Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y del horror de la Shoah (Holocausto), la comunidad internacional se comprometió a terminar con la impunidad de todos los autores de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad. Los juicios de Nuremberg abrieron el camino al declarar que «la situación oficial de los acusados, sea como jefe de Estado, sea como altos funcionarios, no será considerada ni como una excusa absolutoria, ni como un motivo de reducción de la pena» .

Sin embargo es necesario reconocer el abismo existente entre los compromisos internacionales y la realidad. La muerte apacible de Pieter Willem Botha, el 31 de octubre de 2006 a la edad de 90 años, es un ejemplo reciente. Botha fue la cabeza del régimen del apartheid en Sudáfrica, como primer ministro de 1978 a 1984 y luego como Presidente de 1984 a 1989. Toda su carrera política estuvo marcada por el racismo: después de ser miembro de una organización nazi (Ossewabrandwag) durante la Segunda Guerra Mundial, se incorporó al Parlamento sudafricano en 1948, año en el que se aprobó la legislación sobre el apartheid.

Apodado «el Gran Cocodrilo», dirigió el régimen (del apartheid) con mano de hierro. Las pocas reformas, destacadas por quienes pese a todo quisieron rendirle homenaje, eran bien pobres. Levantando las restricciones sobre los casamientos interraciales y creando el Parlamento Tricameral en 1983 (con cámaras separadas para los mestizos y los indios), Botha sólo buscaba, de hecho, la legitimización de una política cada vez más criticada.

En realidad, la discriminación no se atenuó: el régimen continuaba basado en la supremacía blanca y los negros seguían sin tener derecho de voto. Se contaban en esa época alrededor de 30 000 prisioneros políticos. Además, Botha continuó rechazando la liberación del prisionero más célebre: Nelson Mandela. Esas «mini-reformas», que no cambiaron la naturaleza racista del régimen, no impidieron que la ONU aplicara a Sudáfrica nuevas sanciones económicas 1985. Pese a la condena internacional, Botha lanzó el año siguiente la peor represión que el apartheid haya conocido, decretando el estado de emergencia después de los violentos enfrentamientos entre los negros oprimidos y la policía.

En 1989, después de sufrir un ataque cardíaco, Botha se retiró del poder, dejando el lugar a Frederick De Klerk, quién emprendió un desmantelamiento progresivo del apartheid, por lo que fue duramente criticado por Botha. La Comisión «Verdad y Reconciliación», ante la cual Botha se había negado a declarar en 1997, concluyó que éste había dado la orden a los servicios secretos de cometer un atentado contra un inmueble de Johannesburgo donde vivía un grupo anti-apartheid, y que además era directamente responsable del atentado contra los locales del Congreso Nacional Africano (ANC) en Londres en 1987. Fue entonces condenado a un año de prisión en suspenso, pero ganó la apelación basada en un vicio de procedimiento. Poco antes de su muerte, declaró en 2005 en una entrevista televisada que no presentaría ninguna excusa por el apartheid. Pese a las violaciones flagrantes de los derechos humanos de las que es autor directo, y su negativa a excusarse por la participación activa en la ejecución del apartheid, que constituye un crimen contra la humanidad (desde la Convención de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra contra la humanidad), Botha fue homenajeado por dirigentes de partidos sudafricanos, incluso el ANC calificado de terrorista por el régimen, y por jefes de Estado, como Omar Bongo, actual presidente de Gabón. Ese homenaje es simplemente un insulto para los sudafricanos, particularmente para la población negra, que ha sufrido la violencia de la política racista de Botha y que no ha obtenido justicia.

Los autores de crímenes internacionales, como Botha, no deben seguir gozando de una intolerable impunidad que se extiende hasta su muerte. Por otra parte, una nueva ocasión se presenta para recordarlo: el Procurador Federal alemán tiene la posibilidad de entablar juicio contra el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, y el fiscal general, Alberto Gonzales, por crímenes de guerra cometidos en Iraq y en el campo de detención de la base estadounidense de Guantánamo. Esta denuncia penal, presentada en nombre de 11 víctimas iraquíes y de un detenido en Guantánamo por el abogado berlinés Wolfgang Kalek, que representa a numerosas asociaciones de derechos humanos, se funda en la ley de competencia universal adoptada por Alemania en 2002. Las presiones políticas estadounidenses son muy fuertes desde que se realizaron procesos judiciales en el extranjero contra algunos de sus ciudadanos. Hace tres años, Bélgica limitó significativamente el alcance de su ley de competencia universal, precisamente bajo la presión de los Estados Unidos.

Ahora los movimientos sociales debemos movilizarnos para que Donald Rumsfeld y otros como él rindan cuentas; para que otros gobiernos adopten la ley de competencia universal y para que acepten también la competencia del Tribunal Penal Internacional.

Con la finalidad de que se haga justicia, es necesario sobre todo no ignorar el papel activo del Banco Mundial y del FMI en el financiamiento del régimen del apartheid. Ambas instituciones hicieron caso omiso a las numerosas resoluciones de la ONU (de 1966, 1976, 1980, 1985) que condenaban la asistencia al régimen racista, concediendo importantes préstamos a Sudáfrica. En 1976-1977, la ayuda del FMI a Sudáfrica superaba la recibida por el conjunto de todos los otros países de África. En el período 1948-1967, el Banco Mundial le otorgó préstamos que eran por lejos superiores a los concedidos a cualquier otro país africano. Más allá del valor testimonial de estas cifras por sí mismas, el respaldo del FMI y del BM, tanto financiero como político, quedó bien claro. Botha pudo después beneficiarse del apoyo de los grandes bancos europeos, que tomaron el relevo de 1980 a 1985, quintuplicando sus préstamos (pasando de 13.000 millones a 71.000 millones). Son así muchos los actores que han contribuido a la longevidad de ese régimen racista ultrajando las reglas de la ONU.

Las deudas contraídas por ese régimen culpable de crímenes contra la humanidad son deudas odiosas; dicho de otra manera, son deudas de un régimen que no pueden ser cargadas sobre la población sudafricana. En efecto, de acuerdo con la doctrina de la deuda odiosa, las deudas contraídas por un régimen, sin el consentimiento de la población y que no la hayan beneficiado, no deben ser rembolsadas por los gobiernos posteriores si los acreedores conocían en su época las intenciones del deudor. De esto no existe ninguna duda en el caso del apartheid. En consecuencia, la parte de esas deudas odiosas que ya ha sido rembolsada debe ser restituida a la población. El resto de las acreencias odiosas debe ser anulado.

- Artículo elaborado por Eric Toussaint, Damien Millet y Renaud Vivien.
Traducido por Guillermo Parodi.

Fuente: Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM)
http://www.cadtm.org

Damien Millet
Renaud Vivien