En los últimos años Costa Rica ha venido transformándose paulatinamente bajo el desarrollo de una serie de políticas de corte neoliberal, que se iniciaron desde la década de los 80, con la aplicación del primer programa de ajuste estructural. Esta tendencia se profundizó en los subsiguientes gobiernos, hasta el tercer programa de ajuste en el primer gobierno del actual presidente Oscar Arias Sánchez.

Este tercer ajuste significó el golpe de gracia a la transformación de la estructura productiva del país (afectando gravemente al sector campesino y de trabajadores (as), acelerando la tendencia por la penetración de capital transnacional, las inversiones privadas y un agresivo programa de privatización de instituciones públicas y debilitamiento de las funciones sociales del Estado[1].

La carrera de acuerdos comerciales inició en la década de los noventa y se sumó a este programa neoliberal, para buscar consolidar una estructura de inserción económica del país (supuestamente en el mercado mundial, aunque todavía en la actualidad existe un claro predominio de las relaciones comerciales con los EEUU) basada en la atracción de inversiones y las exportaciones.

Es así, como a partir del 2003 se inician las negociaciones formales de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que incluye a los países centroamericanos (menos Panamá) y que en su posterior desarrollo adhiere a República Dominicana. A lo largo de este proceso de negociación entre los gobiernos, se ha venido constituyendo a su vez una resistencia creciente por parte de las organizaciones sociales a nivel regional que alcanzó grados importantes de coordinación a través de diversas alianzas, una de las cuales ha sido la realización del Foro Mesoamericano de los Pueblos.

A pesar de este esfuerzo y haciendo gala de mecanismos conocidos de represión policial y militar (que causaron al menos un muerto en Guatemala, así como varios heridos y detenidos) y con prácticas políticas degradantes (por ejemplo, sesiones de aprobación del Tratado en horas de la madrugada y en secreto), los legisladores y gobiernos centroamericanos (excepto Costa Rica) han ratificado el Tratado, luego de que el Congreso de los EEUU se debatiera de una sesión en donde la aprobación solo fue posible por dos votos de diferencia (aunque uno de los dos rectificó posteriormente), siendo la más estrecha hasta ahora lograda por la administración Bush en materia de acuerdos comerciales.

Para la mayor parte de los países centroamericanos el tratado ha empezado, a solo meses de su ratificación a causar efectos devastadores sobre la legislación nacional y sectores muy importantes de la vida política y comercial de los países. Esto es muy importante para comprender que de ninguna manera la lucha ha terminado con la aprobación del tratado y en la actualidad, comprendiendo las diferencias, esta en marcha la organización de la resistencia a los efectos del Tratado en la región y la lucha para impedir la ratificación en el caso costarricense.[2]

Las razones por las cuales no se ha logrado esta ratificación en Costa Rica son múltiples, en este artículo examinaremos algunas, sobre todo las relacionadas con el trabajo que se viene realizando desde las organizaciones sociales, aunque claro debe sumarse a estas circunstancias la peculiaridad del debate costarricense. El TLC toca las fibras del Estado y del proyecto de seguridad social sobre el cual se construyó el país después de los años 50, sobre la base de principios de “solidaridad, igualdad y desarrollo”. Este proyecto (fundamentalmente socialdemócrata) se ha visto trastornado por el vuelco político de los principales partidos hacia los dogmas neoliberales tanto en materia económica como social.

El resultado de estos 25 años de políticas neoliberales es un ascenso de la problemática social sobre todo en materia de violencia, inseguridad ciudadana, la apatía electoral y el descrédito de los partidos políticos, el reforzamiento de los vínculos político-empresariales (mucho de los cuales representan canales de corrupción y robo) y en el plano de lo económico un ascenso significativo de la deuda interna[3], problemas fiscales, un programa reforzado de acuerdos de libre comercio y una tendencia sostenida hacia la desigualdad social, en una estructura socioeconómica en donde los grupos que más tienen se enriquecen cada día más y quienes menos tienen se empobrecen cada vez más.

