Por los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos en la Amazonia ecuatoriana Desde hace aproximadamente tres décadas hemos sido testigos de la destrucción de los ambientes y culturas amazónicas producto del actual modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales. La producción hidrocarburífera no sólo ha representado para el país relativos avances en la construcción de infraestructura también ha generado costos sociales y ambientales incalculables. La explotación petrolera ha venido acompañada del incremento de la deuda externa, de una fuerte inequidad en la distribución de la renta petrolera, de la pérdida de biodiversidad y fuentes de agua dulce y del aumento de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. Los derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales y culturales, continúan siendo incumplidos o desconocidos. La vinculación entre petróleo y deterioro ambiental y social es evidente en los cantones del norte amazónico. Las actividades hidrocarburíferas que soporta dicha zona por más de 30 años han provocado diversas enfermedades y, a la vez, son las responsables de la contaminación y daño de la naturaleza, y del incremento de la violencia e inseguridad ciudadana. A esto debe sumarse la desidia estatal para administrar con visión de bien común los recursos petroleros y para cumplir con sus obligaciones en derecho, marginando de un efectivo desarrollo a la mayoría de la población. En su lugar, las políticas estatales han favorecido a reducidos grupos de poder, tolerando no sólo los perjuicios ambientales y sociales que provocan, sino aceptando que, en el mejor de los casos, compartan apenas un 20 por ciento de los beneficios del negocio petrolero con el país. Esta historia de saqueo, contaminación y violencia pretende extenderse hacia la región Centro-Sur de la Amazonía. En su búsqueda de ganancias en el negocio petrolero, empresas como CGC, Burlington y otras, están tratando de intervenir en esta región de manera ilegal e ilegítima, desconociendo mecanismos de consulta con las comunidades y sus dirigencias y procedimientos transparentes de toma de decisiones. Esta forma de actuación ha significado violentar derechos consagrados en la Constitución Política de la República y en instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Las empresas petroleras han adoptado, además, una moderna forma de subordinación política aplicada a los pueblos indígenas y las comunidades con territorios ricos en petróleo bajo la denominación de planes de desarrollo comunitario. En su nombre, las empresas segmentan organizaciones, cooptan dirigentes, entregan bienes y servicios, y se convierten en agentes dispuestos a intervenir políticamente en comunidades a cambio de permisos locales para su ingreso. El Centro-Sur amazónico constituye una región de importante diversidad ecológica y cultural, con más de seis pueblos indígenas diferentes en un área aproximada de 70 mil km2. Las culturas amazónicas son practicantes de modelos civilizatorios diferentes al extractivismo industrial, viven de la caza, pesca, agricultura y el comercio, articuladas a procesos regionales y nacionales, y mantienen dinámicas propias de decisión política. Hoy estas empresas pretenden minimizar las acciones de defensa territorial de los pueblos indígenas legítimamente organizados y representados, a través de acusaciones que buscan la penalización de acciones de defensa de los derechos, la cultura, los territorios y la vida. En esta campaña de desprestigio hacia quienes no comparten sus intereses económicos, las empresas petroleras pretenden criminalizar las acciones de defensa territorial que organizaciones ecuatorianas como la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) y la Nacionalidad Achuar del Ecuador NAE llevan a cabo históricamente. Del mismo modo, como parte de las estrategias de estas empresas, se ha intentado de manera subrepticia tergiversar el trabajo de organizaciones como el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y la Fundación Pachamama que tienen como misión institucional la defensa de los derechos de las personas, los pueblos y el ambiente en el país. Las organizaciones y personas abajo firmantes ratificamos una vez más nuestra solidaridad y respaldo a los dirigentes recientemente nombrados de las organizaciones del pueblo Shuar y Achuar, a la vez que reconocemos la valentía de sus integrantes en su permanente lucha en defensa de los derechos. Rechazamos la campaña de desprestigio y persecución emprendida por las empresas petroleras contra las organizaciones y federaciones indígenas de la Amazonía como la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) y la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), y las ONG nacionales comprometidas con la defensa de la vida y los derechos. Responsabilizamos a las empresas petroleras por las acciones de ruptura de organizaciones, cooptación de líderes y violencia, ocurridas recientemente en la Amazonía Centro-Sur y nos declaramos en vigilancia ciudadana permanente ante nuevas arbitrariedades en contra de los intereses mayoritarios del país. Seguiremos pendientes para detener el despojo de nuestros recursos y sus regalías. Quito, Ecuador, febrero 14 de 2006 Martha Moncada, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) María Belén Páez, Fundación Pachamama Pablo de la Vega, Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) Alexis Ponce, Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) Ermel Chávez, Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) Alexandra Almeida, Acción Ecológica