Oaxaca es un estado lleno de problemas sociales. Centro turístico de sur de México, sus enclaves están rodeados por villas de miseria sostenidas por las remesas de los trabajadores migrantes. En su territorio están a la orden del día luchas por la tierra, enfrentamientos con los caciques y los coyotes, disputas por los ayuntamientos, reivindicaciones étnicas, acciones por mejores precios para los productos del campo y resistencia al autoritarismo estatal. La violencia política contra los disidentes que han estado manifestado desde el 15 de mayo está a la orden del día. El movimiento se ha convertido en el punto donde se concentran muchas de las contradicciones sociales en el estado. Cerca de 350 organizaciones, comunidades indígenas, sindicatos y asociaciones civiles formaron la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). Una parte importante de la sociedad oaxaqueña se ha solidarizado con los maestros. No es inusual que en esos movimientos participen maestros. Más aún, muchos de ellos han sido organizados y dirigidos por mentores. El gremio magisterial es la única fuerza social democrática con presencia en todo el territorio. Es la única organización capaz de hacer sentir de manera coordinada y simultánea su peso político en todos los municipios de la entidad. Los profesores oaxaqueños laboran en condiciones precarias, con muy pocos recursos pedagógicos. Sus alumnos llegan a las escuelas sin un bocado en el estómago y deben abandonar los cursos para ayudar a sus familias en las labores del campo. No son pocos quienes apenas conocen a sus padres, porque han emigrado a Estados Unidos. Las aulas están pésimamente equipadas. Y para llegar a las comunidades donde laboran deben invertir horas y dinero en trasladarse por caminos que sólo existen en los informes oficiales. En estas condiciones, ha sido un constante en la historia reciente que los maestros se identifican con las comunidades en que trabajan y se vuelven no solo luchadores dentro de su gremio, sino voceros de las demandas comunitarias también. Formación del movimiento magisterial La protesta en Oaxaca comenzó como expresión de la lucha del magisterio por un aumento salarial por la vía de la rezonificación por vida cara. No había en ello ninguna novedad con respecto a luchas similares protagonizadas en años anteriores. Su movilización arrancó en una fecha simbólica y tradicional: 15 de mayo, Día del Maestro. Así lo han hecho desde hace años. Trata de utilizar, como lo ha hecho en cada sucesión presidencial, la coyuntura electoral para aumentar su capacidad de presión. La protesta se radicalizó ante la cerrazón de las autoridades estatales. En lugar de sentarse a negociar, el gobernador amenazó a los maestros, primero, y mandó después a sus policías a desalojar por la fuerza a los mentores acampados en el centro de la ciudad de Oaxaca. La represión salvaje el 14 de junio radicalizó a los maestros que, a partir de entonces, exigieron la destitución del gobernador de la entidad. En lugar de buscar canales de solución, el gobierno federal se desentendió del conflicto y dijo que era un asunto local en el que no tenía injerencia. Esta explosiva situación política se polarizó aún más a raíz de las pasadas elecciones para gobernador. Gabino Cué, apoyado por el ex gobernador Diódoro Carrasco y una coalición de la mayoría de los partidos de oposición, enfrentó a Ulises Ruiz, uno de los principales operadores de Roberto Madrazo, candidato del Partido de la Revolución Institucional (PRI) a la presidencia. El apretado triunfo del abanderado del PRI fue severamente cuestionado por los seguidores de Cué, quienes denunciaron un enorme fraude en su contra. La imposición se consumó, pero los agravios sobrevivieron. La coyuntura se enturbió aún más a raíz de la ruptura del gobernador Ruiz con su antecesor José Murat. El paro magisterial oaxaqueño es un movimiento legítimo que busca la solución de un pliego petitorio y la satisfacción de una demanda central: la rezonificación por vida cara. El costo de la vida en Oaxaca se ha incrementado dramáticamente, en parte por la presencia del turismo. Por la vía de la rezonificación los maestros de la entidad piden un incremento en el salario que paralele los efectos del aumento en la canasta básica. Esa