“Te convido a creerme cuando digo futuro”
Silvio Rodríguez

Como ningún otro conflicto en la historia reciente de Costa Rica (al menos desde mediados del siglo XX, cuando se produjo la última guerra civil), la lucha en torno a la ratificación o rechazo del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos1, (1) ha llevado al máximo las contradicciones propias del desarrollo histórico de la sociedad en nuestro país, y muy especialmente las de su régimen institucional. Aunque a lo largo de las últimas seis décadas han habido importantes conflictos, que incluso llegaron al borde de la insurrección popular (2), la situación actual es inédita y su adecuado análisis debe situarse en la perspectiva de largo plazo que nos ofrece el desarrollo de la Segunda República, instaurada en 1949 mediante una Asamblea Constituyente, de sus supuestos societales y de su devenir económico, político y cultural, que está llegando a su ocaso en la actualidad.

En términos muy esquemáticos, pero útiles para una caracterización inicial, diremos que el modelo de desarrollo económico e institucional que prevaleció en la Costa Rica posterior a la Guerra Civil y hasta los años ochenta, en lo que aquí nos concierne partía de los siguientes supuestos:

a) El capitalismo fue validado como la forma histórica de producción por excelencia, por lo cual se mantuvieron inalteradas las relaciones sociales y de poder que el mismo había creado en la sociedad costarricense y, en muchos sentidos, éstas se profundizaron. Por lo tanto, la nueva Constituyente no transformó las relaciones históricas de dominación presentes en la sociedad costarricense aunque les dio un nuevo correlato institucional.

b) La acumulación de capital sobre nuevas bases (3), en un país pequeño y con una economía basada en la agroexportación de dos productos básicos (café y banano), requería el aporte del Estado para el desarrollo de infraestructura y capacidades técnicas y humanas, incluyendo la creación de un mercado interno significativo.

c) El crecimiento económico debía estar acompañado de una mejoría real de las condiciones de vida de la población, como forma de asegurarse una mano de obra capacitada y saludable. El acceso de la incipiente clase obrera y del campesinado a la seguridad social, a la educación y a la cultura, entre otros bienes y servicios, se constituyó como uno de los ejes estructurantes y legitimadores del sistema y la ciudadanía.

d) Para sus promotores, la nueva situación creada habría llevado a la eliminación de los antagonismos de clase y, por lo tanto, la nueva institucionalidad reconoció la existencia de las organizaciones populares y del conflicto, pero dentro de un esquema que los reducía a sus aspectos puramente reivindicativos y económicosociales, con una explícita exclusión de cualquier contenido político.(4)

Tener en cuenta las premisas anteriores es necesario para ubicar adecuadamente el análisis relativo a la lucha contra el TLC, sus implicaciones actuales y sus potencialidades para el movimiento popular. Aunque un artículo como este puede ser más bien pequeño para abordar ampliamente esta temática, nos interesa provocar una reflexión más profunda, que ayude a calibrar mejor el momento que vivimos. Contrario al abordaje “milenarista” que suele estar presente en torno a la lucha contra y a la defensa de el TLC (5), aquí deseamos sostener que la ratificación o rechazo del mismo no resolverá por sí misma las contradicciones sociales actuales, sino que cualquiera de estos resultados abriría un nuevo momento tanto para la lucha popular por un país verdaderamente democrático e inclusivo, como para la recomposición de la clase dominante en su pugna por facilitar el camino para la acumulación de capital y la consolidación de sus privilegios. Así, trataremos de presentar algunos escenarios posibles con el fin de vislumbrar las posibilidades de acción que hay en el presente.

También es importante señalar que el presente artículo es una primera exposición de estas ideas, por lo tanto su orden no refleja todavía una prioridad temática estricta; más bien señalan inquietudes, caminos y sugieren una ruta para comenzar a hilvanar una posterior y más sólida argumentación.

Conflicto e institucionalidad en la Segunda República

En términos muy generales, y aún considerando importantes excepciones, podemos afirmar que uno de los rasgos más significativos de la Segunda República, fue su capacidad de procesar el conflicto interclasista por la vía institucional. El discurso político dominante tras la Guerra Civil, reflejo de los intereses de la nueva burguesía nacionalista y desarrollista, puso énfasis en una forma de dominación que traía el conflicto a un terreno dónde resolverlo, en lo sustantivo, de acuerdo con los intereses del capital (6).

En efecto, esto se resolvió mediante al menos las siguientes políticas o disposiciones: a) Creación de mecanismos institucionalizados para la negociación del conflicto, con la mediación ‘neutral’ del Estado, tanto en el ámbito administrativo como judicial;

b) Reducción del conflicto a su aspecto económico-social, con una explícita exclusión de cualquier contenido político;

c) Reconocimiento y registro de organizaciones sindicales, comunales y otras, delegado en el Estado;

d) Creación de condiciones favorables para la creación y/o consolidación de organizaciones obreras o populares afines al nuevo modelo, con las que se desarrollaron vínculos orgánicos más o menos significativos (7);

e) Prohibición –o limitación extrema, de la huelga.

