El movimiento popular boliviano recobró la conciencia crítica el año 2000, luego dos décadas de adormecimiento neoliberal, durante las luchas contra la privatización del agua. Las mujeres –regantes, trabajadoras y madres de familia– fueron las protagonistas de este despertar y actoras de primera línea en la Guerra del Agua en Cochabamba y en el levantamiento popular contra la privatización en El Alto. Las mujeres que comandaron las barricadas callejeras, que enfrentaron a la represión policiaco-militar mano a mano con sus compañeros y que organizaron ollas comunes para alimentar a los sublevados, se reunieron en La Paz el 13 y 14 de junio para rememorar sus victorias y diseñar la estrategia de defensa para el futuro. La guerra contra la privatización no ha terminado y todavía quedan muchas tareas, como por ejemplo instituir la propiedad pública del agua en Constitución Política del Estado.

En el encuentro nacional “Mujeres en Defensa del Agua”, el grupo de líderes del Altiplano Sur, Potosí, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz revalorizaron su papel en las luchas sociales de los últimos años y pasaron de la protesta a la propuesta de mecanismos constitucionales que protejan al agua de la privatización en la Asamblea Constituyente. Estos son sus testimonios.

Con los genes de las heroínas de la Coronilla

La lucha por el agua en Cochabamba comenzó en 1997 cuando se aceleró la perforación de pozos de hasta 500 metros de profundidad en la localidad de El Paso para proveer de agua a la ciudad. Para defender sus fuentes de agua subterránea en riesgo, los agricultores del valle bajo se organizaron en la primera asociación de regantes, que luego se convirtió en la Federación de Regantes de Cochabamba.

A fines de la década de los 90 los regantes comprendieron el peligro de entregar el agua a un privado para resolver el déficit crónico de agua de la urbe, como proponían Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer Suárez con los proyectos Misicuni y Corani. Los agricultores socializaron sus preocupaciones en el departamento y comenzaron a aglutinar activistas para defender sus recursos naturales de la mercantilización. “En las primeras marchas nos echaban con orín desde los balcones de la ciudad de Cochabamba. ‘Vagos, campesinos, sucios’, nos gritaban, pero no nos intimidaron. Buscamos aliados y organizamos la primera reunión conjunta a nivel departamental con maestros, fabriles, mineros y los jóvenes de la Universidad. En la Federación de Regantes conformamos la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, casi al mismo tiempo que salía la ley de privatización del agua firmada por Manfred Reyes Villa y el gobierno central, que entregaba en concesión Semapa a Aguas del Tunari”, recuerda Virginia Amurrio, activista de la Guerra del Agua y hoy concejala de Tiquipaya, provincia Quillacollo.

“La ley nos las trajo Evo Morales del Parlamento. Analizamos palabra por palabra y comprobamos de qué manera se asaltaba el agua. Para tener un litro había que pagar a Aguas del Tunari, que tenía el dominio absoluto. Eso levantó polvareda y nos organizamos en tres escenarios: un bloque social, otro para el análisis de la ley y un tercer grupo encargado de hacer las propuestas”.

La primera marcha contra las transnacionales del agua en Cochabamba se realizó en diciembre de 1999 y el 5 de enero de 2000 la Coordinadora debutó con su primera movilización. Se dio plazo al gobierno para que escuche y atienda las demandas populares hasta febrero de 2002, pero las autoridades no respondieron y la Coordinadora del Agua, a la cabeza de Oscar Olivera, organizó una toma simbólica de Cochabamba.

