Clarín y La Nación a 30 años del golpe genocida

Ernesto Espeche

07/11/2006

Opinión

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Introducción

Las páginas siguientes fueron estructuradas en función de un objetivo preciso: analizar la Intencionalidad Editorial de los diarios La Nación y Clarín ante la estrategia oficial del gobierno argentino en lo referido a derechos humanos al cumplirse treinta años del golpe genocida implantado en 1976. Dicho de otro modo, nos proponemos sistematizar las herramientas periodísticas utilizadas en la disputa hegemónica por la construcción de sentido común acerca del terrorismo de Estado y sus consecuencias.

Este objetivo es un recorte del proyecto de tesis doctoral “El papel del periodismo en la construcción de hegemonía de los sectores dominantes. Los derechos humanos en la prensa argentina desde la restauración democrática”; y cuyo problema de investigación es lógicamente aplicable al presente artículo. Se trata, atendiendo a las especificidades del actual escenario político, de responder la siguiente pregunta: ¿Cómo las coberturas periodísticas de las demandas de derechos humanos se ubican en la estrategia global de construcción de hegemonía de los sectores dominantes?

Los debates que giraron alrededor del treinta aniversario del golpe genocida se inscriben en la etapa abierta en 2002. El periodo se caracteriza por la rearticulación de las clases dominantes y la correspondiente legitimación oficial de las demandas de juicio y castigo. Así, las demandas del Movimiento de derechos humanos son legitimadas por el poder político y respaldadas por parte del espectro mediático. El escenario corresponde al cambio en las relaciones de fuerzas al interior de las clases dominantes en función del sostenimiento de una hegemonía amenazada por el avance producido por los sectores populares desde finales de los noventa y cuyo pico de visibilidad se materializó en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

El punto de inicio de este periodo puede encontrarse en los asesinatos de dos militantes piqueteros el 26 de junio de 2002 y el posterior llamado anticipado a elecciones nacionales. Algunos hitos que signaron la etapa fueron la nulidad legislativa de las leyes de impunidad (2003) y el acto frente a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) el 24 de Marzo de 2004.

El marco teórico que se utilizará para el análisis se encuadra en el modelo de estudio de los procesos periodísticos denominado Intencionalidad Editorial. Particularmente serán útiles para nuestro objetivo la incorporación del periodismo como parte integrante del género de la propaganda, el papel de éste en el escenario dialéctico de la lucha ideológica y las técnicas de conversión de parcialidad de grupo en valor universal como método de disputa hegemónica.

La selección de los diarios arriba mencionados responde no solo al alcance de su circulación nacional y a su capacidad de influir en la agenda del sistema de medios, sino también al lugar que cada uno representa al interior del bloque de poder. Esto último se relaciona con la necesidad analítica de contemplar las disputas intra hegemónicas.

Estudios anteriores[1], centrados en las condiciones materiales que inciden en el plano superestructural, han dado cuenta de los distintos intereses a los que responden las empresas mediáticas al interior de la clase dominante: Clarín, por su pertenencia al sector del capital nacional concentrado, es parte de la facción dominante del bloque de poder y, por tanto, beneficiario del modelo económico abierto luego de la devaluación monetaria de 2002. La Nación, coherente con su tradición centenaria, es tribuna de la doctrina de los intereses transnacionales y de la diplomacia estadounidense. Es el diario de cabecera de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la vieja oligarquía terrateniente y de los especuladores financieros[2]. Esta matriz se reflejó en su natural respaldo a la política económica impulsada por la dictadura iniciada en 1976 y su permanente rechazo a cualquier iniciativa tendiente a llevar a la justicia las causas por genocidio.

Metodológicamente, optamos por analizar en ambos medios las secciones de opinión (tanto editoriales como notas firmadas) y política. La decisión se vincula con que nuestro marco teórico sostiene que tanto en el género informativo como en el de opinión subyace la Intencionalidad Editorial. La pretendida división natural de la información y la opinión nace con la irrupción de la escuela anglosajona en las redacciones periodísticas[3]. La falsa identidad de noticia y hecho, o más claramente, entre objetividad y neutralidad, se encuentran en el centro de la estrategia burguesa de enmascaramiento de la realidad, de ocultamiento de los modos de reproducción del capitalismo y de la conversión de los valores sectoriales en verdades universales.

Para comenzar, nos aproximaremos a la estrategia oficial del gobierno argentino en materia de derechos humanos. Este elemento es clave para el análisis que nos proponemos, dada su matriz de ruptura con los periodos anteriores.