Es sobre la base de este deterioro marcado de las conquistas sociales y políticas ciudadanas que se pretende imponer el modelo del TLC y para lo cual en el 2005 se planificó lo que algunos críticos han denominado un “Golpe de Estado Técnico”[4], cuando la Sala Constitucional del país decretó la posibilidad de la reelección presidencial, con el objetivo de poder contar con el mayor adalid del Tratado, el expresidente Arias Sánchez.[5]

La administración pasada efectivamente, frente a la organización social que cuestiona el tratado y que incluye no solo los grupos sindicales y ONGs, sino incluso grupos empresariales, partidos políticos (la segunda fuerza electoral del país), Expresidentes de la República, la Universidades Públicas (consideradas en las encuestas como las instancias de mayor credibilidad nacional), la Defensoría de los Habitantes, la jerarquía de la Iglesia Católica y otras fuerzas importantes, hizo lo posible por atrasar el trámite del mismo, luego de que el entonces presidente Abel Pacheco tuviera que destituir a todo el equipo de negociación del Ministerio de Comercio Exterior y enfrentara la encarcelación de los dos de los principales expresidentes durante la época neoliberal: Calderón Guardia y Miguel Angel Rodríguez (entonces Secretario General de la OEA)[6]

Durante todo este periodo, que se extiende desde el 2003 hasta la actualidad, diversos sectores se han venido manifestando y trabajando en crear conciencia en la población sobre los efectos perjudiciales del TLC (sobre todo a través de campañas, charlas y talleres en las comunidades de todo el país). Se han fortalecido una gran cantidad de debates académicos y se han publicado muchas investigaciones y artículos al respecto, todo lo cual contribuyó a colocar el tema como unos de los ejes centrales de la agenda nacional, hasta lograr un grado de concientización más amplio, que permite comprender esta lucha contra el Tratado como una defensa patriótica de nuestras instituciones públicas y del futuro de país.

La respuesta del Gobierno de Arias Sánchez, frente a esta realidad, denota el grado de confrontación que el mismo decreta en este tema:

Nombra como Ministro de Comercio Exterior a Marco Vinicio Ruiz, quien fuera miembro de la junta directiva de UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada) y presidente de la Cámara Textilera, uno de los sectores más proclives a la privatización y al TLC.
Pretende la recontratación de un exnegociador del TLC con los Estados Unidos, Roberto Echandi[7], para el puesto de Embajador frente a la Unión Europea y Bélgica.
Nombra como Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a Pedro Pablo Quirós, adversado por los sindicatos por su reconocido pasado trabajando para corporaciones transnacionales en el área de telecomunicaciones.
La exjefa de negociación del Tratado, Anabel Gónzalez, también ampliamente cuestionada en el país, pasó a ocupar el cargo de Directora de la división agrícola de la OMC.
Se contratan los exnegociadores en asesorías privadas para el Ministerio de Comercio Exterior y en el equipo de asesores del gobierno.

Es así, como previendo circunstancias de esta naturaleza, la conformación de la Comisión Nacional de Enlace (CNE), junto con otros sectores agrupados en el Comité Cívico Nacional lanzan la realización de la Primera Cumbre del Movimiento Social contra el Tratado en abril del 2005. Desde entonces, y en seguimiento con el trabajo que venían realizando las redes nacionales en contra del TLC, un salto cualitativo ha sido lograr la convergencia de sectores en espacios amplios de participación popular, como la CNE y la Coordinadora Nacional, que permite el diálogo y la planificación de distintas centrales sindicales y fuerzas políticas.

Actualmente la lucha nacional tiene un foco de coordinación importante en estas instancias y en la conformación de comités regionales en todo el país, en una escalada de activismo y resistencia, que efectivamente tendrá momentos claves este 23 y 24 de octubre, cuando se ha propuesto una jornada de resistencia y huelga en todo el territorio nacional.

En materia formal y legislativa, luego de que la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso rechazara la audiencia a un grupo importante de organizaciones opuestas el Tratado[8], se espera el primer dictamen que pasaría el texto al Plenario en fechas que aun no son definidas, aunque los diputados solicitaron como plazo hasta el 30 de noviembre[9]. Además esta por resolverse causas de inconstitucionalidad que han sido presentadas por ciudadanos ante la Sala Constitucional.

