntos neurálgicos del narcotráfico mundial. El gobierno de Felipe Calderón ha enviado a 3.300 soldados y policías a esa ciudad para combatir directamente al narcotráfico y para desarmar a 2.300 policías municipales, muchos de ellos implicados en actividades del crimen organizado que deja más ganancia y está mucho mejor armado.

El problema radica no sólo en la incapacidad del Estado a la hora de hacer frente al crimen organizado, sino la participación de funcionarios del gobierno y de la policía en la corrupción la extorsión y en las actividades delictivas. Si el narcotráfico se cobra tantas vidas de ejércitos que no pueden solucionar el problema en México y en Colombia, aún con millones de dólares inyectados por Estados Unidos para el Plan Colombia, para los periodistas queda un panorama oscuro.

Aidan White reconoce que queda mucho por hacer para ayudar a las víctimas y llevar a los criminales ante la justicia, como pidió la ONU en una declaración reciente. No por ayudar a “periodistas” que muchas veces arriesgan su vida para que nosotros podamos saber qué está pasando en el mundo, sino para reconocer el derecho a la vida que les corresponde como seres humanos.


- Carlos Mígueles, Periodista

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.
www.solidarios.org.es