demanda fue enarbolada desde 1979 por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en algunos estados. Los maestros oaxaqueños desterraron al charrismo sindical de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde el primero de mayo de 1980. Ese día, durante la celebración del Día del Trabajo, se detonó un movimiento depurador que continúa vivo hasta nuestros días. Los profesores oaxaqueños tienen una experiencia de lucha ininterrumpida de 26 años. En ese tiempo han sido asesinados varios de sus dirigentes, se ha tratado de imponerles representantes, se les ha perseguido, se ha bloqueado la gestión de su mesa directiva, pero todo ha sido en vano. Han sobrevivido a cinco presidentes de la República, varios gobernadores y a los cacicazgos sindicales de Carlos Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo. Su cohesión sindical les ha permitido enfrentar con éxito todos los intentos que desde el poder se han hecho para dividirlos. Más allá de su militancia gremial, los trabajadores de la educación de Oaxaca tienen una larga historia de relación con organizaciones campesinas e indígenas. En una sociedad con un peso tan importante del mundo rural como es Oaxaca, los maestros funcionan a menudo como los intelectuales orgánicos de la comunidad. Su conocimiento del español y de los vericuetos de las instituciones los convierte, con mucha frecuencia, en gestores de los problemas de los poblados. Todos los partidos políticos obtienen del magisterio cuadros políticos. Tal es la responsabilidad que sienten los profesores hacia sus comunidades que la mayoría de ellos dejaron por un par de semanas la ocupación de la capital oaxaqueña para culminar el ciclo escolar en sus comunidades. Terminadas las clases han regresado a la ciudad para seguir adelante con su plan de acción. La ciudad de Oaxaca está tomada por ellos. El movimiento se extiende El reclamo de los maestros encontró rápidamente eco en una amplísima parte de la sociedad oaxaqueña que se sumó a él. Agraviados tanto por el fraude electoral mediante el cual Ulises Ruiz se convirtió en mandatario como por la violencia gubernamental en contra de multitud de organizaciones comunitarias y regionales, centenares de miles de oaxaqueños tomaron las calles y más de 30 ayuntamientos. Las protestas coincidieron con los comicios federales. Después de amagar con el boicot, los inconformes acordaron promover el voto de castigo al PRI y al PAN. El 2 de julio les propinaron a ambos una severa vapuleada en el estado de Oaxaca. El tricolorfue barrido. La coalición Por el Bien de Todos ganó nueve de los 11 diputados y las dos senadurías de mayoría en disputa. Y si el sol azteca perdió dos posiciones fue por sus divisiones internas y la debilidad de sus candidatos. A pesar de que el gobernador había ofrecido que daría a Roberto Madrazo un millón de votos, tuvo que conformarse con poco más de 350 mil, esto es, 180 mil votos menos que los que ganó López Obrador. Desde entonces una muy amplia parte de la sociedad no reconoce a Ulises Ruiz como gobernador de la entidad. Desde que el pasado 25 de mayo la Comisión Negociadora Ampliada tuvo la última reunión con el mandatario, no lo ha vuelto a ver. No trata sus demandas ni con él ni con sus representantes. No acepta su dinero ni sus programas. Se manda sola. El 11 de julio, la APPO dio inicio, con éxito, a una jornada de desobediencia civil y pacífica con la que busca hacer patente la ingobernabilidad y la falta de autoridad que existe en el estado. En la protesta convergen centenares de organizaciones sociales, comunidades indígenas, grupos ciudadanos y organizaciones políticas con un objetivo central: la desaparición de poderes en la entidad. La sección 22 del SNTE fue, en sus inicios, la columna vertebral que estructuró el movimiento. Pero, ahora, a pesar de su enorme importancia numérica y de su capacidad de convocatoria y movilización, es una isla más en el archipiélago anti Ulises Ruiz. El movimiento ha asumido el control político de la ciudad de Oaxaca. Si lo considera pertinente, bloquea la entrada a los hoteles de lujo del centro, el aeropuerto local, obstruye el tráfico de avenidas, impide la entrada a edificios públicos y al Congreso del estado. Para tratar de paliar la crisis, Ulises Ruiz cambió a varios