YPF: Yacimientos petrolíferos fiscales de la Argentina fue fundada en el año 1922. Fue la primera empresa estatal de petróleos en crearse en América Latina; más aún, fuera de la ex Unión Soviética, fue también la primera estatal en fundarse en el mundo.

Sin embargo, paradójicamente, YPF fue la primera en ser privatizada entre los años 1.990 y 1.992, durante el gobierno de Carlos Mennen, sobre un total de 297 empresas públicas vendidas que abarcaban las más diversas actividades y con el pretexto repetido mil veces de los neoliberales: INEFICIENCIA y, que daba pérdidas.

El Estado argentino se desprendió de la empresa en 1990 cuando la declaró SOCIEDAD ANÓNIMA, pero recién en 1998 apareció un comprador concreto que fue la española Repsol S.A.

YPF -hoy REPSOL-YPF- desde su proceso privatizador hasta la actualidad ha despedido a más de 55.000 obreros y técnicos...Pero Repsol también tiene una historia similar a la de YPF, ya que al igual que la argentina, la petrolera española fue privatizada. En efecto, en 1986 el Estado español creó la empresa Repsol, administrándola por medio de un organismo público de participación estatal (denominado INH), pero en 1997 finalizó su privatización con la venta de Repsol a un grupo de accionistas mixtos y privados.

El gobierno actual de Néstor Kirchner creó la petrolera estatal Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima) con la intención de conformar una especie de nueva YPF...

Con la denominada “apertura”, se licitaron una serie de bloques de nuestra región amazónica, algunos de ellos en el Parque Nacional Yasuní, incluyendo el Bloque 16 que fue adjudicado a un consorcio liderado por la empresa Conoco, en enero de 1.986, consorcio de empresas constituido por: Conoco Ltd (35%), Overseas Petroleum and Investment Corporation (20%), Maxus Ecuador Inc. (15%), Nomeco Ecuador Oil Company (10%), Murphy Ecuador Oil Company Ltd. (10%) y Canam Offshore Ltd. (10%).

 En 1990, después de una gran campaña de Conoco, el gobierno nacional cambió los límites de la reserva, dejando al bloque petrolero fuera de los límites del Parque, el cual fue reducido en su tamaño, se le asestó a éste una certera puñalada, al construir una carretera de más de 180 km, y “legalizó” el territorio del pueblo Huaorani, con la  condición de que los Hua se porten bien y, “no molestar” los trabajos de explotación petrolera. En 1.991 Conoco salió del Ecuador, quedando como operador y socio mayoritario del consorcio la empresa  Maxus, empresa esta que no le dejó réditos económicos al país, pues nos estafó!!.

En efecto, Maxus, que obtuvo un contrato de Prestación de Servicios, siempre declaró costos de producción superiores a los de venta del crudo, por lo que el Estado no solo que no recibió un centavo, sino que le quedó debiendo...

Repsol-YPF tiene reservas remanentes, al 31 diciembre del 2004, según la Dirección Nacional de hidrocarburos de 201,5 millones de barriles de 16,15 grados API, a mas de 27 millones de barriles de Tivacuno y Capirón. Extrae alrededor de 56.000 barriles diarios. Como “su” crudo es el más pesado que se produce en la región amazónica, siempre hizo lo imposible para conseguir diluyentes, es decir crudo menos pesados para poder transportar “su” crudo. Pero, además es un crudo con grandes contenidos de azufre y altamente corrosivo, por lo que se espera que la vida útil de las instalaciones petroleras sea muy corta y que los problemas ambientales por derrames y otros accidentes sean muy frecuentes en corto plazo.

¡Los perjuicios al Estado!

1- Deuda de más de 100 millones de dólares por transporte en el SOTE.

Esta deuda se inicia el 1 enero de 1.997, a raíz de la nueva tarifa, de 1,54 dólares/barril y, de US$ 1,8/barril, a partir del 1 de enero del 98, de acuerdo al contrato de participación suscrito con YPF Ecuador Inc., hoy Repsol-YPF, en el bloque 16. Esta pagó únicamente 1,02 por barril, con lo cual perjudicó al estado con 52 centavos/barril el año 97, y, desde el 98 en adelante con 78 centavos por barril. No es sino hasta el 9 de marzo del 2.000 que Repsol comienza a pagar la tarifa acordada en el contrato de US$ 1,8/barril.

Desde enero del 97 hasta el 9 de marzo de 2000 esta Cía dejó de pagar la tarifa contratada por el transporte de 2,597 millones de barriles. Esto fue en la época en que estuvo el Gral. Patricio López, como presidente ejecutivo; más tarde,  Rafael Almeida y, luego Luís Román (ID), tampoco cobraron a Repsol.

