Sociedad de la Información: <br>Las corporaciones a la ofensiva
22/03/2005
- Opinión
En EE.UU., las grandes empresas de telefonía y televisión por
cable están presionando a las legislaturas estaduales para que
impidan a las municipalidades ofrecer servicios públicos de
banda ancha. Algunos estados han legislado ya en tal sentido,
mientras otros lo están considerando. No obstante, al igual
que para el agua o la energía eléctrica, las soluciones
comunitarias de banda ancha se han mostrado efectivas para
abaratar costos y dar un mejor servicio a comunidades
apartadas. Se estima que en un futuro cercano, esta
tecnología será la principal fuente de Internet, telefonía y
televisión, y el acceso a ella, una necesidad básica.
En noviembre pasado, la UNESCO firmó un acuerdo de cooperación
con la Corporación Microsoft, cuyo propósito sería ayudar a
aumentar el acceso a las tecnologías de información y
comunicación (TIC) en las comunidades deficientes en
servicios, y proporcionar capacitación en las destrezas
correspondientes. Este acuerdo, que se aplicará
principalmente en el sector educación, ha sido fuertemente
cuestionado, especialmente por la comunidad del software
libre, que lo considera una movida de Microsoft para
consolidar la dependencia de los países en desarrollo frente
al software propietario, y formar los hábitos de la futura
generación de usuarios/as y técnicos/as en informática.
Entre tanto, la Asociación Internacional de Radiodifusores -
AIR-, instancia que representa los grandes grupos
empresariales de radio y televisión, contó con el respaldó del
gobierno salvadoreño para bloquear toda referencia a los
medios comunitarios en los documentos en discusión para la
próxima fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información, en la reunión preparatoria realizada en Ginebra
en febrero. El presidente salvadoreño es empresario de medios
y estrechamente ligado con la AIR.
Tres noticias aparentemente desconectadas, pero que ilustran
cómo las grandes corporaciones del área de la comunicación
buscan incidir en las políticas y programas públicos, por las
buenas o las malas, para extender su hegemonía. Las
iniciativas comunitarias independientes, los servicios
públicos y la autonomía tecnológica son considerados como
competencia desleal. El interés público debe ceder ante las
reglas del juego impuestas desde los grandes intereses
comerciales, y para ello, no les faltan aliados en el sector
oficial prestos a colaborar. Y claro, una vez dominado el
mercado, se pueden permitir -como Microsoft- financiar
programas de desarrollo, “regalando” sus productos a cambio de
consolidar su liderazgo.
En la ONU, entre tanto, cada vez más se consolida la presencia
e influencia de las grandes corporaciones, siendo que uno de
los escenarios donde más se ha sentido su presencia es
justamente la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
(CMSI). Es la primera conferencia mundial de Naciones Unidas
que es oficialmente tripartita (gobiernos, sector privado y
sociedad civil). El principal vocero del sector privado en
este proceso ha sido la Cámara Internacional de Comercio, que
representa a las cámaras de comercio nacionales de todo el
mundo, incluyendo también a la pequeña y mediana empresa de
los países en desarrollo. En la práctica, las posiciones que
defiende tienden a ser las de las corporaciones
transnacionales, para lo cual trabaja en estrecha alianza con
ciertos gobiernos.
También están de moda en la ONU las iniciativas de desarrollo
que involucran a distintas "partes interesadas" (en inglés
stakeholders), que en lenguaje común significa asociaciones
entre gobiernos, empresa privada, ONGs y/u organismos
multilaterales. Una de las áreas predilectas para tales
acuerdos es justamente la de las TIC. En la práctica
significa que los gobiernos de los países desarrollados puedan
esquivar la responsabilidad de financiar proyectos de
desarrollo en esta área, dejando la iniciativa en manos de la
empresa privada. El acuerdo UNESCO - Microsoft es uno de los
ejemplos de este tipo, que también demuestra sus
contradicciones. Como comentan Da Silveira, Sibaud y Couchet
en un artículo publicado en el periódico francés Libération
(1): "A la hora de la sociedad de la información, sólo el país
que domine sus recursos de software puede esperar dominar su
desarrollo. Sin ello, es víctima de una colonización
rampante, primero económica y cultural, y al final, política
(…) Tememos que, a través de esta asociación, con el concurso
aún involuntario de la UNESCO, Microsoft se apreste a forzar
la mano a los países en desarrollo para enrumbarles, no en la
vía al desarrollo sostenible, sino de una subyugación
sostenida".
Mecanismos financieros: sin nuevos compromisos
La segunda fase de la CMSI, que tendrá lugar en Túnez, del 16
al 18 de noviembre próximo, tiene entre sus objetivos hacer un
balance de la evolución de los acuerdos logrados por los
gobiernos en la primera fase de la Cumbre en Ginebra
(diciembre 2003), particularmente en lo que se refiere a las
iniciativas para reducir la “brecha digital”, y contribuir a
las Metas de Desarrollo del Milenio de la ONU. Los dos temas
centrales de esta fase son el financiamiento para el
desarrollo y el gobierno de Internet.
