La consolidación del dominio económico y militar de América Latina ha sido una de las prioridades del gobierno de Estados Unidos. El creciente proceso de militarización en el continente tiene como objetivo asegurar el control de los recursos naturales y mantener la dependencia económica de los países latinoamericanos. Después de los atentados en Nueva York y Washington, el 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush aceleró su escalada militar en todo el mundo. En América Latina, la estrategia de Estados Unidos incluye la instalación de nuevas bases militares y el refuerzo de las bases ya existentes, el entrenamiento de militares latinoamericanos, la venta de armas, la instalación de sistemas de vigilancia y espionaje y el apoyo a mega-proyectos energéticos y de infraestructura para la explotación de los recursos naturales. Esta política busca defender los intereses de las grandes empresas y garantizar el control principalmente del petróleo, el agua y la biodiversidad. En América Latina, Estados Unidos intensifica la instalación de bases militares como en el caso de Manta (Ecuador), Tres Esquinas y Leticia (Colombia), Iquitos (Perú), Reina Beatriz (Aruba), Hato (Curazao) y Comalapa (El Salvador). Estas bases complementan el cerco de EE.UU. en el continente, que también incluye bases militares en Puerto Rico (Vieques), Cuba (Guantánamo) y Honduras (Soto de Cano). EE.UU. pretende construir nuevas bases militares en Argentina (Tierra de Fuego), así como controlar la base de Alcántara en Brasil. El gobierno de Bush utiliza como pretexto la necesidad de "combatir al terrorismo" para justificar sus acciones en el continente. En abril de este año, el General James Hill, responsable del Comando Sur (un sector del ejército estadounidense que actúa en América Latina), solicitó al Congreso que aumentara la partida presupuestaria de 800 millones de dólares para sus actividades en 19 países de América del Sur y Central y doce países de El Caribe. El General Hill clasifica como "terroristas tradicionales" a grupos guerrilleros y traficantes de drogas en Colombia y como "grupos emergentes" a aquellos que considera "populistas radicales que se aprovechan de la profunda frustración con el fracaso de las reformas democráticas". En esta categoría estarían incluidos el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el diputado boliviano Evo Morales. En 2003, el presupuesto militar de Estados Unidos llegó a 417 billones de dólares, lo que representa un 47% de los gastos militares del mundo. Esta cifra indica un aumento del 11% en relación a 2002. La actuación de la administración de Bush en las instituciones multilaterales refleja su política de escalada militar. El gobierno de Bush rechazó la Convención de Armas Biológicas y, al mismo tiempo, realizó pruebas ilegales con estas armas, además de rechazar el acceso de inspectores a sus laboratorios. Estados Unidos rechazó también el Tratado sobre Mísiles Antibalísticos, la Convención de la ONU sobre la Tortura (para evitar la investigación de torturas a prisioneros en la Base de Guantánamo), y pretende violar el Tratado contra las Pruebas Nucleares. El proceso de militarización en el continente ha generado el aumento de las violaciones a los derechos humanos y de la represión a los movimientos sociales, el desplazamiento y la migración forzada de millones de personas, la destrucción del medio ambiente, la pérdida de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. La Base de Alcántara En 2003, el gobierno brasileño decidió suspender la votación en la Cámara de Diputados sobre el acuerdo que permitía el uso de la Base de Alcántara por los Estados Unidos. Durante la administración de Fernando Henrique Cardoso, el proyecto había sido aprobado en la Comisión de Ciencias y Tecnología, y rechazado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Después de la elección de Luiz Inácio Lula da Silva, el proyecto quedó paralizado en la Comisión de Constitución y Justicia, lo que significa la suspensión de su tramitación en el Congreso Nacional. Esa decisión fue resultado de una gran movilización a nivel nacional y continental, impulsada por la Campaña contra el ALCA, y de la resistencia de las comunidades de los quilombos en Alcántara. El plebiscito popular sobre el ALCA incluyó una pregunta sobre el control de la Base de Alcántara por los Estados Unidos, obteniendo el rechazo de más de 10 millones de electores. El Acuerdo sobre la Base de Alcántara establecía diversas obligaciones para Brasil y ninguna para Estados Unidos, además de atentar a la soberanía nacional en diversos aspectos. Por ejemplo, Estados Unidos podría delimitar áreas restringidas, donde sólo habría libre acceso para los oficiales norteamericanos; al