funcionarios de su gabinete, incluido el secretario de Gobierno, y los sustituyó con integrantes de los grupos del PRI a los que había desplazado del gobierno estatal. La maniobra no tuvo mayor efecto. Sus problemas no son solamente con la clase política de la entidad, sino con la sociedad en su conjunto. En la misma dirección, en una acción desesperada para conservar el poder, traicionó a su jefe Roberto Madrazo, proponiendo en una reunión de los gobernadores priístas reconocer a Felipe Calderón como ganador de la contienda electoral. Desde entonces ha conversado en tres ocasiones con el candidato presidencial panista para ofrecerle su apoyo y buscar su ayuda. El gobierno federal, necesitado de aliados para enfrentar las protestas contra el fraude electoral, ha respondido sosteniendo al gobernador destituido. Con el paso del tiempo la situación se agrava. El 22 de julio un grupo de 20 desconocidos disparó con armas de alto poder contra las instalaciones de Radio Universidad. La radio universitaria, conducida por el movimiento, se ha convertido en un formidable instrumento de información y movilización social. Ese mismo día, varios desconocidos aventaron bombas molotov contra la casa de Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del SNTE. Días después fueron lanzadas bombas molotov contra el domicilio de Alejandro Cruz, dirigente de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos. Guerra Sucia La violencia física dirigida a opositores no es una novedad en Oaxaca. Es parte de la cultura política de la clase estatal. Organizaciones campesinas, comunidades indígenas, el sindicato magisterial y ciudadanos en la entidad han sufrido persecución política y abusos policiales desde hace décadas. En los años ochenta Amnistía Internacional elaboró un amplio informe documentando las violaciones a los derechos humanos en las zonas rurales de Chiapas y Oaxaca. Cacicazgos, desapariciones forzadas, asesinatos de disidentes políticos y detenciones arbitrarias han sido instrumentos habituales de gobierno en las diferentes administraciones estatales. En Oaxaca la guerra sucia regresó. La lista de las atrocidades cometidas por el gobierno de Ulises Ruiz en contra del movimiento magisterial y la APPO crece día con día. Junto a la ingobernabilidad del estado ha emergido una grave crisis de derechos humanos. Asesinato de ciudadanos inconformes a manos de sicarios y policías vestidos de civil, disparos de armas de fuego en contra de periódicos y estaciones de radio independientes, secuestro y tortura de dirigentes sociales por brigadas paramilitares, amenazas de muerte, centros de detención clandestinos, incendio de autobuses por grupos de porros ligados a autoridades priístas locales y detención arbitraria sin órdenes de aprehensión de líderes populares son algunas de las agresiones cometidas en contra del movimiento civil que exige la renuncia del gobernador de la entidad. La novedad de la violencia local contra los opositores que actualmente se vive es que se realiza en contra del más importante y vigoroso movimiento social en la entidad en décadas y que se hace "extraoficialmente". Esto significa que la mayoría de los actos represivos son ejecutados por policías estatales vestidos de civil, que no reconocen serlo, y por paramilitares. En ocasiones han contado con el apoyo de presidentes municipales de filiación priísta. El gobierno estatal no admite, usualmente, responsabilidad alguna en estos hechos, aunque algunos detenidos sean después encarcelados en penales de alta seguridad. En la entidad se vive un nuevo episodio de la guerra sucia que sacudió a nuestro país entre los años sesenta y los ochenta y que provocó la desaparición de mil 200 personas. Se trata de una guerra sucia porque el poder policiaco y judicial está siendo utilizando de manera informal e irreglamentado contra el movimiento popular. En lugar del uso de la violencia legítima del Estado asistimos al uso de la violencia ilegal e ilegítima por parte del (des)gobierno estatal, con la complicidad del gobierno federal, que ha permitido que se cometan graves violaciones a los derechos humanos. En lugar de la negociación política, las autoridades están haciendo uso creciente de tácticas y procedimientos bélicos para tratar de frenar la