El financiamiento de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en los países en desarrollo, fue el tema
central del 2do Comité Preparatorio (o Prepcom), que tuvo
lugar en Ginebra del 17 al 25 de febrero. Las delegaciones
oficiales lograron, en esta oportunidad, perfilar un acuerdo
sobre este tema, que de alguna forma rompió el impasse
político en el cual quedó la primera fase de la Cumbre. En
esa oportunidad, los gobiernos del Norte se negaron a apoyar
la propuesta de Fondo de Solidaridad Digital (FSD), y a duras
penas accedieron a crear una comisión de trabajo para estudiar
el tema. Esta se limitó a examinar la efectividad de los
mecanismos de financiamiento existentes, sin explorar nuevas
alternativas.
El acuerdo logrado en febrero esquivó el compromiso firme que
esperaban los gobiernos del Sur, para concretar la llamada
“solidaridad digital”. Los países desarrollados y organismos
multilaterales evitaron asumir compromisos financieros. El
documento, a ser adoptado en la Cumbre en noviembre, se
limitaría a señalar que se acoge favorablemente el FSD creado
por iniciativa de gobiernos municipales, liderados por Ginebra
y Lyon. Según el director del FSD, Alain Clerc, éste se
financiará principalmente con un mecanismo novedoso, que prevé
que las instancias que lo apoyan (120 gobiernos locales hasta
ahora) se comprometan a destinar al Fondo el 1% del costo de
todas las licitaciones de bienes y servicios digitales,
percibido sobre el margen de ganancia del vendedor. Los
fondos se destinarían principalmente a proyectos comunitarios,
especialmente los que se basan en asociaciones de "partes
interesadas" múltiples.
En cambio, para los grandes proyectos de infraestructura de
telecomunicaciones, la Cumbre sigue favoreciendo la
desregulación del sector para alentar la inversión privada,
acatando la agenda del sector privado. Toda vez, una novedad
en este contexto fue el reconocimiento del papel esencial de
la financiación público "en el suministro de acceso a las TIC
y la prestación de servicios conexos a las zonas rurales y las
poblaciones desfavorecidas".
Esta propuesta fue defendida por organizaciones de la sociedad
civil, como se expresó en la intervención realizada por la
Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de
la Información –CRIS, por sus siglas en inglés-: "El derecho
de las personas a la comunicación, y de tomar parte en las
estructuras de comunicación de la sociedad, no debe depender
de su capacidad de pagar… Se debe reconocer la centralidad de
la financiación pública, dirigida al bien público. Ello a su
vez puede requerir la redistribución de parte de las
considerables ganancias del sector de la comunicación hacia
las necesidades de comunidades pobres".
Desde organizaciones de la sociedad civil, se criticó que los
acuerdos dan insuficiente importancia al rol de los Estados y
a la cooperación Norte-Sur, e insisten que el acceso a la
tecnología, por importante que sea, no es en sí una solución a
los problemas de subdesarrollo y exclusión. Ellas proponen
una mayor atención a aspectos no tecnológicos, como la
formación y el desarrollo de contenidos desde una perspectiva
de diversidad cultural. Defienden, además, un mayor apoyo a
las iniciativas bajo control comunitario y al desarrollo del
software libre, entre otros aspectos. Lograron que se incluya
al menos una mención de varios de estos aspectos en el
documento borrador. En el caso de las "iniciativas
comunitarias" y "medios comunitarios" (tema respaldado entre
otros por los gobiernos de Argentina y Brasil, pero boicoteado
por El Salvador), se logró, la inclusión del apoyo a
"iniciativas" y "transmisiones mediáticas basadas en
comunidades locales", lo cual fue considerado un triunfo para
las radios comunitarias.
Gobierno de Internet: la manzana de la discordia
El gobierno de Internet es el otro tema que quedó irresuelto
en la primera fase de la Cumbre. Descifrar qué es -o debería
comprender- el gobierno de Internet, qué mecanismos e
instancias de decisión e implementación existen o son
requeridas, es parte de la tarea encargada a la comisión de
trabajo sobre este tema. Para las organizaciones de la
sociedad civil, tiene implicaciones fundamentales para los
derechos humanos, el desarrollo y la democracia.
Entre los gobiernos, se ha suscitado una fuerte polémica al
respecto, y aún no queda claro qué nivel de consenso -si hay
alguno- podría emerger de la Cumbre. Eso sí, hay una
disconformidad casi unánime (con excepción de EE.UU.) con el
statu quo, que implica que la mayoría de países no tienen voz
ni voto en cómo se administra Internet, y que deja en manos de
una empresa registrada bajo la legislación estadounidense -el
ICANN- la administración de los nombres y números (IP) de
Internet. Ello significa que organizaciones de ciertos países
puedan verse avocadas a que se les niegue un nombre de
dominio, fruto de la política exterior de EE.UU., que estipula
que con ciertos países, sus empresas no pueden hacer negocios.