Existe una glosa que la Contraloría General del Estado emitió contra la petrolera privada por 100 millones de dólares por no haber pagado la tarifa de transporte por el Oleoducto estatal SOTE. Ésta se halla impugnada ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

2- El 21 de abril de 1.992, el campo Tivacuno, descubierto por Petroecuador, con crudo de 19 grados API, fue cedido a la compañía Maxus, hoy Repsol-YPF, para que le sirva de diluyente, mediante un contrato ilegal de Obras Bienes y Servicios Específicos por 12 años, sin licitación, sin autorización  del Comité Especial de Licitaciones (CEL), solo con la aprobación del Consejo de administración (CAD) de Petroecuador. En este ilegal contrato al Estado apenas se le dio una “participación” del 16%... Increíble, pero cierto, Petroecuador descubre este campo, pero al “socio” le regalan el 84%...

El pasado 11 de agosto finalizó la renovación del contrato de servicios específicos modificatorio, entre Petroecuador y Repsol para la operación del campo Tivacuno.

Éste fue renovado en mayo del 2004. Inicialmente fue  por tres meses, para luego prorrogarlo por un año más, según lo acordado. Pero, existe un pronunciamiento del Procurador general del estado, quien determina, en octubre del año anterior, que esta prórroga es nula...

Hoy, Petroecuador ha decidido  establecer un período de negociación de tres meses,  antes de decidir si el contrato con la petrolera  se alarga por siete años más o si retorna la operación del campo a la filial Petroproducción. No obstante, durante la presidencia de Luís Román (ID) en Petroecuador, se ratificó en renovar el contrato de operación del campo Tivacuno, cuando el vicepresidente de Petroproducción de ese entonces Fausto Jara, expresó de manera negligente que no convenía que este campo sea revertido al estado.

Las pérdidas en este campo que lo debió haber manejado la empresa estatal bordea los US$ 100 Millones, pero, igualmente grave resulta que este pequeño campo esté siendo sobreexplotado (Ver cuadro), pues si bien produce hoy en día alrededor de 1.400 bls/día, la producción de agua llega a la exorbitante cantidad de 20.000 barriles diarios!!, evidencia clara de su sobrexplotación.

El mismo año 1992, durante la administración de la ID, otro campo perteneciente a Petroecuador, el Capirón, con crudo de entre 20 y 24 grados API, también como en el caso anterior, para que sirva de diluyente, fue entregado a Maxus, por haberse detectado que una pequeña parte del mismo (un 15%) se ubicaba en el bloque 16, “alargamiento” al que le dieron el nombre de Bogui, para convertirse entonces en el campo “compartido”, muy discutido por cierto, Bogui-Capirón.

Originalmente el contrato fue de prestación, pero en 1.996 se realizó otro contrato, muy lesivo, de participación y, al Estado, pese a tener la mayoría en reservas, el 85%, apenas le fijaron una participación del 19% de la producción, constituyéndose en otro obsequio para esta transnacional.

Hasta fines del año anterior, este campo produjo cerca de 27 millones de barriles. Si en vez del 85% solo se entregó al Estado un 19% del crudo extraído, significa que nuestro país perdió un 66%, esto es unos 360 millones de dólares, en base a un precio conservador de 20 dólares el barril.

Pero, igual que en el caso anterior, la sobrexplotación es la regla y, la “parte” de Repsol, Bogui ya fue totalmente dañada, sus yacimientos se inundaron de agua, desde hace ya algunos años y, esta transnacional explota solamente la parte que le “correspondía” a Petroecuador...

3- A fines de enero de 1.997, y, de acuerdo al mismo contrato de participación, debió firmarse un convenio para la entrega de crudo diluyente a Repsol. Repsol extrae un crudo de 16 grados API, por lo cual solicitaba la entrega del diluyente, de 28-30 grados API por parte de la empresa estatal.

Para la firma del mencionado convenio habían dos condiciones que debían cumplirse: a) que sea conveniente a los intereses del estado y, b)Que exista suficiente disponibilidad del crudo liviano(diluyente).

Como no se cumplían con las condiciones el tal convenio nunca se firmó, pero el crudo diluyente si de entregó, para lo cual se “seleccionó” el crudo del campo petrolero más grande del Ecuador: Shushufindi, de entre 28 y 29 grados API.

Las pérdidas fueron millonarias... Una primera comisión estableció que solamente para el año 97 el país perdió US$ 50 millones en la refinación en la refinería Esmeraldas, la misma que no estuvo diseñada para procesar un crudo de menor calidad, como producto de la mezcla.

