A mediados del año 2000, los periodistas César Hildebrandt, Mariela Patriau y Fernando Viaña, del diario "Liberación" fueron querellados por Manuela Alberto Ulloa Peborgh, entonces presidente ejecutivo de Editora Nacional, propietario de los diarios "Expreso y "Extra" y de Cable Canal de Noticias bajo la acusación de supuesto delito de difamación. Eran todavía tiempos de Fujimori, cuando se pensaba que el ciudadano peruano-japonés había logrado, usando todas las mañas del poder, salirse con la suya y extender su gobierno por un tercer quinquenio. “Expreso” era nuevamente el mastín, pero esta vez de otra dictadura. Y el hijo del ex premier Manuel Ulloa, un hombre muy influyente que, después se sabría, vendía a muy buen precio los servicios de los medios bajo su control, en la famosa salita del Servicio de Inteligencia. El diario “Liberación”, representaba por su parte una solitaria expresión de resistencia al régimen autoritario, al fraude electoral y la corrupción. Tenía poco tiempo de existencia. Y en él escribíamos varios periodistas que jamás hemos logrado sitio en los otros medios. La querella planteada por los abogados de Ulloa Peborgh, los doctores Enrique Ghersi, Alberto Villanueva y Carlos Gutiérrez, acusaba a Hildebrandt y a sus co-encausados de “no verificar” suficientemente una información sobre las extrañas circunstancias de la muerte del padre del querellante y el proceso de la herencia que incluía la titularidad de los diarios. Como reparación civil pretendían un pago de 3 millones 500 mil soles y una acción del juez que obligara a “Liberación” a no seguir tratando el tema. Como es público, desde hace algunas semanas, el actual dueño de Editora Nacional y de los diarios “Expreso” y “Extra”, está querellándome, igualmente, por haber escrito y circulado por la Internet, dos artículos referidos a la inusual manera como se vinculan una campaña de “Expreso” por la concesión del Aeropuerto de Pisco, con el primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, interesado en sobrepasar las objeciones que la Fuerza Aérea y el ministerio de Defensa han colocado contra ese proyecto, y la empresa Swissport GBH, originalmente de propiedad del mismo señor Luis García Miró Elguera, presidente ejecutivo y director de Expreso, y actualmente encabezada por uno de sus hijos, que es una de las dos precalificadas para la fase final de la concesión. Los abogados Ghersi, Villanueva, entre otros, me están demandando porque pretenden que la investigación que realicé para encontrar esos vínculos tendría la intención de dañar la imagen del querellante, y que yo no dispondría de interés legítimo para abocarme a ese caso. Es decir desconocen mi calidad de investigador, periodista y en última instancia de ciudadano con derecho a la fiscalización sobre el destino de los bienes públicos, como son los aeropuertos. También litigan contra mi forma de escribir, ya que en la primera de las notas hago la ficción de un diálogo, que luego digo que es de invención mía pero que sirve para preguntar a los lectores si creen que algo así podría ser posible a la luz de una serie de hechos que son presentados puntualmente: editorial y artículos del diario con información supuestamente de dentro del gobierno; intervención de PPK y otros personajes en acelerar la concesión; información sobre el concurso para la concesión donde se precalifica a Swissport; ficha de registro de esta empresa que la relaciona con el propietario de “Expreso”; etc.. Este caso, fue motivo, en primera instancia, de una carta de rectificación de García Miró Elguera que yo publiqué íntegramente y difundí por la misma vía donde circularon los dos artículos iniciales, a la que acompañé, como es mi derecho, las aclaraciones que consideré pertinente. Esta rectificación se ha convertido ahora en otra prueba de cargo en el proceso, porque el señor director de “Expreso piensa que lo que me correspondía hacer era pedirle perdón y quedarme callado. Uno podría pensar, partir de ello, que este señor es muy respetuoso de la verdad y la honra ajena, y que con ese título pretende que no se le investigue y se le presuponga honesto por principio. Bastaría sin embargo revisar algunos de sus titulares y editoriales recientes de su periódico, para saber que eso no es exacto. La reparación civil que me reclaman es de 3 millones quinientos mil soles, que incluye un pedido de embargo de mis bienes, que tal vez cubran el 0.5% de ese monto, impedimento de salida del país y sobre todo que cese mi intervención en el tema de la demanda. En estos momentos estoy citado ante el juez por el “daño” que los artículos por Internet habrían inferido a García Miró Elguera, en un procedimiento que tiene extraños paralelos (naturaleza de la demanda, abogados, montos, exigencias colaterales, etc.) con el del año 2000, aunque yo no pretenda compararme con Hildebrandt y el diario “Liberación”, que él dirigió, por quienes guardo un enorme respeto y aprecio. Finalmente, se ha sabido también en estos días que otro personaje de la política y los negocios, el inefable primer ministro Kuczynski, ha querellado también a Manuel Dammert en relación a sus denuncias sobre las vinculaciones del funcionario público con empresas interesadas en la concesión del muelle del Callao. A Manuel le piden un millón de soles de reparación y, por supuesto, que le pongan la mordaza para que no pueda seguir refiriéndose al tema de los puertos, al que ha dedicado largos años de investigación y de seguimiento. Se entiende, de veras, que si existen los juicios llamados especiales por difamación y en defensa del honor de las personas, es porque hay medios y personas poderosas que pueden afectar los derechos de los débiles a su buen nombre. En general los periodistas resolvemos nuestras diferencias como tales, valiéndonos de la pluma, de la información que conseguimos con esfuerzo y de la manera como la presentamos. Y dejamos al civil, al que niegan la opción de rectificar y presentar su propia versión de los hechos que lo involucran, seguir el camino de los jueces, Pero en los tres casos reseñados lo que se ve es que son los que están en posición de fuerza, por poseer los medios más potentes, por su poder económico y su relación con el poder político, los que quieren tumbar, aplastar y obligar a callar al que rompe la unanimidad impuesta. Ulloa Peborgh se consideraba un gran señor, pero luego se vio a sus principales allegados filmados en operaciones corruptas de mucho dinero de las que él no podía ser ajeno. García Miró cree que no se le puede hacer a él, señalamientos que hace con toda facilidad a otros. Y PPK ha tenido que perder la sonrisa cachacienta para lanzarse a silenciar la investigación de las mafias de la concesión de los puertos. Es el coro uniforme de estos meses: todos contra Ollanta, todos contra Karp, todos por el TLC, todos por García, todos por Torres Caro, etc., el que quiere estrangular la investigación independiente. El Perú no se merece que en nombre de la “libertad de prensa” le den un paquete sin alternativas. Y que cuando se abre un pequeño espacio como el que construyó Hildebrandt en Frecuencia Latina, se le destruya impunemente. ¿Qué pasará en el futuro si dejásemos que la persecución llegue hasta la Internet y otros medios sustitutos de la gran prensa? Eso es lo que está ocurriendo.