Rearticulación hegemónica e institucionalización de los derechos humanos

Desde su surgimiento en 1976, el Movimiento de Derechos Humanos atravesó distintos periodos. En el discurso y las prácticas de los organismos existió desde entonces una gran heterogeneidad[4]. Los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado se reunieron en Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y surgieron organizaciones dispuestas a actuar en torno al tema desde el terreno político, jurídico o social. Se consolidó entonces la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y nacieron el Servicio de Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Los difíciles años dictatoriales, la transición democrática, el Juicio a las Juntas Militares, las leyes de impunidad, los indultos y los escraches de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) fueron hitos que marcaron varias etapas en el desarrollo del Movimiento. En cada una se expresaba la diversidad en la praxis de las organizaciones frente a un enemigo común: un modelo de memoria oficial centrada en el olvido y la impunidad, impuesta mancomunadamente por el bloque de poder para sostener una lectura hegemónica del pasado reciente y sus consecuencias.

El Movimiento experimentó dialécticamente en su desarrollo una ampliación de sus demandas en la medida en que profundizaba su articulación con los distintos sectores populares en lucha. Éstos, a su vez, comenzaron a visibilizar sus reivindicaciones económicas, sociales y culturales como parte del devenir histórico y como producto de las marcas que dejó la dictadura militar en la continuidad institucional.

Las prácticas y el discurso del Movimiento tuvieron un carácter antisistémico. Con mayor o menor intensidad, atendiendo a las especificidades de cada organismo, la crítica del sistema se tornó inevitable. Cada consigna o demanda interpelaba duramente al Estado, pero también al propio sistema capitalista[5]. La resignificación de la idea de justicia –apartándose, como en los escraches, de su acepción meramente formal- y el permanente anclaje en los ideales emancipatorios y revolucionarios de la generación de los años setenta, puso en evidencia la lógica fuertemente rupturista de sus prácticas.

De hecho, el Movimiento de derechos humanos fue parte del auge de la protesta social que tuvo su pico máximo en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Como consecuencia de esta rearticulación del tejido social -inédita desde la histórica movilización popular desmembrada por el proyecto genocida iniciado en 1976- el bloque de poder replanteó sus estrategias para sostener su hegemonía en crisis.

Pero, ¿cómo el poder hegemónico podía reconstruirse luego del enorme alcance de la conflictividad social? Surge entonces una hipótesis: Para sostenerse, las clases dominantes debían primero resolver su contradicción interna de un modo tal que gran parte de los reclamos populares se encausaran dentro de los márgenes tolerables para el sistema.

Con sus disputas internas resueltas vía devaluación monetaria, la relación de fuerzas al interior de las clases dominantes recayó en la facción capaz de recomponer aquello que el discurso dominante llama “gobernabilidad”. La salida del modelo de la convertibilidad, base de la reestructuración económica de los noventa, fue el pilar desde donde se inició la nueva etapa.

La apropiación del sentido del reclamo social será desde entonces una búsqueda constante. Las demandas de derechos humanos no quedaron fuera de ese intento.

En poco tiempo, las políticas oficiales llevaron a la práctica algunas de las históricas demandas del Movimiento, como la nulidad legislativa de las leyes de obediencia debida y punto final (y la consecuente reapertura de las causas judiciales por crímenes cometidos durante la dictadura), la creación de espacios de memoria colectiva en lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención (con la carga simbólica que esto implica) y una retórica discursiva oficial tendiente a una identificación afectiva y política con la generación reprimida durante el golpe.

Es evidente que se produjo desde la inauguración de esta etapa un fuerte quiebre en la construcción de la memoria oficial. El 24 de marzo de 2006, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia (fecha conmemorativa promovida por el gobierno nacional), se realizó un acto oficial en el Colegio Militar de la Nación. El discurso presidencial dado en esa ocasión condensa el sentido de su política en la materia. Según Clarín, Kirchner dijo allí que la “acción de la dictadura ‘no se trataba de excesos ni de actos individuales’ sino de ‘un plan criminal’ diseñado antes del 24 de marzo ‘bajo la Doctrina de Seguridad Nacional’. En este sentido, avanzó en una línea de interpretación del golpe y sus consecuencias, según la cual el terrorismo de Estado, con su secuela de asesinatos y desapariciones, apuntó a ‘quebrar’ a la sociedad para implantar un nuevo modelo que dejó atrás el desarrollo productivo basado en la sustitución de importaciones por un modelo de valorización financiera, disminución del Estado y endeudamiento externo con fuga de capitales que, dijo Kirchner, se extendió hasta fines de los 90. ‘Los verdaderos dueños de ese modelo no han sufrido castigo alguno’, se lamentó”[6].

La institucionalización de los derechos humanos comprendió a parte de las demandas del conjunto del Movimiento, pero dejó fuera –y deslegitimó- a otras. Desarticuló su concepción integral al separar los reclamos por juicio y castigo a los genocidas de aquellos vinculados a las continuidades económicas y sociales del modelo impuesto en 1976 a sangre y fuego.

Los derechos humanos en el centro de la agenda

A partir de este escenario, nos adentraremos en el análisis de la Intencionalidad Editorial de los medios gráficos La Nación y Clarín frente a las políticas oficiales de derechos humanos, particularmente en las coberturas periodísticas realizadas en ocasión de cumplirse treinta años del inicio de la dictadura militar.

