En 2005 se produjeron algunos avances significativos para el procesamiento de responsables de delitos comprendidos en el derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Sin embargo, también siguió existiendo una impunidad generalizada en los tribunales nacionales de los Estados en los que se habían cometido los delitos, y el uso de la jurisdicción universal por parte de tribunales de otros Estados siguió siendo limitado. En octubre, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció sus primeras órdenes de detención, dictadas contra cinco dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el norte de Uganda. Amnistía Internacional pidió a la CPI y al gobierno de Uganda que garantizasen la investigación de decenas de miles de delitos más cometidos durante el conflicto, incluidos los cometidos por las fuerzas gubernamentales, y el procesamiento de los responsables. La organización instó al gobierno de Uganda a revocar una ley de amnistía que impedía que los tribunales ugandeses iniciaran enjuiciamientos por estos delitos. La CPI continuó investigando en 2005 delitos cometidos en la República Democrática del Congo, pero no dictó ninguna orden de detención. También inició el análisis preliminar de otras ocho situaciones. Sin embargo, el presidente y el fiscal de la CPI indicaron que, por falta de medios, no se podían comenzar nuevas investigaciones mientras no hubieran finalizado las que estaban en curso. Aunque el hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera a la CPI los delitos cometidos en Darfur, Sudán, constituyó una medida positiva para abordar la cuestión de la impunidad, resultó desalentador que el Consejo de Seguridad, como parte de un acuerdo destinado a garantizar el apoyo de Estados Unidos, incluyese en su resolución una disposición para eximir a los ciudadanos de Estados que no fuesen parte en el Estatuto de Roma de la CPI (aparte de Sudán) de someterse a la jurisdicción de ésta. Amnistía Internacional consideró que esta disposición creaba un doble rasero de justicia e infringía la Carta de la ONU y otras normas del derecho internacional. La lucha contra la impunidad se vio reforzada por la labor de otros tribunales internacionales e internacionalizados, a pesar de las restricciones y los contratiempos. En el Tribunal Especial para Sierra Leona se progresó en tres juicios de nueve sospechosos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el gobierno de Sierra Leona no tomó medidas para revocar una amnistía, concedida en el marco del acuerdo de paz de Lomé de 1999, que impedía el procesamiento de todos los demás responsables de delitos comprendidos en el derecho internacional cometidos en Sierra Leona. Haciendo caso omiso de los llamamientos de la comunidad internacional y con el apoyo manifiesto de la Unión Africana, Nigeria continuó negándose a entregar al ex presidente de Liberia Charles Taylor al Tribunal Especial para Sierra Leona, que lo había acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población sierraleonesa. Se produjeron algunos avances en la creación de tribunales especiales –Salas Especiales– para Camboya. Se esperaba que juzgasen como máximo a media docena de personas por delitos cometidos durante el gobierno del Jemer Rojo, mientras que miles de personas más seguían beneficiándose de una amnistía nacional. Amnistía Internacional sintió preocupación por la composición de las salas y por la cuestión de si los jueces camboyanos contarían con la formación y la experiencia necesarias, teniendo en cuenta las graves deficiencias del sistema judicial de Camboya. Los tribunales nacionales de algunos países también contribuyeron a impulsar las iniciativas destinadas a poner fin a la impunidad, investigando delitos cometidos en otros países y procesando a los responsables mediante el uso de la legislación sobre jurisdicción universal. En Bélgica, España, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido se dictaron sentencias condenatorias por delitos tipificados en el derecho internacional. Canadá inició su primera causa abierta en virtud de la legislación sobre jurisdicción universal aprobada en 2000 acusando a Désiré Munyaneza de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Ruanda en 1994. En septiembre, Bélgica presentó a Senegal una petición de extradición del ex presidente de Chad Hissène Habré para procesarlo por el asesinato de al menos 40.000 personas, tortura sistemática, detenciones arbitrarias y otros delitos, pero Senegal remitió la cuestión a la Unión Africana. En noviembre, el ex presidente de Perú Alberto Fujimori fue detenido en Chile. Había permanecido bajo la protección de Japón, que se había negado a extraditarlo a Perú para ser procesado por ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones». En octubre comenzó el esperado juicio de Sadam Husein en Irak. Aunque se acogió con satisfacción la posibilidad de que se hiciera justicia por algunos de los delitos cometidos durante su gobierno, Amnistía Internacional sintió gran preocupación ante la ausencia en el estatuto del tribunal de garantías para un juicio justo, la negación de acceso adecuado a un abogado y la posibilidad de que se aplicase pena de muerte. Pese a los avances realizados en la justicia internacional, aún quedaba mucho por hacer para poner fin a la impunidad. En 2005 se cumplió el décimo aniversario de la matanza de unos 8.000 musulmanes bosnios tras la toma de Srebrenica –designada «zona segura» por la ONU– a manos del Ejército de los Serbios de Bosnia en 1995. Aunque el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia había reconocido que los delitos cometidos en Srebrenica equivalían a genocidio, las mujeres de Srebrenica cuyos maridos e hijos habían sido víctimas de homicidio se¬guían esperando a que la mayor parte de los responsables fueran procesados. En junio, Amnistía Internacional expresó su preocupación ante el Consejo de Seguridad de la ONU por sus intentos de clausurar el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sin haber creado tribunales nacionales efectivos que se ocupasen de las decenas de miles de delitos por los que el Tribunal no podía iniciar investigaciones ni procesamientos, y existían temores similares con respecto al Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En el ámbito internacional, los tribunales necesitaban el pleno apoyo de los Estados en lo referente tanto a la asignación de recursos como al ejercicio de la voluntad política de entregar a los sospechosos. En el ámbito nacional, había que eliminar los obstáculos para los procesamientos, como las amnistías, y se necesitaban planes de reconstrucción a largo plazo en los casos en los que los conflictos habían destruido el sistema judicial nacional. Aunque se acogió con satisfacción el aumento de los casos de jurisdicción universal en 2005, los Estados aún tenían que garantizar que no proporcionarían un refugio seguro a las personas acusadas de delitos comprendidos en el derecho internacional.