Considerando que: 1. El momento nacional se caracteriza por la erosión del Estado Social de Derecho y de la institucionalidad democrática, la violencia política y la violación de derechos humanos. 2. La creciente violencia política se manifiesta en amenazas, hostigamientos y atentados contra varios líderes de opinión, dirigentes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que al ejercer una oposición crítica han sufrido la violación de su derecho a la libertad de expresión y opinión, la libertad personal, la seguridad y la integridad; incluso se ha puesto en riesgo su derecho a la vida, como en el caso de Enrique Ayala Mora, entre otros. 3. La pugna de los grupos de poder por el control político de instituciones pilares de la Democracia como el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, se ha concretado a través de decisiones de mayorías simples al interior del Congreso Nacional en donde se negocian intereses personales y de grupos particulares, al margen del ordenamiento constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado ecuatoriano. 4. Hasta el momento se ha relegado temas que, siendo tan importantes como la crisis institucional, afectan a los derechos humanos, así la negociación del Tratado Andino de Libre Comercio con los Estados Unidos, los efectos del Plan Colombia, las respuestas de carácter militar a los problemas sociales del país y el debate sobre la denominada “Ley Combo”. 5. El gobierno de Lucio Gutiérrez no ha esclarecido ninguno de los veinte hechos de violencia política denunciados, esta omisión consolida la impunidad como una práctica. 6. Es el Estado, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico y los compromisos internacionales asumidos, el responsable de garantizar el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Resolvemos: 1. Repudiar enfáticamente la escalada de intolerancia y violencia política dirigida contra ciudadanos que ejercen una oposición crítica al gobierno y manifestar nuestra solidaridad con todas las víctimas de estos hechos, como Enrique Ayala Mora, entre otros. 2. Demandar al gobierno que públicamente manifieste su condena a este tipo de hechos, se abstenga de afirmar la existencia de posibles autoatentados, defina claramente las medidas que adoptará para prevenirlos e informe periódicamente sobre los resultados de sus acciones. 3. Exigir al gobierno plenas garantías para el ejercicio de una oposición crítica y democrática y la apertura para acoger propuestas alternativas sobre políticas gubernamentales que hoy se encuentran en entredicho 4. Demandar a la Fiscalía General del Estado la investigación de estos hechos y a los jueces el establecimiento de las responsabilidades penales, actuando con independencia, eficacia, imparcialidad y transparencia. 5. Hacer un llamado a todos los sectores políticos para que enmarquen su accionar en la búsqueda de acuerdos que fortalezcan el Estado Social de Derecho y la vigencia efectiva de los derechos humanos, deponiendo intereses particulares y partidistas. 6. Demandar a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos que se mantengan vigilantes ante las sistemáticas violaciones de derechos humanos del régimen actual y realicen las observaciones y recomendaciones que la situación nacional requiera. 7. Convocar a las organizaciones internacionales de derechos humanos a denunciar las violaciones de derechos que se están produciendo en el Ecuador. 8. Mantenernos en estado de alerta permanente y desatar jornadas y acciones del movimiento de derechos humanos del país, para denunciar y afrontar la ola de amenazas y atentados de manera coordinada y conjunta. Alexis Ponce, APDH Elsie Monge, CEDHU Patricio Pazmiño, CDES Ramiro Ávila S., Clínica DDHH PUCE Dalia Moncayo, CPME Pablo de la Vega, CSMM Luis Ángel Saavedra, INREDH Roque Espinosa, PADH Santiago Arguello, Plan País Johnny Jiménez, SERPAJ Gustavo Larrea, ALDHU Quito, 9 de marzo de 2005.