La República Dominicana atraviesa por uno de los momentos más difíciles en los últimos 45 años. La situación de pobreza ha crecido hasta niveles inimaginables. La corrupción y la impunidad se han impuesto como verdades. El clientelismo político es al día de hoy una de las formas más dinámicas de la economía apadrinada por los grandes partidos del sistema. A un ritmo acelerado crece la deuda externa y por consecuencia dependemos cada vez más de los organismos financieros internacionales. El Congreso de la República aprobó recientemente el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (RD-CAFTA). Actualmente, los legisladores debaten la segunda reforma tributaria en lo que va de la actual gestión gubernamental, entre otras cuestiones. Nuestro país padece los rigores del modelo neoliberal, cuyo soporte fundamental son los tres partidos del sistema, el empresariado y la cúpula de la iglesia católica. Organismos calificados como el PNUD afirmaban, después de investigaciones realizadas, que entre el 2002 y el 2004 la pobreza creció en un 25%, y el pasado mes de noviembre la FAO afirmaba que uno de cada 4 dominicanos vivía en la extrema pobreza. Estudios practicados en ciudades dominicanas y en las fronterizas con Haití han denunciado que en las mismas un 80% de sus habitantes son pobres o muy pobres. La República Dominicana cuenta actualmente con algo más de 8 millones de habitantes de los cuales aproximadamente 6 millones vive en la miseria. Así mismo, más de 2 millones no cuentan con agua potable, por lo que enfermedades que en cualquier parte del mundo son curables, en nuestro país son causa de muerte. La situación de salud no puede ser menos dramática con subvenciones hospitalarias que constituyen una afrenta a la dignidad humana, mientras que la medicina privada es incosteable para los sectores de bajos ingresos. La inversión presupuestaria para la salud apenas llega al 2% del PIB, pero igual es para la educación lo que explica el alto nivel de analfabetismo existente. En los últimos dos presupuestos de los años 2004 y 2005, lo asignado para el pago de la deuda externa fue superior a la inversión salud-educación juntos, lo que da una idea sobre la forma en que se conducen los destinos del país. Recientemente, uno de los funcionarios más relevantes del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que encabeza Leonel Fernández, anunciaba que el país había agotado su capacidad de endeudamiento al afirmar que la deuda con los acreedores internacionales llegaba a 10 mil millones de dólares. ¿A dónde ha ido a parar una parte importante de ese dinero? Esa fortuna que paga el pueblo dominicano con impuestos indirectos se ha ido a los bolsillos de muchos funcionarios de los distintos gobiernos y a un grueso importante del sector privado. La corrupción, por un lado, y la impunidad por el otro son la carta de presentación de una parte importante de la clase dominante dominicana. Historia de corrupción e impunidad Los actos de corrupción llevados a cabo en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), años 1996-2000, estuvieron a la orden del día, siendo uno de los hechos más bochornoso el referente al denominado Plan de Empleo Mínimo (PEME), usado por ese gobierno para sobornar y comprar clientes que sirvieran a sus intereses. Las pruebas documentales demostraron que más de 1000 millones de pesos dominicanos (40 millones de dólares) fueron utilizados, por solo citar uno de los tantos actos cometidos. Hechos como éste y otros, provocaron indignación en la sociedad y desplazaron a ese grupo del gobierno. El régimen que le sustituyó, el del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), presidido por Hipólito Mejía, no emprendió una acción seria contra estos y por el contrario continuó la misma práctica. Como se ha demostrado, su gestión de gobierno no se diferenció en nada de la anterior. Recientemente, ex funcionarios del gobierno de Mejía fueron enjuiciados por haber malversado unos 1050 millones de pesos (42 millones de dólares), solo que la justicia les impuso penas benignas a unos, a otros los descargó, pero lo indignante fue que la condena referente a la devolución de los recursos sustraídos se limitó a penas unos 50 millones (2 millones de dólares). Sin embargo, esto se queda corto si lo comparamos con el escándalo que estremeció