El mes de febrero se inició con la publicación, en medios de diverso carácter, de reportajes que acentuaron la imagen de enrarecimiento y descomposición que afecta sensiblemente, al menos desde la década de los noventa, al manejo de la cosa pública y su relación con los negocios privados de la tramada minoría que controla Costa Rica. El quincenario OJO, un tipo de publicación semioficial que apoya el retorno de la alianza liberacionista-puscista como administradora única del país, informó, en tono farandulesco, que la candidatura a una magistratura judicial por parte del Fiscal General, Francisco Dall’Anese, fracasó por la amenaza del ex presidente Calderón, actualmente indagado por la justicia ordinaria, de qui-tar los votos de “sus” cinco diputados para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos si Dall’Anese era elegido. (OJO, Año V, N° 120, p. 5). Sin estos cinco votos “de Calderón” el polémico pacto no podría ser aprobado. En su condición de periódi-co cortesano, el medio pasa por alto que su reportaje banaliza la determinación mafiosa de los asuntos públicos y el hecho de que la debilidad política de la administración de los her-manos Arias la torna sensible a las amenazas de personalidades dudosas. Así, el único Fis-cal aparentemente honesto en décadas, resultó derrotado y rebajado por los buenos nego-cios que pequeños grupos esperan les acarree el Tratado de Libre Comercio (TLC).

El semanario Universidad, por su parte, publica en siete páginas el resultado de su investi-gación sobre el repentino silencio que cayó sobre el escándalo de la concesión de visas a inmigrantes chinos por las que “altas autoridades” de gobierno recibían en promedio 5.000 dólares por cada una. La revelación de la impudicia, se siguió de una operación policial apoyada en la actual dirección de Inmigración y en la comisión de los delitos están com-prometidos funcionarios de los gobiernos anteriores (ambos del Partido Unidad Socialcris-tiana, PUSC, o sea de gente “de Calderón” o de su círculo). La acción criminal fue denun-ciada por el Ministro de Seguridad de la administración Arias quien, casi de inmediato, fue obligado a retractarse públicamente, por presión política, y a callarse “por estar el asunto en manos del Ministerio Público”. El brusco repliegue del ministro tuvo la misma causa que la derrota de Dall’Anese en su pretensión de alcanzar una magistratura. Los padrinos del PUSC retirarían sus cinco votos en la Asamblea Legislativa si se seguía publicitando el asunto. La presión llegó al extremo de exigir la salida del Director de Migración que abrió paso a la investigación ((le ofrecían 2.5 millones de dólares por 500 visas) y conlleva la caída en desgracia del Ministro de Seguridad. La salida de estos funcionarios fue posterga-da para cuando el asunto de las visas haya sido “resuelto” por los tribunales (las mafias permiten indagar y acusar solo peces chicos). También aquí la administración de los Arias optó por asegurarse los cinco votos a favor del TLC en lugar de permitir que la indagatoria develara parte de la venalidad pública y privada que carcome a la Costa Rica oficial.

Aunque estos sucesos constituyen situaciones sórdidas por sí mismas, ellas ponen de relie-ve la incompatibilidad entre una visión ciudadana de largo plazo (que pasa por el sanea-miento radical del aparato estatal) y la inmediatez de los negocios privados al mismo tiem-po que refuerzan el sentimiento de que la tramitación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha tenido el peor curso posible y culminará con una votación en la Asam-blea aún peor. Negociado desde el fetiche del ‘libre mercado’ por una tropa de neoliberales y oportunistas sin preocupación alguna por la justicia social y en ausencia de todo control ciudadano, la administración de los hermanos Arias considera su aprobación sin discusión como pilar básico de su gobierno. Su enfoque, codicias aparte, se centra enteramente en arrimarse a la competitividad mercantil vía la captación de inversión directa extranjera y la exaltación ideológica de los “buenos negocios” y la “soberanía compartida” con transna-cionales y Estados poderosos, sin interesarse, o interesándose selectivamente, en la fuerza de trabajo y las condiciones de vida de la población. La ruda minoría reinante espera dos cosas del modelo: ganar dinero y asegurar para el resto del siglo su dominio en este país de cuatro millones de habitantes. Lo hace cuando en los países poderosos se alzan voces que indican que el modelo, como tendencia, castiga incluso los “buenos negocios”.

La sordidez derivada de las presiones del PUSC para que no se investigue a “su gente” por venalidad se inscribe así en la ruindad estructural: la desaparición del modelo social palia-tivo que hizo de Costa Rica un país diferente durante la segunda mitad del siglo XX. En esta ruin y torpe infamia se empeñan hoy los medios masivos comerciales, la administra-ción de los hermanos Arias, las mafias públicas y privadas y el capital transnacional.

Y lo peor. La oposición ciudadana significativa que advierte estas señales de degüello care-ce de la institucionalidad y de la cohesión social que le permitiría resistir e impedir el cri-men y recomponer a un país que desea ser moderno y desarrollado, pero no a costa de sus trabajadores y de su población más vulnerable.