Abocados al cierre de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, vemos con estupor que la tónica de la gestión del equipo negociador está determinada por el engaño; las famosas líneas rojas que se marcaron al inicio son hoy simplemente bandas elásticas que se acomodan a las necesidades del discurso y a la presión irracional de sectores empresariales cuyo objetivo es firmar el Tratado y no lograr una negociación conveniente para el país. Súbitamente conocimos que no solamente se ponía en riesgo la salud pública, la seguridad alimentaria, la producción agrícola, prósperas industrias locales, nuestro derecho a tener una política de deuda externa razonable, sino inclusive nuestro derecho soberano sobre el mar territorial; efectivamente, y aunque ustedes no lo crean, en el Tratado de Libre Comercio se pone en tela de duda el derecho soberano del Ecuador sobre las 200 millas marinas; nos preguntamos ¿Cuál es el interés de EE.UU. para que el Ecuador suscriba la Convención Internacional sobre Derechos del Mar? Pues, la respuesta es muy simple: este Tratado otorga inmunidad soberana a los buques de guerra y otros de servicio público para que éstos no estén sujetos a las obligaciones que la Convención establece para la preservación y evitar la contaminación en el medio marino, facultando a estas naves a no requerir permiso del estado ribereño para verter productos contaminantes en el mar y a hundir unilateralmente otros barcos; es decir se pretende legalizar prácticas hasta ahora ilegítimas. En Propiedad Intelectual el engaño es igual de burdo y ha trastrocado la naturaleza misma de la propiedad intelectual que era incentivar el desarrollo de la espiral tecnológica protegiendo temporalmente a nuevas tecnologías en una suerte de contrato social donde el estado sacrifica el principio rector de la economía de libre mercado, la libre competencia, a cambio de la divulgación de aportes científicos sustanciales. No puedo dejar de priorizar en mi análisis los impactos efectivos que en salud pública producen los monopolios legítimos o no generados por las patentes. En el Ecuador, actualmente los productos que tienen por lo menos un competidor o más tienen un precio promedio de 3,75 dólares, en tanto que los productos exclusivos tienen un precio promedio de 46 dólares, ampliar las protecciones significará consecuentemente reducir en forma sustancial el acceso a los medicamentos por parte de los sectores menos protegidos de la sociedad. Analicemos algunos elementos: 1.- Se había sostenido que el país no extendería el plazo de 20 años de vigencia de las patentes, hoy está prácticamente resuelto que se ampliará la protección en forma de compensaciones por demoras en el otorgamiento superiores a los 5 años. Pero la verdad es que no hay compensación procedente porque la protección y los derechos exclusivos sobre el mercado empiezan cuando se solicita la patente no cuando ésta se otorga, en términos prácticos las patentes ya no durarán 20 años sino 25 o más años en un 70% de los casos. Esto le costaría al país según el cuestionado estudio de CORDES (digo cuestionado, pues se demostró oportunamente que en el análisis se pretendía minimizar los impactos con la finalidad de propiciar una corriente de opinión positiva) 151 millones de dólares. 2.- Se nos dijo que bajo ningún concepto se ampliaría el espectro de la patentabilidad, es decir la materia protegible; sin embargo hoy se pretende eliminar todas las exclusiones vigentes en la ley como son: plantas, animales, métodos de tratamiento, métodos quirúrgicos, segundos usos, etc. Como es evidente, si eliminamos las exclusiones estamos permitiendo su patentamiento. Según un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud, en Colombia la ampliación del espectro de la patentabilidad costaría al hermano país 4.370 millones de dólares en el plazo de 20 años; si pensamos que el mercado ecuatoriano es la mitad del colombiano es lógico deducir que el costo para el Ecuador sería de 2.185 millones de dólares es decir 109 millones de dólares por año. 3.- Se nos dijo que bajo ningún concepto se volverían más laxos los requisitos para obtener una patente; hoy Perú acaba de transformar el requisito de reproducibilidad industrial por el de simple utilidad, lo que sin duda dará lugar a que moléculas viejas sean nuevamente patentadas por darles un nuevo uso. 4.- La protección de los datos de prueba no divulgados se había dicho solo regiría para la información sobre eficacia y seguridad de los productos que contengan nuevas entidades químicas y hasta por un período no superior a los 3 años, siempre y cuando esto no signifique una prolongación de la protección ya conferida por la patente. Durante la última Ronda los negociadores ecuatorianos, como posteriormente lo hiciera Perú, estuvieron prestos a claudicar otorgando una protección de 5 años al margen de que la patente haya vencido. Según lo reconoce el estudio de CORDES esta protección le costará al país 56 millones de dólares en 5 años o la exclusión del acceso a los medicamentos protegidos de 3 de cada 4 ecuatorianos. Me gustaría poder continuar divulgando la serie de engaños que se esgrimen en torno al Tratado de Libre Comercio pero las limitaciones de este espacio periodístico me obligan a simplemente recordar a ustedes que todo esto estamos entregando a cambio de insignificantes 37 millones de dólares que corresponden a las exoneraciones arancelarias que otorgará EE.UU. a las exportaciones no petroleras provenientes de Ecuador. Creo que no es desacertado ni extremista afirmar que se está vendiendo la Patria por un plato de lentejas. Quito, 10 de enero de 2006 - Juana Ramos ALAFAR, Campaña Ecuador Decide.