Entre el 20 y el 26 de marzo, los medios (gráficos y electrónicos) ubicaron fuertemente el tema en el centro de la agenda. En parte, esto se entiende por la dinámica propia de los actos conmemorativos y las distintas actividades recordatorias y reivindicatorias organizadas por el Movimiento y los distintos sectores políticos, sociales y culturales que históricamente se movilizan en estas fechas. Pero también influyó en el escenario mediático la propia agenda oficial, signada por diversas actividades protocolares, declaraciones políticas y una estrategia de inserción en los actos organizados por el Movimiento.

Claramente, ambos medios se posicionaron de modo distinto ante la política de derechos humanos del gobierno nacional. Esto no solo se explica por su actitud histórica frente a temáticas similares. Se vincula, fundamentalmente, por el lugar que ocupan en la relación de fuerzas del bloque de poder. Clarín elaboró un suplemento especial sobre el golpe militar y sus implicancias políticas, económicas y sociales. Difundió información de contexto de época e inscribió el terrorismo de Estado en el contexto internacional. La Nación, por su parte, siguió la agenda política de la semana desde una perspectiva crítica, incorporando al debate elementos propios de su mirada histórica sobre el tema que, en esta coyuntura, se distanciaron de la lógica oficial.

Memoria y olvido

Para analizar los mecanismos periodísticos utilizados en la disputa por el sentido de la memoria colectiva, recuperaremos el supuesto teórico que identifica al proceso periodístico como parte integrante del género propaganda[7]. Desde esta perspectiva, focalizaremos nuestro análisis en el uso periodístico de la herramienta propagandística de “Unanimidad y contagio”. Este enfoque adquiere mayor visibilidad en las notas de opinión.

Eduardo van der Kooy, editorialista de Clarín, tituló su opinión publicada 25 de marzo: “Un objetivo político en medio de una revisión conocida del pasado”. En ella vuelca su caracterización del periodo dictatorial en un sentido concordante con el Presidente: “Kirchner reiteró también otras miradas del pasado conocidas y objetables. Denostó el terrorismo de Estado que implantó la dictadura y, con certeza, recogió así el apoyo unánime de la sociedad”. Aquí, la idea de unanimidad, se usa en un sentido favorable a los intereses del gobierno nacional. “Consolidar la memoria colectiva y la conciencia cívica de una sociedad que, como nunca, recordó acongojada la tragedia del 76”, cerró van der Kooy

La misma herramienta, pero en sentido inverso, fue utilizada por La Nación. En su editorial del 24 de marzo dijo: “sabemos de sobra que algunos sectores utilizan en provecho propio la subsistencia del encono y de la desunión de los argentinos (…) pero la inmensa mayoría de los argentinos no tiene nada que ver con esas especulaciones perversas y aspira a que el país viva de cara al futuro, y se opone a que los hijos de este suelo continúen siendo rehenes de conflictos o acontecimientos que se registraron hace tres o cuatro décadas”.

La Nación pretendió universalizar su posición al difundir una encuesta de opinión pública el 25 de marzo. Bajo el título “La opinión de la gente”, el medio centenario dijo que “la sociedad argentina debería recordar no sólo a las víctimas de la represión ejecutada por los militares de la última dictadura, sino a las víctimas de todos los sectores. Así se expresó el 74,4 por ciento de los consultados en una encuesta que realizó la consultora OPSM, de Enrique Zuleta Puceiro”.

El objetivo editorial de La Nación apuntó, utilizando distintas estrategias, a cuestionar las políticas oficiales de derechos humanos por promover “viejos e irremediables rencores” y a sostener la idea de “pacificación nacional”.

Mariano Grondona escribió para La Nación en su edición del domingo 26 de marzo el artículo “El síndrome de la mujer de Lot”. Apelando a citas bíblicas dijo “Dios, al salvar a los miembros de la familia de Lot de la destrucción de Sodoma, les impuso como única condición que, alejándose de sus ruinas, no miraran atrás. Pero la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal”. Y concluye: “La sal simboliza en esta narración el intento de preservar el recuerdo del pasado contra la vida que el futuro exige”. De este modo Grondona recupera la tradición de la “reconciliación nacional” frente a las políticas oficiales: “la disputa inacabable entre los enemigos de ayer que continúan siéndolo hoy bloquea la visión de un futuro en común”.

Memoria y olvido. Cada uno de los medios analizados se ubicó en uno de estos polos antagónicos. Aunque no se trata de interpretaciones lineales. Trataremos de ver aquí cómo la “memoria” de Clarín encierra algunos olvidos; y cómo el “olvido” de La Nación se asienta en una determinada memoria.