al sector financiero del año 2003, escándalo patrocinado por un grupo de banqueros que estafaron a sus ahorristas más o menos por 120 mil millones de pesos, lo que en ese tiempo equivalía a más de la mitad de la deuda externa del país que entonces era de unos 7 mil millones de dólares. Este hecho provocó un proceso inflacionario sin precedentes, lo que explica el crecimiento de la miseria en ese período. Este caso está en manos de la justicia, y la clase dirigente del país, gran parte de ella beneficiaria de ese botín, ha hecho hasta lo imposible para que no se sancione esta atrocidad. Efectos del TLC En este marco, el Congreso ratificó recientemente el TLC a pesar de la oposición de importantes sectores nacionales. A partir del primero de enero del 2006, es decir ya mismo, entrará en vigencia y de inmediato un 80% de lo que nos vende Estados Unidos entrará libre de impuestos. Esto significa un golpe demoledor a los sectores productivos, esencialmente al agropecuario, que sin la existencia de subsidios y seguro a su producción, con maquinarias y productos para mejorar la producción y la productividad a unos costos elevados, con combustibles a precios altos, no les será posible competir en términos de igualdad. Para citar solo dos ejemplos, baste decir que el precio del galón del gasoil supera los 90 pesos dominicanos (2.6 dólares), que cada kilo de energía eléctrica cuesta aproximadamente 25 centavos de dólar (una de las más altas del mundo). Ese mismo tratado impone el control sobre plantas orgánicas medicinales, por lo cual el Estado dominicano no podrá utilizarlas en los próximos 20 años, es decir, que habrá que recurrir solo a la importación de medicamentos: la producción de medicamentos genéricos de bajo costo será una cosa del pasado. El TLC produce un desmonte arancelario que los funcionarios del gobierno estiman en 32 mil millones de pesos (909 millones de dólares) para el 2006, por lo que los diputados acaban de aprobar una nueva reforma tributaria por 25 mil millones (735 millones). Todo caerá sobre las costillas del pueblo. Entre las medidas impositivas se encuentran nuevos impuestos al gasoil y a la gasolina. Para que los lectores se formen una idea clara voy a describirles qué significaría solo este nuevo impuesto a la gasolina. Un galón nos cuesta actualmente 121 pesos dominicanos, más o menos 3.56 dólares. De ese monto, 65 pesos dominicanos es el precio de la misma al momento de ser colocada en el mercado para el consumo. De los restantes 56 pesos, el gobierno se queda con 40 pesos para el diferencial, el resto es para transporte y distribución de las estaciones de expendio. Lo que pretende el gobierno, entonces, es que su diferencial no sea de 40 sino de 50 pesos, es decir US$1.52 dólares. Esto es solo un aspecto de la reforma tributaria. Las perspectivas El 16 de mayo del 2006 habrá elecciones para el Congreso y los Ayuntamientos. Estos organismos están actualmente en manos de los tres partidos que sostienen el modelo económico: El Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Estos tienen una importante presencia porque en la República Dominicana predomina una tendencia conservadora en la mayoría de la población dominicana y todo indica que el cuadro no va a cambiar sustancialmente, al menos por ahora. No obstante esta situación, los sectores progresistas y núcleos poblacionales con sentimientos democráticos dan señales de querer articular una propuesta alternativa. El espacio denominado Unidad del Pueblo que integra a la mayoría de las organizaciones de izquierda se dispone a participar en el proceso electoral con visión y programas independientes; numerosas simpatías se han venido sumando, por lo que su participación no será simplemente testimonial. Existen posibilidades de que pueda ganar alguna representación, lo que constituiría un hecho altamente positivo en el proceso de acumulación de fuerzas. De todas maneras, hay que esperar para saber cuál será la respuesta de la población. Ahora bien, para lo que no hay que esperar, es para impedir que el actual gobierno siga asumiendo una actitud servil ante los norteamericanos y los organismos financieros. La situación de vida de los dominicanos/as por el derrotero actual empeorará; pero este pueblo siempre ha sabido levantarse y ésta no será la excepción. Juan Martínez es periodista.