El anuncio del gobierno norteamericano de revisar si “limita, suspende o retira” las preferencias comerciales que otorga en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) a tres países latinoamericanos: Argentina, Brasil y Venezuela, representa un gesto de presión política para hacerlos partícipes del modelo de integración regional propuesto por Estados Unidos. El SGP es un mecanismo a través del cual los países desarrollados (especialmente Estados Unidos, la Unión Europea y Japón) ofrecen acceso preferencial a sus mercados a productos de países subdesarrollados, vía la exención de impuestos y derechos aduaneros. Este trato preferencial y unilateral de parte de los países industrializados, otorgado durante más de tres décadas, ha sido utilizado muchas veces como instrumento de intimidación política sobre los países beneficiarios. El fracaso de las negociaciones multilaterales en la OMC, y el reconocimiento de los países industrializados que sólo podrán conformar un sistema de comercio—bajo las pautas que desean—si éste se construye a partir de la firma de tratados bilaterales, están dando lugar a que algunos de los países que otorgan estas preferencias amenacen con retirarlas. Específicamente, Estados Unidos ha anunciado que revisará si continuará otorgándolas a doce países, entre ellos, los tres latinoamericanos mencionados. El justificativo para tal revisión consiste en aducir que se intenta mejorar el reparto de las exenciones arancelarias, como lo pide el Congreso norteamericano para renovar el programa que vence a fines de este año. Este cambio de reglas ha sido interpretado por algunos de los gobiernos latinoamericanos aludidos, como una amenaza por su postura contraria a la conformación del ALCA (en los términos que propone Estados Unidos) durante la Cumbre Presidencial de las Américas realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005, y la resistencia del G-20 a aceptar los planteamientos de la Unión Europea y Estados Unidos en la OMC. El presidente Kirchner ha señalado que Argentina es un país soberano y que una eventual suspensión por parte de Estados Unidos de tales preferencias comerciales responde a “sanciones propias de las viejas teorías del imperio romano hacia aquellos países que no comulgan con sus políticas.” Lo cierto es que Estados Unidos presiona y avanza en la consolidación de un sistema económico que no puede lograr a través de la OMC. Para ello, parte fundamental de su estrategia consiste en sabotear el avance de las negociaciones multilaterales en ese ámbito y culpar de su fracaso a la “necedad” de los países subdesarrollados que “exigen poner fin a los subsidios agrícolas, pero se niegan a abrir sus mercados de servicios, compras gubernamentales y productos industriales…” Asimismo, se amenaza con eliminar las preferencias arancelarias— que antes concedió unilateralmente con fines políticos o de impulsar las exportaciones de los países de menor desarrollo—si no aceptan la implementación y/o consolidación de un cuerpo de reformas legales en varios ámbitos de la economía, que afectan el tejido institucional de las naciones que se someten. En América del Sur, Chile ha sido el primer país funcional a esta sagaz estrategia del gobierno norteamericano. La sorprendente decisión del presidente Alan García en el Perú de impulsar en octubre en Washington la firma del TLC en el congreso norteamericano, permite la configuración, junto a Colombia, de “un eje del Pacífico”, en el que Ecuador es aún una carta indefinida. La incorporación de Chile como estado asociado a la Comunidad Andina (el mismo estatus que tiene ese país en el Mercosur), facilita la política norteamericana en la región y debilita la capacidad de negociación conjunta sudamericana. Con estas características de la CAN, Bolivia no tiene mucha afinidad política con ese bloque. La posición de los países andinos coadyuva con la presión del gobierno norteamericano que se expresa en su oferta de firmar TLC con los países más pequeños del Mercosur. Es el caso de Uruguay y, en menor medida, Paraguay. En el primer país, las negociaciones se producen a hurtadillas y el gobierno ha tenido que reconocer recién, a raíz de declaraciones de las autoridades norteamericanas, que lo que se está negociando es un TLC “clásico” y no la ampliación de acceso al mercado norteamericano como durante varios meses el gobierno del Frente Amplio divulgó. La posición del “eje del Pacífico”, aunque en el lenguaje diplomático se adorne de retórica, facilita la configuración de un sistema económico y de integración regional que promueve Washington. Ariela Ruiz Caro (ariela@independiente) es una economista y consultora internacional peruana, y contribuye frequentemente al Programa de las Américas en www.ircamericas.org. Fuente: Programa de las Américas del International Relations Center (IRC) www.ircamericas.org