Estas cinco disposiciones favorecieron el control estatal del conflicto y disimularon el carácter de clase del mismo, aspectos esenciales del nuevo proyecto hegemónico, aunque es también necesario reconocer que ese control distó de ser absoluto y a lo largo de las cinco décadas que van desde los años cincuenta hasta el año 2000, diversos conflictos desbordaron o amenazaron seriamente el orden establecido.

Por otra parte, no debemos olvidar que después de la Guerra Civil, la represión, proscripción y persecución, por muchos años, del Partido Comunista y de las organizaciones obreras a él vinculadas (organizaciones cuyo papel en la transformación política y económica del país no ha sido suficientemente valorado todavía), fue un elemento central para la consolidación del proyecto hegemónico. Durante varias décadas después de la Guerra, la izquierda en Costa Rica o estuvo al margen de la legalidad o funcionó sujeta a limitaciones y obstrucciones de todo tipo, en el marco de la Guerra Fría. La proscripción de sus principales instrumentos políticos (el Partido Comunista y la Central de Trabajadores de Costa Rica, CTCR), por parte de la Junta Fundadora de la Segunda República, fue un paso importante para la consolidación de los nuevos poderes. Y aunque la izquierda logró recomponerse y alcanzó un importante grado de articulación en las décadas de los sesenta y setenta, no volvió a tener la significación sociopolítica que tuvo ante de los acontecimientos de 1948.

Volviendo a nuestro tema, si por un lado el nuevo Estado abría canales de negociación y diálogo con los componentes afines del movimiento popular, por otro adquiría cada vez mayor capacidad para satisfacer necesidades sociales, muchas de ellas fundamentales, todo lo cual confirió a su hegemonía, tal como la entiende Gramsci (es decir, como dominación de clase en un sentido amplio)(8), una significativa legitimidad popular. Los interlocutores de ese nuevo Estado, en sus años de oro, fueron los sindicatos del sector público, las asociaciones de desarrollo comunal, el movimiento cooperativo y más tardíamente el movimiento solidarista, regulados mediante el Código de Trabajo y otras leyes diseñadas por los aparatos del poder.

Como vemos, el desarrollo institucional al que hemos hecho referencia discurrió por caminos paralelos y convergentes: algunas instituciones ocuparon el papel de árbitros del conflicto (el Ministerio de Trabajo y los Tribunales de Justicia, por ejemplo), y otras tenían a su cargo la provisión de bienes y servicios que, mejorando las condiciones de vida de la población, contribuyeron de forma decisiva en la legitimación del modelo. Ahora bien, no estamos afirmando que la existencia de una determinada institucionalidad para procesar el conflicto redujera este último a un mero ritual burocrático; a lo largo de varias décadas, diversas luchas no pudieron ser mediatizadas por aquellas instituciones y desbordaron en un primer momento sus capacidades, llevando al gobierno incluso a una cruenta represión del movimiento popular, como en 1962, cuando el presidente Francisco Orlich ordenó la represión de una huelga contra el alza en las tarifas de la electricidad en Cartago, con un saldo de 3 personas muertas y más de 39 personas gravemente heridas. Pero llevada al límite, la institucionalidad pudo resolver satisfactoriamente, para los intereses dominantes, los principales conflictos vividos por el país, incluyendo la lucha contra ALCOA a mediados de los setenta y el alzamiento nacional del año 2000 contra el “Combo ICE”. (9)

Esa elasticidad institucional en materia de resolución del conflicto interclasista, no obstante, en el largo plazo no ha sido capaz de responder con la misma eficacia a la complejidad de los nuevos conflictos en una sociedad muy diferente a la de 1948. Sumado a esto, la evolución posterior del modelo socioeconómico bajo las premisas del neoliberalismo, a partir de los años ochenta, destruyó o socavó seriamente los logros antes dichos de la Segunda República e hizo que la legitimidad del bloque hegemónico se erosionara y fragmentara de manera profunda y progresiva.

En el transcurso de las últimas dos décadas, la institucionalidad costarricense desarrollada desde la Guerra Civil, ha perdido significativamente su capacidad de garantizar el binomio acumulación capitalista/control del conflicto y legitimidad. En virtud de un proceso cuyos momentos altos y bajos sería difícil resumir aquí, las instituciones y las leyes que aseguraban el manejo del conflicto, cada vez menos pueden contenerlo de manera efectiva y manteniendo a salvo la legitimidad de la dominación de la burguesía.

Y cuando hablamos del TLC la situación se agrava. ¿A qué se debe esto? Sin querer simplificar en exceso, consideramos que a la naturaleza misma del Tratado, que atenta contra dicha institucionalidad y la vacía casi por completo de contenido, tanto en lo relativo a las garantías económico-sociales que legitimaban el orden público (naturalizándolo), como a los mecanismos de negociación que normalmente encauzaron las disputas y enfrentamientos entre las clases sociales, disputas que se expresaron muchas veces como una ampliación de la ciudadanía. El TLC ‘transnacionaliza’ los supuestos de una institucionalidad pensada en el marco de una forma histórica del Estado-nación (la Segunda República), reventando en mil pedazos su lógica de funcionamiento interno. Nos permitimos plantear aquí una de nuestras hipótesis principales: que el conflicto y la polarización que se expresan en torno al TLC no podrán ser resueltos por la institucionalidad de la Segunda República, por el hecho simple y llano de que el TLC tiene en su seno un dilema irresoluble: es la negación misma de esa institucionalidad, cuyas premisas fundacionales de crecimiento económico y desarrollo social son radicalmente contradichas por el Tratado, cuyo diseño favorece de forma exclusiva a las corporaciones transnacionales y una inserción todavía más subordinada de nuestro país en la economía mundial, con las consecuencias ya conocidas y ampliamente divulgadas que esto traería consigo.

