Dos meses después de iniciar su mandato, el presidente Evo Morales recibe el 80% de aprobación nacional. Al mismo tiempo, enfrenta una serie de reacciones diversas que parecen sucederse sin interrupción. Los analistas políticos se solazan en la descripción de estos eventos, preanunciando el fracaso del gobierno en menos de 100 días; por cierto, cuando se soluciona un reclamo, se sienten frustrados. Pese a las paradojas y los vaticinios nefastos, lo que está ocurriendo en el nuevo panorama político de Bolivia, era predecible desde el primer momento. En esta nueva situación, están aplicando acciones que tuvieron éxito en la etapa anterior, pero no logran encajar en las condiciones actuales. La trama enredada Tomando las noticias de cualquiera de estos días, nos encontramos con demandas de varios sectores sociales, desde los acomodados hasta los desvalidos. Pareciera ser una larga fila de reivindicaciones en espera durante mucho tiempo. Hoy, al iniciarse el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), todos ellos salen a la luz con premura, como si quisiesen ocupar un primer lugar de atención. La Central Obrera Boliviana (COB) se apresura a reivindicar un salario tres veces más alto que el vigente. Maestros y trabajadores en salud, demandan mejores salarios y más puestos de trabajo. Los transportistas se niegan a pagar impuestos y, más bien, piden beneficios. Los distritos donde están los mayores yacimientos de gas descubiertos hasta ahora, exigen ser reconocidos como un nuevo departamento. Los prefectos, elegidos por primera vez, reclaman atribuciones poco menos que de soberanía territorial. Bastaría con esa relación para concluir que hay un verdadero acoso al gobierno. Pero hay más y no menos conflictivo: la gerencia del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) no pudo o no quiso enfrentar una huelga de sus trabajadores que reclaman salarios devengados; el gobierno decretó una intervención temporal, el empresario demandó la inconstitucionalidad de la medida pero, ahora, los empleados exigen que se retome la intervención. En el departamento del Beni, hubo un anuncio de paro “cívico” exigiendo la solución del viejo problema de electricidad. No faltan, por supuesto, temas menores. Un grupo de comerciantes minoristas protestan ante la posibilidad de que se anule el régimen impositivo simplificado que les favorece. Se reúnen las activistas para denunciar la supresión del Viceministerio de la Mujer. Una columna indígena hace vigilia ante el Palacio de Gobierno demandando que el Presidente atienda su reclamo territorial. Diariamente el gobierno dialoga con todos estos sectores, y es frecuente que el mismo Evo Morales intervenga en las conversaciones, en busca de soluciones concertadas. En tal diversidad de reclamos, demandas, exigencias, expectativas y otras presiones, se pueden mimetizar intenciones de los más variados tipos: hay quienes consideran que tienen mejor derecho de reclamo en SU gobierno; están aquellos que ven una oportunidad para conseguir beneficios; se siente la participación de otros que exigen, como retando al adversario; se hallan también los que buscan usar todas estas movilizaciones en pro de una revuelta que restablezca el modelo y clausure la alternativa de cambio. La máquina chirriante De los nueve prefectos elegidos también el pasado 18 de diciembre, seis son opositores al gobierno. Entre ellos, y sólo entre ellos, han formado una suerte de cofradía cuyo único propósito es idear las formas en que recortarle atribuciones al gobierno central. Apelando a una legalidad, en varios casos ilegítima, intentan adelantar el marco jurídico de las autonomías departamentales, que debe establecer la Asamblea Constituyente. Por cierto, el 2 de julio próximo, se realizarán dos eventos plebiscitarios simultáneos: la elección de delegados a la Asamblea Constituyente y un referéndum vinculante sobre las autonomías. Este último establecerá la voluntad popular de iniciar o no un proceso de desconcentración del poder bajo normas que establecerá la Constitución Política del Estado. Los comités cívicos de los departamentos que concentran la explotación de hidrocarburos, han devenido en ávidos demandantes de la propiedad de esos recursos. Tales comités son representativos de los grupos empresariales, ya que conforman sus directorios mediante el voto de las instituciones que éstos integran. Así, mientras el prefecto de Santa Cruz firma “decretos prefecturales” y se hace llamar “presidente”, el de Tarija se apresura en buscar entendimientos internacionales basados en el gas y hasta el petróleo. No hay duda sobre las intenciones de esas élites regionales. Por supuesto que, desnudas y por si solas, estas actitudes no tendrían ninguna posibilidad. Por tanto, buscan coincidir, y en algunos casos enlazar, sus intenciones con demandas espontáneas o preparadas. Aceitando los ejes Recomponer la maquinaria, después del golpe electoral que recibieron los sectores neoliberales, costó ingentes trabajos aunque, hay que reconocer, lo hicieron con prontitud. Por tales condiciones, la máquina era insoportablemente chirriante. Había que aceitar sus engranajes. En tiempos en que el “marketing” es la referencia de todos los acontecimientos, se trataba de utilizar los medios masivos de información y publicidad para tal propósito. De hecho, prensa, radio y televisión en manos de los grandes y a veces los mismos empresarios, fueron los encargados de la tarea. Información tendenciosa, comentarios insidiosos y publicidad sesgada han difundido la imagen de un gobierno sin capacidad de resolución, acosado por los mismos sectores que lo llevaron al poder y sin plan de gobierno. Una campaña que continúa, y seguramente se intensificará en los próximos meses, es el modo de mostrar que, todas las movilizaciones, tienen la misma característica; así se oculta, o al menos se trata de ocultar, el complot, aprovechando la irresponsabilidad de los aventureros y la desorientación de los peticionarios. Esa campaña tiene un alto costo. La opinión pública, tiene la percepción de que, ese costo, es cubierto con dineros de los grupos desplazados del poder. Es que, si no hay un pago directo, la publicidad que pagan los empresarios comprometidos con el régimen anterior (las cinco administraciones neoliberales) está reatada a la campaña desorientadora. Con los ejes descentrados Sin embargo, los complotados están perdiendo esta batalla. La inmensa aceptación del gobierno predice que, en las elecciones para la Asamblea Constituyente, tendrán un segundo fracaso. Sólo las propuestas de cambio tendrán preferencia entre los electores. Eso determinará que, los partidos tradicionales y sus disfrazadas agrupaciones, se reduzcan a su mínima expresión, con muy poca representatividad. La campaña mediática, en la que han puesto todas sus esperanzas, no podrá darles el resultado que esperan. Así se demostró en diciembre, cuando los cálculos optimistas que se hacían a través de los medios de comunicación, fueron desmentidos por el voto popular que dejó 25 puntos atrás al agrupamiento de viejos políticos que dejaron a sus partidos para apostar a ganador.