La Mesa ampliada de la Comisión de Derechos Humanos continúa violando alegremente la Carta de las Naciones Unidas y el Reglamento del ECOSOC que rige a la Comisión: el viernes 17 de marzo anunció que el lunes 20 de marzo postergará nuevamente la reunión de la Comisión que, normalmente, debió comenzar el día 13. La Mesa ampliada actúa con total impunidad, pues el Secretario General Koffi Annan y la Alta Comisionada para los derechos humanos Louise Arbour, que tienen el mandato explícito de asegurar el funcionamiento de los órganos de la ONU y en particular la Alta Comisionada el funcionamiento de los órganos que se ocupan de los derechos humanos, deberían intervenir para hacer cesar esta situación y no lo hacen. Los Estados Miembros de la Comisión deliberan en secreto y no dan públicamente ninguna explicación plausible. Algunas ONGs callan, lo que es una manera de aceptar esta burla a las expectativas que muchas víctimas tienen depositadas en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. La resolución de la Asamblea General del 15 de marzo que creó el nuevo Consejo de Derechos Humanos dice respecto de la Comisión: “Recomienda al Consejo Económico y Social que requiera a la Comisión de Derechos Humanos que concluya sus trabajos en su 62º periodo de sesiones y que proceda a abolir la Comisión el 16 de junio de 2006”. Este párrafo es claro : la Comisión debe concluir normalmente los trabajos de su 62º período de sesiones y debe ser disuelta el 16 de junio y no antes. No hay otra interpretación posible y sostener que hay que esperar que el Consejo Económico y Social inteprete este párrafo es pura hipocresía. Tres ONGs, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Ligas por los Derechos Humanos y Human Rights Watch, para enmascarar su pasividad ante esta situación, han tomado la iniciativa de lanzar una petición para que la Comisión apruebe el Proyecto de Convención sobre desaparición forzada de personas y argumentan que no debe ser obstáculo para ello los “arreglos para la transición” ni “razones de procedimiento”. Tales “arreglos de transición” y “razones de procedimiento” no existen. No hay razón valedera alguna para que la Comisión no funcione como lo ha hecho hasta ahora desde 1948. Lo que realmente existe es la voluntad de sabotear el desarrollo normal del último período de sesiones de la Comisión, hecho que estas ONGs se abstienen de denunciar. Sin duda es correcto tratar que la Comisión apruebe el Proyecto de Convención sobre desaparición forzada de personas para que pase al Consejo Económico y Social y sea luego sometido a la aprobación de la Asamblea General. Pero las ONGs que impulsan la petición a favor del Proyecto de Convención sobre desapariciones, dado su profesionalismo, no pueden ignorar, y de hecho con su silencio están consintiendo, la situación sin precedentes en los casi 60 años de existencia de la Comisión, de que ésta no se reúna normalmente, como debiera hacerlo, a fin de tratar todas las graves y urgentes cuestiones en materia de derechos humanos que figuran en su orden del día. Entre ellas varias que se refieren a las violaciones de los derechos humanos que comete el Gobierno de Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos está firmemente decidido a que la Comisión no celebre normalmente su última reunión. Y para la cúpula de la Secretaría de la ONU, para varios Estados y para ciertas ONGs, la voluntad del Gobierno de los Estados Unidos prima sobre la legalidad institucional del sistema de las Naciones Unidas. Esta actitud genuflexa e irresponsable no permite presagiar nada bueno en cuanto al funcionamiento del nuevo Consejo de Derechos Humanos y al funcionamiento de las Naciones Unidas en general. A la luz de las nuevas amenazas de agresión proferidas por Bush y sus colaboradores inmediatos y de la actualización hecha pública por la Casa Blanca el 16 de marzo de su “doctrina” de la guerra preventiva o “Estrategia de la seguridad nacional” (“Bajo los principios hace tiempo establecidos de defensa propia, no descartamos el uso de la fuerza antes de que ocurran los ataques, incluso cuando reina la incertidumbre sobre el momento y lugar del ataque enemigo''. En el mismo documento se señala a Irán como el principal enemigo ), esta “pausa” en el sistema de derechos humanos de la ONU podría prefigurar la disgregación de las Naciones Unidas, como ocurrió con la Sociedad de las Naciones después que se retiraron de la misma Alemania, Italia y Japón, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Once meses antes del estallido de la Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña, para “salvar la paz”, aceptaron en el acuerdo de Munich del 30 de setiembre de 1938 que Alemania nazi, que ya había ocupado Austria en marzo, se apoderara de una parte del territorio de Checoslovaquia. Ahora en el Consejo de Seguridad, bajo la presión de Estados Unidos, que cuenta con el apoyo de Francia y Gran Bretaña, se está discutiendo un proyecto de resolución en el que se exige a Irán que cese sus programas de enriquecimiento de uranio, incluso con fines pacíficos, en abierta violación del Artículo IV del Tratado de No Proliferación Nuclear. Es inevitable establecer el paralelo con “las armas de destrucción masiva” que Estados Unidos afirmó que poseía Irak para justificar su agresión a dicho país y la ocupación que dura hasta hoy, con los dramáticos resultados que están a la vista. Al parecer, como se suele decir, la historia se repite. Salvo que se aprendan sus lecciones y las mayorías a escala mundial (estatales y populares) reaccionen a tiempo con lucidez y responsabilidad. 19 de marzo de 2006