Por eso, los actores que expresan la polarización no se reconocen ya en las instituciones y la superación del conflicto solo puede alcanzarse de dos formas: o mediante la represión y la violencia ejercidas por el Estado10, con miras a salvaguardar los intereses de la élite, pero manteniendo y agudizando las causas profundas de la actual situación; o por la superación de la contradicción mediante la refundación del Estado-nación. Sin embargo, esto último demanda del movimiento social y popular el despliegue de unas capacidades organizativo políticas que, a pesar del grado de cohesión del movimiento anti-TLC, no están lo suficientemente desarrolladas, por lo que existe el peligro de que una eventual refundación del Estado-nación sea, como ya ha ocurrido antes en otros contextos de lucha popular, más una restauración que una verdadera mudanza. A esto haremos referencia más adelante.

Estamos en una situación límite y los caminos que, como sociedad, atravesamos en el pasado, no sirven para enfrentar la crisis contemporánea. Por otra parte, debemos reconocer que el momento que vivimos no es resultado de ninguna ‘singularidad costarricense’: es el mismo conflicto que subyace en las crisis y transformaciones vividas en los últimos años por países de la región tan diversos como México, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil y Argentina, por citar solo algunos, y que puede ser calificado como una crisis profunda del capitalismo y de su expresión neoliberal, tanto en el ámbito de la economía como, fundamentalmente, en el de la política.

El asalto de la derecha a la institucionalidad

En el contexto anteriormente descrito, el asalto a la institucionalidad no ha provenido de alguna fantasiosa izquierda que busca sumir a Costa Rica en el caos, ni de elementos subversivos enviados por Cuba para destruir nuestra democracia, imágenes a las que de forma tan burda como reiterada han recurrido la burguesía y sus representantes mediáticos para atemorizar a la población y minar su organización y su capacidad de lucha.

Por el contrario, el asalto a la institucionalidad ha venido de esa misma derecha que, como bien nos señalaba Engels hace poco más de un siglo, ha sido su defensora y guardián. En la medida en que la institucionalidad vigente deja de servir a los intereses de la burguesía costarricense contemporánea (que renegó hace ya mucho de cualquier intento de construir un país libre y verdaderamente democrático), de forma abierta y descarada esta misma burguesía procede a romper el orden que tan celosamente dijo defender.

No se trata aquí de hacer nosotros una defensa conservadora del orden vigente; de lo que se trata es de comprender qué es aquello con lo que la burguesía rompe y por qué lo hace: rompe con una determinada forma del Estado-nación y lo hace porque en ámbitos tan diversos como el régimen laboral, la seguridad social y la participación del Estado en la provisión de bienes y servicios, parte significativa de las instituciones y el marco legal costarricense son obstáculos para la plena realización del capitalismo neoliberal y de los intereses que en ello tienen empeñados las grandes corporaciones y sus socios criollos. Las nuevas condiciones para la acumulación de capital excluyen necesariamente la parte central del corpus institucional que hasta hace un par de décadas garantizaba su dominación política y su predominio económico. No les ha quedado otro camino que ser ellos mismos los abanderados de la sedición, con lo cual han también alterado profundamente las condiciones mismas de su hegemonía.

Pero también sabemos que esta ruptura no es nueva; en efecto, desde 1982 cuando se puso en marcha el Iº Programa de Ajuste Estructural, Costa Rica ha experimentado profundos cambios económicos, sociales, institucionales y legales, cuya culminación lógica y necesaria, desde el punto de vista de las élites, es el TLC. Pero para poder concluir el movimiento del péndulo, deben ser allanados los obstáculos que todavía quedan. En esta clave de lectura, hechos como la forzada reelección presidencial de Oscar Arias y las autoritarias disposiciones para votar el TLC, con fecha límite e irrespetando de pies a cabeza los procedimientos parlamentarios; las maniobras legislativas para modificar el reglamento así como la presión del gobierno para romper los monopolios públicos que todavía existen (violentando también los procesos internos del Congreso), adquieren una nueva dimensión porque son parte de un mismo y planificado asalto a la institucionalidad, perpetrado en nombre de esa misma institucionalidad y en supuesta delegación de un mandato popular11. El ejercicio cada vez más autoritario del poder se anunció ya a finales del 2005, cuando el entonces candidato Arias Sánchez señalaba que “La ingobernabilidad se ha adueñado de la administración Pacheco de la Espriella y por eso, las reformas importantes como el Plan Fiscal y el TLC no avanzan. Bajo esa premisa, creo que es mejor evitar el caos y la anarquía y promover la tiranía en la democracia, es decir, un mandato claro, con un líder que sabe qué es lo quiere y quiénes le pueden ayudar a conseguirlo”.12 Por todo esto, en un sentido solo aparentemente paradójico, uno de los componentes centrales de la lucha anti-TLC en Costa Rica ha sido la defensa de la institucionalidad del país. Pero no se trata de la institucionalidad en abstracto, sino de aquellas instituciones que hicieron posible el crecimiento económico con desarrollo social que vivió Costa Rica durante varias décadas, y que llegaron a formar parte de un imaginario colectivo muy arraigado que las identifica como baluartes de la ciudadanía: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y por supuesto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras.