Juicio y Castigo o Impunidad y Olvido

Ambos medios vieron favorablemente que el presidente Néstor Kirchner decidiera no anular por decreto los indultos decretados por el ex presidente Carlos Menem en 1990. El primer mandatario anunció el 24 de marzo que “es un tema de la justicia”

La Nación sostuvo que “El pedido podría ser interpretado como una presión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial”. Joaquín Morales Solá afirmó en su nota de opinión “Una ausencia notable en el discurso” que “el Presidente tomó el camino correcto cuando dejó en manos de la Justicia los indultos de Menem”. Y remarcó que la justicia “tendrá que definir si los crímenes de la subversión son también delitos de lesa humanidad, los únicos que no prescriben. Un crimen político es siempre un crimen de lesa humanidad”.

El periodista se refirió a los “avances” que la democracia dio desde 1983. Cuestionó al presidente por “no reconocer” lo hecho anteriormente en materia de justicia: “Tampoco suele reconocer la gestión de la democracia argentina para revisar el pasado”.

En Clarín, Eduardo van der Kooy se refirió, en su nota de opinión, a las leyes de obediencia debida y de punto final (sancionadas durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín) y a los indultos, como “un sistema de legislación que no nació como producto de ningún espíritu
impune sino de los avatares que tiene cualquier proceso histórico”. “Nada puede compararse al juicio histórico a los ex comandantes que impulsó el líder radical. Aunque el propio Menem hizo lo suyo —indultos al margen— para corroer el poder de las Fuerzas Armadas y compensar de forma material a los familiares de los desaparecidos.
Es ese proceso histórico, con virtudes y miserias, al que Kirchner le cuesta comprender”, dijo van der Kooy.

Los dos medios analizados no identifican a las políticas oficiales en la materia impulsadas por anteriores mandatarios con el “proceso de impunidad y olvido” que históricamente denunciaron los organismos de derechos humanos. Es más, Clarín y La Nación, se refieren a “leyes del perdón” para denominar aquellos que el Movimiento llama “leyes de impunidad”.

De todos modos, Clarín no se apartó de su apoyo a la nulidad de esas leyes ni a la política de derechos humanos del presidente Kirchner. La Intencionalidad Editorial de La Nación se opuso a cualquier intento de condena legal a los genocidas e insertó, en la coyuntura analizada, el debate sobre la responsabilidad penal de los dirigentes de las organizaciones armadas en los setenta.

La tesis de la izquierda siniestra I

La teoría alfonsinista de los dos demonios, como modo de explicar lo ocurrido antes y durante el golpe militar de 1976 y como elemento de legitimación de las políticas de impunidad desarrolladas desde la restauración democrática, tuvo y tiene sus matices. Quienes la sostienen se ubican en distintos lugares del bloque hegemónico. El común denominador es la idea de que nada justifica la violencia. Desde allí, la teoría alcanza hasta a quienes colocan en el mismo plano al terrorismo de Estado y a las organizaciones político-militares de la época. La Intencionalidad Editorial de Clarín y La Nación están contenidas en la teoría de los dos demonios.

Ni siquiera el diario centenario pudo seguir reivindicando explícitamente, como lo hizo tiempo atrás, el accionar represivo. Esto es, como dijimos, por la determinación que la dialéctica de la disputa inter e intra hegemónica tiene en las estrategias de enmascaramiento propias del proceso periodístico. Por supuesto –y en ello se sustenta la idea de enmascaramiento- la condena al golpe militar desarrollada por La Nación es meramente formal. Ubica en planos de igualdad a la “violencia subversiva” y a la “violencia estatal”, ambas como protagonistas de una “guerra”. Claramente, La Nación se distancia, también aquí, del discurso oficial.

Bajo el título “Un diálogo por el reencuentro”. La Nación reflejó su posición al interior de la teoría de los dos demonios. “Hablan dos víctimas de la violencia generalizada de la década del 70”, anticipa la bajada de la nota firmada por Laura Capriata.

En la nota, el medio reúne a Giustino Carrea, un ex detenido y torturado por fuerzas militares en 1976, y a Arturo Larrabure, quien tenía 15 años cuando en 1974 un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) ocupó la Fábrica Militar de Villa María, Córdoba, y secuestró y mató a su padre, el coronel Argentino del Valle Larrabure. La nota tiene un par de subtítulos: “La guerra: territorio donde no hay acuerdo” y “Las dos caras del infierno”. Las preguntas hechas a ambos entrevistados conducían, por un lado, a marcar las lógicas diferencias existentes en las interpretaciones de quienes estuvieron de un lado y otro en una supuesta “guerra”. Por otro lado, el medio intentó encontrar una síntesis posible, mostrar que ambos representan las dos caras de una misma moneda.

Pero, ¿cómo generar esa síntesis? Una síntesis, claro, acorde a la intencionalidad de La Nación. El diario preguntó finalmente a sus entrevistados: “¿A quiénes señalarían como culpables de lo que pasó en el país en los 70?”. La respuesta de Carrea fue: “de la represión, los culpables son los que organizaron y ejecutaron esto, como lo determinó el juicio a las juntas. En cuanto a los que mataron al padre de Larrabure, son unos delincuentes culpables de secuestro y de asesinato”. Sin distanciarse del todo, Larrabure, sostuvo que “todo empezó con la ley de amnistía del 73, que liberó a todos los presos políticos, que ya auguraba un baño de sangre. El ministro del Interior era Esteban Righi, que hoy está en el Gobierno”.