El plan consistía en que la gen del centro y casco viejo de la ciudad esperen en la plaza central con pañuelos blancos a los miles de ciudadanos que llegarían de las provincias con bandas de música. “Nuestra idea era hacer una gran fiesta, pero el gobierno advirtió que nadie entraría a la Plaza de Armas. No le creímos y organizamos marchas desde el valle bajo y central, desde la Avenida Blanco Galindo y la Muyurina. Pero nos gasificaron, nos balearon y ahí empezó el enfrentamiento. La gente vio (la represión) por los medios de comunicación y se enojó mucho. Las mujeres sufríamos porque nuestros hijos y compañeros eran apaleados; junto con los ancianos comenzamos a expresar nuestro repudio llamando a los medios de comunicación”. A fines de la primera semana de febrero el gobierno pidió una reunión a los líderes del movimiento, que ya contaba con un equipo técnico sólido conformado por René Orellana, Pablo Solón, María Ester Udaeta y Juan Carlos Alurralde, entre otros.

“El gobierno pidió 45 días para modificar la ley (de concesión a Aguas del Tunari), pero los campesinos decidieron declarar el bloqueo departamental de caminos. ‘No vamos a meter alimentos a Cochabamba si es que los ciudadanos no se levantan’, amenazaron los hermanos campesinos. Cortaron el agua de la laguna de Escalerani, la principal fuente de abastecimiento, y no había alimentos para la venta. El 11 de abril salimos mujeres, ancianos, caballeros, todos los citadinos, e hicimos un paro general. Ni si quiera las personas podían pasar por los bloqueos. ¿Quiénes éramos las que manejábamos los puntos de bloqueo? Las mujeres, las primeras afectadas por la privatización del agua. Las mujeres controlaban que no se venda alcohol, organizaron las ollas comunes con todas sus familias. Fueron ocho días de lucha, desde el 11 hasta 17 de abril. Ellas eran muy estrictas y auxiliaban a los gasificados. Ví como más de siete mujeres se amarraron los cabellos para arrancar a un detenido de las manos de los soldados. De los edificios lujosos nos pasaban agua, papeles y sábanas para quemar. Reinaba la solidaridad, nadie era indiferente”, rememora Amurrio.

Teófila López, ex ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres campesinas y dirigente de su comunidad en Sacaba, recuerda que durante la Guerra del Agua los bloqueos proliferaron en las provincias de Cochabamba. “Bloqueamos un mes en el camino, hicimos hoyos en la tierra para dormir y fuimos perseguidas. Hacíamos reuniones a la 1 o 2 de la mañana. Todo ese mes no hubo tranquilidad, (la policía) nos buscaban hasta en nuestras casas”.

En el valle alto las mujeres retenían en los caminos cientos de camiones cargados de alimentos para la ciudad. “Controlábamos todo el sector donde había caminos. Había cualquier cantidad de movilidades, flotas y gente que quería vender verduras. Repartimos alimentos entre la gente (retenida en los bloqueos), les dimos ollas para que vivan ahí. La policía y los soldados nos obligaban a levantar el bloqueo y nos hacían corretear por los cerros con gasificaciones, pero volvíamos a cerrar el camino”, cuenta López.

A Carmen Rosa Postigo, activista de la provincia Tiquipaya, no se le olvida el último día de la célebre movilización por el agua en Cochabamba. “Mi OTB y los ancianos del lugar esperamos en el puente de Tiquipaya, cerca del surtidor, a los campesinos que bajaban de las alturas. Sacamos agua en tachos y bañadores para refrescar de la gente e instalamos una olla popular en pleno camino. Hicimos buñuelos y refrescos en ollas grandes”.

Postigo retrotrae una lucha más reciente, en 2004, también en defensa de fuentes de agua y por servicios de alcantarillado. “La Alcaldía firmó un convenio con financiadores externos, con el que no estábamos de acuerdo porque se concesionaban hasta las lagunas. Entonces empezó la lucha por los servicios básicos y contra el Alcalde que no quería rendir cuentas en reuniones públicas de la comunidad. Atacamos la Alcaldía y 29 personas nos declaramos en huelga de hambre durante tres días. Sin pelea violenta logramos consolidar el comité de control social con personería jurídica y las mujeres empezamos a controlar el Municipio”.