Así, consideramos que la lucha por la preservación y mejoramiento de esas instituciones es un eje central para la articulación de una fuerza social anti-neoliberal, capaz no solo de derrotar el TLC, sino especialmente de formular con éxito, desde ahora y apuntando hacia un futuro próximo, un programa político que supere las contradicciones actuales. Esto es tanto más necesario, cuanto que el asalto de la derecha a la institucionalidad, ha hecho que dejen de existir las condiciones que hicieron posible el consenso institucional de las últimas décadas, creándose así las condiciones para que los movimientos sociales avancen en la construcción de nuevas potencialidades y configuraciones políticas, económicas y culturales que permitan perfilar un nuevo proyecto de sociedad. Es por eso que la cuestión de la derrota o ratificación del TLC tiene una particular importancia en la coyuntura histórica que vive el país y va mucho más allá que un simple debate sobre la política comercial.

Escenarios estratégicos para el movimiento social: Qué pasa si se aprueba el TLC, qué pasa si es derrotado

La eventual ratificación del TLC en el Congreso significaría, en el sentido más amplio del término, una involución social e histórica para Costa Rica. Esto queda claro cuando se estudian los trabajos de investigación y análisis de los más diversos especialistas, organizaciones e instituciones que se han referido al tema en los últimos cuatro años13. Sin embargo, no vamos aquí a referirnos a las consecuencias económico-sociales de la potencial aprobación del Tratado –o de su rechazo, sino que procuraremos poner la atención en un tema que no ha sido abordado aún: las repercusiones que un escenario u otro tendrían sobre el movimiento social costarricense, que hoy en día expresa una clara opción anti-TLC.

El movimiento social anti-TLC es amplio y complejo, pero es preciso reconocer que el mismo está poco cohesionado (o quizá sería mejor precisar que se encuentra coyunturalmente cohesionado pero orgánicamente disperso). Bajo distintos liderazgos y concepciones políticas, el movimiento reúne a sectores y organizaciones que confluyen en una misma lucha, pero sin compartir necesariamente objetivos y visiones de más largo plazo, en términos de un proyecto común. Además, participan del movimiento una serie de entidades o individuos cuyos valiosos aportes en el proceso no necesariamente permitirán un esfuerzo ulterior en cualquiera de los escenarios posibles.

Todos estos componentes organizativos configuran una fuerza social de primer orden, capaz de movilizar a crecientes sectores de la población y cuya coincidencia más importante (y por eso confluyen en la lucha contra el TLC), es la crítica al neoliberalismo como régimen político, económico y social, aunque no en todos los casos la crítica al neoliberalismo suponga también una crítica al capitalismo como forma histórica del régimen de producción y a las relaciones sociales que aquél engendra. Además, también es claro que existe un enorme segmento de la población que no se moviliza y cuyas condiciones de vida lo hacen altamente vulnerable a la propaganda oficial acerca del TLC y por lo tanto, muy predispuesto a aceptar (al menos en un primer momento) el tipo de sociedad que el Tratado preconiza.

Ahora bien, el movimiento social anti-TLC, por su misma amplitud y diversidad, puede ser la base de un movimiento ciudadano de mayores proporciones que pueda disputar la hegemonía con la burguesía y proponer a la sociedad un proyecto de nación que supere la contradicción sistémica actual. En este movimiento laten iniciativas, propuestas y concepciones que, al ejercer la crítica de lo existente, señalan nuevos derroteros en ámbitos tan diversos como la organización de los trabajadores, la cuestión medioambiental, el papel de las mujeres dentro de la sociedad y el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas, pasando por las reivindicaciones del estudiantado y las organizaciones campesinas, entre muchas otras. Como nunca antes (y en ello está buena parte del carácter inédito de la situación actual), hemos tenido la oportunidad de comprender la fundamental unidad de intereses de clase que une a la población y a los distintos sectores organizados de la misma (14), lo cual es una oportunidad valiosa para repensarnos y avanzar en la consolidación del movimiento popular y en la formulación de un nuevo proyecto político, radicalmente democrático e inclusivo, cuyos contenidos no pueden ser definidos a priori sino como resultado de un ejercicio de diálogo y construcción colectiva, que reconozca el valor y contenidos de la crítica al TLC como su punto de partida.15

Dadas las condiciones señaladas, el principal riesgo que entraña la ratificación del TLC en términos de su impacto sobre el movimiento social opositor es la dispersión, la fragmentación. Si el TLC es aprobado en el Congreso, nuestro principal objetivo debe ser el mantener la articulación del movimiento popular, garantizar que los significativos avances que hemos tenido se sostengan en el tiempo. Hoy día, después de cuatro años de lucha contra el TLC, las organizaciones populares costarricenses se conocen más entre sí, tienen más contacto, han desarrollado una incipiente capacidad de trabajar conjuntamente sobre la base de planes de acción y objetivos políticos comunes.