Resultado: un torturado por el poder militar y el hijo de un militar asesinado por el ERP terminaron la nota demonizando a las organizaciones políticas armadas, y con ello, al conjunto de las organizaciones que de distinto modo intentaron subvertir el orden.

El contrapunto utilizado por La Nación el mismo 24 de marzo condensa su Intencionalidad Editorial. Para el medio se trató de una guerra, comenzada por el accionar de la izquierda siniestra. Aquí las herramientas propagandísticas usadas fueron la “simplificación” y la “desfiguración”. Intentó, con solo dos testimonios, sintetizar un periodo complejo, desfigurando la realidad al exaltar aquellos elementos que permitieran arribar a determinadas conclusiones.

La Nación seleccionó cuidadosamente sus fuentes en cada nota de acuerdo a su Intencionalidad Editorial. El 21 de marzo tituló: “Reconocen las dificultades de enseñar el golpe militar en los colegios”. El medio hizo un recorrido por escuelas secundarias para buscar testimonios de profesores y alumnos sobre cómo enseñar el proceso que se inició el 24 de marzo de 1976. Lo siguiente es un fragmento de un diálogo reproducido en esa nota: “- ‘Seño, hay que ver el tema desde otros puntos. Siempre se lo ve desde el lado de los militares, pero también hay que verlo desde el lado de los Montoneros o del ERP’, retrucó Juan Ignacio, de 12 años, pecoso, alto y algo tartamudo, a Labonia, la maestra. Fue el alumno que más se destacó entre sus compañeros porque se pasó los 45 minutos de clase con la mano alzada para hablar y dejó poco lugar para que opinen los demás. – ‘Había cosas que no estaban bien, pero todo eso no justificaba las muertes’, le respondió la profesora”.

El eje puesto por el diario en “la reconciliación nacional”, se traduce en este caso en una crítica a la decisión del Ministerio de Educación de la Nación de impulsar la enseñanza del periodo dictatorial en las escuelas. Claro que reforzó, además, su lugar en la teoría de los dos demonios al enfatizar la dificultad pedagógica de contemplar las “distintas posturas”.

Grondona acompañó coherentemente el espíritu demonizador del medio hacia las izquierdas de los años setenta. Denunció en “El síndrome de la mujer de Lot” que el gobierno de Kirchner “al penetrar la ideología setentista en las escuelas, donde se dictaron clases alusivas que apuntaban a la misma meta, a la campaña mediática pareció agregarse el intento de lavar el cerebro de la generación que nada recuerda porque no había nacido en 1976”. Y continuó: “desde el Estado se ha alentado la difusión de una media verdad sobre los años setenta. La media verdad, empero, es una de las formas más insidiosas de la mentira”.

En igual sintonía, Joaquín Morales Solá sostuvo en su nota de opinión “Una ausencia notable en el discurso”, publicada el 25 de marzo que “el Estado no debió copiar jamás los métodos de la insurgencia armada que combatía”. Se desprende de semejante afirmación que el terrorismo de Estado “copió” sus métodos de las organizaciones que exterminó.

Por su parte, Clarín reflejó, a su modo, una mirada del origen del golpe militar asentada también en la teoría de los dos demonios. Su posición se acerca a la retórica oficial en el énfasis puesto en la condena de las prácticas represivas. La crítica hacia el accionar de las organizaciones políticas de izquierda durante los setenta está presente, aunque en menores dosis.

La opinión del periodista Eduardo van der Kooy se acercó a la posición oficial a la hora de relativizar la reivindicación del espíritu de lucha de los militantes setentistas: “Además fue cierto -como dijo en su mensaje (el presidente Kirchner)- que una generación de jóvenes pugnó en los 70 por una nación mejor y más justa: pero con esa nobleza se enredaron bandas insurgentes, criminales y mercenarios”.

El periodista de Clarín y el presidente Kirchner coincidieron en cierto punto en demonizar a “cierta izquierda”. Claro que no lo hicieron desde la lógica de las responsabilidades compartidas.

La editorial del diario con mayor tirada de Argentina sintonizó con la dura condena presidencial a las prácticas genocidas. El eje de la posición explícita de Clarín sobre el tema estuvo en la idea de que “la violencia política que se vivía en esos años y el combate contra el terrorismo encomendado a las fuerzas militares y de seguridad sirvieron como excusa para la implementación de una estrategia represiva sin antecedentes en nuestro país y en la región. Se incurrió en delitos atroces que han sido, con toda justicia, largamente recordados en estos días”. Pero el medio nunca dejó de mencionar, aunque en pequeñas dosis, la responsabilidad que, a su entender, le cupo al accionar de las organizaciones armadas: “la situación política se había degradado a niveles sin precedentes por la acción de la guerrilla”.