gobierno brasileño le estaría prohibido verificar el contenido de los materiales recibidos o enviados por Estados Unidos, y, en caso de accidente, el gobierno brasileño no podría inspeccionar el material recogido. El acuerdo permitiría el uso comercial de las instalaciones del Centro de Lanzamiento de Alcántara, a ser explotado prioritariamente por el sector privado, lo que contradice el argumento utilizado originalmente para la desapropiación del área –y el desalojo de decenas de comunidades de los quilombos- que alegaba el desarrollo de la tecnología espacial brasileña, o sea, que sería de interés público. La región de Alcántara es considerada como una de las puertas de entrada hacia la Amazonía brasileña, habitada por quilombos, comunidades negras tradicionales, con culturas, formas de producción y reglas internas propias. La importancia histórica de esas comunidades hizo que la Constitución brasileña reconociese el derecho a sus territorios. Sin embargo, la instalación del Centro de Lanzamiento de Alcántara en los años 70, por el régimen militar, causó la expulsión de decenas de comunidades quilombolas de sus tierras. En caso de que la Base de Alcántara vuelva a ser utilizada, está previsto el desplazamiento de la mayoría de esas comunidades. Entrenamiento militar La estrategia del gobierno estadounidense incluye el entrenamiento de militares latinoamericanos, como en el caso de la Operación Cabañas, realizada en Argentina en 2001, con la participación de 1500 oficiales de EE.UU., Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Según documentos del gobierno argentino, el objetivo de este entrenamiento sería crear un "comando militar unificado" para combatir el "terrorismo en Colombia, además del campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales". La prensa estadounidense colabora con este proceso. Por ejemplo, un artículo del 23 de octubre de 2002, publicado en el periódico Miami Herald, defiende la necesidad de la creación de una Fuerza Militar Sudamericana para luchar contra la guerrilla en Colombia y para "lidiar con semejantes amenazas internas en un futuro". La autorización para la entrada de tropas estadounidenses en América Latina implica garantías de inmunidad diplomática, lo que significa que soldados norteamericanos sospechosos de crímenes y violaciones a los derechos humanos no podrían ser juzgados en países latinoamericanos. En 2003, una gran movilización en Argentina impidió otro entrenamiento militar llamado "Águilas III". Sin embargo, esta maniobra deberá ser realizada en Perú, bajo el comando de Estados Unidos y con la participación de militares latinoamericanos. Una de las regiones prioritarias para la actuación de este comando es la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Según el periódico Misiones On Line, en diciembre de 2002, el coordinador de la campaña antiterrorista del Departamento de Estado, J. Cofer Black, organizó una reunión en Puerto Iguazú con representantes de los gobiernos de Brasil, Paraguay y Argentina, y anunció que "Estados Unidos destinaría un millón de dólares para la Triple Frontera, para investigar las relaciones con el terrorismo". En una entrevista para la revista Carta Capital, el ex jefe del FBI en Brasil, Carlos Alberto Costa, admitió que nunca se comprobó la existencia de actividades terroristas en la Triple Frontera. "Investigamos exhaustivamente, nosotros, la CIA, los servicios secretos de los países, y no conseguimos comprobar la existencia de células terroristas ahí". Sin embargo, organizaciones locales denuncian la presencia de agentes norteamericanos que patrullan áreas estratégicas como los ríos de la región. Esta debe ser la razón principal para la presencia estadounidense, pues en la Triple Frontera está localizado el Acuífero Guaraní, considerado la mayor reserva de agua dulce del mundo, con 1.2 millones de kilómetros cuadrados. Recientemente, el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos (OEA) crearon el "Proyecto de protección ambiental y manejo sustentable del Acuífero Guaraní" con un presupuesto de 27 millones de dólares. El principal objetivo del proyecto, que impide la participación de universidades y deberá ser ejecutado por empresas extranjeras, es estudiar formas de utilización del agua y el potencial energético de la región. La presencia militar en esta área ha sido denunciada por organizaciones sociales y de derechos humanos. Las recientes intervenciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán, así como sus intentos de influenciar políticamente en Bolivia y Venezuela también tienen como objetivo el control de recursos naturales, como el petróleo y el gas natural. Otra forma de control por parte de Estados Unidos es la instalación de mecanismos