Este importantísimo acervo de experiencia, sin duda alguna tributario de las articulaciones habidas en el año 2000 en el marco del “Combo ICE”, es hasta ahora nuestro principal éxito en la lucha contra el TLC. Incluso, nos atrevemos a decir que es tan importante como la posible derrota del Tratado, ya que constituye un avance estratégico que nos posiciona en un lugar muy distinto de cara al ulterior desarrollo del movimiento popular en Costa Rica. Por supuesto que sigue prevaleciendo la fragmentación del movimiento popular, inducido en buena medida por la “sectorización” y corporativización del mismo que heredamos de la Segunda República. No obstante, no pueden dejar de constatarse los avances habidos, para no volver a partir de cero si el TLC llegara a ser ratificado. La ratificación del TLC, en caso de producirse, debería llevarnos no a la inmovilidad sino a una nueva etapa de profundización de nuestras luchas en todos los planos, pero ello no será posible si no logramos darle continuidad a las múltiples articulaciones que hemos construido en estos últimos años.

Ahora bien, la igualmente posible derrota del TLC por parte del movimiento popular puede contribuir al fortalecimiento del mismo de cara a la ciudadanía, proporcionándole la valiosa ocasión de convertirse en un actor mucho más decisivo en el desarrollo histórico de nuestra sociedad, ejerciendo un contrapeso actualmente muy necesario frente a la concentración de poder por parte de la burguesía. Una derrota del TLC marcaría un hito en el contexto latinoamericano, dando muestras claras de que los pueblos pueden sobreponerse a la imposición de estos lesivos instrumentos; si logramos impedir la ratificación del TLC, el movimiento social costarricense haría un enorme aporte a las organizaciones y movimientos que en todo el mundo luchan contra la explotación, el saqueo y la exclusión social que trae consigo el libre comercio.

Sin embargo, aunque la derrota del TLC es nuestra principal tarea del momento, debemos reconocer que lograr dicho objetivo también entraña algunos peligros para el movimiento social, el mayor de los cuales no es el triunfalismo sino la potencial incapacidad de responder a la pregunta: “¿Y entonces cuál es el camino?” Estamos llegando también nosotros al límite de nuestras capacidades y será necesario dar un salto cualitativo en lo hecho hasta ahora, para de esa forma formular un proyecto de país viable, alternativo y ampliamente democrático.

Una eventual derrota del TLC tampoco debe interrumpir el trabajo organizativo y político en el seno del movimiento social: un éxito de tal magnitud debería permitirnos dar un paso adelante en la consolidación de nuevos sujetos sociales, capaces de portar un proyecto transformador para la re-fundación de Costa Rica sobre nuevas bases económicas, políticas y culturales. Nada nos dice que el triunfo nos garantizará de forma automática la continuidad y profundización de las luchas, por lo que habría que dar enorme prioridad al seguimiento del trabajo político-organizativo.

En síntesis: cualquiera que sea el resultado de esta coyuntura –la ratificación o derrota del TLC, se nos abre un nuevo momento en el desarrollo histórico de la sociedad costarricense y esto reconfigura las condiciones en las que el movimiento popular deberá desplegar sus capacidades. Ya sea que se ratifique o se derrote, de ahí en adelante la opción no podrá ser la vuelta al estado de cosas “previo” a la lucha contra el TLC, en términos del programa político y de las estrategias de lucha: se hace imprescindible la profundización y radicalización de las propuestas desde los movimientos sociales. La necesidad de reafirmar y construir un nuevo sujeto social emancipador, que sea capaz de portar un proyecto nuevo de sociedad, parece más actual que nunca: la situación actual también entraña la posibilidad de que se entronice aún más el autoritarismo de la derecha y que se profundicen las inequidades y abusos del neoliberalismo gracias al carácter jurídico supranacional del TLC. En el apartado siguiente deseamos avanzar algunas reflexiones sobre la conformación de ese nuevo sujeto histórico y la construcción de caminos viables por donde transitar, resignificando el papel de la utopía en dicho proceso. Hemos considerado oportuno desarrollar las siguientes ideas más desde una perspectiva teórica que de análisis de coyuntura, de forma que sirvan para repensar la realidad concreta que vivimos en la actualidad.

Sujetos sociales y utopía en la construcción de un nuevo proyecto de sociedad

La historia es el ámbito de lo contradictorio y de lo posible, el escenario donde la utopía, entendida como potencialización de lo que somos y queremos llegar a ser, se presenta como problemática y difícil tarea de construcción política. En este sentido, un abordaje histórico acerca de la construcción de la utopía debe romper con la linealidad conceptual que nos impone la idea del poder y de la historia como potestad y encarnación de un único sujeto dominante, que garantiza el orden y continuidad de la sociedad según una sola concepción del mundo.