Una segunda comisión, presidida por el Ing. Carlos Chevasco, calculó una pérdida para el mismo año 97 de US$ 89,8 millones en la comercialización internacional del crudo.

Pero existió una tercera pérdida, en el denominado flete muerto. En efecto, el oleoducto transecuatoriano, apto para transportar 400.000 bls/día, a raíz del “convenio” del crudo pesado de Repsol, por razones del aumento de la viscosidad del total del crudo transportado, deja de transportar alrededor de 30.000 bls/diarios. Asumiendo una utilidad en el flete no generado de 1,0 dólares/barril, el país dejó de percibir alrededor de 11 millones anuales. A lo indicado, hay que añadir los químicos denominados anti friccionantes que permitan facilitar el flujo de la mezcla más pesada, avaluada en unos 5 millones anuales. Es decir que en transporte, el país perdió alrededor de 16 millones anuales.

En resumen, entre refinación, comercialización y transporte el año 97, el país perdió un valor cercano a los 156 millones de dólares.

A partir del 98 en adelante no se han realizado estudios de las pérdidas por la mezcla, pero, si asumimos el mismo valor en cada uno de estos últimos 6 años, es decir hasta fines del año 2003, en que comenzó a funcionar el OCP, las pérdidas superarían los 1050 millones de dólares...

4- Existe una deuda que mantiene la petrolera RepSol-YPF con el Estado por los 271.060 bls. de crudo de 28.7 º API que Petroecuador entregó en calidad de préstamo, como diluyente, para el arranque y pruebas del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), en el período comprendido del 18 de agosto al 9 de octubre de 2003. Son 16 millones de dólares que REPSOL debe al país. ¿Cuándo pagará?... Lo cierto que hasta ahora no ha existido autoridad alguna que defienda el dinero del pueblo…

5- Decíamos al inicio de este artículo que Maxus (Repsol) en forma por demás astuta declaraba costos superiores a los de venta del crudo, pues en los contratos de Prestación Petroecuador debía pagar estos costos, que al ser superiores, entonces el estado le quedó “debiendo” a Maxus y, su heredada Repsol pide se le devuelvan más de 13 millones...

Existe un fallo desfavorable para Petroecuador por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). La privada reclama 13´684.279 de dólares por reembolsos de costos, inversiones y gastos del contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación del bloque 16. ¡Qué audacia y desfachatez! Pero el laudo arbitral está  en suspenso por el recurso de anulación que interpuso  la petrolera estatal.

6- Repsol fue, hasta el año 2.002, la compañía que más crudo extrajo y la mayor exportadora, sin embargo, no pagó entre 1997 y el 2004 ¡un solo dólar! de impuesto a la renta, recién el 2005 paga por primera vez, desde que trabaja en nuestro país la pírrica cifra de 733.219 dólares; es decir menos de 1 millón y, ¡otra audacia y defachatez! quiere todavía que se le devuelva el IVA, ante lo cual en conjunto con el resto de petroleras ha demandado al estado.... Repsol reclama 11,3 millones de dólares al SRI, por el IVA; como  no se llegó a un acuerdo, se llevó el caso a un Arbitraje Internacional que resolvió a favor de Repsol-YPF, por lo que el Estado ecuatoriano debe pagarle a la empresa la cantidad de 15 millones de dólares.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió el acta de determinación de impuestos en contra de YPF S.A. que tiene dos glosas: una por 81,53 millones de dólares y otra por  2,5 millones.

Estas glosas corresponden a las declaraciones del Impuesto a la Renta del 2000 y 2001, años en que pagó ¡cero!, sí ‘0’ de impuesto a la renta, pues declaraba ¡pérdidas!...

Si las transnacionales petroleras, a más de saquear nuestro principal recurso no renovable destruyen importantísimas reservas naturales de la biósfera como la del Yasuní, únicas en su género en el mundo; y, provocan verdaderos genocidios en comunidades ancestrales.

ENFOQUE AMBIENTAL, INFLUENCIA MILITAR Y PERJUICIO AL PAÍS

Según la ONG ambientalista, Acción Ecológica, a Repsol YPF le cabe el deshonor de haber convertido al Ejército ecuatoriano en “un grupo armado al servicio de la transnacional”. Para las comunidades indígenas de toda la Amazonía, en especial del área del Bloque 16, el acceso es completamente restringido. En el contrato de seguridad militar firmado el 1 de octubre de 2003 por el coronel Juan Reinoso se manifiesta que El Ejército recibe órdenes de la compañía, al someterse a las políticas y directrices dictadas por la transnacional española.