La conciencia en las provincias de Santa Cruz

Tres semanas atrás tuvo lugar un inusual enfrentamiento por el agua en la localidad de Moro Moro del departamento de Santa Cruz. La Alcaldesa de la zona había propuesto invertir los recursos asignados por la Prefectura en la instalación de sistemas de agua para seis comunidades rurales, pero el Presidente del Concejo hizo aprobar una resolución cambiando el destino de los recursos. La segunda autoridad municipal quería invertir el dinero en la construcción del segundo piso del edificio municipal.

A los siete días el Comité de Vigilancia envió una carta al Concejo reclamando por la decisión y amenazando con tomar medidas de hecho si es que no se corregía el desatino. En vista de que las autoridades no respondieron e insistieron en violentar las decisiones de las OTBs, la población de Moro Moro se levantó a la cabeza de las mujeres, tomó la alcaldía y en dos cabildos obligó a renunciar a los cinco concejales del municipio. “Se puede derribar gobiernos si se lucha porque el agua sea un bien común”, reflexiona Carmen Rosa Postigos a la luz de los acontecimientos en su municipio.

La Presidenta de la Asociación de Regantes de Santa Cruz, Cristina Bruckner, trabaja por unir a todas las regiones para el buen manejo del riego y de las cuencas. La mayor parte de las regantes cruceñas, que habitan en los valles, preferiría que el Servicio Nacional de Riego no maneje el riego comunal. “Nuestra lucha es que todas las regiones como el Chaco, los Valles y las llanuras encuentren soluciones a sus problemas. Todos luchan por la institución y la producción, siguiendo el ejemplo de las compañeras de Cochabamba”, comenta Bruckner.

Eda Sanvaquiri, miembro de una organización de pueblos guaraníes en Camiri que agrupa a 25 capitanías, observa que el principal problema de su zona es la contaminación ocasionada por las compañías petroleras. “Luchamos contra las empresas para evitar el avance de la contaminación. Existen comunidades en las que no existen agua potable ni pozos y las familias se ven obligadas a tomar agua sucia o meter agua por cisternas desde Charagua o Camiri”.

Un conflicto similar enfrentan los habitantes del populoso barrio Plan 3000 de Santa Cruz, una ciudad que aparenta no tener las dificultades de otras capitales. “Santa Cruz tiene un montón de problemas, especialmente en los barrios alejados del centro. El agua ha pasado de ser servicio social a servicio privado. Saguapac asiste con abundante agua hasta el cuarto anillo, pero en los barrios marginados como el Plan 3000, la contaminación es lo más grave. Reclamamos ayuda a los extranjeros para instalar laboratorios de control y mantener nuestros pozos”, exhorta Marha Silva, activista de esta emblemática zona cruceña que nació en 1980 con 3000 personas y que ahora cobija a más de 180 mil habitantes. El Plan 3000 tiene una cooperativa de agua propia que es difícil de sostener por falta de recursos. “Nos dicen que para ser Cooperativa tenemos que ser autosificientes, pero hasta Saguapac requiere préstamos. Necesitamos ayuda externa y préstamos a largo plazo”, demanda Silva.

El poder femenino en El Alto

En 20 años la población de El Alto ha crecido demasiado y también sus necesidades de servicios básicos. Nueve distritos tiene la ciudad, pero la empresa que se hizo cargo del servicio, Aguas del Illimani (AISA), subsidiaria de la transnacional francesa Suez, nunca quiso abarcar a todos y por eso los vecinos se levantaron. Mercedes Condori, ex dirigenta de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y vecina del distrito 4 en la zona norte, recuerda que su organización pidió con buenas maneras a AISA que muestre su contrato, pero los empresarios siempre reaccionaron con soberbia a las demandas de diálogo de la gente. "‘Muéstrennos tres razones para que nos vayamos’, nos dijo la empresa y les dimos 14 razones. Pero no fue suficiente. Con la ayuda de Oscar Olivera de la Coordinadora conseguimos información y comprendimos que el contrato era amañado. Por eso nos levantamos 580 juntas en 2004 y 2005. El actual Ministro del Agua Abel Mamani hizo 11 días de huelga de hambre reclamando derechos para El Alto”. Las mujeres fueron uno de los pilares de este movimiento vecinal que obligó al gobierno del ex presidente Carlos Mesa a iniciar la terminación del contrato con AISA luego de 10 días de paro cívico en El Alto. “Teníamos que despertar temprano para dejar la comida lista a los niños y salir a las calles a pelear. Nuestro objetivo era y todavía es que nuestros hermanos no tomen agua sucia y gocen del servicio de alcantarillado. Nuestra lucha ha conseguido resultados concretos. Antes nos cobraban 249 dólares para la conexión de alcantarillado y 196 dólares para la conexión de agua potable; con la lucha se ha logrado bajar a 180 dólares para el alcantarillado y 155 para el agua potable”.