En “Los virus sueltos de la dictadura”, Ricardo Roa, Editor General Adjunto de Clarín, afirma inmediatamente después de desplegar un durísimo repudio al papel cumplido por las Fuerzas Armadas: “los militares multiplicaron los espantos y extendieron el terrorismo. Al de los grupos armados sumaron uno mucho más grave y perverso: el del propio Estado”. Ya no se trató, como dijo Morales Solá, de una “copia” de los métodos propios de la guerrilla, sino de una “multiplicación” de los mismos.

La nota de opinión “Nunca Más: ahora y siempre”, firmada por Miguel Esteban Hesayne, Obispo emérito de Viedma, no se aparta de la Intencionalidad Editorial del medio: “la memoria de los hechos aberrantes del terrorismo de Estado y del terrorismo guerrillero que hemos padecido en décadas pasadas, los bautizados la hemos de vivir en clave cristiana como un contrato social humanizante”.

Las fuentes periodísticas utilizadas por Clarín para diseñar el suplemento especial que se publicó el 24 de marzo refuerzan desde el género informativo el repudio a las prácticas genocidas y al proyecto económico iniciado entonces. En dicho suplemento, puede leerse una nota firmada por María Seoane, quien afirma que “entre 1978 y 1984, Videla, Viola y Galtieri exportaron sus técnicas de exterminio. Ahora, se revelan documentos de esa cruzada anticomunista que incluyó tráfico de armas y drogas”. El medio contextualizó la etapa dictatorial en el marco internacional a través de un artículo firmado por Oscar Raúl Cardoso: “un profundo giro a la derecha del Occidente capitalista y la idea de que América Latina no tenía recetas para solucionar sus problemas abonaron el terreno para el golpe de 1976”. Ricardo Roa recaló en los efectos del terrorismo de Estado en el campo sindical afirmando que “hubo jefes que conocieron la cárcel, y una matanza de delegados y activistas de base. El Ejército consideraba que el sindicalismo peronista era el dique de contención de la izquierda”.

La tesis de la izquierda siniestra II

Anteriormente habíamos consignado que el bloque de poder encontró una salida a su crisis de hegemonía a partir de un cambio en las relaciones de fuerza a su interior. Este cambio debía, en busca de recuperar la “gobernabilidad” puesta en crisis a comienzos del decenio, incorporar y resignificar parte de las demandas de los sectores subalternos. Es en esa lógica dialéctica donde se inscribe la política en materia de derechos humanos impulsada por Néstor Kirchner. Efectivamente, la nulidad de las leyes de impunidad y la creación de espacios de la memoria, además de una retórica reivindicatoria del accionar de los organismos de derechos humanos y un conjunto de elementos simbólicos, fueron el marco necesario para el acercamiento entre el Estado y parte del Movimiento.

Esas políticas favorables se dieron en el contexto general y estratégico de la continuidad de una matriz fuertemente desigual en términos de distribución del ingreso, de la precarización en las condiciones materiales de los sectores populares y de represión de la protesta social.

Esta realidad integral complejizó la subjetividad de los distintos actores sociales. Generó crisis en el entramado de articulaciones alcanzado por los organismos de derechos humanos y el conjunto de organizaciones políticas, sociales y culturales. Puso en relieve el debate en torno al papel del Movimiento y su carácter antisistémico.

Las demandas y prácticas del Movimiento habían puesto en crisis no sólo a las políticas de impunidad, sino al mismo sistema excluyente contra el que luchó la generación reprimida y desaparecida en los años setenta. Se trataba de una concepción amplia del concepto de derechos humamos. Esa concepción antisistémica fue la que entró en crisis en 2003 a partir de la estrategia hegemónica.

Fue una estrategia centrada en la justicia por los crímenes de la dictadura, e incluso en el repudio al modelo económico y social por ella generado y continuado por los sucesivos gobiernos democráticos. Pero la misma estrategia tendía a la deslegitimación de las demandas centradas en violaciones a los derechos humanos del presente, desde la desigualdad social hasta la represión y judicialización de la protesta social. En otros términos, una estrategia que tendió a desarticular y deconstruir el carácter totalizador que el Movimiento le imprimió al concepto de derechos humanos después de años de lucha.

Es necesario inscribir el proceso de la institucionalización de los derechos humanos en el plano de la disputa hegemónica desde una mirada dialéctica. Clarín y la Nación, como parte del bloque de poder, participaron de este proceso.

En una especie de actualización de la teoría de los dos demonios, ambos medios conectaron con el discurso oficial para deslegitimar el accionar de distintos sectores del campo de la izquierda que participaron del acto conmemorativo del treinta aniversario del inicio de la última dictadura militar.

Aquí la estrategia común fue poner en un plano confrontativo a los organismos de derechos humanos (fundamentalmente Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo) y al resto de las organizaciones que participaron de las actividades de repudio, entre ellas, algunos organismos históricos en la defensa de los derechos humanos. Además, se presentaron como “fuera de lugar” las demandas que no se relacionaran directamente con el accionar dictatorial y que marcaban las continuidades o marcas de la dictadura en las políticas de los sucesivos gobiernos democráticos, inclusive el iniciado en 2003.