El objetivo de este contrato es proveer a Repsol en las Áreas de Operaciones mediante patrullajes, control militar por carreteras, ríos, a fin de impedir el ingreso de delincuentes y/o elementos subversivos. Como dice Esperanza Martínez en el libro Atlas Amazónico del Ecuador, con esta cláusula intentan criminalizar a los campesinos para deslegitimar su lucha por la subsistencia ante los gravísimos niveles de contaminación provocados.

En la actualidad de los 63.000  barriles por día que produce REPSOL YPF, al estado le entrega apenas 14.000. Si consideramos que por ese volumen de producción, la petrolera produce más de 800.000 barriles de agua de formación (un barril de petróleo por 12 de agua), es urgente una auditoría ambiental, técnica y social a fin de detectar los terribles impactos ecológicos, atentados a la salud humana y perjuicios multimillonarios irrogados al Estado, que hoy se soslayan, por el cerco militar que impide el paso a periodistas, Misiones ambientalistas y de Derechos Humanos, a quienes está prohibido el ingreso a las instalaciones petroleras, pues no quieren que se denuncie al mundo las atrocidades que se cometen en el Parque Yasuní.

Del cuadro adjunto se desprende que de 150 pozos perforados por Repsol YPF, cerca de 80, tienen un BSW sobre el 90%, 28 pozos con niveles de agua sobre el 80%; aproximadamente 11, sobre el 70% y, 8 superan el 60%. Técnicamente se explica este problema debido al sobre dimensionamiento de los equipos que extraen crudo, que provocan “la conificación de los reservorios”, es decir, el incremento agresivo del agua, que terminará matando a los pozos, en tiempo récord. El perjuicio para el país es evidente, no existe una explotación sustentable y sostenida, en aras de preservar el recurso para las futuras generaciones. El negocio es sacar lo que más se pueda, al menor costo posible, sin importar que a la amazonía le transformen en una cloaca de crudo maloliente; que el Ecuador se convierta aceleradamente en un importador de combustibles, realidad que nos obligará –de no mediar un alto a tanto saqueo-, a comprar el galón de gasolina a 4 dólares como en Centroamérica; a 11 dólares en Chile; a 2,7 dólares en Colombia o, 4 como en el Perú.

Como ya se informó en anteriores entregas, el 99 % de empleados que laboran en REPSOL YPF son ecuatorianos, ex trabajadores de Petroecuador, en su mayoría. Por cierto, al revisar los equipos, como las bombas instaladas en los pozos de esta compañía, se detecta que son las mismas que la contratista Centrilift, vende a Petroproducción. La diferencia es que en Petroecuador se bajan bombas pequeñas para preservar una explotación sustentable y racional en el tiempo, pues no prima el afán de lucro, sino la vocación de servicio al país. En el caso de REPSOL YPF, el objetivo es extraer el mayor volumen de crudo posible, produciendo enormes cantidades de agua tóxica, que aparentemente es reinyectada al subsuelo, aunque es un secreto a voces las descargas de desechos, sin que la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), ni la Dirección de Protección Ambiental (DINAPA), ponga cartas en el asunto.

Es muy sospechosa la forma como actúa la DNH y la DINAPA al satanizar a la empresa estatal Petroproducción, por el derrame de crudo en Cuyabeno, cuando no se quiere reconocer que la inspección en la Reserva de Cuyabeno, efectuada por ECOPETROL de Colombia, confirma en su informe técnico que el Plan de Contigencia y el control de la emergencia por parte de la estatal, fue el técnicamente adecuado. Mientras tanto, estos dos organismos de control del estado se lavan las manos a la hora de denunciar la violación a los derechos humanos y daños al medio ambiente que cometen a diario las empresas privadas.

Si no se toma la decisión de revertir las operaciones de Repsol YPF al Estado, ahora, en pocos años más se agotarán los 203 millones de reservas y, nos devolverán naturaleza muerta con una montaña de chatarra, testigo del desastre ecológico anunciado. Cuando se habla de nacionalización del petróleo, no es una entelequia trasnochada. Están dadas las condiciones para avanzar en la recuperación del Bloque 16 de Repsol YPF, así como para revocar el contrato doloso del campo Palo Azul con PETROBRÁS.

La experiencia de los campos de la OXY es el reflejo de lo que sucederá con otras empresas como AGIP, PERENCO, ANDES PETROLEUM, SIPEC, TECPEC, etc, devastación ambiental, sobre explotación indiscriminada, abandono y represión a las comunidades indígenas y colonos. ¡Es hora de demandar la salida de todas las transnacionales!

¡Cuál de los candidatos a la presidencia ha planteado esta necesidad histórica?

Ud. tiene la respuesta…

Tomado de la Revista El Petrolero, No. 21