Ojalá que la corrupción no se incruste en la nueva empresa social tutelada por el Estado para administrar el agua y los servicios básicos, espera Condori. “Terminaremos lo que hemos empezado, no nos quedaremos a medias y seremos actores de la nueva empresa”, enfatiza.

Pese a su efectiva coordinación demostrada en la guerra del agua y en la Guerra del Gas de 2003, las fuerzas vecinales alteñas no siempre son tan homogéneas como aparentan.

Alcira Godoy se asentó en el Distrito 8 de El Alto en el año 2000, cuando éste era una pampa árida. Por más pedidos que hizo a AISA como dirigenta vecinal, siempre recibió una respuesta negativa con el argumento de que su barrio estaba fuera de la concesión porque era distrito nuevo. Como era de esperar, las bases la rebasaron a su dirigencia cuando evidenciaron que la lucha de enero de 2005 no sirvió para obtener agua potable. “En un cabildo, los vecinos aprobaron un manifiesto público pidiendo que AISA siga operando mientras esté en Bolivia. Nos presionaron a los dirigentes para que firmemos el documento. De ahí surgió la crítica a la dirigencia del barrio que fue calificada de traidora a la Fejuve por haber firmado una carta para que AISA se quede”.

A pesar de todo, Godoy está convencida de que la movilización sirvió porque ahora casi todo el distrito cuenta con agua. Ha quedado claro en la mente de casi todas las luchadoras sociales de El Alto que el agua es un derecho y no una mercancía. La fuerza de estas dirigentas, las actuales y las nuevas, radica en que han comprendido que “agua y mujer son elementos parecidos porque ambas dan vida”.

En Tarija las mujeres defienden el agua como un “don de Dios”

Nila Romero, de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Tarija, narra que no hace mucho una empresa privada quiso entrar a la ciudad para administrar el servicio de agua potable. “El municipio de Cercado ya estaba haciendo convenios. Gente de la Asociación de Municipios iba por el campo midiendo ríos y vertientes, y diciendo que haría proyectos. A nuestras comunidades iban a decir que el río no es de nosotros. Pero la gente se informó de la privatización y no se dejó. Hicimos frente a una rosca en Tarija dura de enfrentar, pero la rosca también sabe tomar agua y ha tenido que ayudar a defender (…) Con la Federación de Regantes nos levantamos en Tarija y ahora la empresa se calló”.

Romero está consciente de que el agua no puede privatizarse ni contaminarse porque es fuente de vida. “Si nos quitan el agua nos quitan la vida; todo pueden quitarnos menos el agua. En nuestras comunidades cuidamos los recursos, tenemos comités de agua, hacemos acequias, estanques y tomas, y utilizamos los recursos en comunidad. El agua es nuestra y nadie puede venir a ofrecernos represas y otras obras a cambio de la administración”.

Para Lorenza Condori, otra luchadora de la provincia tarijeña Méndez, “el agua es un don de Dios que no puede ser vendida ni privatizada. Ni un día sin agua podemos vivir y por eso debemos luchar contra las empresas”.