La utopía, como capacidad de la imaginación, debe permitirnos comprender la realidad como un proceso complejo y constante de construcción de voluntades sociales, que abren posibilidades hacia el futuro a partir de multiplicidad de proyectos y de construcciones posibles. Se trata de poner en el centro del análisis la voluntad colectiva y las prácticas que la traducen, por lo cual la historicidad y la subjetividad social pasan a ser las dimensiones cuya articulación constituye la realidad. De esta forma, partimos de la idea de que el sujeto –o los sujetos, tiene la capacidad de crear sus propias coordenadas espacio-temporales relacionando el pasado (como memoria) con el presente y con el futuro (como utopía). Desde nuestras prácticas concretas, es necesario formular una estrategia que nos permita relacionar ya no solo el pasado y el presente, sino también el pasado con el presente y con el futuro en términos de esas prácticas concretas, de nuestros proyectos y concepciones. Urge recuperar desde nuestro análisis la capacidad de ver (y nombrar) la potencialidad de transformación social presente en cada momento de articulación de lo colectivo, y ello es fundamental para construir un conocimiento vinculado a la dialéctica configurada, por un lado, por el sujeto social, sus proyectos y sus prácticas, y por otro, por la realidad como conjunto de estructuras sociales, instituciones y relaciones entre fuerzas en pugna por hacer realidad sus utopías16.

Un aspecto de singular importancia es que la utopía, para ser viable, debe ser una proyección de la misma naturaleza del sujeto. Es a partir de la propia realidad del sujeto desde donde puede darse la articulación de lo dado con lo dándose, de la ‘objetividad’ de las estructuras con la ‘subjetividad’ de las opciones elegidas y de la direccionalidad de la acción. Normalmente, la asignación a los sujetos de mandatos o tareas “históricas” preconcebidas, aunque apunte a la construcción de la utopía, suele ser el mejor camino para hacer inviable su concreción en la realidad. Ha sido recurrente, en diversas coyunturas históricas, imponer a los sujetos la materialización de una utopía que no necesariamente responde a su propia naturaleza. Esto nos lleva a la imperiosa necesidad del diálogo permanente entre las distintas expresiones organizativas que podamos construir y la población organizada y no organizada, de modo que no terminemos imponiendo a la sociedad tareas y proyectos siguiendo el mismo patrón vertical y prescriptivo que usa actualmente el poder.

En otras palabras, cuando hablamos de construcción de la utopía no debemos olvidar la naturaleza concreta de los actores que la impulsan, ya que la utopía, si se ha concretado en la realidad, vendría a ser la plenitud manifestada de las potencialidades del actor en función de su propia dinámica interna. La utopía, conceptualmente, no está relacionada con un ‘mundo mejor’ sino con particulares potencialidades del actor, es decir, se trata de un campo de opciones abiertas a las voluntades colectivas y a los sujetos que las encarnan e impulsan en un momento determinado: historicidad y subjetividad como factores constitutivos de la utopía.

Ahora bien, la construcción de la utopía, si bien atiende a las opciones de construcción de la realidad por parte del sujeto, no supone tampoco que dichas opciones del sujeto sean ilimitadas, sino que las mismas se encuentran relacionadas con un campo de posibilidades limitado por el momento histórico, la naturaleza del sujeto social que las impulsa y asimismo, la de otros sujetos sociales actuantes en un determinado contexto. En el tanto en que las utopías (esa combinación de prácticas, proyectos y estrategias del actor) ocurren en una determinada articulación de tiempos y espacios, se entiende que la utopía no es cualquier posible construcción, sino aquella que corresponden tanto al esfuerzo del sujeto como a los elementos de contexto que constituyen el punto de partida para la utopía, y al cual precisamente intentan superar.

En este sentido, vale señalar que si bien el sujeto social está históricamente determinado, la posibilidad de construcción de su propia realidad le permite superar su condición de mero producto histórico, enfatizando su capacidad actuante sobre la realidad. Así, tenemos como consecuencia del supuesto de que la realidad se construye, que si bien dicha realidad tiene diversos planos sometidos a regularidades (determinaciones estructurales, lo dado), también tiene otros tantos planos claramente definibles como procesos moldeables (la utopía, lo dándose), no pudiéndose predeterminar cuál será el resultado de la tensión dialéctica entre la objetividad de la realidad y la subjetividad de los sujetos.

Partiendo de las anteriores reflexiones, queremos enfatizar que actualmente se han configurado condiciones en el desarrollo de la sociedad costarricense, que permiten avizorar la constitución de nuevos sujetos sociales, con una significativa potencialidad para la articulación y acción política compartida, que puede ser la base de un sujeto histórico que enarbole un proyecto de re-fundación política, económica y cultural del Estado-nación. Este último, vaciado por completo de contenido, ha dejado de asegurar a la población una vida digna y no es ni pretender ser un espacio para la autodeterminación popular, sino una especie de interregno donde la prioridad es la acumulación de capital por sobre la vida misma y cualquier consideración ética. Construir un nuevo país, inclusivo, radicalmente democrático y respetuoso de la diversidad debe ser la aspiración que de ahora en adelante empuje el trabajo político del movimiento popular.