El eje de la disputa se centró en el contenido del documento elaborado conjuntamente por el espacio multisectorial Memoria, Verdad y Justicia. El documento incluía una serie de interpelaciones al gobierno nacional.

“¿Era el 24 de marzo un día apropiado para levantar consignas que no tuvieran que ver sólo con el repudio al golpe?” Con esa pregunta el periodista de Clarín, Santiago Fioriti, encabezó su crónica “Duros cruces entre el Gobierno y la izquierda tras el acto en la Plaza”, publicada el 26 de marzo. En la nota se recuperan las repercusiones por las críticas del ministro Aníbal Fernández a lo que él llamó “izquierda siniestra”. Las fuentes consultadas por el periodista incluyeron a organizaciones que apoyaron las políticas oficiales (Asociación Madres de Plaza de Mayo y Barrios de Pie) y que manifestaron su desacuerdo con el contenido “opositor” del documento. Pero también el periodista consultó a dirigentes de partidos políticos de izquierda que sostuvieron el tono del documento (Partido de los Trabajadores Socialistas y Partido Obrero).

Un día antes, Clarín publicó la crónica de lo ocurrido en Plaza de Mayo con el título “La marcha a la Plaza, dividida por una interna entre las Madres y la izquierda”. La simplificación, en tanto herramienta propagandística, no sólo se utilizó en la condensación de conceptos que la edición de elementos de titulación requiere. También se manifestó en la identificación simplista de los sectores enfrentados y en la reducción del concepto de derechos humanos a la represión dictatorial.

La misma crónica cerró diciendo: “Muchas de las personas que concurrieron por su cuenta, entre ellas familias con hijos pequeños, poco entendían de las disputas que terminaron por desteñir una marcha que los organizadores catalogaron de histórica". El medio dejó abierto, de este modo, el juicio valorativo acerca de quiénes fueron los culpables de “desteñir” la marcha. En la edición de ese mismo día Julio Blanck se encargaría de endilgarle a la izquierda la responsabilidad de lo ocurrido durante el acto. “En otra muestra de pequeñez política y moral, cierta izquierda rompió los acuerdos previos y empezó a descargar palabras contra una supuesta política represiva del Gobierno que sólo ellos ven”, sentenció en la nota “Bonafini, la de siempre pero recostada en el poder”.

La Nación se refirió al documento leído en Plaza de Mayo en la nota “Documento con sesgo opositor”. En ella sostuvo que “es el discurso que repite la izquierda opositora desde el inicio de la gestión de Néstor Kirchner”. Agregó que “unas 300 organizaciones firmaron la proclama que unía la condena contra la Junta Militar que tomó el poder en 1976 con los severos cuestionamientos que una decena de asociaciones defensoras de los derechos humanos y organizaciones políticas de izquierda le reprochan al actual presidente”. En este caso se simplificó nuevamente el concepto integral de derechos humanos.

El medio fue más allá. Relativizó la incumbencia en el acto de aquellas organizaciones dedicadas a coordinar tareas en otros terrenos políticos: “En los párrafos contrarios a Kirchner se veía la mano de grupos como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) o la Liga por los Derechos del Hombre (LADH), organizaciones que suelen representar a piqueteros o personas detenidas durante protestas callejeras”. Tanto Correpi como la LADH son organismos de derechos humanos que intervienen fuertemente en las denuncias de violaciones en las que incurre el Estado, no sólo el dictatorial. Párrafo siguiente, el periodista siguió poniendo nombres al continente “izquierda siniestra”: “También se veían representados partidos de la izquierda más dura como el Partido Obrero o el Partido Comunista”.

La crónica “Una marcha masiva y con diferencias” informó sobre las “profundas disidencias que separan a los organismos de derechos humanos, centradas en la adhesión o rechazo al gobierno del presidente Néstor Kirchner”. Incluso, incorporó el elemento de la violencia: “Las serias diferencias políticas entre sectores opositores y afines al Gobierno provocaron repetidos abucheos por parte de sectores identificados como peronistas hacia los organizadores del acto, e incluyeron un incidente violento del que, por poco, escapó la titular de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto”.
Para que la idea de “violencia” cerrara completamente, la nota deslizó lo que de ninguna manera, en el contexto, puede leerse como un dato de color: “Un muchacho rubio con remera negra sostenía la inconfundible bandera de la organización Montoneros”.

La Nación compartió con el discurso oficial y con Clarín la deslegitimación de la izquierda en el acto. Pero además extendió la demonización a los propios seguidores del gobierno nacional por la pertenencia de muchos de ellos a la tradición de la “izquierda peronista”. Este elemento se vio claramente en la crónica sobre el discurso oficial en el colegio Militar: “con folklore del viejo peronismo como marco general. Los dedos levantados en V en el momento del Himno no se veían hace muchos años”.