Bertha Aramayo, de la Federación de Trabajadoras Campesinas de Tarija Bartolina Sisa, reflexiona que muchas veces son los mismos habitantes quienes contaminan sus fuentes de agua. “A veces tomamos soda y tiramos la botella. No llevamos bolsones para ir al mercado sino que ahora todo es bolsa de plástico. Con eso contaminamos nuestra agua y nos envenenamos con nuestras propias manos. Felizmente todavía en nuestras comunidades mantenemos el agua libre de la contaminación y de las vertientes fluye agua fresquita, no como en la ciudad donde ensucian el agua echándole lavandina (…) El agua nos ha dado Dios, no es un mercancía para comprar y vender”.

Potosí: una lucha silenciosa frenó la exportación de aguas

La dirigenta de la Federación Sindical de Mujeres Campesinas del Altiplano Sur (FSUMCAS) Lourdes Quisbert precisa que la lucha silenciosa de los comunarios del sudoeste potosino no se limita a defender el Silala sino también las aguas subterráneas y otras corrientes superficiales.

La Federación de Campesinos y las comunidades de cinco provincias de este jirón patrio lograron en tres años de lucha, desde 2001, la aprobación de la ley 2704 que prohíbe expresamente la exportación de agua. “Los gobernantes anteriores querían privatizar las aguas, y como todos los recursos naturales, entregarlas a las transnacionales. No sólo el agua del Silala estaba en su mira sino también las aguas subterráneas. Si se vendía esa agua, con el tiempo nos hubiéramos convertido en un desierto, y la producción de quinua, camélidos y turismo habría sido gravemente afectada”, afirma Olga Mamani, también miembro de de FSUMCAS.

Según Eloy Callisaya, secretario ejecutivo de Fructas, en 2001 el gobierno aprobó el decreto supremo 2267 que autorizaba la venta del agua subterránea del Sudoeste potosino. El empresario de origen norteamericano Peter McFarren intentó exportar aguas del Silala a razón de 200 litros por segundo, para luego subir los envíos hasta 2.000 o 3.000 litros por segundo perforando pozos en una zona con severo déficit de lluvias. El plan era subir hasta 20 mil litros en 20 años.

Amenazadas las fuentes de agua de los agricultores y las famosas lagunas que atraen a miles de turistas cada año, los más afectados del Sur y Nor Lípez enfrentaron al poderoso empresario que compró gente, no con bloqueos sino con “pensamiento y propuestas”. “Fue una lucha de tú a tú con el gobierno, los empresarios y los diputados interesados en vender el agua”, evoca Callisaya.

Los comunarios del sudoeste potosino arrancaron al gobierno con una huelga de hambre en pleno Congreso un Plan de desarrollo integral del Sudoeste Potosino expresado en la Ley 2704 emitida el 21 de mayo de 2004 en Uyuni. Uno de sus artículos prohíbe la exportación de aguas subterráneas o cualquier otro recurso hídrico.

Si bien la gente de esta zona ha ganado una batalla importantísima en la guerra permanente contra la privatización el agua, todavía no canta victoria. Ahora enfrenta otro gran conflicto con la Minera San Cristóbal, un millonario proyecto para explotar zink y plata con una inversión superior a los 700 millones de dólares.

La población está consternada por las consecuencias ambientales de este proyecto minero que se instalará muy cerca del Salar de Uyuni. Se estima que la empresa consuma hasta 40 mil metros cúbicos de agua en sus actividades cotidianas. El problema es que los empresarios de San Cristóbal no quieren utilizar las aguas de un río que corren a razón de 200 litros por segundo porque son un tanto saladas sino que han decidido operar con el agua dulce subterránea. Las organizaciones campesinas de Potosí anuncian que la lucha por preservar estos recursos es de vida o muerte. Para ellos, vender esta agua es como vender su vida misma.

De la protesta a la propuesta

Tres eran los objetivos centrales del encuentro nacional Mujeres en Defensa del Agua, organizado por la Fundación Solón, Agua Sustentable y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer Región Andina (Unifem-RA): 1. elaborar una propuesta desde la perspectiva de las mujeres para otorgar al agua la categoría de derecho humano en la Asamblea Constituyente; 2. definir políticas públicas y acciones orientadas a preservar el agua como un bien público y un derecho humano, y 3. diseñar una estrategia de defensa de este vital elemento en espacios del Estado y de la sociedad civil.

