El asunto ha sido poco explorado y para hacerlo bien se puede empezar por la definición clásica de terrorismo, que contiene tres elementos principales: 1) se ejerce por medio de la amenaza y/o el uso de la violencia, 2) va contra víctimas inocentes, es decir, contra población civil, no combatiente, y 3) tiene el propósito de intimidar, de crear un estado de terror en la población, que repercuta para alcanzar determinados fines. El terrorismo es particularmente grave cuando sus víctimas son numerosas. Las modalidades más frecuentes del terrorismo se ejercen por medio de armas de destrucción, sea individual, colectiva o masiva. Un francotirador o una serie de ellos, por ejemplo, aun cuando disparen de manera selectiva, contra determinado blanco en cada ocasión, pueden producir el efecto colectivo del pánico. Una bomba en un avión, o en cualquier centro de concentración, como los muchos atentados que orquestó Posada Carriles, también. Y desde luego, los atentados masivos, como lo fueron el del 11 de septiembre, en Nueva York, los de Madrid y Londres y, mucho más grande, el caso de las bombas atómicas que arrojara Estados Unidos sobre la población civil de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, pasando por su bombardeo a la población civil de Afganistán e Irak. Pero, ¿es ése, el de las armas, el único tipo de instrumentos de los que se puede valer el terrorista -se trate de un individuo, una organización o un Estado-, para ejercerlo? O bien, replanteado el asunto, ¿puede el terrorista también recurrir a instrumentos de tipo económico y social, a su uso violento contra víctimas inocentes con el propósito de intimidar a la población, en busca de ciertos objetivos? Los hechos nos dicen que sí, que sí ocurre esto en la realidad. Veamos el caso nítido del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Es cierto que es un fenómeno económico y social, dado que la potencia obstaculiza al hermano pueblo caribeño el libre intercambio de productos y servicios en el mundo. Pero también es cierto que el impedimento lo ejerce por la fuerza, incluso amenazando a terceros países con medios coercitivos, a través de una legislación extraterritorial, a todas luces ilegal y abusiva, con lo que se concreta el primer elemento de la definición. Es cierto, además, que el bloqueo afecta de manera directa a toda la población del país, y de manera más sensible a los grupos más vulnerables, ancianos, niños, minusválidos, enfermos, al obstaculizarles el acceso a alimentos y medicamentos a los que tienen derecho como seres humanos, con lo que se materializa el segundo elemento. Y también es cierto que el bloqueo tiene el fin de intimidar a la población de Cuba, de aterrorizarla, con el propósito de obligarla a abandonar el sistema económico, político y social socialista que ha diseñado y construido libremente, en ejercicio del derecho supremo de la autodeterminación de los pueblos, para que adopte uno distinto, al gusto y conveniencia de Estados Unidos y no del pueblo cubano, el sistema económico llamado "de libre mercado" -ironía, como si el mercado capitalista pudiera ser libre-, y denominado en lo político "democracia representativa", otra ironía, como si tal régimen tuviera algo de democrático más allá de las simples apariencias. A fin de cuentas, lo que busca Estados Unidos es subordinar a Cuba en lo económico, en lo político y en lo social, como la ha hecho con la gran mayoría de nuestros países de América Latina y el Caribe, o de plano anexarla, como a Puerto Rico. Con el agravante de que este crimen, esta modalidad de terrorismo -económico y social- que ejerce Estados Unidos con el bloqueo contra Cuba, causa daños de gran magnitud y convierte en víctima a todo un pueblo, integrado por poco más de doce millones de humanos. En conclusión, no sólo los atentados con explosivos contra la población civil, ni los intentos de magnicidio múltiples que Estados Unidos, sus gobiernos todos hasta hoy, han planeado, organizado, financiado, dirigido y promovido, constituyen actos de terrorismo de la potencia imperialista contra el pueblo hermano. También lo es, sin duda, el bloqueo criminal que ya se prolonga por más de cuatro décadas -el más largo de la historia de la humanidad-, cuyos daños a la población civil han sido señalados con pleno sustento en numerosas ocasiones.