como el SIVAN (Sistema de Vigilancia de la Amazonía), un proyecto de 1.4 billones de dólares, realizado por la empresa norteamericana Raytheon, con capacidad de monitorear 5.5 millones de km2. El SIVA todavía prevé la compra de aviones de guerra, como el Tucano A-29. En Argentina, el Pentágono también planea crear el Plan Nacional de Radarización, como parte de un Sistema Internacional de Vigilancia. Esta escalada militar fortalece la industria bélica norteamericana. Por ejemplo, la estructura de la Base de Manta, con capacidad para controlar el espacio aéreo en un radio de 400 km2, está bajo la responsabilidad de la empresa DynCorp, acusada de estar involucrada con la CIA. La base de Manta será equipada con grandes Jatos E-3 Awacs, con cazas F- 16 y F-15 Eagle, para controlar la región Amazónica, el Canal de Panamá y América Central. Otras empresas bélicas y de tecnología militar, como Raytheon y Northop, aumentaron sus ganancias en un 50% el año pasado. Por otra parte, Estados Unidos continúa entrenando militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas y pretender crear la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, en Costa Rica, con el objetivo de influir en la legislación y las fuerzas policiales de los países de la región. En 2003, el ex jefe del FBI en Brasil, Carlos Alberto Costa, reveló la influencia de los servicios secretos de Estados Unidos en el país. "Nuestras agencias donan millones de dólares por año a la Policía Federal, desde hace años, para operaciones vitales. El año pasado, la DEA donó unos 5 millones de dólares a NAS (división de narcóticos del departamento de Estado) y donó unos 3 millones a otras agencias. Estados Unidos compró la policía federal. La verdad es esta: su policía federal es nuestra, trabaja para nosotros". Plan Colombia y Plan Puebla-Panamá Estados Unidos refuerza también el Plan Colombia, un proyecto bélico de 1.3 mil millones de dólares, una vez que el secretario de Estados de EEUU, Colin Powell, garantizó más de 731 millones de dólares para financiar la participación de Ecuador, Bolivia y Perú en las operaciones militares. Los principales focos de violencia en Colombia, que causan la expulsión de la población indígena y campesina de sus tierras, coinciden con las regiones más ricas en petróleo y biodiversidad. El Plan Colombia facilita la implementación de mega-proyectos hidroeléctricos, petrolíferos y de minería, patrocinados por el Banco Mundial y por empresas multinacionales. Más de un millón de hectáreas de bosques colombianos ya fueron contaminados por las fumigaciones con agentes químicos, y el número de refugiados internos llega a los tres millones de personas. En los últimos 20 años, el número de muertos llegó a 200.000—incluyendo 5.000 líderes de sindicatos y movimientos sociales. La estrategia estadounidense en América Latina incluye proyectos de infraestructura, como el Plan Puebla-Panamá, que prevé la construcción de un canal terrestre, que uniría el sur de México hasta América Central, pasando por Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esta región es rica en biodiversidad y recursos naturales, más allá del proyecto de posibilitar la utilización de mano de obra barata y no sindicalizada. El Pan Puebla-Panamá prevé la construcción de un complejo de maquiladoras, o líneas de montaje, controlado por empresas multinacionales. Las maquiladoras también son conocidas como "procesadoras para la exportación", localizadas en las llamadas "áreas de libre comercio". Este tipo de empresa comenzó a implantarse en el norte de México en 1965, a través de un programa de industrialización en la frontera con Estados Unidos. Estas empresas se multiplicaron a partir de 1994, con el inicio del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá). La mayor parte del capital, de la materia prima y de la gerencia de estas empresas es extranjera, y casi toda la producción es exportada sin pagar tributos. Diversas organizaciones han denunciado violaciones a los derechos humanos en las maquiladoras, como la represión a la organización de sindicatos, horas extras forzadas y maltratos. Alrededor del 60% de la mano de obra está conformada por mujeres, frecuentemente se registran casos de abuso sexual. Además de esto, las mujeres son obligadas a hacerse pruebas de embarazo como una condición del contrato. Aquellas que se embarazan y continúan trabajando corren el riesgo de engendran niños con deficiencias físicas, causadas por la exposición a agentes químicos. Según estadísticas del Comité de Apoyo Fronterizo Obrero Regional (CAFOR), el 76% de las trabajadoras presentan problemas pulmonares y el 62% desarrollan alergias y dolencias en la piel, a consecuencia del constante contacto con los productos químicos. Más