Entre los temas más destacados del debate actual, y que en parte han provocado un nuevo ascenso de la opinión pública desfavorable al acuerdo (según las últimas estadísticas de Institutos Universitarios)[10], podemos citar:

Las estadísticas demuestran que las exportaciones son crecientes en el país en la actualidad sin el TLC, sobre todo en sectores como piña, banano y circuitos integrados. Un reciente estudio realizado por el Periodico Financiero demostró además que la tendencia actual es hacia la concentración de la oferta exportable (un 2% de las empresas concentran el 60% de todas las exportaciones del país, dentro de las cuales se encuentran: Intel, Del Monte, Coca Cola, Merk Sharp and Dohme, Pfizer y Standard Fruit Company, por citar algunas de las compañías transnacionales más conocidas y significativas). Los Estados Unidos sigue representando un 41% del total de estas exportaciones, seguido de Holanda (7,8%) y Hong Kong (5.6%) (La Nación de Costa Rica 21/6/2006, pg 22A). En otras palabras y esto es muy claro para la población: Las mismas empresas americanas comercian y exportan desde Costa Rica hacia los Estados Unidos, ahora pretendiendo mayores beneficios con el TLC.
Los mercados más dinámicos en materia de exportaciones son principalmente asiáticos[11] y europeos, con quienes no se tienen acuerdos de Libre Comercio y donde destacan Corea del Sur, Hong Kong, Canadá (único en el que si existe un acuerdo comercial), Tailandia, Vietnam, Portugal, Taiwán e Irlanda, por citar algunos (Semanario El Financiero, 16-22 oct 2006, #587, pg 12). La balanza general con los países que se ha firmado acuerdos comerciales (sobre todo México, Canadá y Chile) registra déficit de US$295 millones para Costa Rica, y solamente existen saldos positivos en las relaciones con Rep. Dominicana y CARICOM. (LA Nación, Costa Rica. 17/7/2006, pg 10).[12]
Aunque el COMEX insiste que la ratificación del TLC significaría la creación de 16 mil empleos en el primer año de aplicación, este debate se sigue luego de que se demostrarán falsas estimaciones en pasadas circunstancias por parte de este Ministerio y de que lograra visibilizarse que las actuales proyecciones se realizan sobre la base de un estudio de opinión realizado a 40% de las firmas exportadoras, las mismas que amenazan con despedir a 32mil empleados si no se ratifica el Tratado.
El tema de los posibles impactos en la compra de medicamentos por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, el posible aumento en los costos de producción para el sector agrícola[13] (por el uso generalizado de agroquímicos genéricos), el posible endeudamiento creciente del país[14] y por supuesto la defensa integral de la Institucionalidad que sustenta la seguridad social del país, desde telecomunicaciones hasta el acceso al recurso hídrico, así como los intensos planes de flexibilización laboral son de los temas más debatidos a nivel nacional y frente a los cuales la población manifiesta mayor resistencia a permitir el Tratado.
Un tema central ha sido la negociación gubernamental para colocar empresas de producción de componentes militares o armas en territorio nacional, algunas de las cuales se presume que ya están operando y que podrían ampararse en los derechos que les confiere el Tratado para burlar legislación nacional que sería prohibitiva en este sentido. Habría que entender que el comercio de armas no quedó excluido de los términos del Tratado, lo que pone en evidencia a un presidente que ostenta la condición de Nobel de la Paz.

Por otro lado el país presenta internamente un cuadro cada vez más conflictivo en sectores claves, por ejemplo; una importante movilización de los grupos sindicales vinculados al sector portuario, en donde se entremezclan los problemas en materia de concesión de obras públicas (una ley que se encuentra en debate legislativo y que ha sido cuestionada por el Partido Frente Amplio por favorecer claramente a las empresas concesionarias). Igualmente en el Congreso un debate importante se ha llevado a cabo alrededor del préstamo japonés por US$129 millones para el mejoramiento del alcantarillado público[15].

Otro tema central es la reciente transformación de la banda cambiaria, que afecta la relación de la moneda nacional (El Colon) con el dólar. El sistema cambiario pasó en octubre de un sistema de mini devaluaciones a una banda libre y ya esta provocando serios problemas de especulación cambiaria. Por último destacaríamos las recientes discusiones sostenidas en el país con el Director General de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Eneko Landaburu, en el sentido de que Costa Rica no aceptaría negociar un acuerdo de Asociación con la Unión Europea con el actual embajador nombrado por el resto de países centroamericanos.

- Carlos G. Aguilar Sánchez es miembro de la Alianza Social Continental y parte del Encuentro Popular-Costa Rica. Este trabajo es parte de un documento de coyuntura más amplio que se espera este listo en el mes de enero del 2007.