El ocaso de la Segunda República está a la vista y la ratificación del TLC sería su definitivo sepulturero, pero sin dudas se resistirá largamente a la aceptación de su propio final. Y si el movimiento popular anti-TLC logra derrotar a este último en tanto instrumento concreto del capitalismo y sus agentes (clases dominantes y corporaciones), solo ampliará aún más sus propios desafíos políticos y organizativos, de cara a convertirse en un actor central en la construcción de una utopía emancipadora, que permita a Costa Rica transitar no hacia los siglos oscuros del colonialismo, sino construir por sí misma el presente y el futuro que desea y al cual aspira la mayoría de su población y que posiblemente se resuma en tres cosas fundamentales: trabajo, justicia y vida.


NOTAS

1 En adelante, haremos referencia a dicho Tratado solo como ‘TLC’.

2 Existe una visión cálida y paradisíaca de la Costa Rica de los últimos sesenta años como una sociedad sin conflicto, con un desarrollo armonioso entre la clase obrera y otros sectores dominados, los patronos y el gobierno. El culto a la democracia (es decir, a sus formas institucionales), la exaltación del ser costarricense como un sujeto de paz, etc., esconden una realidad marcada por innumerables conflictos y contradicciones, algunas de las cuales alcanzaron enorme importancia, ya sea por su intensidad, por su profundidad, o por ambas cosas. El reciente trabajo de Patricia Alvarenga Venutolo sobre la conflictividad social en Costa Rica desde 1950 (editado por la Universidad Nacional), demuestra que la construcción de la ciudadanía a lo largo de cinco décadas y media se ha visto marcada tanto por la progresiva conquista de derechos sociales como por la mediatización de la lucha popular, de sus organizaciones y formas de lucha, propias de la primera mitad del siglo XX, ejecutada precisamente por los patronos y con la colaboración y complicidad de los distintos gobiernos. En otras palabras, vemos que la expansión de derechos no estuvo asociada a un fortalecimiento del movimiento popular cuyas raíces se hunden en los años treinta, sino al surgimiento de nuevos actores relacionados orgánicamente con el nuevo Estado.

3 Recordemos aquí que a partir de 1950 Costa Rica impulsó un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, simultáneamente con un fortalecido despliegue estatal en ámbitos fundamentales para el desarrollo del sistema, en especial en todo lo relativo a la seguridad social.

4 Un buen ejercicio es hacer una lectura crítica del Código de Trabajo que data de 1943, que fue heredado y validado por los gobiernos establecidos a partir de 1949, tal como lo hizo hace algunos años Mario Blanco Vado (ver referencia bibliográfica abajo).

5 Es decir, de aquellas posiciones que ven en el TLC el advenimiento del fin del mundo o del paraíso terrenal, y que pierden por tanto la perspectiva histórica y no lineal de los procesos sociales.

6 Cabe señalar que esto no fue obra solamente de la Segunda República; desde inicios de los años 40, la legislación laboral y la institucionalidad experimentaron importantes cambios en esta dirección. Lo que deseamos poner de relieve es que la Segunda República llevó el proceso mucho más lejos y esto supone ya una forma completamente distinta de procesar el conflicto interclasista, en comparación con la forma en que lo hacía la República liberal-oligárquica que la precedió.

7 En Costa Rica se desarrollaron vínculos del tipo corporativo entre los componentes afines del movimiento sindical, comunal y cooperativo y el Estado; no obstante esos vínculos no adquirieron nunca la profundidad que sí alcanzaron en países como México o Argentina, prototipos del corporativismo en América Latina.

8 Muy a brocha gorda, señalemos que Gramsci entendía la hegemonía no solo como la resultante del control de los medios de producción o del proceso de trabajo, sino además como producto del control y dirección cultural, política e institucional con que la burguesía se impone (con mayor o menor legitimidad) a las clases subalternas. La aproximación gramsciana abre una perspectiva mucho más comprehensiva del análisis y muestra la complejidad de los procesos con los que debemos enfrentarnos.

9 Es claro que el movimiento popular también aprendió importantes lecciones en estas luchas, aprendizajes que adquieren hoy día una mayor relevancia en el contexto de polarización y lucha social que ha traído consigo el TLC. La lucha contra el “Combo ICE” requiere un análisis más detallado del que aquí le damos, porque marca un parte aguas en la construcción de la hegemonía, que se ve seriamente debilitada en sus cimientos a pesar de que la solución del conflicto se mantuvo dentro de los marcos de la institucionalidad vigente.