allá de las precarias condiciones de trabajo, el promedio salarial en las maquiladoras es de solamente tres dólares al día. Normalmente los trabajadores viven en las llamadas "colonias" o en las favelas, sin saneamiento básico, electricidad o agua potable. La destrucción ambiental es común en estas áreas, como en el caso de la ciudad de Matamoros, en la frontera con Tejas, donde se encuentra empresas como la General Motors y AT&T. Después de la llegada de las maquiladoras a esta región, se comprobó que el nivel de agentes químicos en las fuentes de agua potable era 50.000 veces más alto. De acuerdo con la organización Texas Center for Policy Studies, las maquiladoras fueron responsables por el depósito de aproximadamente 8.000 toneladas de agentes contaminantes en la frontera de México con Estados Unidos, solamente en 1996. La inestabilidad de los empleos en las maquiladoras, sumada a las políticas de privatización de empresas estatales y a la falta de apoyo a los pequeños agricultores, continúa incitando la migración masiva de trabajadores mexicanos a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el aumento de la represión en la frontera, iniciada en 1994 con la creación de la operación Gatekeeper (que coincidió con la implementación del NAFTA), ha generado cada vez más violaciones a los derechos humanos. Todos los años son registradas centenares de muertes al intentar cruzar la frontera. La intención de ampliar el número de maquiladoras en México y en América Central, a través del Plan Puebla-Panamá, es parte de una estrategia económica neoliberal, que busca desmantelar a los sectores públicos y a la pequeña agricultura. Además de la explotación de mano de obra barata en las maquiladoras, el Plan Puebla-Panamá prevé la implementación de grandes latifundios agrícolas para la producción de alimentos transgénicos. Otro objetivo del Plan Puebla-Panamá es el control de recursos hídricos y biológicos. Solamente en Chiapas, las hidroeléctricas producen el 55% de la energía del país. La región también cuenta con importantes reservas de gas natural, petróleo, uranio, aluminio y cobre. *** Propuestas de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA) *** En oposición al proceso de militarización en el continente, decenas de organizaciones sociales crearon la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA). Diversas movilizaciones de la sociedad hicieron que Estados Unidos interrumpiera sus operaciones en Vieques, además de impedir el control de la base de Alcántara en Brasil y la construcción de una nueva instalación militar en Ecuador. Estas victorias se suman a la oposición de la sociedad argentina que impidieron la realización de la operación Águilas III en su territorio, que preveía el entrenamiento de militares latinoamericanos por Estados Unidos, del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2003. Estos entrenamientos tenían el objetivo de involucrar a países latinoamericanos en el Plan Colombia y aumentar la represión contra los movimientos sociales. En 2003, el pueblo colombiano rechazó la propuesta de plebiscito del presidente Álvaro Uribe, que buscaba eliminar una serie de garantías constitucionales, permitiendo inclusive la prisión sin autorización judicial. En Bolivia, la fuerte oposición a la política de privatización del agua y del gas natural provocó la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Estas movilizaciones reflejan el repudio popular contra las políticas de dominación económica y militar de Estados Unidos y de sus aliados en el continente. La CADA tiene el objetivo de articular estas acciones y establecer el intercambio de información y experiencias entre los movimientos sociales. Las principales recomendaciones y propuestas de CADA son: - Denunciar la dominación militar de EE.UU. en América Latina y sus consecuencias, como la violación de los derechos humanos, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. - Coordinar acciones solidarias y simultáneas, realizar movilizaciones, investigaciones y acciones jurídicas contra el aparato militar de EE.UU. y en defensa de los derechos humanos. - Apoyar los movimientos sociales en cada país, que luchan por su tierra, su cultura, su trabajo y su dignidad. - La construcción de un modelo económico basado en la justicia social y en la solidaridad entre los pueblos. - La construcción de una alternativa igualitaria y sustentable para la integración latinoamericana. * María Luisa Mendonça, periodista brasileña, es directora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos y miembro de la coordinación del Grito de los Excluidos Continental. Publicado en América Latina en Movimiento, No. 385-386, edición especial, Foro Social de las Américas, ALAI, 20 julio 2004