Control para las armas convencionales
- Opinión
¿Recuerdan la emoción que sentimos cuando hace casi diez años se firmó en Ottawa (Canadá) el tratado que prohibió las minas antipersona? Lo que comenzó como un apequeña campaña de las organizaciones sociales consiguió en aquel momento un acuerdo internacional legalmente vinculante para desterrar del planeta el azote de esos artefactos. En este mes de octubre tenemos una oportunidad similar de abordar los horribles excesos del comercio de armas porque, en los próximos días, Naciones Unidas votará una resolución para empezar a trabajar en un tratado sobre esta materia.
Es imprescindible que los gobiernos apoyen esta resolución y exijan que el Tratado sobre el Comercio de Armas gire en torno a los derechos humanos. Las armas biológicas, químicas y nucleares han estado controladas por medio de tratados internacionales durante décadas, pero no hay aún ningún tratado integral y legalmente vinculante que regule las ventas de armas convencionales, entre las que se incluyen desde los AK-47 hasta los aviones de combate. Las minas antipersona son una de las pocas armas convencionales que están controladas. (Todo esto ocurre a pesar de que) se estima que sólo una parte de las armas convencionales, las armas pequeñas, matan cada día a mil personas, la mayoría civiles.
He visto por mí misma la facilidad con que es posible disponer de armas en demasiadas zonas en conflicto, y cómo contribuyen a que se cometan graves violaciones de los derechos humanos. En Ruanda, armas pequeñas como el AK-47 contribuyeron a las dimensiones del genocidio. Durante la guerra civil en Sierra Leona estaba claro que la proliferación de armas trajo consigo una epidemia de violaciones de mujeres y mutilaciones a punta de pistola. En Timor Oriental, en 1999, el acceso de los grupos armados a las armas les permitió aterrorizar a la población, y cuando ganó el sí, en el referéndum de independencia en agosto de ese año, también les permitió matar.
La resolución del Tratado sobre Comercio de Armas ha sido presentada por los gobiernos de Argentina, Australia, Costa Rica, Finlandia, Japón, Kenia y el Reino Unido. Al hacerlo han dado un paso muy valiente que debería ser reconocido. Sin embargo, es esencial que el texto final de la resolución contenga referencias a las leyes internacionales sobre derechos humanos. Esto no es un mero matiz legalista: los derechos humanos deben ser la espina dorsal del tratado si se quiere prevenir que las armas caigan en manos de quienes los violan. Sólo de esta forma será efectivo a la hora de salvar vidas.
- Mary Robinson ex Alta Comisionado de
Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.
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