El representante de Brasil al Prepcom denunció que en la
situación actual, existe poca democracia en el proceso de
decisión sobre cómo se administra la Red, falta de
transparencia en quién toma las decisiones e insuficiente
participación de la comunidad internacional.
Hay gobiernos cuya preocupación principal tiene que ver con el
desarrollo y la brecha digital. Ellos exigen, por ejemplo,
menores costos de interconexión para ampliar el acceso. Otros
anhelan, para sus empresas nacionales, una mayor porción en el
negocio de mantener funcionando la Red, actualmente con fuerte
control de empresas estadounidenses. Y no faltan gobiernos
cuya preocupación es mejorar su capacidad de vigilar o
bloquear contenidos, mediante tecnologías "inteligentes", o
aquellos que quieren reglamentar la autorización de nombres y
direcciones de Internet en sus países, con un sistema
comparable al que existe en el campo de la radio- televisión o
las telecomunicaciones.
El grupo de trabajo sobre gobierno de Internet (WGIG por sus
siglas en inglés), que incluye representantes de la sociedad
civil y del sector privado, presentará su informe en julio
próximo, de modo que el tema estará al centro de los debates
del próximo Prepcom (septiembre). Las propuestas de la
sociedad civil, que han sido elaboradas en un proceso de
consulta amplia, consideran que “El WGIG debe fundamentar su
trabajo en un marco de derechos humanos y desarrollo. Los
derechos de libertad de expresión y privacidad son de especial
importancia en este contexto, así como la necesidad de un
mayor énfasis en los principios de apertura y transparencia".
(Documento del Caucus de Gobierno de Internet).
Este grupo cree que el WGIG debería lograr "una comprensión de
cómo los mecanismos de gobierno pueden hacer avanzar estos
derechos y principios básicos", y "la elaboración del concepto
de gobierno democrático de Internet que fomente las metas de
creatividad, innovación y diversidad cultural y lingüística”.
Entre los temas que el WGIG debería considerar, enumera: el
control unilateral del sistema raíz de zonas (de las
direcciones de Internet); la importancia de estándares
técnicos para preservar un Internet global interoperable; el
impacto del gobierno de Internet en la libertad de expresión y
la privacidad; implicaciones diferenciadas para mujeres y
hombres; la intersección del gobierno de Internet con reglas
internacionales de propiedad intelectual y comercio; y el
acceso al conocimiento como bien común global.
Túnez bajo la lupa
En una sesión de balance del Prepcom del Grupo de Trabajo de
Contenidos y Temas de sociedad civil, se expresó preocupación
de que se esté perdiendo, en esta segunda fase de la Cumbre,
la visión -más humana, menos tecnologista- que se luchó por
incluir en la Declaración de Ginebra de la I Cumbre, y que se
desarrolló en la Declaración de la Sociedad Civil.
Es más, hay fuertes inquietudes sobre la falta de idoneidad de
la sede de la segunda fase. Túnez vive bajo un gobierno
dictatorial que irrespeta sistemáticamente la libertad de
expresión. Durante el Prepcom, la red mundial sobre libertad
de expresión, IFEX, presentó un informe sobre su reciente
misión de indagación en Túnez (2), que documentó casos de
presos de opinión, algunos de los cuales han sufrido tortura,
de jóvenes encarcelados por navegar en ciertos sitios de
Internet, bloqueo de sitios Web, censura y ausencia de
diversidad mediática. IFEX hace recomendaciones al gobierno
tunecino para que corrija estas violaciones a los derechos
humanos, que considera inaceptables, máxime en un país que
pretende ser sede de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información. No obstante, los organismos defensores de
derechos humanos de Túnez acogen la realización de la Cumbre
en su país, como una oportunidad para que esta situación tenga
visibilidad internacional.
ALC prepara su plan de acción
Para América Latina y el Caribe, está en marcha un proceso
regional, que culminará en Río de Janeiro, del 8 al 10 de
junio próximo. En esa reunión, se adoptará una declaración
política y un plan de acción regional. Para adelantar la
elaboración del Plan de Acción, una reunión preparatoria
tendrá lugar en Quito, del 4 al 6 de mayo, organizada por
CEPAL, UNESCO y el gobierno ecuatoriano. El gobierno
brasileño ha aclarado que, a diferencia de la anterior reunión
regional, realizada en Bávaro, República Dominicana, hace dos
años, ésta será una reunión específicamente de América Latina
y el Caribe; no se invitará, como participantes, ni a EE.UU.
ni a Canadá.
(1) Sergio Amadeu da Silveira, Benoît Sibaud y Frédéric
Couchet: "Bill Gates à la conquête du Sud: Le partenariat
entre Microsoft et l’Unesco risque d’assujettir les pays en
développement", Libération, Francia, 5 de enero 2005.
(2) Los resultados se detallan en el informe "Tunisia: Freedom
of Expression under Siege" (www.ifex.org).
Publicado en América Latina en Movimiento Nº 394
https://www.alainet.org/es/articulo/116736
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