10 Cabe constatar que la represión no se expresa únicamente como brutalidad sobre los cuerpos o sobre los derechos civiles y políticos; otras formas más sutiles, institucionales o no, de ejercer la represión, de hecho acompañan el ejercicio mismo del poder y han rodeado todo lo relativo a la lucha contra el TLC. Cuando, el 12 de diciembre de 2006, la Comisión de Asuntos Internacionales aprobó el TLC en una maratónica y antirreglamentaria votación, Canal 13 –el Canal estatal, cortó la transmisión cuando los Diputados del PAC, del Frente Amplio y del PASE clamaban por el irrespeto a la institucionalidad democrática. Estos actos, que cabe calificar como represión del disenso dentro de la Asamblea Legislativa así como de ocultamiento ideológico de la realidad, es un ejemplo de lo que queremos señalar.

11 A pesar de haber sido electo apenas con una cuarta parte de los votos válidos, Oscar Arias actúa como si en su gobierno hubiera sido depositado un mandato popular contundente a favor del neoliberalismo. Actúa entonces desconociendo la verdadera realidad del país y con ello contribuye a atizar las causas profundas del conflicto actual.

12 Declaraciones de Oscar Arias a La Prensa Libre, tomadas de la edición digital de ese periódico en la siguiente dirección electrónica: http://www.prensalibre.co.cr/2005/setiembre/03/nacionales04.php (03 de septiembre de 2005).

13 Desde que en el 2003 iniciaron las ‘negociaciones’ del TLC con los EE.UU., se han sucedido una serie de investigaciones, publicaciones y pronunciamientos provenientes de movimientos sociales, instituciones públicas, partidos políticos, iglesias, comisiones de notables, intelectuales e investigadores, entre muchos otros. Salvo los pocos estudios oficiales o ‘paraoficiales’ existentes, que machacan en la fatalidad y las bondades del TLC pero sin demostrar categóricamente sus beneficios para el país, todos los documentos existentes han señalado los graves riesgos que el TLC entraña.

14 El hecho de que esa unidad de intereses de clase exista de forma objetiva, no indica que necesariamente existe de forma subjetiva, es decir, en la conciencia de los individuos de una clase determinada. Estamos ante el viejo y siempre necesario debate acerca de la clase en sí y la clase para sí, que los mismos Marx y Engels plantearon, y que de distintas formas fue retomado por autores como George Lukács, Agnes Heller, Paulo Freire y Hugo Zemelman.

15 Queremos citar aquí en extenso a Federico Engels, quien en la Introducción a la edición de 1895 a La lucha de clases en Francia, de Carlos Marx, señalaba: “Si han cambiado las condiciones de guerra entre naciones, no menos han cambiado las de la lucha de clases. La época de los ataques por sorpresa, de las revoluciones hechas por pequeñas minorías conscientes a la cabeza de masas inconscientes, ha pasado. Allí donde se trate de una transformación completa de la organización social tienen que intervenir directamente las masas, tienen que haber comprendido de qué se trata, por qué dan su sangre y su vida. Esto nos lo ha enseñado la historia en los últimos cincuenta años. Y para que las masas comprendan lo que hay que hacer, hace falta una labor larga y perseverante”. (Engels, Federico, tomado de www.marxists.org) Haciendo las salvedades históricas, nada más pertinente para nuestra situación actual.

16 Para nosotros, la utopía es antes que nada una potencialización de prácticas y aspiraciones de sujetos concretos. Así entendida, pueden haber utopías emancipadoras o utopías de la opresión. El TLC consolida en última instancia las prácticas de sujetos y/o actores concretos: las transnacionales, los gobiernos, entre muchos otros, siendo por tanto producto de una utopía de la opresión. A esta utopía debemos oponer nuestras propias prácticas y aspiraciones, como potencialidades, que pueden llegar a encarnar una nueva orientación de la sociedad en su conjunto en el tanto en que logremos que el nosotros de la utopía sea cada vez más amplio e inclusivo.

Algunos de los materiales provocadores de estas reflexiones fueron:

ALVARENGA Venutolo, Patricia, De vecinos a ciudadanos, Editorial de la Universidad Nacional Autónoma, Heredia, Costa Rica, 2005.

BLANCO Vado, Mario, El modelo económico y las relaciones laborales colectivas: apuntes sobre la organización sindical y el ajuste estructural, en El Sindicalismo frente al cambio: entre la pasividad y el protagonismo, Jorge Nowalski (editor), Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José, Costa Rica, 1997.

BORÓN, Atilio, Tras el búho de Minerva: mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 2003. ENGELS, Federico, Introducción a la Lucha de clases en Francia, 1895. Obtenido en Internet (www.marxists.org)

SOLANO Solano, Mario, La legitimación del Estado en la conciencia cotidiana, Editorial de la Universidad de Costa Rica y Editorial Tecnológica de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1999.

ZEMELMAN, Hugo, De la historia a la política: la experiencia de América Latina, Siglo XXI Editores, Universidad de las Naciones Unidas, Ciudad de México, México, 1989.

ZEMELMAN, Hugo, Problemas antropológicos y utópicos del conocimiento, El Colegio de México, Jornadas 126, Ciudad de México, México, 2000.


- Gerardo Cerdas Vega. Sociólogo, miembro de la coordinación continental del Grito de los Excluidos/as y del Encuentro Popular, Costa Rica.


Fuente: Encuentro Popular

http://www.encuentropopular.org/ejes/tlc/tlc065.html