desobediencia ciudadana. Para "justificar" la guerra sucias ha propalado la versión de que el movimiento popular oaxaqueño ha sido "infiltrado" por organizaciones político-militares de izquierda que han radicalizado la protesta. Pero la movilización en contra del gobernador, explícitamente encuadrada en el marco de la desobediencia civil, ha seguido caminos claramente pacíficos. En ningún momento los integrantes de la APPO han utilizado armas de fuego en sus acciones. Su radicalismo ha surgido del autoritarismo gubernamental. El origen de la violencia está en otro lado. Una sociedad organizada La sociedad oaxaqueña está altamente organizada en agrupaciones etnopolíticas, comunitarias, agrarias, de productores, civiles, sindicales, de defensa ambiental y de inmigrantes. Ha construido sólidas redes trasnacionales permanentes. Ese denso tejido asociativo, forjado en más de tres décadas de lucha y con una fuerte vocación autónoma, rompió masivamente en los últimos tres meses con el control del PRI y los mediadores políticos tradicionales. Los métodos tradicionales de dominio gubernamental, basados en una combinación de cooptación, negociación, división, manipulación de demandas y represión, se agotaron. El modelo saltó por los cielos hecho pedazos. La nueva guerra sucia se convirtió así en el último recurso de una clase política arrinconada para recuperar la cadena de mando-obediencia. Acorralado por el movimiento de resistencia civil contra el fraude electoral, el gobierno federal ha hecho del conflicto oaxaqueño una pieza de cambio con el PRI. No quita al gobernador depuesto por los ciudadanos, pero tampoco le manda a la Policía Federal Preventiva (PFP). Desde el 3 de julio, sin el menor decoro, Ulises Ruiz se lanzó a los brazos de Felipe Calderón. Cifra en su alianza con el candidato panista su sobrevivencia en el puesto o, ya de perdida, la negociación de su sucesor. Esta actitud del gobierno federal permite a la violencia ilegítima de las autoridades de la entidad abrirse camino sin contrapesos. La actual lucha oaxaqueña responde a motivaciones y dinámicas particulares. No hay organización armada ni partido político capaz de estimular la autorganización ciudadana autónoma que existe en la entidad, y que es su sello distintivo. Amenazar con el fantasma de las guerrillas es un intento por deslegitimar una genuina protesta popular que la torpeza gubernamental ha transformado en algo muy cercano a un levantamiento. Hay luchas sociales que anticipan conflictos de mayor envergadura. Son una señal de alarma que alerta sobre graves problemas políticos sin solución en un país. Las huelgas de Cananea y Río Blanco constituyen uno de los antecedentes reconocidos de la Revolución Mexicana de 1910-1917. La revuelta de 1905 en Rusia mostró el camino que, 12 años después, fue recorrido por los bolcheviques durante la Revolución de Octubre. La movilización magisterial-popular que desde el 22 de mayo sacude Oaxaca es una expresión de este tipo de protestas. Ha puesto al descubierto el agotamiento de un modelo de mando, la crisis de relación existente entre la clase política y la sociedad, y la vía que el descontento popular puede seguir en un futuro próximo en todo el país. En Oaxaca la desobediencia civil está muy cerca de convertirse en un levantamiento popular que, lejos de desgastarse, crece y se radicaliza día con día. El movimiento ha dejado de ser una lucha tradicional de protesta y ha comenzado a transformarse en el embrión de un gobierno alternativo. Las instituciones gubernamentales locales son cada vez más cascarones vacíos carentes autoridad, mientras las asambleas populares se convierten en instancias de las que emana un nuevo mandato político. Como marchan las cosas, el ejemplo de la naciente comuna de Oaxaca está lejos de circunscribirse a su entidad. En un descuido anticipa lo que puede suceder a lo largo y ancho del país si no se limpia el cochinero cometido en los comicios del 2 de julio. - Luis Hernández Navarro es Coordinador de Opinión en el periódico La Jornada de México, donde partes del presente texto fueron publicados. Es colaborador con el IRC Programa de las Américas, www.americaspolicy.org. Fuente: Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales (IRC) http://www.ircamericas.org