En el encuentro, las mujeres demostraron que tienen mucho que aportar por su experiencia directa en la gestión del agua, pues son ellas las que están más cerca de la administración y conservación del agua. Dada su estrecha vinculación con las actividades reproductivas, las mujeres lideran los trabajos de perforación de pozos y riego en el campo; son las encargadas de la difícil tarea de recolección de agua en los barrios más pobres de las ciudades, y son las responsables de garantizar la provisión familiar, ya sea pagando facturas o gestionando conexiones, entre otras tareas vinculadas al agua que se han feminizado en los últimos años.

Las asistentes al Encuentro Nacional concluyeron que más que ningún otro elemento de la naturaleza, el agua es esencial para la vida. En un 80% el ser humano está compuesto de agua. Una persona no puede vivir sin agua más de dos días. Por tanto, el agua no es objeto de compra venta y no tiene precio expresado en tarifas. El agua no se vende; lo que el usuario paga son los costos de administración del servicio, distribución, tratamiento, etc. La principal función del Estado es velar por los derechos y sobre todo por el bienestar del ser humano. El principal derecho humano universal es el derecho a la vida, y la vida depende del agua más que de cualquier otro elemento de la naturaleza, reflexionó el colectivo de dirigentas y líderes sociales.

El acceso universal al agua y alcantarillado requiere de grandes inversiones que no todos pueden pagar. El manejo mercantil del agua deja sin servicios esenciales precisamente a la población que más los necesita. Por eso necesariamente el agua debe ser administrada bajo la lógica de la solidaridad, de la equidad y la justicia, y no del lucro. Quienes más consumen tienen que pagar más por el servicio. Hay que evitar que los empresarios sigan lucrando con la necesidad de la gente y cobrando a los pobres tarifas indexadas al dólar porque ese tipo de lucro es inmoral.

¿Cómo lograr que el agua sea considerada un derecho y no una mercancía?

Las mujeres tienen claro el plan que debe seguirse para frenar la privatización. De principio, el Estado debe retomar el control de las fuentes y redes de distribución de agua, y garantizar la distribución justa y equitativa, priorizando a los sectores de menores ingresos que no pueden costear los servicios básicos.

La Constitución Política del Estado debe garantizar expresamente el acceso al agua como un derecho ciudadano irrenunciable. Esto significa que la satisfacción de necesidades vitales no depende del mercado porque es una obligación ineludible del Estado.

El Estado tiene el derecho y sobretodo la obligación de regular el uso del agua, un bien público cada vez más escaso y en riesgo de contaminación. Por tanto, el Estado tiene la obligación de precautelar ese bien esencial y priorizar las necesidades del consumo humano antes que cualquier otro uso industrial o minero. Esto quiere decir que el Estado debe tomar el control de las concesiones de agua para usos mineros e industriales, y cobrar una tasa especial a las empresas que lucran con el agua.

El encuentro nacional de mujeres concluyó que no basta con recuperar empresas privatizadas y entregarlas al Estado sino garantizar la administración justa del agua con la participación social. La cochabambina Carmen Peredo tiene una visión crítica de lo que sucedió después del célebre levantamiento popular valluno. “Con la Guerra del Agua se logró cambiar la ley de riego y se echó a una transnacional, pero no se pudo construir un nuevo modelo de control social para la nueva empresa. El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) ha sido retomada por la derecha, el control social, que es muy débil, ha sido deteriorado y malinterpretado por dirigentes que están haciendo un daño increíble (…) En Cochabamba ahora algunas personas cuestionan para qué se ha luchado si ahora Semapa es un desastre. La clave es el control social, la participación de los usuarios en el directorio”.

De ahí que un bien público como el agua requiera nuevos modelos de gestión comunitaria que respete las formas tradicionales de administración y que sobre todo sea descentralizado.

Fuente: Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia
 www.aguabolivia.org