En cuanto a las fuentes utilizadas para recoger repercusiones del acto, el medio optó por la palabra oficial y la de aquellos organismos de derechos humanos que criticaron el documento. "Nuestros hijos quedaron olvidados", citó La Nación, a modo de título, a Marta Vázquez, una Madre de Plaza de Mayo. No consultó a ningún representante de las organizaciones que firmaron el documento.

Conclusión

La teoría de la Intencionalidad Editorial aporta elementos para desmontar el enmascaramiento periodístico en tanto herramienta de los sectores dominantes que se inserta en la estrategia global de ocultamiento de los modos de reproducción del sistema capitalista. Para ello, los medios presentan la propia parcialidad como valor natural y universal. Esta perspectiva ubica al proceso periodístico en el escenario dialéctico de la disputa ideológica por el poder. Desde esta lectura, y atendiendo a los objetivos del presente trabajo, podemos arribar a las siguientes conclusiones:

1- La Nación y Clarín son medios de comunicación que responden a distintas facciones del bloque de poder que llevan adelante una disputa dialéctica intra hegemónica. Los sectores anti hegemónicos, y sus confrontaciones internas, influyen en ese escenario.

2- Clarín forma parte de la facción que es dominante al interior del bloque de poder desde la rearticulación iniciada tras la crisis de hegemonía que sufrieron el conjunto de los sectores dominantes en 2001. La Nación es desde entonces integrante del sector minoritario del bloque hegemónico.

3- Clarín apoyó las políticas oficiales de institucionalización de los derechos humanos por ser parte del sector del bloque de poder que encabezó la rearticulación hegemónica. Aunque también rescató lo hecho por anteriores mandatarios en la materia aludiendo a “tiempos históricos”.

4- La Nación cuestionó las políticas de derechos humanos desde un llamado a la “reconciliación nacional”. De acuerdo al cambio de relaciones de fuerza mencionado en el punto 2, no reivindicó abiertamente el proceso dictatorial, como lo hizo en otros escenarios, dada la fuerte condena que se expresó en el sentido común a las prácticas genocidas, producto del accionar del Movimiento de derechos humanos y de la apropiación de un conjunto de esas demandas por parte del sector dominante en el bloque de poder.

5- Con distintas intensidades, ambos medios, es decir, el bloque de poder unificado, condenaron duramente a los sectores alineados en una izquierda opositora al gobierno nacional que pugnaba por el respeto integral de los derechos humanos, y denunciaba, por tanto, las vinculaciones del pasado dictatorial con las violaciones del presente.

6- La herramienta mediática conjunta para la demonización de la izquierda opositora fue la simplificación del concepto de derechos humanos y su restricción a demandas relacionadas con el repudio de las prácticas genocidas.

7- A ello, La Nación incorporó la idea de violencia para demonizar también a los sectores que apoyan las políticas oficiales en la materia.

8- Clarín, siguiendo la retórica oficial, reivindicó el “espíritu transformador e idealista” de los militantes setentistas, pero condenó el accionar “de la guerrilla”. Esto último, sin que implique una equiparación de responsabilidades con el accionar represivo dictatorial.

9- La Nación representó el periodo dictatorial y los años previos como una etapa de violencia generalizada, propia de una guerra civil, comenzada por el accionar “subversivo”.

10- Las herramientas propagandísticas utilizadas por estos medios no se visibilizaron sólo en las notas de opinión, sino además en la selección, jerarquización y tratamiento de las fuentes utilizadas en el género informativo. Asimismo, el análisis de la Intencionalidad Editorial que subyace en las coberturas periodísticas estudiadas, excede el plano simbólico del discurso e incorpora desde un marco totalizador a aquellos elementos que surgen de la materialidad del proceso.

[1] Como el trabajo de Belinche, M. Medios Política y Poder. Ediciones de Periodismo y comunicación, La Plata, 2002.

[2] Blaustein, Eduardo y Zubieta, Martin, Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso. Colihue, Bs. As. 1998.

[3] Miceli, W., Albertini, E. y Giusti, E.”Noticia = negociación política”, Oficios terrestres N. 6, La Plata, 1999.

[4] Jelin, Elizabeth. “La política de la memoria. El movimiento de Derechos Humanos y la construcción democrática en Argentina”. En ACUÑA C. H. y OTROS. Juicios, castigos y memorias. Buenos aires, Nueva Visión, 1995.

[5] ZIBECHI, RAÚL. Genealogía de la Revuelta. Argentina: La sociedad en Movimiento. Capítulo 2. ED. Letra Libre, Buenos Aires, 2003.

[6] Extracto de la nota “Kirchner pidió a la Justicia que se pronuncie sobre los indultos”. Diario Clarín. 25/03/06

[7] López, Fernando, “Periodismo y propaganda”, en Trampas de la Comunicación y la cultura Nº 40, octubre de 2005, FPyCS, UNLP.

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